Brasil aprueba el fin del 6×1 y reduce la jornada laboral a 40 horas

Brasil ha dado el paso político decisivo para reducir la jornada máxima de trabajo de 44 a 40 horas semanales, acabar con la llamada escala 6×1 y garantizar dos días de descanso remunerado por semana sin rebajar el salario. El Senado aprobó la reforma constitucional en dos votaciones sucesivas con un resultado difícil de discutir: 75 votos a favor y uno en contra en cada turno.

La reforma, convertida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una de las grandes banderas laborales de su Gobierno, llega además en plena recta final de las elecciones presidenciales. El segundo turno está fijado para el 25 de octubre. Y ahí apareció uno de los movimientos políticos más llamativos de la noche: Flávio Bolsonaro votó a favor pese a haber mantenido antes una posición crítica con la medida.

Brasil cambia la semana laboral: 40 horas y dos días libres

El cambio altera una de las reglas centrales del mercado laboral brasileño. La Constitución permite actualmente una jornada ordinaria máxima de 44 horas semanales; la nueva redacción rebaja ese techo hasta 40 y establece un esquema general de cinco días de trabajo por dos de descanso.

No significa que todos los comercios, hospitales, fábricas o servicios vayan a cerrar dos días por semana. La norma afecta a la jornada de cada empleado, no al calendario de apertura de las empresas. Los sectores que necesitan funcionar durante sábados, domingos o festivos podrán seguir organizando turnos, siempre dentro de los nuevos límites y respetando los descansos correspondientes.

El texto protege expresamente otro elemento especialmente sensible: la reducción de horas no podrá utilizarse para recortar el salario. Es, probablemente, la pieza que explica buena parte del respaldo social y también de las resistencias empresariales que ha provocado la reforma.

La reducción no será inmediata

Brasil no pasará de 44 a 40 horas de un viernes para un lunes. La Constitución incorporará un periodo de adaptación pensado para dar margen a empresas, trabajadores y convenios colectivos.

La primera modificación llegará 60 días después de la promulgación: la jornada máxima bajará de 44 a 42 horas semanales y comenzará a aplicarse el derecho a dos días de descanso remunerado. Doce meses después de ese primer escalón —es decir, 14 meses después de la promulgación— entrará en vigor definitivamente el límite de 40 horas.

El domingo seguirá teniendo un tratamiento preferente

La nueva regulación fija dos días de reposo semanal remunerado y señala que uno de ellos deberá ser preferentemente el domingo. Mantiene al mismo tiempo espacio para la negociación colectiva y para regímenes laborales específicos, algo imprescindible en actividades que no pueden encajar limpiamente en una semana de oficina de lunes a viernes.

Entre ellas aparecen modelos como los turnos de 12 horas de trabajo por 36 de descanso y determinados servicios esenciales de salud, seguridad, transporte o limpieza urbana. La reforma permite que convenios y futuras normas adapten esos casos sin vaciar de contenido la reducción general de jornada.

También contempla excepciones para determinados trabajadores de la empresa privada con titulación universitaria e ingresos elevados, además de los regímenes laborales especiales previstos por la legislación brasileña. No es, por tanto, una plantilla idéntica para cada contrato del país, aunque sí cambia el techo constitucional que funciona como referencia general.

Flávio Bolsonaro cambia de posición y vota con Lula

La escena política añade bastante pimienta a una votación laboral que, por sí sola, ya era de gran calado. Flávio Bolsonaro, senador y rival de Lula en la segunda vuelta presidencial, terminó respaldando la reforma después de haber cuestionado anteriormente el texto y la oportunidad de aprobarlo en plena campaña.

Su voto fue remoto. El registro oficial del Senado confirma que Bolsonaro votó “sí” en los dos turnos, igual que numerosos representantes de la oposición. El único voto contrario fue el del exvicepresidente Hamilton Mourão.

El giro no cayó del cielo. Bolsonaro había anunciado la víspera que cambiaría su posición tras constatar, según explicó, que una mayoría de trabajadores reclamaba acabar con el sistema 6×1. La oposición terminó sumándose de forma muy amplia a una propuesta que durante meses había generado resistencia en sectores conservadores.

La fotografía política resulta bastante clara: Lula consiguió llevar una de sus principales banderas sociales hasta la última curva parlamentaria, pero Bolsonaro evitó regalarle el monopolio electoral de una medida popular. En campaña, hasta las jornadas laborales tienen segunda lectura.

Conviene, eso sí, precisar una cuestión. La PEC 221/2019 que finalmente ha superado el Congreso tiene como primer firmante al diputado Reginaldo Lopes, del Partido de los Trabajadores. Lula convirtió después el fin de la escala 6×1 en una prioridad política de su Gobierno y presionó para acelerar su aprobación. Presentarla simplemente como “la propuesta de Lula” sirve como atajo político, pero no explica toda su genealogía parlamentaria.

La reforma no necesita la firma de Lula para entrar en vigor

Aquí hay una diferencia importante con una ley ordinaria. Como se trata de una enmienda constitucional, Lula no tendrá que sancionarla ni podrá vetarla.

La Cámara de Diputados ya había aprobado el mismo texto en mayo y el Senado lo ha ratificado sin introducir modificaciones que obliguen a devolverlo a la Cámara. Superados los dos turnos exigidos constitucionalmente en ambas cámaras, el siguiente paso es la promulgación por el Congreso Nacional.

Ese detalle tiene consecuencias prácticas. Los plazos de 60 días y 14 meses no empiezan a contarse desde la votación del 14 de octubre, sino desde la promulgación de la nueva enmienda constitucional.

Empresarios y sindicatos miran la reforma desde mundos distintos

La reducción de jornada ha abierto en Brasil un debate económico bastante más complejo que el habitual duelo entre trabajar mucho o trabajar poco. El Gobierno y los defensores de la reforma sostienen que una semana más corta puede mejorar la salud, la conciliación y la productividad por hora trabajada, además de repartir mejor el tiempo entre empleo y vida familiar.

Las organizaciones empresariales han hecho una lectura mucho menos amable. La Confederación Nacional de la Industria sostiene que una reducción obligatoria de horas sin disminución de salarios elevará los costes laborales y obligará a numerosas compañías a reorganizar plantillas, turnos y producción. Tras la aprobación parlamentaria, la patronal ha insistido en sus advertencias sobre posibles efectos en precios, empleo y competitividad.

No es un debate menor. Una encuesta de la propia patronal industrial realizada durante 2026 señalaba que el 73% de las empresas consultadas rechazaba imponer por ley la semana de 40 horas y que una amplia mayoría esperaba mayores costes laborales. Son previsiones empresariales, no consecuencias demostradas de la reforma, pero sirven para medir la dimensión de la resistencia que acompañará su aplicación.

Del otro lado, los partidarios del cambio recuerdan que Brasil llevaba décadas sin modificar de manera comparable el límite constitucional de tiempo de trabajo. El debate, de hecho, toca una vieja frontera: cuánto crecimiento debe obtenerse aumentando las horas y cuánto mediante productividad, organización y tecnología. No es exactamente lo mismo, aunque a veces las cuentas empresariales hagan como si lo fuera.

Una reforma laboral que cambia también la campaña brasileña

La aprobación deja a Brasil ante una transformación laboral de gran alcance: semana máxima de 40 horas, dos descansos remunerados y fin de la escala ordinaria 6×1, con una transición de 14 meses y sin reducción salarial.

Pero la votación también ha producido una fotografía política poco frecuente. Una iniciativa estrechamente asociada a Lula terminó recibiendo el apoyo de casi todo el Senado, incluido su principal adversario electoral. El marcador, 75 votos a 1, explica mejor que cualquier discurso hasta qué punto el asunto había dejado de ser patrimonio exclusivo de un bloque.

Falta la promulgación formal. Después vendrá la parte menos vistosa y probablemente más difícil: encajar nuevas jornadas, convenios, turnos y costes en una economía de más de 200 millones de habitantes. La Constitución puede cambiar en una noche. La semana laboral de un país entero, bastante menos deprisa.