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Caso Koldo: Villalba declarará a petición propia por pagos de Aldama

El comandante Rubén Villalba declarará este lunes a petición propia en la Audiencia Nacional por los presuntos pagos de Aldama en el caso Koldo.

declarará ante el juez

Resumen

  • Rubén Villalba declarará el 23 de noviembre a petición propia
  • La UCO investiga presuntos pagos superiores a los 88.000 euros
  • El juez limita su declaración a los pagos atribuidos a Aldama

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba declarará este lunes 23 de noviembre ante la Audiencia Nacional, a petición propia, como investigado en el caso Koldo. El juez Ismael Moreno ha aceptado escuchar al agente sobre los presuntos pagos que recibió del empresario Víctor de Aldama, a quien los investigadores sitúan entre las figuras centrales de la trama de corrupción vinculada al antiguo Ministerio de Transportes.

La comparecencia llega en un momento especialmente delicado para Villalba. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su procesamiento por su presunta participación en una organización que habría utilizado contactos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger sus actividades. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula que las cantidades recibidas por el comandante podrían superar los 88.000 euros entre 2021 y 2023.

No se trata de una declaración impuesta inicialmente por el magistrado, sino solicitada por el propio investigado. La diferencia importa. Villalba pretende comparecer antes de que el juez resuelva si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra él. Sin embargo, Moreno ha delimitado su intervención: deberá centrarse en las entregas de dinero atribuidas a Aldama, sin ampliar el interrogatorio a otras cuestiones que la defensa pretendía incorporar a la investigación.

La situación resulta particularmente comprometida por la condición profesional del investigado. Villalba no era un intermediario ajeno a la Administración, sino un mando de la Guardia Civil que desempeñó funciones relacionadas con la información y que también fue agregado de Interior en la Embajada de España en Venezuela. La sospecha judicial es que sus conocimientos y contactos pudieron ponerse al servicio de intereses privados.

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Por qué Rubén Villalba ha pedido declarar ante el juez

La defensa del comandante presentó el pasado 10 de noviembre una solicitud para practicar nuevas diligencias en la causa. Entre ellas figuraba su propia declaración como investigado, una petición que finalmente ha prosperado.

El magistrado Ismael Moreno ha fijado la comparecencia para el lunes 23 de noviembre, cuando Villalba deberá explicar su relación económica con Víctor de Aldama y responder, si así lo decide, a las cuestiones relacionadas con los pagos bajo sospecha.

La decisión se produce después de que Anticorrupción y la acusación popular, coordinada por el Partido Popular, hayan solicitado avanzar hacia el procesamiento de varios investigados en esta parte del caso Koldo.

El comandante conserva todos sus derechos procesales, incluido el de no declarar contra sí mismo. Su decisión de comparecer voluntariamente tampoco implica reconocer los hechos investigados.

Lo relevante es que podrá ofrecer su versión antes de que el instructor adopte una decisión sobre la continuación del procedimiento. La Fiscalía ya ha pedido su procesamiento, pero esa solicitud no equivale a una condena ni determina por sí sola el resultado de la causa.

Los pagos de Aldama: de 25.000 a más de 88.000 euros

El dinero constituye el núcleo de las sospechas contra Villalba. Víctor de Aldama reconoció en sede judicial haber entregado alrededor de 25.000 euros al comandante, una manifestación que el juez recoge entre los antecedentes de su citación.

La investigación, sin embargo, apunta a cantidades potencialmente superiores.

Según los informes de la UCO, Villalba habría recibido contraprestaciones económicas que podrían superar los 88.000 euros durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023. Los investigadores consideran que esos pagos podrían estar relacionados con actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y continuidad de la presunta organización criminal.

Anticorrupción también ha identificado posibles entregas periódicas de 1.000, 3.600 y 2.000 euros. La Fiscalía sitúa en 2021 el primer pago que considera documentado y examina si existía una relación económica continuada entre el mando y los integrantes de la trama.

Conviene distinguir las cifras. Los 25.000 euros corresponden al dinero que Aldama admitió haber entregado, mientras que los más de 88.000 euros constituyen una estimación de los investigadores sobre posibles contraprestaciones. No son cantidades que puedan sumarse automáticamente ni representan, por ahora, importes acreditados mediante una sentencia contra Villalba.

La controversia sobre los fondos reservados de Interior

Uno de los principales argumentos de la defensa afecta al origen del dinero que aparece en las cuentas del comandante.

Sus abogados solicitaron que el Ministerio del Interior certificara si Villalba había estado autorizado para recibir o gestionar fondos reservados entre 2017 y 2023 y, en caso afirmativo, qué cantidades se le habían entregado.

El objetivo era comprobar si parte del efectivo investigado podía proceder de actividades profesionales relacionadas con esos recursos públicos, utilizados legalmente para determinadas actuaciones de seguridad e inteligencia.

El juez ha rechazado solicitar esa documentación. Tampoco ha aceptado abrir la pieza separada secreta que planteaba la defensa.

La propia Fiscalía contempla la posibilidad de que una parte del efectivo tenga un origen distinto al señalado por los investigadores, incluidos fondos reservados o aportaciones familiares. Esa posibilidad, no obstante, no supone que las explicaciones del comandante hayan quedado acreditadas.

La procedencia del dinero continúa siendo uno de los puntos controvertidos de la causa.

Los teléfonos y la supuesta protección a la trama Koldo

La investigación no se limita a los movimientos económicos. La UCO también atribuye a Villalba un presunto papel en la protección de las comunicaciones de personas relacionadas con la organización.

Anticorrupción considera que existen indicios de que el comandante habría facilitado una vía segura de comunicación a integrantes de la trama. En sus pesquisas figuran teléfonos utilizados por Koldo García que anteriormente habrían estado en manos del agente.

La relevancia de esos dispositivos está en su posible utilización para mantener conversaciones al margen de los canales habituales y reducir el riesgo de que determinadas comunicaciones fueran conocidas por terceros.

Aldama también abordó esta cuestión durante el procedimiento celebrado ante el Tribunal Supremo. Explicó que tanto Koldo García como el exministro José Luis Ábalos habían utilizado teléfonos desechables que denominaban «cafés», proporcionados, según su declaración, por Villalba.

La investigación intenta determinar si esas actuaciones respondían a una relación personal o profesional legítima, o si formaban parte de un sistema de colaboración destinado a favorecer las actividades de la presunta organización.

La diferencia tiene importantes consecuencias penales. No es lo mismo mantener contactos con personas posteriormente investigadas que facilitar deliberadamente medios o información para proteger una actividad delictiva.

Por eso, el papel atribuido al comandante resulta especialmente relevante: las sospechas afectan a la posible utilización de recursos y conocimientos vinculados a la seguridad del Estado en beneficio de una organización privada.

Macarena Olona se incorpora a la defensa del comandante

La comparecencia judicial llega acompañada de una novedad en el equipo jurídico de Villalba.

La exdiputada de Vox y abogada del Estado en excedencia Macarena Olona se ha incorporado a su defensa, junto al letrado Daniel Echevarría. Ambos ejercerán una defensa conjunta, según el escrito presentado ante la Audiencia Nacional.

La incorporación fue conocida el 20 de noviembre, apenas tres días antes de la declaración prevista ante Ismael Moreno. La formalización de la representación de Olona se ha previsto para el propio lunes, antes de la comparecencia.

Villalba ya había comparecido anteriormente en procedimientos relacionados con el caso Koldo. Durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo García y Aldama, optó por acogerse a su derecho a no declarar sobre los hechos investigados, dada su propia situación procesal.

En aquella ocasión se limitó a responder a cuestiones relativas a su trayectoria profesional.

Ahora afronta una comparecencia diferente, solicitada por él mismo y vinculada directamente a las sospechas económicas que pesan sobre su actuación.

La Audiencia Nacional deberá decidir sobre su procesamiento

La declaración de Rubén Villalba se enmarca en una fase decisiva de la investigación que continúa en la Audiencia Nacional.

El procedimiento examina responsabilidades que van más allá de las ya juzgadas por el Tribunal Supremo en la causa relacionada con la contratación de mascarillas. Entre las personas para las que Anticorrupción ha solicitado el procesamiento figuran Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Jessica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos.

En el caso del comandante, el análisis se concentra en una cuestión concreta: si recibió dinero a cambio de facilitar protección y medios de comunicación a la presunta trama o si las cantidades investigadas tienen una explicación ajena a cualquier actividad delictiva.

La comparecencia del 23 de noviembre permitirá incorporar su versión a las actuaciones, siempre dentro de los límites establecidos por el juez. No supone, por sí misma, que ese mismo día vaya a resolverse su situación procesal.

La Fiscalía ya ha fijado su posición y la defensa dispone de una nueva oportunidad para contradecir los indicios acumulados. El siguiente paso corresponderá a Ismael Moreno, que deberá valorar las pruebas y decidir si procede avanzar hacia el juicio.

El caso plantea una cuestión de especial gravedad institucional: la posible participación de un mando de la Guardia Civil en la protección de una red investigada por corrupción. Determinar si existió esa colaboración y qué contraprestaciones pudo generar será esencial para establecer las eventuales responsabilidades penales del comandante, que mantiene intacta su presunción de inocencia.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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