Irán ejecuta a tres hombres por las protestas de enero: ya son 39

Irán ha ejecutado este domingo, 8 de noviembre de 2026, a tres hombres condenados por su participación en los disturbios registrados durante las protestas antigubernamentales de enero. Las autoridades judiciales les acusaban de colaborar con Estados Unidos e Israel y de cometer ataques armados contra instalaciones públicas. Con estos ahorcamientos, al menos 39 personas han sido ejecutadas por causas relacionadas con aquellas movilizaciones.

Los fallecidos son Hasán Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh, cuyas condenas a muerte habían sido ratificadas por el Tribunal Supremo iraní. La agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial, confirmó las ejecuciones y aseguró que los tres participaron en acciones violentas los días 8 y 9 de enero en Karaj, una ciudad situada unos 50 kilómetros al oeste de Teherán.

Las nuevas ejecuciones llegan después de que otros dos hombres fueran ahorcados el pasado martes por su presunta participación en la muerte de cuatro policías durante las manifestaciones en Isfahán. La sucesión de condenas capitales refleja la continuidad de la respuesta judicial del régimen a unas protestas que comenzaron por la crisis económica y terminaron convirtiéndose en uno de los mayores desafíos políticos para la República Islámica.

Las acusaciones contra los tres ejecutados en Karaj

Según la versión difundida por Mizan, los tres condenados formaban parte de un grupo organizado que habría utilizado armas de fuego, granadas artesanales y cócteles molotov durante los enfrentamientos de enero.

La Fiscalía iraní les atribuyó ataques contra edificios e instalaciones gubernamentales, incendios y la destrucción de una subestación eléctrica que provocó cortes de suministro en varios sectores de Karaj. Las autoridades sostienen que estas operaciones fueron coordinadas previamente y respondían a instrucciones vinculadas a intereses extranjeros.

La investigación judicial señaló a Hasán Divband como uno de los principales responsables del grupo. Fue detenido el 11 de enero, después de que los servicios de inteligencia le relacionaran con ataques contra propiedades públicas y con la incitación a cometer actos violentos.

Posteriormente fueron arrestadas otras diez personas vinculadas con el mismo caso. Tres de los once acusados recibieron la pena capital y los otros ocho fueron condenados a penas de entre cinco y diez años de prisión.

Los tribunales ordenaron también la confiscación de los bienes de los tres ejecutados.

Las acusaciones sobre una supuesta colaboración con Washington y Tel Aviv proceden de las autoridades iraníes. No se han presentado públicamente pruebas independientes suficientes que permitan verificar esa vinculación. La confirmación judicial de las condenas tampoco equivale, por sí misma, a una comprobación independiente de todos los hechos atribuidos a los acusados.

De las protestas por la economía al desafío contra el régimen

Las movilizaciones comenzaron a finales de diciembre de 2025, impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas, el encarecimiento de la vida y el descontento con la gestión de las autoridades.

El movimiento se extendió rápidamente por distintas ciudades iraníes y adquirió un carácter abiertamente político. Las reivindicaciones económicas dieron paso a manifestaciones que cuestionaban la continuidad de la República Islámica y exigían cambios profundos en el sistema de gobierno.

Los días 8 y 9 de enero de 2026 marcaron uno de los momentos de mayor intensidad de las protestas. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue especialmente dura, con numerosas víctimas mortales, detenciones y restricciones de las comunicaciones.

Más de 7.000 muertos según organizaciones de derechos humanos

El balance de víctimas continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos de aquella represión.

Las autoridades iraníes reconocieron 3.117 fallecidos durante las protestas, aunque atribuyeron buena parte de la violencia a grupos que, según su versión, actuaban bajo la influencia de Estados Unidos e Israel.

La organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha documentado más de 7.000 muertos, una cifra considerablemente superior a la admitida por Teherán.

La diferencia entre ambos balances evidencia las dificultades para establecer el alcance real de la represión, en un país donde las restricciones informativas y la presión sobre los familiares de las víctimas complican la verificación independiente.

El Gobierno iraní ha sostenido desde entonces que las manifestaciones fueron aprovechadas para organizar un intento de desestabilización del Estado. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, por el contrario, han denunciado el empleo de fuerza letal contra manifestantes y graves vulneraciones de las garantías judiciales.

Cinco ejecuciones en menos de una semana

Los tres ahorcamientos de este domingo se suman a los de otros dos hombres ejecutados el martes 3 de noviembre.

En aquel caso, los condenados habían sido declarados culpables de participar en la muerte de cuatro agentes de policía durante los enfrentamientos registrados en Isfahán, en el centro del país.

Con ambas actuaciones, Irán ha ejecutado a cinco personas en menos de una semana por delitos relacionados con las protestas de enero.

El balance acumulado asciende a al menos 39 ejecuciones vinculadas directamente con aquellas movilizaciones. Esta cifra no debe confundirse con el número total de personas ejecutadas en Irán durante 2026, que incluye condenas por delitos comunes y otros procedimientos de carácter político o relacionados con la seguridad nacional.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional llevan meses advirtiendo de los riesgos que afrontan los detenidos durante las manifestaciones.

En septiembre, Human Rights Watch denunció que numerosas condenas a muerte relacionadas con las protestas se habían dictado mediante procesos judiciales sumarios, en ocasiones basados en confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura.

La organización también alertó de que algunos condenados habían sido acusados de conductas como causar daños materiales o participar en ataques contra edificios públicos, sin que necesariamente se les atribuyera haber provocado muertes.

Estas denuncias afectan al funcionamiento general de los procedimientos judiciales examinados por las organizaciones, y no constituyen por sí solas una prueba de irregularidades concretas en el proceso de los tres hombres ejecutados este domingo.

Irán registró al menos 2.159 ejecuciones en 2025

La aplicación de la pena de muerte constituye desde hace años uno de los principales motivos de preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Irán.

Según el informe anual de Amnistía Internacional, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas durante 2025, más del doble que el año anterior.

Se trata de la cifra más elevada documentada por la organización en el país desde 1981.

Irán fue responsable de aproximadamente el 80 % de las 2.707 ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en todo el mundo durante 2025, sin contar aquellas que no pueden verificarse por la opacidad de determinados Estados.

En términos absolutos, China continúa siendo considerado el país que más personas ejecuta, aunque las cifras oficiales permanecen clasificadas como secreto de Estado.

Las condenas iraníes abarcan delitos relacionados con drogas, homicidios y otros supuestos contemplados por su legislación penal. También incluyen causas vinculadas con la seguridad nacional, el espionaje y la oposición política.

La preocupación de las organizaciones humanitarias no se limita al número de ejecuciones. Se extiende a la independencia de los tribunales, el acceso efectivo a la defensa y la utilización de acusaciones de seguridad nacional contra personas detenidas en contextos de protesta.

La represión de enero sigue teniendo consecuencias mortales

Casi diez meses después de las grandes manifestaciones de enero, las consecuencias de aquella crisis continúan presentes en los tribunales y las prisiones iraníes.

Las ejecuciones de Hasán Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh muestran que las autoridades mantienen su política de castigar con la máxima pena determinados delitos atribuidos a participantes en las protestas, especialmente cuando incorporan acusaciones de violencia armada o colaboración con potencias extranjeras.

Mientras Teherán presenta estas condenas como actuaciones contra amenazas a la seguridad nacional, las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar juicios justos, investigaciones independientes y el respeto al derecho a la vida.

El dato confirmado este 8 de noviembre es que tres nuevos condenados han sido ahorcados y que el balance de ejecuciones relacionadas con las protestas alcanza al menos las 39 personas. Una cifra que mantiene abierta la preocupación internacional por la respuesta del régimen iraní al descontento social.