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Naturaleza

El 66 % de los españoles rechaza aplazar el fin de las jaulas en la UE

Dos de cada tres españoles ven inaceptable que Bruselas retrase el fin de las jaulas. La UE estudia una transición de 12 años y el sector pide ayudas.

retrase el fin de las jaulas

Resumen

  • El 66 % de españoles considera inaceptable retrasar el fin de las jaulas
  • Bruselas estudia dar 12 años a las granjas para abandonar las jaulas
  • En España, casi el 60 % de las plazas de ponedoras sigue en jaulas

El 66 % de los españoles considera inaceptable que la Comisión Europea siga retrasando la prohibición de las jaulas en la ganadería, según una encuesta internacional realizada por Savanta y difundida por la organización de protección animal AnimaNaturalis. El rechazo llega cuando Bruselas prepara una reforma que podría conceder a las explotaciones avícolas otros 12 años para abandonar este sistema de cría.

La controversia tiene un origen concreto: la Unión Europea prometió en 2021 impulsar una ley para eliminar progresivamente las jaulas, pero cinco años después sigue sin aprobarse. La Comisión se ha comprometido a presentar antes de finalizar 2026 una primera propuesta centrada en las gallinas ponedoras y los pollos de engorde. Los borradores conocidos, sin embargo, apuntan a una transición mucho más prolongada de lo que reclaman las organizaciones animalistas.

El asunto afecta especialmente a España, uno de los grandes productores europeos de huevos y donde cerca del 60 % de la capacidad de alojamiento de gallinas ponedoras todavía corresponde a sistemas de jaulas acondicionadas. La distancia entre las expectativas ciudadanas, las recomendaciones científicas y los plazos políticos ha vuelto a situar el bienestar animal en el centro del debate comunitario.

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Dos de cada tres españoles consideran inaceptable el retraso

La encuesta de Savanta, encargada por la organización Humánny pokrok, recoge las opiniones de unos 25.000 adultos de 25 países de la Unión Europea. El trabajo de campo se desarrolló entre el 11 y el 29 de septiembre de 2026, mediante cuestionarios en línea.

En España, el 66 % de los participantes rechaza el retraso de la legislación, según los resultados difundidos por AnimaNaturalis. Otro dato refleja la desconfianza hacia el proceso político: el 39 % considera que los grupos de presión agrarios tienen más influencia que la ciudadanía en la elaboración de las normas comunitarias.

El malestar no se limita a España. En el conjunto de los países analizados, aproximadamente tres de cada cuatro encuestados quieren que las gallinas dejen de criarse en jaulas como muy tarde en 2035. El apoyo a una retirada más rápida aparece en distintos sectores del electorado europeo.

Conviene distinguir dos cuestiones: la encuesta refleja las preferencias de los ciudadanos, pero no fija las condiciones técnicas o económicas de una futura prohibición. Tampoco constituye una votación vinculante. Lo que sí muestra es una diferencia considerable entre los plazos que reclama la población y los que se están negociando en Bruselas.

Una promesa europea pendiente desde 2021

El origen de esta reforma se encuentra en la iniciativa ciudadana europea End the Cage Age, conocida en España como «Poner fin a la era de las jaulas». La campaña reunió alrededor de 1,4 millones de firmas validadas para reclamar la eliminación progresiva de las jaulas utilizadas con gallinas, cerdos, conejos y otras especies ganaderas.

En junio de 2021, la Comisión Europea respondió favorablemente y anunció su intención de presentar una propuesta legislativa antes de terminar 2023. Ese plazo venció sin que llegara la reforma comprometida.

La situación empezó a desbloquearse parcialmente el 7 de julio de 2026, cuando Bruselas presentó su estrategia para el sector ganadero. El documento estableció un nuevo calendario: una propuesta para revisar las normas sobre gallinas ponedoras y pollos de engorde antes de finalizar 2026 y otra sobre el bienestar de los cerdos durante el segundo trimestre de 2027.

Pero existe una diferencia fundamental entre presentar una propuesta y aprobar una prohibición. Después tendrán que intervenir las instituciones europeas encargadas de negociar y adoptar las normas, y todavía deberá determinarse cuándo empezarán a aplicarse.

La polémica por los 12 años adicionales de transición

Uno de los principales puntos de conflicto es el tiempo que recibirían las explotaciones para sustituir sus instalaciones.

La patronal agraria europea Copa-Cogeca ha defendido la necesidad de periodos de adaptación prolongados, de hasta 15 años, para afrontar las inversiones que exige abandonar las jaulas. Los borradores de la Comisión conocidos en noviembre contemplan un periodo transitorio de 12 años para las explotaciones existentes.

Ese plazo no constituye todavía una decisión definitiva. Su efecto dependería de cuándo se aprobara la legislación y de la fecha fijada para su entrada en vigor. Si la aplicación comenzara en 2028, por ejemplo, los productores podrían disponer de tiempo hasta aproximadamente 2040 para completar la transformación.

Las organizaciones animalistas consideran excesiva esa demora. Cristina Ibáñez, abogada y responsable de campaña de AnimaNaturalis, ha advertido de que una legislación que prolongue durante otros 12 años el uso de jaulas incumpliría las expectativas generadas por el compromiso europeo.

El debate también incluye la influencia de las organizaciones empresariales. Un análisis de los registros de transparencia comunitarios realizado por Igualdad Animal identificó al menos 46 reuniones sobre bienestar animal con representantes de la industria cárnica, avícola y láctea, frente a siete encuentros con entidades de protección animal, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026. Esa diferencia evidencia un acceso desigual a las reuniones registradas, aunque por sí sola no demuestra que las decisiones legislativas hayan sido determinadas por esos contactos.

La ciencia europea recomienda abandonar las jaulas

La discusión no parte únicamente de consideraciones éticas. En febrero de 2023, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó evaluaciones científicas sobre el bienestar de las gallinas ponedoras y los pollos de engorde.

Sus expertos recomendaron evitar el uso de jaulas y mejorar las condiciones de alojamiento para permitir comportamientos naturales como extender las alas, moverse, descansar en zonas elevadas, escarbar o darse baños de polvo.

La normativa europea vigente ya prohíbe desde 2012 las antiguas jaulas de batería no acondicionadas. Sin embargo, permite las denominadas jaulas enriquecidas o acondicionadas, que deben proporcionar al menos 750 centímetros cuadrados de superficie por gallina, además de determinados elementos como nidos, perchas y material para escarbar.

Para hacerse una idea, esa superficie total es solo algo mayor que una hoja de papel A4. Las evaluaciones científicas señalan que las limitaciones de movimiento y la imposibilidad de desarrollar determinados comportamientos siguen siendo problemas relevantes, incluso en sistemas de jaulas mejorados.

Las recomendaciones de la EFSA no equivalen a una prohibición automática. Sirven de fundamento científico para que las instituciones europeas definan las nuevas obligaciones, sus excepciones y los periodos de adaptación.

España mantiene cerca de 28 millones de plazas en jaulas

España afronta una transición especialmente importante por el peso de su producción avícola. Los datos comunitarios correspondientes a 2025, publicados durante 2026, sitúan su capacidad declarada en aproximadamente 47,2 millones de plazas para gallinas ponedoras.

De ellas, el 59,8 % corresponde a jaulas acondicionadas, frente al 27,4 % de gallinas sueltas en gallinero, el 11,2 % de producción campera y el 1,6 % de producción ecológica. En cifras absolutas, supone unas 28,2 millones de plazas en sistemas de jaulas. Se trata de capacidad de alojamiento declarada, no necesariamente del número de aves presentes en un momento determinado.

El contraste europeo es considerable. En el conjunto de la Unión, aproximadamente el 65,5 % de la capacidad de alojamiento de ponedoras ya corresponde a sistemas alternativos a las jaulas. España, por tanto, tendría que acometer una reconversión proporcionalmente mayor que buena parte de sus socios.

Los costes explican una parte importante de la resistencia del sector. Cambiar de modelo exige adaptar naves, instalar nuevos equipos y modificar procedimientos de manejo y producción. Las organizaciones agrarias reclaman financiación y garantías frente a importaciones que puedan producirse con estándares de bienestar menos exigentes.

La Comisión Europea contempla precisamente la posibilidad de establecer requisitos equivalentes para determinados productos importados, compatibles con las reglas comerciales internacionales. El objetivo es evitar que las nuevas exigencias sitúen a los productores europeos en desventaja.

Cómo identificar los huevos procedentes de gallinas enjauladas

Aunque todavía no existe una prohibición general de las jaulas, los consumidores españoles pueden conocer el sistema de cría de los huevos que compran gracias al código impreso en la cáscara.

El primer número permite distinguir cuatro categorías: 0 corresponde a producción ecológica; 1, a gallinas camperas; 2, a gallinas sueltas en gallinero, sin acceso exterior obligatorio; y 3, a gallinas criadas en jaulas acondicionadas.

Esta identificación permite diferenciar los modelos de producción, aunque no debe confundirse con una evaluación completa de las condiciones de bienestar de cada explotación.

El cambio también se extiende a la distribución alimentaria. Diversas cadenas de supermercados han asumido compromisos para retirar los huevos procedentes de gallinas enjauladas de sus establecimientos, si bien los calendarios y el grado de cumplimiento no son iguales en todas las empresas.

Bruselas afronta una decisión que podría prolongarse hasta 2040

La próxima fecha decisiva es el final de 2026, límite anunciado por la Comisión Europea para presentar su propuesta sobre bienestar de las aves de corral. El texto permitirá conocer qué restricciones pretende introducir Bruselas, qué explotaciones estarán afectadas y cuánto tiempo tendrán para adaptarse.

La reforma también prevé abordar otras prácticas controvertidas, como el sacrificio sistemático de pollitos macho en la industria del huevo. Su alcance definitivo dependerá del contenido de la propuesta y de las posteriores negociaciones legislativas.

Mientras tanto, la situación sigue siendo la misma: las jaulas acondicionadas continúan siendo legales en buena parte de la Unión Europea, pese a las recomendaciones científicas para abandonar su utilización y a los compromisos políticos adquiridos hace cinco años.

El problema ya no consiste únicamente en decidir si Europa debe poner fin a este sistema de cría. También está en determinar cuándo lo hará, cómo financiará la transición y si una ley anunciada para responder a una demanda ciudadana acabará estableciendo un calendario que retrase sus efectos durante más de una década.

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