Economía
El PP no concreta cambios en jornada, despido ni convenios para el 29N
El PP propone bonificaciones, ayudas a autónomos y cambios en las bajas médicas, pero no detalla qué hará con la jornada laboral ni el despido.
Foto: Partido Popular (PP).
Resumen
- El PP no concreta cambios en jornada laboral, despido ni convenios
- Sí plantea bonificaciones, ayudas a autónomos y formación en IA
- Las nuevas competencias de las mutuas y su financiación siguen sin detallar
El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 no incluye compromisos concretos para reducir la jornada laboral, modificar las indemnizaciones por despido o reformar la negociación colectiva. El documento presentado por Alberto Núñez Feijóo el pasado 10 de noviembre sí contempla rebajas de cotizaciones para determinadas empresas, incentivos a los autónomos y cambios en la gestión de las bajas médicas.
Las diferencias entre lo que propone y lo que deja sin abordar constituyen uno de los aspectos más relevantes de su política laboral. El portal especializado Laboro ha analizado esas ausencias y advierte de que el PP no se pronuncia sobre varias de las principales condiciones de trabajo que afectan a millones de asalariados. La comparación con la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012 añade un elemento de debate, aunque el documento actual no permite anticipar una reforma similar.
El programa, denominado La Reconstrucción Nacional, contiene 249 medidas y aborda cuestiones económicas, fiscales, sociales e institucionales. En el apartado dedicado al empleo, las propuestas más desarrolladas se concentran en facilitar la actividad empresarial, reducir determinadas cargas y mejorar la formación de los trabajadores.
La distinción importa. Que un partido no anuncie cambios en una materia no significa necesariamente que pretenda mantener intacta su regulación actual. Tampoco permite asegurar que vaya a modificarla. Lo comprobable, a falta de otros compromisos expresos, es qué medidas incorpora el texto y cuáles quedan fuera.
Jornada laboral, salario mínimo y despido: las grandes ausencias
Uno de los puntos más llamativos es la ausencia de una propuesta para reducir la jornada laboral. El PP no establece un calendario para pasar a las 37,5 horas semanales ni plantea otro límite general de tiempo de trabajo.
Tampoco desarrolla una reforma del registro horario digital para combatir las horas extraordinarias no declaradas o no remuneradas. Son cuestiones que han ocupado buena parte del debate laboral de los últimos años, pero que no cuentan con compromisos específicos en el programa popular.
El salario mínimo interprofesional (SMI) aparece en el documento, aunque principalmente como referencia para medidas fiscales y ayudas a los autónomos. El PP promete que quienes perciban el salario mínimo no paguen IRPF y que el umbral de exención se actualice automáticamente con sus futuras subidas.
Sin embargo, no fija un objetivo de incremento del SMI ni un calendario para elevarlo. Actualmente, el salario mínimo de 2026 está establecido en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales.
La situación es parecida en materia de despidos. El PP no concreta cambios en las indemnizaciones, las causas de extinción de los contratos o los mecanismos de protección frente a decisiones empresariales injustificadas.
Esta ausencia resulta especialmente relevante después de los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europa, sobre la legislación española.
En julio de 2024, el Comité hizo pública una resolución que consideraba insuficiente el sistema español de compensación por despido injustificado. En junio de 2025, una segunda decisión, relacionada con una reclamación de Comisiones Obreras, volvió a señalar deficiencias en las indemnizaciones y en las posibilidades de readmisión de los trabajadores.
El documento electoral del PP no ofrece una respuesta específica a estos pronunciamientos.
También quedan sin desarrollar posibles modificaciones de los convenios colectivos, la regulación general de los contratos y las vacaciones. El programa sí contiene propuestas relacionadas con la conciliación familiar y los permisos por nacimiento, pero no una revisión detallada del conjunto de las relaciones laborales.
Autónomos y empresas: las medidas que sí propone el PP
Frente a esas ausencias, el Partido Popular presenta compromisos más definidos para quienes trabajan por cuenta propia y para las empresas.
Una de sus principales propuestas consiste en que los nuevos autónomos no paguen cuota a la Seguridad Social durante su primer año de actividad. La exención se ampliaría al segundo año cuando sus ingresos no alcancen el salario mínimo.
El programa también plantea proteger por defecto la vivienda habitual del autónomo frente a los riesgos derivados de su actividad empresarial, aunque sería necesario concretar el alcance y las excepciones de esa protección.
Otra medida destacada es la eliminación de la obligación de repercutir y declarar el IVA para los autónomos cuya facturación anual sea inferior a 85.000 euros. El partido propone igualmente simplificar las declaraciones tributarias y facilitar la deducción de determinados gastos profesionales.
Son propuestas con efectos potencialmente importantes para los pequeños negocios, pero su aplicación dependería de los cambios normativos correspondientes.
Bonificaciones empresariales y formación ante la inteligencia artificial
El PP también quiere reducir los costes laborales de las empresas mediante incentivos a la contratación.
Su programa contempla una bonificación del 100 % de las cotizaciones empresariales durante un año por la contratación del primer trabajador de un autónomo, y del 50 % por el segundo.
En las empresas con plantillas más estables que la media de su sector propone reducir la cotización por desempleo. La medida busca premiar la estabilidad laboral, aunque el texto no detalla los porcentajes de reducción ni los criterios técnicos que permitirían comparar empresas.
Otra propuesta consiste en publicar mensualmente, junto con los datos del paro registrado, el número de trabajadores fijos discontinuos que se encuentran en periodos de inactividad.
En materia de formación, el partido introduce un cheque individual para que los trabajadores puedan adquirir competencias relacionadas con la inteligencia artificial y adaptarse a las transformaciones del mercado laboral.
El cheque podría conservarse aunque el empleado cambiara de empresa. Su financiación procedería de las actuales cuotas de formación profesional, sin establecer nuevas cargas para empresas y trabajadores. El programa no especifica su cuantía.
Conciliación y bajas médicas
El documento también contempla ampliar los permisos por nacimiento y permitir una distribución más flexible de las semanas no obligatorias.
Para los trabajadores con hijos o familiares dependientes propone extender los bancos de horas, facilitar la entrada y salida flexible y favorecer el teletrabajo cuando las características del puesto lo permitan.
Estas medidas persiguen mejorar la organización del tiempo, pero no equivalen a una reducción de la jornada máxima semanal. Un banco de horas permite redistribuir el tiempo trabajado y recuperarlo posteriormente.
En cuanto a las bajas médicas, el PP plantea mejorar la cobertura económica de las personas con enfermedades graves o prolongadas, hasta alcanzar el 100 % de la base reguladora en los casos que se determinen.
Al mismo tiempo, propone reforzar la intervención de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y establecer incentivos para las empresas que gestionen mejor las situaciones de incapacidad temporal.
Aquí aparece una cuestión especialmente delicada: el programa no precisa qué nuevas competencias asumirían las mutuas.
Actualmente, estas entidades pueden emitir directamente bajas y altas médicas por contingencias profesionales, como los accidentes de trabajo. En las contingencias comunes, como una enfermedad no laboral, pueden formular propuestas de alta, pero no decidir unilateralmente todas las altas médicas.
Las mutuas son asociaciones privadas de empresarios que colaboran con la Seguridad Social bajo supervisión pública y que, legalmente, carecen de ánimo de lucro.
Reforzar su participación no significa automáticamente que puedan dar altas médicas en cualquier enfermedad. Para ampliar determinadas competencias sería necesario modificar el marco jurídico vigente.
El alcance real de la propuesta dependerá de cómo se concrete esa reforma y de las garantías establecidas para los trabajadores.
Las rebajas de cotizaciones y su efecto sobre la Seguridad Social
Otro de los elementos centrales del análisis de Laboro es la repercusión que podrían tener las reducciones de cotizaciones sobre la financiación de las prestaciones sociales.
Las cotizaciones de empresas y trabajadores constituyen una fuente fundamental de ingresos del sistema. Con ellas se contribuye a financiar pensiones, prestaciones por incapacidad temporal, protección por desempleo y otras coberturas.
Por eso, reducir las cotizaciones puede afectar a los recursos disponibles, especialmente si no existen mecanismos de compensación o si los incentivos no generan suficiente empleo y actividad adicional.
Ahora bien, el efecto no es necesariamente una disminución automática de las prestaciones.
La financiación del sistema combina diferentes recursos. En la normativa vigente se distingue, además, entre reducciones de cuotas financiadas por la Seguridad Social y bonificaciones que se sufragan con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
La consecuencia presupuestaria de cada incentivo depende, por tanto, de su diseño, de quién asuma su coste y de su impacto sobre el empleo y la recaudación.
El programa popular todavía no ofrece una estimación detallada del coste conjunto de estas medidas ni explica cómo se compensarían todos sus posibles efectos sobre los ingresos públicos.
Esa información resulta importante para evaluar su sostenibilidad. Una bonificación puede facilitar nuevas contrataciones, pero también tiene un coste que debe financiarse.
El precedente de la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012
El análisis de Laboro recupera un episodio político que ayuda a entender por qué presta tanta atención a las cuestiones que no aparecen en los programas electorales.
Tras la victoria del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011, Mariano Rajoy asumió la Presidencia del Gobierno en diciembre de aquel año. El 10 de febrero de 2012, su Ejecutivo aprobó mediante real decreto-ley una profunda reforma del mercado de trabajo.
La norma introdujo cambios importantes en la contratación, la negociación colectiva, la flexibilidad interna de las empresas y los despidos.
Entre sus medidas más conocidas figuraba la reducción de la indemnización general por despido improcedente de 45 a 33 días de salario por año trabajado, con un nuevo máximo ordinario de 24 mensualidades, respetando determinadas reglas transitorias para los contratos anteriores.
La reforma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Laboro recuerda que el programa electoral de 2011 no había anunciado con ese detalle el alcance de la transformación laboral que terminó impulsando el Gobierno de Rajoy. A partir de ese antecedente, el portal expresa su preocupación por la falta de compromisos actuales sobre determinadas condiciones de trabajo.
Es un precedente relevante, aunque conviene distinguirlo de una predicción.
Que el PP aprobara una reforma laboral en 2012 no demuestra que tenga preparada otra para 2026. El programa de este año tampoco permite concluir que pretenda derogar las modificaciones aprobadas durante la legislatura anterior.
Una cosa son los antecedentes de un partido y otra sus compromisos presentes. Ambos importan, pero no son equivalentes.
De hecho, el programa actual incorpora propuestas específicas de protección para trabajadores con enfermedades graves, conciliación familiar y formación profesional que también deben formar parte de cualquier evaluación de su contenido laboral.
Los derechos laborales que siguen sin un compromiso concreto
A nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el programa del Partido Popular permite identificar una orientación económica: menores cargas para empresas y autónomos, incentivos a la contratación y mayor atención a la productividad.
También incluye medidas de conciliación, protección durante determinadas enfermedades y formación ante los cambios tecnológicos.
Lo que no permite conocer con suficiente precisión es qué haría un eventual Gobierno de Feijóo con algunas de las normas que más directamente afectan a los trabajadores por cuenta ajena.
La duración máxima de la jornada, la indemnización por despido, las reglas de negociación colectiva, el control de las horas extraordinarias y la evolución del salario mínimo son cuestiones esenciales que permanecen sin propuestas concretas en el documento.
Estas omisiones no modifican los derechos actualmente vigentes ni constituyen por sí mismas un anuncio de recortes. Pero tampoco equivalen a un compromiso de conservar toda la legislación laboral.
El PP ha detallado cómo pretende facilitar la actividad empresarial y reducir determinados costes. Sobre otras condiciones fundamentales del empleo, el alcance de sus intenciones sigue abierto.
Y esa diferencia es sustancial: un programa electoral permite valorar tanto los compromisos que asume un partido como las decisiones sobre las que todavía no se compromete.
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