España
Las cartas electorales del 29N: cuánto cuestan y quién paga su envío
Los partidos pagan 0,006 euros por carta electoral del 29N. El Estado compensa el reparto a Correos y subvenciona los envíos de propaganda postal.
Resumen
- El franqueo electoral del 29N cuesta 0,006 euros a los partidos
- Interior compensa a Correos con hasta 0,2287 euros por envío
- Las ayudas son de 0,26 euros por elector si se cumplen los requisitos
Las cartas de propaganda electoral que están llegando a los buzones españoles antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 se financian, en buena parte, con dinero público. Por cada envío acogido a la tarifa postal especial, los partidos pagan apenas 0,006 euros, menos de un céntimo, mientras que el Ministerio del Interior asume una compensación a Correos de hasta 0,2287 euros por envío. A esta financiación se añade una subvención estatal de 0,26 euros por elector para las formaciones que cumplan los requisitos establecidos por la ley.
El sistema permite que millones de sobres con papeletas, cartas de candidatos y folletos electorales lleguen a los domicilios a un coste postal mínimo para los partidos. Pero conviene distinguir las cantidades: una cosa es lo que cobra Correos por distribuir los envíos, otra lo que cuesta preparar e imprimir la propaganda y otra la subvención que puede recibir cada formación después de las elecciones. El Estado participa en la financiación de ambos conceptos, aunque no todos los partidos tienen derecho a cobrar las ayudas ni existe todavía una cifra definitiva del gasto de esta campaña.
El franqueo electoral cuesta menos de un céntimo al partido
La tarifa postal especial es una de las particularidades de las campañas electorales españolas. Su origen se remonta a una orden ministerial de 1977, cuando todavía se expresaba en pesetas. Convertida a euros, la cantidad que pagan las candidaturas por cada envío acogido a este régimen es de 0,006 euros, aproximadamente seis décimas de céntimo.
Para las elecciones del 29N, la normativa establece que el Ministerio del Interior compensa a Correos por el servicio de distribución. La tarifa máxima fijada para 2026 es de 0,2287 euros por envío, una cantidad independiente de la que abonan las formaciones políticas. El régimen especial se aplica a un envío por elector y candidatura, de hasta 50 gramos, dentro del territorio nacional. Los envíos que excedan esas condiciones quedan sujetos a las tarifas ordinarias correspondientes.
El gasto no se limita al franqueo. Antes de que una carta llegue al buzón hay que diseñar su contenido, imprimir las papeletas y los folletos, preparar los sobres, organizar las direcciones y contratar los trabajos necesarios para distribuirlos. Esos costes corresponden inicialmente a los partidos, aunque pueden recuperarse parcialmente mediante las subvenciones electorales.
Cuánto cuesta enviar un millón de cartas electorales
Un ejemplo permite entender las cifras. Si una formación distribuye un millón de cartas mediante Correos y todas cumplen las condiciones del servicio especial, pagaría 6.000 euros por el franqueo. El Ministerio del Interior podría compensar al operador postal con hasta 228.700 euros por ese millón de envíos, aplicando la tarifa máxima establecida para 2026.
Aparte, si esa candidatura reúne los requisitos legales y justifica los gastos subvencionables, podría recibir hasta 260.000 euros mediante la ayuda de 0,26 euros por elector. Esta última cantidad no es el precio del transporte, sino una financiación específica para los gastos de preparación y envío de propaganda.
La dimensión económica aumenta considerablemente cuando se tiene en cuenta el censo electoral. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en las generales del 29 de noviembre podrán votar 38.728.356 españoles, de los que 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.
Si un partido enviara un sobre a cada uno de los 35.958.711 electores residentes en España, el cálculo teórico sería de unos 8,22 millones de euros de compensación postal pública, aplicando el máximo de Correos, y hasta 9,35 millones de euros de subvención electoral si cumpliera todas las condiciones y justificara gastos suficientes.
No significa que cada partido vaya a recibir esas cantidades. Son cálculos ilustrativos sobre el censo completo, no gastos realizados ni subvenciones concedidas. El desembolso definitivo dependerá de las candidaturas, los envíos efectuados, las exclusiones solicitadas por los electores, los resultados electorales y las cantidades finalmente reconocidas.
Qué partidos pueden recuperar el dinero de la propaganda
La Orden HAC/1062/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de octubre, establece una subvención de 0,26 euros por elector para el envío directo y personal de propaganda, papeletas y sobres electorales.
El derecho a cobrarla está condicionado a los resultados. No basta con presentarse a las elecciones ni con haber enviado publicidad: la formación debe haber presentado candidaturas al Congreso y al Senado en las circunscripciones correspondientes y conseguir representación o votos suficientes para cumplir los requisitos legales de constitución de grupo parlamentario propio, en los términos previstos por la legislación electoral.
La diferencia es importante para los partidos pequeños. Una candidatura que no alcance esos umbrales puede haber pagado sus cartas, sus folletos y la organización de los envíos sin obtener después la subvención específica. La compensación a Correos por el servicio postal especial constituye otra partida distinta.
Las cartas deben estar identificadas y justificar su distribución
El Tribunal de Cuentas establece que las formaciones deben acreditar los gastos y el número de envíos realizados. Para ello se requieren facturas y documentación que permita comprobar el reparto, ya sea mediante Correos, una empresa privada o medios propios.
Hay una distinción relevante: el buzoneo indiscriminado no equivale a un envío electoral personalizado. Para obtener la subvención específica, las cartas deben estar dirigidas a electores identificados. Repartir folletos sin nombre por los portales no permite contabilizarlos como envíos directos personales a efectos de esa ayuda.
Tampoco se puede multiplicar indefinidamente la factura subvencionable. El sistema contempla un único envío por elector y convocatoria con cargo a la subvención específica. El Tribunal de Cuentas examinará posteriormente la documentación y podrá proponer reducciones o la no adjudicación de ayudas cuando proceda.
Cómo dejar de recibir cartas de los partidos políticos
Los electores tienen derecho a solicitar que sus datos no figuren en las copias del censo electoral que se entregan a las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda.
El trámite se realiza a través de la sede electrónica del INE, mediante identificación con Cl@ve, o presencialmente en los ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Es gratuito y permite solicitar la exclusión de las listas utilizadas para estos envíos.
Sin embargo, para las elecciones del 29 de noviembre de 2026, el plazo para que la exclusión surtiera efecto durante esta campaña terminó el 19 de octubre. Quienes lo soliciten después podrán mantener su exclusión para futuras convocatorias, pero no evitar necesariamente las cartas que ya se están distribuyendo.
La solicitud tampoco garantiza que desaparezca toda la publicidad política del buzón. Los folletos sin destinatario nominal pueden seguir llegando mediante repartos generales. Y si hay varias personas censadas en una vivienda, cada elector debe comprobar su situación.
Si alguien recibe propaganda personalizada pese a haber solicitado la exclusión dentro del plazo, puede comprobar su estado en el INE y, si corresponde, presentar una reclamación ante la Junta Electoral competente, conservando la documentación recibida.
La propaganda electoral no es la documentación para votar
Conviene no confundir las cartas de los partidos con las comunicaciones oficiales del proceso electoral. Las tarjetas censales, la documentación necesaria para ejercer el voto por correo y los envíos oficiales de la Oficina del Censo Electoral cumplen funciones distintas a la propaganda de las candidaturas.
Solicitar la exclusión de los envíos publicitarios de los partidos no elimina el derecho de voto, no modifica la inscripción en el censo ni impide recibir la documentación electoral oficial que corresponda.
Las cartas de campaña pueden contener papeletas para facilitar el voto, pero nadie está obligado a utilizarlas. Los electores pueden recoger las papeletas disponibles en los colegios electorales y elegir libremente su candidatura.
Una factura pública que se conocerá después del 29N
La propaganda postal sigue siendo una herramienta de campaña para los partidos porque permite llegar directamente a los domicilios, incluidos los de ciudadanos que no siguen los mítines, los debates o las redes sociales. Su utilidad electoral es una cuestión distinta del coste económico que representa.
El sistema español reparte esa factura entre las candidaturas y el Estado. Los partidos asumen inicialmente la preparación de su propaganda y una tarifa postal reducida; las administraciones públicas financian la compensación por el reparto y las subvenciones previstas legalmente.
El coste definitivo de las cartas electorales del 29N no podrá establecerse con precisión hasta conocer los envíos efectivamente realizados, los gastos declarados y las subvenciones reconocidas tras las comprobaciones correspondientes.
La cifra de 0,006 euros que paga un partido por enviar una carta resulta llamativa. Pero no debe confundirse con el coste real del sistema. Detrás de ese sobre existe un servicio postal financiado principalmente con fondos públicos y unas ayudas electorales condicionadas a los resultados. Una factura que, aunque no aparezca detallada en el buzón, también forma parte del coste de celebrar elecciones.
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