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Casos de corrupción PP vs PSOE: condenas y causas abiertas en 2026

El PP y el PSOE han protagonizado condenas y procesos por corrupción: de Gürtel y los ERE al caso Koldo, con causas que siguen en los tribunales.

Casos de corrupción PP vs PSOE

Resumen

  • El PP fue declarado responsable civil por Gürtel y la caja B
  • Ábalos y Koldo recibieron condenas firmes por el caso de las mascarillas
  • Los ERE, Kitchen, Lezo y otras investigaciones siguen en los tribunales

La comparación de los casos de corrupción del PP y del PSOE revela una larga sucesión de condenas, investigaciones judiciales y procedimientos todavía abiertos. Ambos partidos han tenido dirigentes condenados por delitos relacionados con el ejercicio del poder, pero no existe un recuento judicial oficial que permita establecer cuántos casos corresponden a cada formación. Los datos del Consejo General del Poder Judicial contabilizan procedimientos y sentencias por delitos, sin clasificarlos de manera sistemática según la afiliación política de sus protagonistas.

A 21 de noviembre de 2026, las diferencias más relevantes están en las resoluciones judiciales. El Partido Popular fue declarado responsable civil por beneficiarse de la trama Gürtel y por los pagos irregulares de las obras de su sede nacional. En el entorno del PSOE, el Tribunal Supremo condenó en junio de 2026 al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su antiguo asesor Koldo García a 19 años y ocho meses por el caso de las mascarillas. Mientras tanto, los ERE de Andalucía, Kitchen, Lezo, Montoro y las investigaciones sobre contratos públicos vinculadas a Santos Cerdán mantienen abiertos distintos frentes judiciales.

La distinción importa. Una condena firme acredita hechos delictivos concretos; una investigación trata de determinar si ocurrieron. Y la responsabilidad civil de un partido no equivale necesariamente a una condena penal de la organización.

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Las condenas que permiten comparar la corrupción del PP y PSOE

Los dos grandes partidos españoles arrastran antecedentes judiciales que abarcan diferentes etapas de la democracia. Algunas tramas afectaron a las finanzas de sus organizaciones; otras, a cargos públicos que aprovecharon sus responsabilidades para beneficiar a determinados empresarios o conseguir ventajas personales.

La comparación exige separar tres situaciones: delitos probados mediante sentencia firme, resoluciones todavía recurribles y diligencias que no han llegado a juicio. Mezclarlas permite producir cifras llamativas, pero no ofrece una imagen rigurosa de la corrupción política.

Gürtel y la caja B: las resoluciones que afectan al PP

El caso Gürtel constituye uno de los principales antecedentes judiciales del Partido Popular. La investigación destapó una trama empresarial dirigida por Francisco Correa que consiguió contratos públicos y otras ventajas mediante sus relaciones con responsables políticos de distintas administraciones.

En octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la responsabilidad del PP como partícipe a título lucrativo por los beneficios obtenidos de la trama en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. La formación tuvo que devolver 245.492,80 euros, cantidad que posteriormente abonó.

Esa declaración tiene un significado jurídico preciso: el partido respondió civilmente por un beneficio recibido, sin que ello supusiera una condena penal de la organización por participar en los delitos. La sentencia también confirmó importantes penas de prisión para integrantes de la trama y antiguos responsables políticos.

Otro episodio decisivo fue el de los papeles de Bárcenas. En noviembre de 2024, el Supremo ratificó que parte de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid se había pagado con dinero no declarado. La resolución mantuvo la responsabilidad civil subsidiaria de la formación por el fraude fiscal cometido en relación con aquellos pagos, aunque revisó a la baja determinadas penas.

Las dos resoluciones acreditan irregularidades de especial gravedad, pero corresponden a hechos y responsabilidades jurídicas diferentes. No deben sumarse como si fueran una única condena penal contra el partido.

Ábalos, Koldo y Filesa: las condenas vinculadas al PSOE

El mayor golpe judicial reciente al entorno del PSOE llegó el 22 de junio de 2026. El Tribunal Supremo impuso 24 años y tres meses de prisión a José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses a Koldo García por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La sentencia consideró probado que ambos participaron, junto con el empresario Víctor de Aldama, en una organización criminal que utilizó la influencia del entonces ministro de Transportes para obtener beneficios relacionados con contratos públicos y otras actuaciones irregulares.

Víctor de Aldama recibió una condena de cuatro años y medio, cuya ejecución quedó suspendida bajo determinadas condiciones por su colaboración con la Justicia. El tribunal también dio por acreditados pagos periódicos vinculados a la trama y contrataciones irregulares en empresas públicas.

No se trata, por tanto, únicamente de sospechas surgidas de informes policiales. La trama de las mascarillas cuenta con una sentencia penal firme, aunque otras derivaciones del procedimiento continúan investigándose.

El PSOE también tiene antecedentes anteriores. El caso Filesa, juzgado por el Supremo en 1997, acreditó la utilización de sociedades y facturas ficticias para obtener financiación destinada a la formación socialista. Varios implicados recibieron condenas penales, algunas de las cuales fueron modificadas posteriormente.

Aquella sentencia describió una estructura de financiación irregular del partido. Sin embargo, no debe confundirse la condena de sus responsables con una condena penal del PSOE como persona jurídica.

Los ERE de Andalucía: las condenas anuladas y el futuro judicial

El caso de los ERE de Andalucía sigue siendo uno de los procedimientos más relevantes relacionados con antiguos gobiernos socialistas. La investigación examinó el sistema utilizado por la Junta de Andalucía para conceder ayudas sociolaborales y empresariales durante la etapa comprendida entre 2000 y 2009.

En noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla condenó al expresidente andaluz José Antonio Griñán a seis años y dos días de prisión por prevaricación y malversación, mientras que Manuel Chaves recibió una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación. El Supremo confirmó posteriormente esas condenas.

La situación cambió en 2024, cuando el Tribunal Constitucional anuló las condenas de ambos expresidentes y las de otros antiguos responsables autonómicos al estimar vulneraciones de derechos fundamentales. Ordenó que se dictaran nuevas resoluciones respetando su interpretación del principio de legalidad penal.

En julio de 2025, la Audiencia de Sevilla decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que paralizó la ejecución de los mandatos del Constitucional mientras se esperaba una respuesta.

La Comisión Europea sostuvo en abril de 2026 que el tribunal europeo debía declararse incompetente para resolver esa cuestión. A fecha de noviembre de 2026, la pieza principal continúa pendiente de una resolución definitiva respecto de las condenas anuladas.

También conviene precisar el alcance económico del escándalo. Los aproximadamente 680 millones de euros asociados al caso corresponden al conjunto de fondos públicos destinados al sistema de ayudas examinado judicialmente. No equivalen automáticamente a 680 millones sustraídos o apropiados personalmente por responsables políticos.

Existen, además, piezas separadas relativas a beneficiarios y operaciones concretas, con situaciones procesales distintas. La anulación de las condenas de determinados antiguos dirigentes tampoco supone que todas esas investigaciones hayan quedado sin efecto.

Púnica, Lezo, Kitchen y Montoro: los procedimientos del PP

Más allá de Gürtel, varias investigaciones vinculadas a antiguos dirigentes populares han continuado avanzando durante 2026.

En el caso Púnica, la Audiencia Nacional condenó en julio al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados a dos años y medio de prisión por fraude continuado y prevaricación. El tribunal consideró acreditado que favoreció a la empresa Waiter Music en adjudicaciones de contratos públicos para festejos municipales.

Púnica comprende diferentes piezas judiciales, por lo que una sentencia sobre determinados contratos no resuelve necesariamente el conjunto de la macrocausa.

El caso Lezo investiga presuntas irregularidades relacionadas con el Canal de Isabel II durante anteriores gobiernos populares de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2026, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión para Ignacio González, expresidente madrileño, en una de las piezas sometidas a juicio, tras aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. Esa petición no constituye una condena.

También sigue pendiente de sentencia el caso Kitchen. El juicio terminó en julio de 2026 y sentó en el banquillo, entre otros acusados, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La acusación sostiene que pudo organizarse una operación parapolicial para obtener documentación comprometida del extesorero popular Luis Bárcenas utilizando recursos públicos. Las responsabilidades penales de los acusados están pendientes de resolución.

Otro procedimiento importante es el caso Montoro, que investiga presuntos favores fiscales a empresas relacionadas con el despacho Equipo Económico, fundado por el antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Durante 2026 se han practicado nuevas diligencias sobre operaciones financieras y posibles ventajas legislativas. El procedimiento continúa en fase de investigación.

Estos cuatro asuntos presentan realidades distintas: condenas ya dictadas, juicios pendientes de sentencia y causas todavía en instrucción. Agruparlos bajo una misma cifra de corrupción probada sería incorrecto.

Santos Cerdán y las nuevas investigaciones sobre el PSOE

La sentencia contra Ábalos y Koldo García no agotó las investigaciones relacionadas con el antiguo Ministerio de Transportes. La Audiencia Nacional continúa examinando presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y posibles comisiones ilegales.

Una de las principales figuras investigadas es Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, a quien las pesquisas relacionan con empresarios y sociedades supuestamente beneficiados por determinadas adjudicaciones. Su responsabilidad penal en esta vertiente todavía no ha sido establecida mediante sentencia.

El 5 de noviembre de 2026, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrolló un nuevo operativo dentro del caso Koldo. Los agentes registraron el domicilio de Ábalos en Valencia, solicitaron documentación a Adif y detuvieron a seis personas, que quedaron posteriormente en libertad. Las actuaciones estaban relacionadas con una nueva pieza separada sobre posibles irregularidades en contratos públicos.

La investigación mantiene así dos planos diferenciados: una parte ya juzgada y condenada por el Supremo y otras actuaciones que siguen sometidas al trabajo de jueces, fiscales e investigadores.

A ello se añade el llamado caso Leire Díez, que examina presuntas maniobras para obtener información sobre responsables de investigaciones judiciales y policiales. En octubre de 2026, el juez Santiago Pedraz consideró prematuro investigar penalmente al PSOE como partido, aunque mantuvo abiertas las diligencias.

Es una diferencia fundamental: investigar a antiguos dirigentes, empresarios o personas relacionadas con una formación no significa que exista una condena contra esa organización. Tampoco supone que las actuaciones examinadas hayan quedado descartadas.

Qué puede compararse realmente entre PP y PSOE

La búsqueda de una cifra definitiva sobre los casos de corrupción del PP frente al PSOE tropieza con un problema de partida: no existe una estadística judicial oficial completa desglosada por partidos políticos.

El Consejo General del Poder Judicial publica datos sobre procedimientos, personas procesadas y resoluciones relativas a delitos de corrupción. En 2025, por ejemplo, se dictaron 71 sentencias de primera instancia en esta materia, de las cuales 52 fueron total o parcialmente condenatorias. Sin embargo, esas estadísticas no constituyen un registro de condenas atribuibles a cada organización política.

Las recopilaciones elaboradas por investigadores o medios pueden resultar útiles, pero dependen de los criterios empleados. Una macrocausa como Gürtel puede contabilizarse como un solo caso o desglosarse en distintas piezas. Lo mismo sucede con los ERE, Púnica o las investigaciones derivadas del caso Koldo.

También cambia el resultado si se incluyen exclusivamente las condenas firmes, si se añaden investigaciones abiertas o si se computan las responsabilidades de empresarios que nunca pertenecieron a un partido.

El tiempo que cada formación ha gobernado y la cantidad de administraciones que ha dirigido son otras variables relevantes para interpretar los datos. Una cifra absoluta de procedimientos no mide por sí sola la incidencia de la corrupción entre todos los cargos de una organización.

Lo acreditado judicialmente es que PP y PSOE han tenido responsables implicados en tramas de corrupción con condenas penales, que el Partido Popular ha sido declarado responsable civil en procedimientos vinculados a sus finanzas y que antiguos altos cargos socialistas han recibido importantes penas por delitos cometidos durante su ejercicio del poder.

La investigación de los ERE sigue pendiente de nuevas resoluciones tras las anulaciones del Constitucional. Kitchen, Lezo y Montoro mantienen abiertos procedimientos relacionados con antiguos responsables populares, mientras que las pesquisas sobre Santos Cerdán y las adjudicaciones de obra pública continúan examinando posibles responsabilidades en el entorno socialista.

Las sentencias permiten identificar los delitos probados y a sus responsables. Los procedimientos abiertos pueden ampliar ese conocimiento o terminar en absoluciones y archivos. A noviembre de 2026, cualquier comparación rigurosa entre ambos partidos debe respetar esa frontera, especialmente cuando se pretende transformar décadas de corrupción política en una única cifra.

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