El PSOE quiere reducir la jornada a 37,5 horas y avanzar a las 35

El PSOE ha incorporado a su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el compromiso de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario y favorecer una segunda rebaja hasta las 35 horas mediante la negociación colectiva. La propuesta recupera una de las reformas laborales que quedaron pendientes durante la legislatura y plantea un calendario de aplicación negociado con los agentes sociales.

La diferencia entre ambos objetivos es importante. Los socialistas se comprometen a completar la reducción a 37 horas y media, mientras que las 35 horas aparecen como una meta que deberá impulsarse a través de los convenios colectivos. Es decir, el programa no establece que todos los trabajadores vayan a pasar automáticamente a una semana laboral de 35 horas ni fija una fecha concreta para conseguirlo.

El partido de Pedro Sánchez defiende que trabajar menos debe permitir disponer de más tiempo para la familia, los cuidados, el descanso y la vida personal, manteniendo las retribuciones. También contempla periodos transitorios para las pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores en los que la reorganización de horarios y plantillas puede resultar más compleja.

De las 40 a las 37,5 horas, con las 35 como siguiente objetivo

El compromiso aparece recogido en el apartado dedicado al trabajo digno del programa socialista, concretamente en su punto 108. Su formulación distingue dos actuaciones: completar la reducción de la jornada a 37,5 horas e incentivar los avances de la negociación colectiva hacia las 35.

La primera implicaría modificar el límite general de la jornada ordinaria, establecido actualmente en 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio anual. La segunda dependería de los acuerdos alcanzados entre empresas y representantes de los trabajadores, que podrían establecer jornadas inferiores.

Las 35 horas dependerían de la negociación colectiva

El PSOE no propone en su documento una reducción general e inmediata a 35 horas por ley. Lo que plantea es favorecer que esa duración se extienda progresivamente mediante la negociación de los convenios laborales.

Esto significa que la aplicación podría variar entre sectores y empresas. Un convenio podría alcanzar las 35 horas mientras otro mantuviera una jornada de 37,5, dependiendo de sus condiciones y de los acuerdos alcanzados.

La distinción evita confundir una propuesta de alcance general con un objetivo sujeto a negociación. Ambas aparecen en el mismo compromiso electoral, pero no tienen idéntico grado de concreción.

Cuántas horas menos se trabajarían y qué pasaría con el sueldo

Para un trabajador con una jornada de 40 horas semanales, la reducción a 37,5 supondría trabajar dos horas y media menos cada semana. Si su horario estuviera distribuido de manera uniforme entre cinco días, equivaldría a media hora menos de trabajo diario.

Alcanzar las 35 horas representaría una reducción de cinco horas respecto a las 40 actuales. En una distribución de cinco días, la jornada pasaría de ocho a siete horas diarias.

El elemento económico es fundamental: el programa socialista plantea ambas reducciones sin disminución salarial. Su objetivo es que el trabajador conserve su sueldo pese a dedicar menos tiempo al empleo.

Ahora bien, la distribución concreta de las horas no tendría por qué ser idéntica en todos los casos. Los convenios colectivos, los turnos y las necesidades organizativas de cada actividad seguirían desempeñando un papel relevante.

Un calendario negociado y periodos de adaptación para las pymes

El programa no establece una fecha cerrada para la entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas ni un plazo definitivo para alcanzar las 35.

En su lugar, propone que la reducción se aplique conforme a un calendario surgido del diálogo social, acompañado de periodos transitorios que permitan a las pequeñas y medianas empresas adaptarse a las nuevas condiciones.

La cuestión no es menor. Reducir la jornada conservando los salarios obliga a reorganizar el trabajo, especialmente en actividades que requieren mantener una atención continuada al público o cubrir determinados turnos.

En estos sectores, las empresas podrían necesitar modificar horarios, redistribuir tareas o reorganizar sus plantillas. El alcance de esos cambios dependería de la regulación definitiva y de los acuerdos laborales.

El PSOE deja, por tanto, una parte importante de la ejecución pendiente de futuras negociaciones. La duración de los periodos transitorios y las condiciones concretas de aplicación todavía no están determinadas.

Más control de las horas extraordinarias y del registro horario

La reducción de la jornada no es la única medida laboral incluida en el programa. Los socialistas también quieren reforzar los mecanismos destinados a impedir que se trabajen más horas de las reconocidas y remuneradas.

El compromiso número 109 propone implantar un registro horario digital fiable que refleje las jornadas reales de los empleados y facilite la detección de horas extraordinarias ilegales o no pagadas.

El partido plantea igualmente reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos y garantizar el derecho al descanso y a la desconexión digital.

Estas medidas están directamente relacionadas con la reducción de la jornada. Una rebaja de las horas ordinarias tendría un efecto limitado si parte del tiempo eliminado terminara convirtiéndose en trabajo adicional no registrado.

El programa también contempla una reforma del despido improcedente para garantizar una reparación efectiva, proporcionada y disuasoria, teniendo en cuenta las circunstancias y los perjuicios ocasionados. La propuesta busca adecuar la normativa española a la Carta Social Europea y a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Una reforma laboral que ya fue rechazada en el Congreso

La propuesta del PSOE llega después de un intento legislativo que no logró superar su tramitación parlamentaria.

El 10 de septiembre de 2025, el Congreso de los Diputados rechazó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para reducir la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial.

Las enmiendas a la totalidad respaldadas por PP, Vox, Junts y UPN prosperaron con 178 votos frente a 170, lo que provocó la devolución del texto al Ejecutivo e impidió que continuara su tramitación.

Aquel rechazo explica por qué la reducción de jornada vuelve a figurar entre los compromisos electorales socialistas. El objetivo no llegó a convertirse en una modificación general de la jornada máxima legal.

A fecha de 15 de noviembre de 2026, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores continúa estableciendo el máximo general de 40 horas semanales de trabajo efectivo, calculado como promedio anual. Esto no impide que numerosos trabajadores disfruten de jornadas inferiores gracias a sus convenios colectivos o contratos.

La reducción de jornada vuelve a depender del próximo Congreso

El anuncio sitúa nuevamente la duración de la semana laboral entre los asuntos que se debatirán de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La propuesta contiene dos compromisos de distinto alcance: reducir legalmente la jornada a 37,5 horas y promover mediante la negociación colectiva una reducción posterior hasta las 35 horas, sin pérdida de salario.

Su materialización dependerá de la composición del próximo Congreso, de los acuerdos parlamentarios necesarios para modificar la legislación y del diálogo entre sindicatos y organizaciones empresariales.

Por el momento, los trabajadores no experimentarán cambios automáticos en sus horarios por la presentación del programa electoral. Las 37,5 horas siguen siendo una propuesta pendiente de aprobación, mientras que las 35 constituyen un objetivo de negociación. La diferencia será decisiva para determinar qué parte de la promesa termina trasladándose a los contratos y a las nóminas.