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Estatuto de los Trabajadores 2025: los cambios y derechos vigentes

Permisos de nacimiento, incapacidad permanente, jornada máxima, vacaciones y despidos: así cambió el Estatuto de los Trabajadores en 2025 y 2026.

Estatuto de los Trabajadores 2025

Foto: Howard R. Hollem / Biblioteca del Congreso de Estados Unidos / Wikimedia Commons (dominio público).

Resumen

  • En 2025 se amplió el permiso por nacimiento a 19 semanas por progenitor
  • La jornada máxima general siguió en 40 horas semanales de promedio anual
  • En noviembre de 2026 entraron en vigor nuevas garantías laborales

El Estatuto de los Trabajadores 2025 incorporó cambios importantes en los derechos laborales en España, especialmente en los permisos por nacimiento, la protección de las personas con incapacidad permanente y la negociación colectiva. Su contenido, sin embargo, no corresponde a una ley completamente nueva: se trata de la versión actualizada del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que sigue siendo la norma fundamental de las relaciones laborales.

Entre las reformas más relevantes de 2025 figura la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor a 19 semanas por progenitor, así como la eliminación de la extinción automática del contrato por determinadas situaciones de incapacidad permanente. La jornada máxima legal continuó siendo de 40 horas semanales de promedio anual, después de que el Congreso rechazara en septiembre la propuesta para reducirla a 37,5 horas.

Hay una cuestión esencial para interpretar correctamente estos derechos: el Estatuto no permanece congelado en la versión de 2025. A 22 de noviembre de 2026, el Boletín Oficial del Estado recoge una actualización publicada el 18 de noviembre, que incorpora nuevas garantías sobre estabilidad laboral, transparencia salarial e información contractual. Por eso, consultar una edición antigua puede servir para conocer qué establecía la ley en un momento determinado, pero no siempre para identificar los derechos actualmente exigibles.

El Estatuto fija los mínimos legales de las relaciones laborales por cuenta ajena. Regula la contratación, los salarios, los descansos, las vacaciones, los permisos, los despidos y la representación de los trabajadores. Los convenios colectivos completan muchas de estas disposiciones y pueden mejorar sus condiciones, pero no rebajar los derechos mínimos establecidos legalmente.

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Qué cambió en el Estatuto de los Trabajadores en 2025

El año 2025 introdujo modificaciones de especial trascendencia para la conciliación familiar y la continuidad en el empleo. Dos de ellas afectaron directamente a situaciones habituales en la vida laboral: tener un hijo y recibir una declaración de incapacidad permanente.

La Ley 2/2025, de 29 de abril, modificó el artículo 49 del Estatuto para impedir que determinadas declaraciones de incapacidad permanente provocaran, por sí solas, la terminación automática del contrato. Hasta entonces, la normativa permitía extinguir la relación laboral por esta circunstancia sin exigir una valoración previa de posibles adaptaciones del puesto.

Desde la reforma, cuando una persona recibe una declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad, la empresa debe valorar si resulta posible realizar ajustes razonables o asignarle otro puesto vacante y compatible con su situación.

La persona trabajadora dispone de 10 días naturales desde la notificación de la resolución para comunicar por escrito su voluntad de mantener la relación laboral. La empresa tiene un plazo máximo de tres meses, contado desde la notificación de la resolución, para realizar las adaptaciones, efectuar el cambio de puesto o, cuando concurran las causas legales que lo permitan, comunicar motivadamente la extinción contractual.

No se trata de una garantía absoluta de conservación del empleo. La norma contempla excepciones cuando los ajustes suponen una carga excesiva, no existe un puesto adecuado disponible o la persona rechaza una alternativa compatible debidamente propuesta. Lo que desaparece es la extinción automática del contrato que permitía la regulación anterior.

El permiso por nacimiento pasó de 16 a 19 semanas

La otra gran modificación llegó con el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, que amplió la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado del menor de 16 a 19 semanas para cada progenitor, con carácter individual e intransferible.

La distribución establecida distingue tres periodos. Las primeras seis semanas deben disfrutarse obligatoriamente, de forma ininterrumpida y a jornada completa, inmediatamente después del nacimiento. Otras 11 semanas pueden distribuirse por periodos semanales hasta que el menor cumpla 12 meses. Las dos semanas restantes pueden disfrutarse hasta que el hijo cumpla ocho años.

Para las familias monoparentales, la duración general se amplió a 32 semanas, distribuidas en seis obligatorias, 22 disfrutables durante el primer año y cuatro que pueden utilizarse hasta los ocho años del menor.

La prestación económica correspondiente corre a cargo de la Seguridad Social, siempre que se cumplan los requisitos aplicables, y no debe confundirse con un permiso ordinario pagado directamente por la empresa.

La reforma incluyó una disposición transitoria particularmente relevante. Las dos semanas adicionales utilizables hasta los ocho años, cuatro en las familias monoparentales, también se reconocieron para nacimientos, adopciones y demás situaciones contempladas por la norma producidas desde el 2 de agosto de 2024. Su disfrute y la correspondiente prestación podían solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

Conviene distinguir este derecho del permiso parental de ocho semanas previsto en el artículo 48 bis. Este último mantiene, con carácter general, su naturaleza no retribuida. Ambos permisos tienen regulaciones y finalidades diferentes.

Otra modificación de finales de 2025 llegó mediante la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible. La reforma del artículo 85 incorporó a la negociación colectiva el deber de negociar medidas destinadas a promover planes de movilidad sostenible al trabajo, dentro del alcance establecido por esa legislación. No significa que todas las empresas estén obligadas automáticamente a pagar el transporte de sus empleados.

Jornada laboral, vacaciones y salario: los derechos mínimos

El artículo 34 del Estatuto establece una jornada ordinaria máxima de 40 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas como promedio anual. La duración concreta puede ser inferior si así lo determina el convenio colectivo o el contrato.

La reducción legal a 37,5 horas semanales fue una de las principales cuestiones del debate laboral de 2025. El Gobierno presentó un proyecto para establecer ese límite sin reducción salarial, pero el Congreso rechazó su tramitación el 10 de septiembre de 2025. A noviembre de 2026, la jornada máxima general continúa fijada en 40 horas semanales de promedio anual.

La ley también exige que transcurran al menos 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente. Como regla general, el trabajo ordinario efectivo no puede superar nueve horas diarias, salvo otra distribución permitida mediante convenio o acuerdo colectivo que respete los descansos correspondientes.

Cuando una jornada continuada supera las seis horas, debe existir una pausa mínima de 15 minutos. Ese descanso no se considera necesariamente tiempo de trabajo efectivo: depende de lo establecido en el convenio colectivo o en el contrato.

Las horas extraordinarias deben abonarse, al menos, por el valor de la hora ordinaria o compensarse mediante descanso retribuido equivalente. El límite general es de 80 horas extraordinarias anuales, aunque existen particularidades y exclusiones legales, como las horas compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

En materia de vacaciones, el artículo 38 garantiza un mínimo de 30 días naturales al año. No equivalen necesariamente a 30 días laborables. Los convenios pueden establecer una distribución distinta o condiciones más favorables, respetando siempre el mínimo legal.

Las fechas deben acordarse entre la empresa y la persona trabajadora, conforme a las reglas aplicables, y conocerse con al menos dos meses de antelación al comienzo de su disfrute. Las vacaciones, como norma general, no pueden sustituirse por dinero mientras continúa la relación laboral, aunque sí procede liquidar las pendientes cuando finaliza el contrato.

El salario mínimo constituye otro derecho básico, aunque su cuantía no queda fijada de manera permanente en el Estatuto. El artículo 27 establece que el Gobierno debe determinarlo anualmente.

Durante 2025, el salario mínimo interprofesional fue de 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 16.576 euros anuales para una jornada completa. En 2026 se elevó a 1.221 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 17.094 euros anuales.

Estas cifras corresponden al mínimo general para una jornada completa y deben adaptarse proporcionalmente cuando se trabaja a tiempo parcial. Los convenios colectivos pueden establecer salarios superiores.

Permisos laborales y conciliación familiar

Los permisos retribuidos constituyen una de las partes más consultadas del Estatuto de los Trabajadores. Su regulación principal aparece en el artículo 37, aunque otros derechos relacionados con la conciliación están distribuidos por distintos preceptos.

La norma contempla cinco días de permiso retribuido por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de determinados familiares, de la pareja de hecho y de otras personas convivientes que necesiten cuidados efectivos, en los términos legales.

Por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad corresponden dos días de permiso, ampliables en otros dos cuando resulte necesario un desplazamiento.

El matrimonio o el registro de pareja de hecho dan derecho a 15 días naturales, mientras que el traslado del domicilio habitual permite disfrutar de un día retribuido.

La regulación también contempla ausencias por deberes públicos inexcusables, exámenes prenatales y preparación al parto, así como otros supuestos específicamente previstos.

Uno de los derechos incorporados a finales de 2024 y presentes en el Estatuto de 2025 es el permiso vinculado a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Permite ausentarse del trabajo hasta cuatro días cuando las recomendaciones, restricciones o prohibiciones de las autoridades impidan acceder al centro laboral, o exista un riesgo grave e inminente en los términos establecidos por la norma.

Cuando persisten las circunstancias que justifican la ausencia, el permiso puede prolongarse, sin perjuicio de las medidas laborales que la empresa pueda adoptar conforme a la legislación.

La conciliación incluye también la posibilidad de solicitar adaptaciones de jornada, cambios en la distribución del tiempo de trabajo o determinadas modalidades de prestación a distancia para atender necesidades familiares. El artículo 34.8 establece un procedimiento de negociación y exige que las decisiones empresariales sobre estas solicitudes estén justificadas.

No debe confundirse el derecho a solicitar una adaptación con su concesión automática. La solución concreta debe valorar las necesidades de conciliación y las circunstancias organizativas o productivas de la empresa.

Para el cuidado directo de menores de 12 años o familiares en las situaciones legalmente previstas, el Estatuto reconoce asimismo el derecho a solicitar una reducción de jornada, con la disminución proporcional del salario que corresponda.

Contratos, despidos e indemnizaciones: qué establece la ley

La legislación laboral española parte de una regla general: el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. La contratación temporal exige una causa que justifique su duración y debe respetar los requisitos legales.

Las principales modalidades temporales responden a circunstancias de la producción o a la sustitución de personas trabajadoras. También existen contratos formativos y contratos fijos-discontinuos, estos últimos destinados a actividades de carácter estacional o intermitente en las condiciones establecidas por la normativa.

La utilización injustificada de un contrato temporal puede determinar que la relación se considere indefinida. La denominación que figure en el documento no basta, por sí sola, para acreditar la legalidad de la contratación.

Cuando finaliza válidamente un contrato temporal por determinadas causas, la indemnización general es de 12 días de salario por año de servicio, con las excepciones previstas para modalidades como los contratos formativos o los de sustitución.

En los despidos, las consecuencias económicas dependen de la causa y de su calificación jurídica.

El despido objetivo procedente da derecho, con carácter general, a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. En cambio, el despido improcedente tiene como referencia general 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades, sin perjuicio del régimen transitorio aplicable a contratos anteriores al 12 de febrero de 2012.

Cuando un despido disciplinario se considera procedente, no corresponde indemnización por esa extinción. Si se declara nulo, la consecuencia general es la readmisión de la persona trabajadora y el abono de los salarios dejados de percibir.

También importa el plazo para reaccionar. La acción para impugnar un despido caduca, con carácter general, a los 20 días hábiles. La presentación de la solicitud de conciliación ante el organismo competente interrumpe ese plazo en los términos legalmente previstos.

Las reclamaciones de cantidades salariales tienen, como regla general, un plazo de prescripción de un año desde que pudieron exigirse. No todos los conflictos laborales comparten, por tanto, el mismo calendario.

Las novedades de noviembre de 2026 que modifican el Estatuto

El Estatuto continuó cambiando después de 2025. La reforma más reciente se publicó en el BOE el 18 de noviembre de 2026, mediante el Real Decreto-ley 39/2026, que entró en vigor el día 19, sin perjuicio de su posterior convalidación parlamentaria.

Entre sus principales novedades figura el refuerzo de la protección frente a represalias laborales. La nueva redacción del artículo 17.1 declara nulas las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable por reclamar derechos ante la empresa o ejercer acciones administrativas o judiciales para exigir su cumplimiento.

La reforma también introduce el artículo 21 bis, dedicado a facilitar la transición hacia empleos más estables o previsibles. En los supuestos establecidos, las personas trabajadoras pueden solicitar el acceso a vacantes que impliquen, por ejemplo, pasar de un contrato temporal a otro indefinido, ampliar la jornada o cambiar de fijo-discontinuo a indefinido ordinario.

La empresa debe valorar la solicitud y responder por escrito y de forma motivada, con carácter general en el plazo máximo de un mes. Para empresas de hasta 10 personas trabajadoras, el plazo puede alcanzar tres meses. Este derecho no supone una conversión automática del contrato.

Se refuerza igualmente la obligación empresarial de facilitar información escrita sobre las condiciones esenciales de la relación laboral y sus modificaciones.

En el trabajo a tiempo parcial aparece otra garantía concreta: cuando la empresa cancele total o parcialmente horas complementarias pactadas, la persona trabajadora conserva el derecho a cobrar las horas canceladas. También se reconoce expresamente su derecho a rechazar la tarea asignada sin consecuencias desfavorables si se incumplen los requisitos legales de preaviso e información.

La reforma introduce cambios importantes en transparencia e igualdad retributiva. Las personas trabajadoras pueden comunicar información sobre su propio salario para defender el principio de igualdad de retribución, y se consideran nulas las cláusulas que pretendan impedir esa divulgación.

También se refuerzan los mecanismos de información sobre los criterios salariales, el acceso al registro retributivo a través de la representación legal y las obligaciones empresariales para justificar determinadas diferencias retributivas entre mujeres y hombres.

En materia de discriminación salarial, el nuevo artículo 59 establece un plazo específico de tres años desde que cese la situación discriminatoria para las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación retributiva.

Son reformas posteriores a 2025. Presentarlas como si hubieran formado parte del Estatuto durante todo aquel año supondría mezclar normas de momentos diferentes.

La fecha del Estatuto determina qué derechos se pueden exigir

Para consultar el Estatuto de los Trabajadores de 2025, la referencia legal sigue siendo el Real Decreto Legislativo 2/2015. El BOE permite seleccionar las distintas redacciones históricas, incluida la última actualización publicada durante 2025, fechada el 4 de diciembre.

Quien necesite conocer las condiciones laborales aplicables durante aquel ejercicio debe consultar la redacción correspondiente a la fecha de los hechos. No siempre será suficiente utilizar la versión de diciembre: algunas reformas entraron en vigor a lo largo del año y otras incorporaron disposiciones transitorias.

Para conocer los derechos aplicables en noviembre de 2026, en cambio, debe tomarse como referencia la legislación vigente en ese momento, incluyendo las reformas posteriores y el convenio colectivo correspondiente.

El Estatuto establece derechos mínimos, pero no sustituye al convenio, al contrato ni a las disposiciones especiales que puedan resultar aplicables. Una jornada más corta, una mejora salarial o un permiso de mayor duración pueden proceder de la negociación colectiva sin que se haya modificado el mínimo legal.

Esa diferencia es decisiva. En materia laboral, una cifra desactualizada o una reforma anunciada pero nunca aprobada pueden cambiar por completo la interpretación de un contrato, un permiso o una reclamación. La legislación que cuenta es la que estaba vigente cuando nació el derecho y la que resulte aplicable a cada situación concreta.

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