El 80% de los españoles rechaza que la IA les recomiende a quién votar

Los españoles están dispuestos a pedirle muchas cosas a la inteligencia artificial, pero elegir la papeleta electoral todavía parece una frontera bastante nítida. Un 80% afirma que confiaría poco o nada en una IA para decidir a qué partido votar, según el último barómetro de Ateneo del Dato. El rechazo apenas cambia según las siglas políticas: se mueve entre el 77% y el 83% entre los distintos electorados.

Eso no significa que la IA vaya a quedar fuera de las próximas campañas. Más bien al contrario. El matiz es importante: una parte considerable de los ciudadanos acepta utilizarla como herramienta para entender la política, resumir programas electorales, contrastar información o comparar posiciones, aunque no quiera convertirla en una especie de asesor personal que termine diciendo qué papeleta introducir en la urna.

La diferencia parece pequeña, pero no lo es. Hasta hace pocos años el elector podía consultar un periódico, escuchar un debate o utilizar un comparador de programas. Ahora puede mantener durante media hora una conversación privada con una máquina y preguntarle por vivienda, impuestos, inmigración, pensiones o sanidad hasta llegar a una cuestión bastante más delicada: qué partido se parece más a lo que piensa.

La IA entra en campaña, aunque los españoles no le entregan el voto

Los datos dibujan una relación bastante pragmática. El 41% confiaría en la IA para resumir programas electorales o detectar noticias falsas, mientras que solo el 26% depositaría confianza en ella para determinar qué partido encaja mejor con sus ideas. Dicho de otro modo: se acepta mejor al asistente que ordena la mesa que al que pretende sentarse en la cabecera.

Y aquí aparece una brecha generacional notable. Entre los menores de 25 años, el 53% ve con buenos ojos utilizar inteligencia artificial para explicar las diferencias entre partidos. Entre los mayores de 65, el porcentaje cae al 22%.

No sorprende demasiado. Para un votante joven, escribir una pregunta en un chatbot puede resultar tan natural como buscar algo en Google. Para generaciones mayores, la conversación política conserva más peso en otros espacios: televisión, radio, prensa, familia, amigos. La tecnología cambia, pero también cambia el lugar donde se forma una opinión.

Eso explica por qué la verdadera cuestión quizá no sea si la IA llegará a las elecciones españolas. Ya ha llegado.

ChatGPT y otras herramientas ya forman parte de la vida diaria

La dimensión del fenómeno ayuda a entenderlo. En junio de 2026, las herramientas de inteligencia artificial alcanzaron 25,8 millones de usuarios únicos entre la población internauta española, frente a 17,3 millones un año antes, un crecimiento del 49%. ChatGPT pasó en ese mismo periodo de 14,3 a 20,4 millones de usuarios únicos, según datos de GfK DAM incorporados al estudio de IAB Spain presentado el 6 de octubre.

ChatGPT es conocida por el 97% de los usuarios españoles de IA incluidos en ese estudio, la utiliza actualmente el 70% y es la herramienta preferida del 52%. Gemini aparece inmediatamente detrás y Copilot completa el grupo de servicios con mayor implantación.

Así que la próxima gran campaña electoral española se desarrollará en un paisaje distinto. Habrá mítines, carteles, entrevistas y vídeos de veinte segundos diseñados para sobrevivir en TikTok. Todo lo habitual. Pero también habrá millones de conversaciones privadas entre ciudadanos y asistentes artificiales.

Del buscador al interlocutor político

Ese cambio tiene bastante más profundidad de la que parece. Un buscador tradicional ofrece páginas entre las que el usuario debe escoger. Un asistente conversacional selecciona, resume, relaciona y redacta una respuesta. Reduce diez enlaces a unas cuantas frases. A veces incluso formula una conclusión.

Para el ciudadano es cómodo. Muchísimo. Puede pedir que le compare las propuestas de varios partidos sobre alquileres, que traduzca un programa económico al lenguaje cotidiano o que explique cuánto afectaría determinada reforma fiscal a un trabajador con un salario concreto. Esa capacidad para personalizar la información política es precisamente una de las grandes novedades.

Pero esa comodidad introduce otra capa de intermediación. Entre el partido y el votante ya no solo están los medios, las redes sociales, los tertulianos o los algoritmos que deciden qué vídeo aparece primero. También puede haber una máquina que contesta con voz aparentemente neutra.

Y aparentemente es la palabra relevante.

Cuando se pregunta a las IA a quién votar, no todas responden igual

Una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya puso a prueba cinco grandes asistentes —ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok y Perplexity— mediante 1.220 consultas realizadas en castellano, catalán, gallego y euskera. Las preguntas estaban construidas a partir de preocupaciones presentes en los barómetros del CIS, como vivienda, inmigración, empleo, economía o sanidad.

El resultado mostró diferencias considerables. ChatGPT ofreció recomendaciones partidistas en el 43,2% de las consultas analizadas y Grok en el 35,8%. Perplexity, Gemini y Copilot rechazaron pronunciarse en más del 90% de los casos estudiados.

El PSOE fue el partido que obtuvo más recomendaciones en aquella investigación, seguido a distancia por Sumar y Podemos. El PP aparecía con mucha frecuencia en las respuestas, pero recibía una proporción menor de recomendaciones explícitas; Vox también era mencionado con frecuencia, aunque sus recomendaciones quedaban por debajo del 6%.

Conviene poner freno antes de convertir esos resultados en una carrera electoral entre robots. El experimento no mide qué votarán los españoles, ni demuestra que una conversación con un chatbot cambie automáticamente una papeleta. Mide cómo respondieron unas herramientas concretas ante determinadas preguntas, durante un periodo concreto y bajo una metodología determinada. Son cosas muy distintas.

Incluso el idioma puede alterar lo que aparece en pantalla

Hay otro resultado llamativo. Las respuestas variaban según la lengua utilizada. En catalán aumentaba la presencia de ERC y Junts; en euskera aparecían con mayor frecuencia EH Bildu y el PNV, y en gallego ganaba visibilidad el BNG. Las consultas en catalán también ofrecían, de media, un abanico de partidos más amplio que las formuladas en castellano.

Tiene cierta lógica. Los modelos trabajan con enormes cantidades de información y contexto lingüístico, y una pregunta formulada en una lengua concreta puede activar referencias distintas. Pero para unas elecciones plantea una paradoja curiosa: dos ciudadanos pueden formular esencialmente la misma duda política y recibir mapas distintos del sistema de partidos.

El problema no es solo una respuesta equivocada. Una IA puede cometer errores de fechas, atribuir medidas al partido equivocado, trabajar con información desactualizada o presentar como vigente una propuesta abandonada meses atrás. Eso ya es relevante. Más delicado resulta todavía aquello que no aparece.

Resumir siempre implica seleccionar. Si un programa electoral tiene 200 páginas y acaba reducido a ocho párrafos, alguien —en este caso un sistema— determina qué merece espacio y qué queda fuera. La aparente asepsia de una respuesta breve puede esconder decisiones de selección bastante importantes.

Por eso existe una diferencia sustancial entre pedirle a la IA que localice una propuesta concreta y pedirle que dictamine qué partido es “mejor” para una persona. En lo primero hay datos susceptibles de comprobación. En lo segundo entran valores, prioridades y juicios políticos que difícilmente caben en una operación matemática limpia.

Europa obliga a identificar más claramente el contenido artificial

La irrupción de estas herramientas coincide, además, con nuevas reglas europeas. Desde el 2 de agosto de 2026 se aplican las obligaciones de transparencia del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial para determinados sistemas y contenidos generados mediante IA. Entre otras medidas, los usuarios deben saber cuándo están interactuando con una máquina y determinados contenidos sintéticos o manipulados tienen que poder identificarse como tales.

La regulación presta especial atención a los deepfakes, es decir, imágenes, vídeos o audios creados o alterados mediante inteligencia artificial que pueden parecer auténticos. También contempla obligaciones para ciertos textos generados mediante IA sobre asuntos de interés público cuando no existe revisión humana ni responsabilidad editorial.

En una campaña electoral no es un asunto menor. Un vídeo falso de un candidato diciendo algo que nunca dijo puede recorrer las redes mucho más deprisa que su desmentido. La vieja mentira política se ha encontrado con herramientas capaces de darle voz, rostro y apariencia de autenticidad en cuestión de minutos.

La ley puede exigir etiquetas. No puede obligar al ciudadano a creerlas, ni impedir que un contenido manipulado deje huella antes de ser desmontado.

El voto seguirá siendo humano, pero la campaña ya ha cambiado

Los datos disponibles no sostienen la imagen de millones de españoles preguntando obedientemente a una máquina qué papeleta deben escoger. Más bien dicen lo contrario: existe una fuerte resistencia a delegar la decisión electoral en la inteligencia artificial.

Pero sería engañoso quedarse ahí. La IA no necesita elegir directamente el voto para influir en él. Basta con convertirse en el lugar donde alguien entiende una medida, compara dos programas, comprueba una noticia o pregunta qué partido defiende determinada posición. En política, la influencia rara vez empieza ordenando; suele empezar seleccionando qué información llega primero.

Ese parece ser el escenario que se está formando en España. El elector conserva la última palabra —y de momento tiene bastante claro que quiere conservarla—, mientras los asistentes artificiales avanzan silenciosamente hacia todo lo que ocurre antes de entrar en el colegio electoral.

La urna seguirá siendo analógica. La conversación que lleva hasta ella, cada vez menos.