El 94 % de los españoles rechaza permisos sin límite para pesticidas

El 94 % de los españoles rechaza que los pesticidas puedan recibir autorizaciones de duración ilimitada, una de las medidas planteadas por la Comisión Europea para modificar la normativa comunitaria de seguridad alimentaria. El rechazo es prácticamente unánime entre los votantes de los principales partidos políticos, según una encuesta realizada por YouGov y encargada por la organización ambiental PAN Europe.

Los resultados, difundidos el 5 de noviembre de 2026, revelan también que el 68 % de los encuestados en España quiere eliminar progresivamente los pesticidas de la agricultura, mientras que un 50 % considera necesario revisar sus autorizaciones con mayor frecuencia. Las conclusiones llegan cuando la Unión Europea debate una reforma que podría modificar sustancialmente los controles sobre estas sustancias.

La controversia gira alrededor del denominado Ómnibus de Seguridad Alimentaria y de Piensos, una iniciativa presentada por Bruselas para simplificar trámites administrativos y agilizar la regulación de productos utilizados en la agricultura. Su propuesta inicial contempla sustituir las renovaciones periódicas obligatorias de determinadas sustancias activas por autorizaciones sin una fecha de vencimiento establecida.

Los colectivos ambientales advierten de que esta modificación podría dificultar la retirada de sustancias cuando aparezcan nuevas evidencias sobre sus riesgos. La Comisión Europea, por su parte, defiende que el nuevo sistema permitiría concentrar los recursos en las evaluaciones realmente necesarias y reaccionar con mayor rapidez ante los problemas detectados.

El rechazo a los permisos ilimitados une a votantes de PP, PSOE, Vox y Sumar

Uno de los resultados más llamativos de la encuesta es la escasa diferencia entre las preferencias de los votantes de partidos ideológicamente enfrentados.

El rechazo a las autorizaciones indefinidas de pesticidas alcanza al 94 % de los votantes del Partido Popular, al 95 % de los del PSOE, al 93 % de los de Vox y al 95 % de los de Sumar.

La coincidencia resulta significativa porque la regulación ambiental europea suele provocar importantes discrepancias entre las formaciones políticas, especialmente cuando afecta a la actividad agrícola, los costes de producción y las exigencias administrativas.

En este caso, sin embargo, las diferencias partidistas apenas aparecen en los resultados. Los datos sugieren que mantener controles periódicos sobre los riesgos de estas sustancias cuenta con un respaldo social mucho más amplio que el de una corriente ideológica concreta.

Kistiñe García, coordinadora del grupo de sustancias tóxicas de Ecologistas en Acción, ha criticado que determinadas propuestas de flexibilización continúen avanzando pese a esa oposición. La organización considera que los responsables políticos deberían tener en cuenta tanto las preferencias de sus votantes como la evidencia científica disponible.

La encuesta no permite determinar cómo se comportaría todo el electorado ante una votación concreta sobre la reforma, pero sí muestra una oposición transversal al cambio en el sistema de autorizaciones.

El 68 % de los españoles quiere eliminar progresivamente los pesticidas

El estudio no se limita a preguntar por la duración de los permisos. También analiza las preferencias de los ciudadanos sobre el futuro de estas sustancias en la agricultura europea.

En España, el 68 % respalda su eliminación progresiva, mientras que únicamente el 3 % considera que debería aumentarse su utilización. El resto de respuestas corresponde a otras posiciones recogidas en el sondeo.

La protección de la salud aparece como una prioridad especialmente destacada. Un 75 % de los participantes españoles considera que debería ser el principal criterio a la hora de decidir sobre la aprobación de un pesticida, por delante de cuestiones relacionadas con la producción agrícola o los costes económicos.

Esto no significa que todos los productos fitosanitarios presenten los mismos riesgos ni que puedan sustituirse inmediatamente en cualquier cultivo. Las consecuencias dependen de las sustancias utilizadas, las dosis, las condiciones de aplicación y las características de la exposición.

La discusión de fondo es otra: hasta qué punto deben mantenerse las evaluaciones periódicas para comprobar que los productos autorizados siguen cumpliendo los requisitos de seguridad a medida que avanza el conocimiento científico.

Una encuesta realizada en siete países europeos

YouGov realizó el sondeo por internet en España, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Polonia y Rumanía, con muestras diseñadas para representar a la población adulta de cada país y alrededor de 1.000 participantes por territorio.

En los siete países, el respaldo a la eliminación progresiva de pesticidas se sitúa entre el 68 % y el 80 %. La oposición a las autorizaciones sin límite temporal también es ampliamente mayoritaria.

El apoyo a los permisos indefinidos oscila entre el 4 % y el 6 % en seis de los países estudiados, mientras que en Rumanía alcanza el 10 %.

La investigación clasificó las preferencias políticas de los participantes a partir del voto declarado en sus últimas elecciones nacionales. Posteriormente, las organizaciones participantes analizaron los resultados según la familia política europea de cada partido.

Conviene precisar que se trata de una encuesta de opinión, no de una consulta vinculante ni de una votación sobre el texto legislativo. Sus resultados reflejan las preferencias declaradas por los participantes y están sujetos a las limitaciones habituales de los estudios demoscópicos.

Qué propone realmente Bruselas sobre los pesticidas

La Comisión Europea presentó en diciembre de 2025 su paquete de simplificación de las normas de seguridad alimentaria y piensos, conocido como Ómnibus X.

Uno de sus cambios más discutidos afecta a las sustancias activas de los productos fitosanitarios, es decir, los componentes que permiten combatir plagas, enfermedades o malas hierbas.

Con la normativa vigente, una sustancia activa se aprueba inicialmente por un máximo de diez años. Las autorizaciones pueden renovarse posteriormente por periodos de hasta quince años, aunque existen límites más estrictos para determinadas sustancias consideradas candidatas a sustitución.

La propuesta original de la Comisión pretende sustituir las renovaciones periódicas generalizadas por un sistema de autorizaciones de duración ilimitada para buena parte de las sustancias, acompañado de revisiones específicas cuando existan motivos para realizarlas.

Bruselas sostiene que el procedimiento actual provoca retrasos administrativos importantes y consume recursos que podrían utilizarse para investigar nuevas sustancias o reaccionar ante riesgos emergentes.

Las organizaciones ambientales cuestionan esa lógica porque consideran que la revisión periódica de seguridad constituye una garantía esencial para incorporar nuevos conocimientos científicos y detectar peligros que no eran conocidos cuando se concedió la autorización inicial.

Una autorización ilimitada no equivale a eliminar todos los controles

Hay una distinción importante. La aprobación europea de una sustancia activa no es lo mismo que la autorización de comercialización y utilización de un producto fitosanitario concreto.

La primera se decide a escala comunitaria. La segunda corresponde a los Estados miembros y exige comprobar que el producto cumple los requisitos aplicables para los usos solicitados.

La Comisión asegura que su propuesta mantiene tanto los criterios científicos de aprobación como la posibilidad de revisar las sustancias cuando aparezcan nuevos datos. También contempla excepciones a las autorizaciones indefinidas para componentes que requieran controles específicos.

Según Bruselas, aproximadamente 200 sustancias activas se encuentran sometidas a procedimientos de renovación que deberán completarse antes de decidir si pueden acogerse al nuevo sistema.

Por tanto, la reforma no supondría una autorización automática e irreversible para utilizar cualquier pesticida. El desacuerdo se centra en eliminar las fechas obligatorias de renovación para muchas sustancias y sustituirlas por evaluaciones selectivas.

El Consejo de la UE plantea autorizaciones de hasta 25 años

La propuesta de la Comisión todavía no es una ley aprobada. De hecho, el Consejo de la Unión Europea adoptó el 30 de septiembre de 2026 una posición negociadora que introduce diferencias relevantes respecto al planteamiento original.

En lugar de establecer autorizaciones ilimitadas de forma general, el Consejo propone periodos de quince años para las primeras aprobaciones y de veinticinco años para las renovaciones de determinadas sustancias y productos fitosanitarios, con excepciones.

Para las sustancias consideradas de bajo riesgo y los productos que las contengan, sí contempla autorizaciones sin límite temporal.

El Consejo también propone reforzar las garantías mediante revisiones periódicas de publicaciones científicas y datos de seguimiento por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, conocida como EFSA.

Esta diferencia es relevante: la posición del Consejo no coincide plenamente con la propuesta inicial de la Comisión. El texto definitivo dependerá de las negociaciones entre las instituciones comunitarias.

El objetivo declarado por los gobiernos europeos es reducir la burocracia y favorecer la competitividad del sector agroalimentario sin rebajar los estándares de protección de la salud y del medio ambiente.

Las organizaciones críticas consideran, en cambio, que prolongar considerablemente la duración de los permisos puede debilitar la eficacia de las revisiones, incluso cuando siguen existiendo mecanismos extraordinarios de control para intervenir.

El Parlamento Europeo decidirá el futuro de la reforma

La tramitación del Ómnibus X entra en una fase decisiva. Está previsto que el Parlamento Europeo aborde la propuesta en diciembre de 2026, antes de que las instituciones negocien el contenido definitivo de las modificaciones legislativas.

La discusión tiene consecuencias directas para la agricultura europea, la industria de productos fitosanitarios, las autoridades sanitarias y los consumidores.

Las empresas agrícolas necesitan herramientas eficaces para proteger sus cultivos frente a plagas y enfermedades. Al mismo tiempo, las autoridades deben garantizar que el uso autorizado de esas sustancias no produzca riesgos inaceptables para la salud humana, los animales o el medio ambiente.

PAN Europe y las organizaciones que han colaborado en el estudio defienden mantener evaluaciones periódicas y avanzar hacia una reducción progresiva de la dependencia de los pesticidas. La Comisión insiste en que simplificar los procedimientos no implica renunciar a los controles científicos.

El resultado del sondeo introduce un elemento político difícil de ignorar: nueve de cada diez españoles, y algunos más, rechazan las autorizaciones ilimitadas, con diferencias mínimas entre electorados de izquierda y derecha.

La decisión pendiente no consiste simplemente en elegir entre utilizar pesticidas o prohibirlos. Lo que se negocia es durante cuánto tiempo pueden mantenerse autorizadas sus sustancias activas, cómo deben revisarse sus riesgos y qué garantías tendrán los ciudadanos cuando aparezcan nuevas evidencias científicas.