¿Quién ha hecho más por ti, PP o PSOE? Balance de 20 años para el 29N

España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre de 2026 después de dos décadas en las que el Partido Popular y el Partido Socialista han alternado sus responsabilidades de gobierno. Ambos pueden presentar avances importantes para los ciudadanos, pero también decisiones que han perjudicado a millones de personas. El balance ofrece diferencias bastante claras: el PSOE destaca por la ampliación de derechos sociales, la mejora del salario mínimo y la protección de las pensiones, mientras que el PP puede reivindicar la recuperación económica posterior a la crisis financiera, determinadas reformas empresariales y medidas de apoyo a los deudores.

La comparación tampoco permite declarar un vencedor absoluto. El empleo ha mejorado durante gobiernos de ambos partidos, aunque en circunstancias económicas muy diferentes. Las pensiones cuentan con mayores garantías frente a la inflación que hace una década, pero su financiación sigue siendo un desafío. Y la vivienda, probablemente el problema económico más determinante para muchos jóvenes y familias, continúa sin una solución satisfactoria. Ninguno de los dos grandes partidos puede presentar un balance plenamente convincente en esta materia.

Los datos ayudan a poner las cosas en perspectiva. España alcanzó una tasa de paro del 27,16 % en el primer trimestre de 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en plena crisis financiera. Al terminar el primer trimestre de 2018, antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, había descendido al 16,74 %. En el tercer trimestre de 2026 se sitúa en el 10,18 %, con 22,85 millones de ocupados. Es una evolución positiva, aunque sería poco riguroso atribuirla exclusivamente a las decisiones de un partido.

Detrás de esos porcentajes hay diferencias importantes entre generaciones. Un pensionista, un autónomo, un trabajador que cobra el salario mínimo o una persona que intenta comprar su primera vivienda no necesariamente perciben los resultados de la misma manera. Tampoco tienen las mismas prioridades. Precisamente ahí aparece la diferencia entre valorar un Gobierno por sus cifras macroeconómicas y juzgarlo por las condiciones reales de vida de los ciudadanos.

Veinte años de gobiernos del PP y del PSOE: qué recibió y qué dejó cada uno

José Luis Rodríguez Zapatero gobernó entre 2004 y 2011. Su primera legislatura coincidió con una etapa de crecimiento económico, expansión del empleo y aumento de los ingresos públicos. Durante aquellos años se aprobaron algunas de las reformas sociales más importantes de la democracia, aunque el modelo de crecimiento español mantenía una dependencia excesiva de la construcción y del crédito.

Cuando estalló la crisis financiera de 2008, esas debilidades quedaron al descubierto. El desempleo se disparó, las cuentas públicas se deterioraron y el Gobierno socialista terminó aplicando medidas de ajuste que contradecían buena parte de sus planteamientos iniciales. La gestión de aquella crisis sigue siendo uno de los principales puntos débiles del balance de Zapatero.

Mariano Rajoy llegó al poder a finales de 2011, con una economía en recesión y un sistema bancario sometido a fuertes tensiones. Su Gobierno impulsó la reforma laboral de 2012, aumentó determinados impuestos, redujo gasto público y adoptó medidas de saneamiento financiero.

La recuperación económica comenzó a consolidarse a partir de 2014. España volvió a crear empleo y recuperó crecimiento, pero una parte de la población soportó durante años recortes, pérdida de poder adquisitivo y precariedad laboral. El resultado fue una economía que mejoraba sobre el papel mientras numerosos hogares seguían recuperándose de la crisis.

Pedro Sánchez llegó a la presidencia en junio de 2018 y continuó al frente del Ejecutivo mediante distintas fórmulas parlamentarias y gobiernos de coalición. Sus mandatos han estado condicionados por la pandemia, la crisis energética, la inflación y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

En ese periodo se aprobaron la reforma laboral de 2021, el ingreso mínimo vital, importantes incrementos del salario mínimo y nuevas medidas de protección social. También aumentaron las dificultades de acceso a la vivienda y persistieron problemas estructurales como la productividad, la burocracia y la sostenibilidad financiera del Estado.

Hay una precisión imprescindible: ningún Gobierno empieza de cero. Rajoy recibió una economía muy deteriorada por la crisis financiera, pero también se benefició de la posterior recuperación europea. Sánchez heredó un mercado laboral que llevaba varios años creando empleo y contó con el respaldo de los mecanismos europeos de respuesta a la pandemia y los fondos de recuperación.

Confundir una coincidencia temporal con una relación directa de causa y efecto puede producir titulares muy cómodos para los partidos. Para los ciudadanos, bastante menos útiles. Una comparación seria debe distinguir entre decisiones políticas, circunstancias económicas y resultados.

Empleo y salarios: la recuperación del PP frente a las reformas del PSOE

El mercado laboral permite identificar algunas de las diferencias más importantes entre ambas formaciones. Durante el Gobierno de Rajoy, el desempleo pasó de niveles superiores al 26 % en los peores momentos de la crisis a situarse por debajo del 17 % antes de su salida de la Moncloa.

La reforma laboral de 2012 facilitó determinados mecanismos de contratación, despido y ajuste de las condiciones laborales. Sus defensores consideran que favoreció la creación de empleo durante la recuperación económica. Sus críticos sostienen que debilitó la capacidad negociadora de los trabajadores y contribuyó a extender empleos de menor calidad.

Ambas cuestiones merecen distinguirse. Una reforma puede facilitar la contratación y, al mismo tiempo, generar costes para determinados trabajadores. Tampoco resulta posible separar sus efectos de la evolución del crédito, la demanda interna y el crecimiento europeo. La creación de empleo depende de varios factores que actúan simultáneamente.

El Gobierno de Sánchez impulsó una reforma diferente en 2021, negociada con sindicatos y organizaciones empresariales. Su objetivo principal fue reducir la temporalidad, limitar el uso de los contratos de duración determinada y reforzar la contratación indefinida.

Desde entonces, la temporalidad contractual se ha reducido y el número de ocupados ha aumentado. Sin embargo, un contrato indefinido no garantiza por sí solo un empleo estable y bien remunerado. Los contratos fijos discontinuos, la parcialidad involuntaria y las dificultades para mejorar los salarios siguen formando parte del mercado laboral español.

El salario mínimo marca una diferencia especialmente clara

En 2018, el salario mínimo interprofesional estaba fijado en 735,90 euros mensuales en 14 pagas. En 2026 alcanza los 1.221 euros, también en 14 pagas, lo que supone un incremento nominal aproximado del 66 %.

La subida beneficia directamente a los trabajadores con menores remuneraciones y representa uno de los cambios económicos más visibles de los gobiernos socialistas recientes. Su objetivo es garantizar un suelo salarial más elevado para quienes perciben los ingresos laborales más bajos.

El efecto sobre las empresas, especialmente las pequeñas y las que operan en sectores con escasos márgenes, también debe tenerse en cuenta. Un salario mínimo más elevado aumenta los costes laborales y puede exigir mejoras de productividad para mantener la competitividad.

El gran matiz está en los precios. La inflación llegó al 10,8 % interanual en julio de 2022 y volvió a situarse en el 4,9 % en septiembre de 2026, según los datos definitivos del INE. Una subida salarial puede parecer considerable y, aun así, perder parte de su impacto cuando aumentan el alquiler, los alimentos y la energía.

La diferencia entre PP y PSOE en política laboral es bastante reconocible: el PP ha priorizado tradicionalmente la flexibilidad empresarial y la competitividad, mientras que el PSOE ha apostado por aumentar los salarios mínimos y reforzar determinadas garantías laborales.

No son objetivos necesariamente incompatibles. El problema aparece cuando la economía crea puestos de trabajo que no permiten desarrollar un proyecto de vida independiente.

Pensiones, impuestos y deuda: dos maneras de afrontar el gasto público

Las pensiones constituyen otro ámbito en el que pueden compararse medidas concretas. En 2013, el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma que introducía un nuevo índice de revalorización y un factor de sostenibilidad. El sistema permitía incrementos mínimos del 0,25 % anual cuando las condiciones financieras eran desfavorables, incluso si la inflación era superior.

La intención era contener el crecimiento del gasto y mejorar la sostenibilidad del sistema. Para los pensionistas, sin embargo, suponía el riesgo de perder capacidad de compra.

El Ejecutivo de Sánchez modificó este planteamiento mediante la reforma de 2021, que recuperó la actualización de las pensiones conforme al IPC. En 2026, las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7 %.

Para quien vive de una pensión, la diferencia tiene consecuencias directas. Mantener su poder adquisitivo protege los ingresos frente a las subidas de precios. Pero esa garantía también implica un mayor compromiso de gasto público, que deberá financiarse mediante cotizaciones, impuestos y otros recursos.

Las decisiones fiscales ofrecen otro contraste. El PP aumentó el IVA general del 18 % al 21 % en 2012, después de que el PSOE lo hubiera elevado del 16 % al 18 % en 2010. Ambos recurrieron a incrementar la presión fiscal cuando las cuentas públicas atravesaban dificultades.

Posteriormente, los gobiernos populares aprobaron rebajas del IRPF y medidas dirigidas a estimular la actividad empresarial. Entre ellas destacan la tarifa plana para nuevos autónomos y la Ley de Segunda Oportunidad de 2015, que abrió mecanismos para que determinadas personas insolventes pudieran liberarse de parte de sus deudas bajo condiciones legales.

Son iniciativas relevantes del PP que suelen recibir menos atención que sus grandes reformas económicas. Para determinados autónomos y familias endeudadas, la segunda oportunidad representa una herramienta importante para intentar recuperar su estabilidad financiera.

Los gobiernos socialistas han defendido una mayor capacidad recaudatoria para financiar prestaciones y servicios públicos, junto con gravámenes específicos sobre determinados sectores económicos y patrimonios elevados.

La discusión no consiste únicamente en pagar más o menos impuestos. Importa quién los paga, qué servicios recibe a cambio y con qué eficacia se utiliza el dinero público.

La deuda representa una limitación para los dos modelos. Al cierre de 2025, la deuda de las administraciones públicas equivalía al 100,7 % del PIB, una proporción inferior a la registrada durante los peores momentos de la pandemia, pero todavía elevada en comparación con el conjunto de la zona euro.

Ni el PP ni el PSOE han conseguido resolver de manera duradera el problema del endeudamiento público. Las crisis internacionales explican una parte considerable de su evolución, aunque las decisiones presupuestarias también cuentan.

Un Estado capaz de financiar sanidad, educación y pensiones necesita ingresos suficientes. Y también una economía que crezca, empresas que inviertan y ciudadanos con salarios adecuados para contribuir al sistema.

Vivienda y servicios públicos: las asignaturas pendientes de ambos partidos

Si existe un terreno en el que resulta difícil conceder una victoria política clara, es el acceso a la vivienda. Durante el Gobierno de Rajoy se modificó la legislación de arrendamientos para introducir mayor flexibilidad contractual. Sus defensores consideraban que estas medidas podían incentivar la oferta de alquiler. Para numerosos inquilinos, el marco normativo también implicaba menos estabilidad residencial.

El Gobierno de Sánchez aprobó en 2023 la primera ley estatal por el derecho a la vivienda, con instrumentos para contener determinados alquileres en zonas tensionadas, reforzar la protección de los inquilinos y regular aspectos de la actividad de los grandes propietarios.

La aplicación de algunas de sus medidas depende de las comunidades autónomas, lo que ha generado diferencias territoriales importantes.

El resultado general sigue siendo preocupante. El precio de compraventa de las viviendas aumentó un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026, según el INE. En 2025, el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años continuaba viviendo con sus padres.

La vivienda se ha convertido en un obstáculo para la emancipación, la formación de familias y la movilidad laboral. En muchas ciudades, acceder a un empleo ya no significa poder alquilar una vivienda sin dedicar una proporción excesiva del sueldo.

Las políticas de ambos partidos han abordado aspectos de la financiación, el alquiler, la fiscalidad y la protección de los propietarios o inquilinos. Sin embargo, la insuficiente oferta de vivienda asequible continúa siendo un problema estructural.

La cuestión exige atender simultáneamente a la construcción de nuevas viviendas, la disponibilidad de suelo, la vivienda pública, la seguridad jurídica y las diferencias entre territorios. Una sola medida difícilmente resolverá un desequilibrio acumulado durante años.

La sanidad pública presenta otra situación compleja. Los gobiernos socialistas han defendido tradicionalmente una mayor extensión de la protección pública, mientras que distintas administraciones del PP han apostado por fórmulas de colaboración público-privada y reorganización de servicios.

Ambos modelos deben evaluarse por su funcionamiento y sus resultados, no únicamente por la naturaleza pública o privada del proveedor.

A finales de 2025 había 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud, con una demora media de 121 días. La cifra refleja dificultades importantes para una parte de los ciudadanos, aunque existen grandes diferencias entre comunidades autónomas y especialidades.

Conviene recordar que la gestión ordinaria de la sanidad y buena parte de la educación corresponde a los gobiernos autonómicos. Atribuir al presidente del Gobierno todas las listas de espera de España sería tan incorrecto como eximirlo de cualquier responsabilidad sobre la financiación y coordinación del sistema.

En educación se han producido avances que trascienden las legislaturas. El abandono educativo temprano descendió hasta el 12,8 % en 2025, frente al 20 % registrado en 2015. Es una mejora importante, desarrollada durante gobiernos de distinto signo y con la intervención de las comunidades autónomas.

Eso no elimina problemas como las desigualdades educativas, las dificultades para cubrir determinadas plazas docentes o el debate permanente sobre la calidad de la enseñanza.

Las sucesivas reformas educativas del PSOE y del PP también han evidenciado una debilidad institucional: la dificultad para alcanzar acuerdos estables que sobrevivan a un cambio de mayoría parlamentaria.

Derechos sociales y corrupción: los contrastes más evidentes

La ampliación de derechos civiles constituye probablemente el apartado en el que el PSOE puede presentar una trayectoria legislativa más diferenciada.

Durante el Gobierno de Zapatero se aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, la Ley de Dependencia en 2006 y la Ley de Igualdad en 2007. También se reformó la legislación sobre el aborto en 2010.

Durante los gobiernos de Sánchez se aprobaron nuevas normas sobre igualdad, derechos laborales y protección social, además de la ley de eutanasia de 2021 y medidas de reconocimiento de derechos de distintos colectivos.

No todas estas reformas han estado exentas de controversia. La legislación conocida como ley del solo sí es sí, por ejemplo, tuvo que modificarse después de que su aplicación provocara revisiones de condenas por delitos sexuales.

Aun con esos problemas, el balance legislativo socialista en ampliación de derechos civiles y determinadas prestaciones sociales es más extenso.

El PP ha mantenido posiciones diferentes sobre varias de estas cuestiones, especialmente en sus etapas iniciales. Sin embargo, también ha gobernado durante años con derechos previamente aprobados que han terminado formando parte del marco jurídico y social español.

En materia de protección económica, el PSOE puede reivindicar la creación del ingreso mínimo vital en 2020, posteriormente consolidado mediante una ley de 2021. La prestación estableció una garantía estatal de ingresos para determinados hogares vulnerables.

Pero aprobar una prestación no significa que desaparezca la pobreza. En 2025, el 25,7 % de la población española seguía en riesgo de pobreza o exclusión social, según la Encuesta de Condiciones de Vida.

La gestión de los recursos públicos también obliga a examinar la corrupción política.

El PP sufrió uno de sus mayores golpes políticos con el caso Gürtel. La sentencia de 2018, confirmada en sus aspectos principales por el Tribunal Supremo en 2020, declaró al partido partícipe a título lucrativo de determinadas actividades de la trama. Esa figura implica responsabilidad por el beneficio recibido, no una condena penal del partido como autor de los delitos. El impacto político del caso contribuyó a la moción de censura que apartó a Rajoy de la presidencia.

El PSOE tampoco puede presentar un historial libre de escándalos. En junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su antiguo asesor Koldo García a 19 años y ocho meses por delitos relacionados con la trama de las mascarillas y otras actuaciones irregulares. En octubre, el alto tribunal rechazó los incidentes de nulidad planteados contra esas condenas.

Las responsabilidades penales son individuales y deben establecerse judicialmente. Las responsabilidades políticas, en cambio, también afectan al nombramiento de cargos, los mecanismos de control, la transparencia y la reacción de cada organización cuando aparecen irregularidades.

Los ciudadanos tienen motivos para exigir un nivel de integridad especialmente elevado a quienes administran sus impuestos. La corrupción no se vuelve menos grave porque afecte al adversario político.

El balance que llega a las urnas el 29N

Después de dos décadas de decisiones políticas, es posible identificar fortalezas y debilidades concretas sin convertir el análisis en una clasificación artificial.

En derechos sociales y protección de rentas bajas, el PSOE presenta un legado más amplio. La subida del salario mínimo, la vinculación de las pensiones al IPC, el ingreso mínimo vital y distintas ampliaciones de derechos constituyen medidas identificables y con consecuencias directas para millones de ciudadanos.

En recuperación económica tras la crisis financiera y medidas de flexibilidad empresarial, el PP puede presentar resultados y actuaciones relevantes. La reducción del paro durante la segunda mitad del Gobierno de Rajoy, los incentivos al emprendimiento y los mecanismos de segunda oportunidad forman parte de ese balance. Sus costes sociales y las circunstancias internacionales de la recuperación también deben entrar en la valoración.

El desempeño económico más reciente favorece algunas comparaciones con los gobiernos anteriores: España cuenta con más ocupados y una tasa de desempleo inferior a la registrada en 2018. Pero la fortaleza del empleo no elimina el deterioro que numerosos hogares perciben en su capacidad para acceder a bienes básicos, especialmente a una vivienda.

Tampoco puede ignorarse que los avances legislativos tienen un coste presupuestario y necesitan una gestión eficaz. Un derecho reconocido en una ley pierde parte de su valor práctico cuando el ciudadano encuentra enormes dificultades para ejercerlo.

El próximo Gobierno tendrá que afrontar decisiones especialmente relevantes sobre vivienda, productividad, financiación autonómica, inmigración, energía, pensiones y calidad de los servicios públicos. Son problemas que no desaparecen con una victoria electoral y que, en muchos casos, exigen acuerdos más amplios que los de un solo partido.

Para el 29N, la diferencia entre las dos principales fuerzas políticas no está únicamente en los resultados de sus gobiernos anteriores, sino en las prioridades que han demostrado y en las medidas que planteen para la siguiente legislatura.

Un ciudadano que conceda mayor importancia a la protección social puede valorar de forma distinta estas dos décadas que otro preocupado principalmente por los impuestos, la actividad empresarial o la sostenibilidad de las cuentas públicas. Ninguna de esas prioridades convierte automáticamente una opción política en superior para todo el mundo.

También importa la capacidad de gobernar. En unas elecciones generales, los españoles eligen a los representantes del Congreso y del Senado, no directamente al presidente del Gobierno. Las mayorías parlamentarias y los posibles acuerdos entre partidos condicionarán las medidas que finalmente puedan aprobarse.

El balance de los últimos veinte años deja una enseñanza bastante concreta: España ha avanzado en empleo, derechos y protección social, pero no ha conseguido trasladar todos esos progresos a una mejora suficiente y generalizada de las condiciones de vida.

El PP y el PSOE tienen motivos para reivindicar determinadas decisiones. También tienen errores que explicar. Los resultados de cada etapa, las circunstancias económicas y la eficacia de las políticas aplicadas permiten comparar sus trayectorias con bastante más precisión que cualquier consigna de campaña.

La gran cuestión del 29N será qué proyecto ofrece respuestas viables para los problemas que siguen afectando a los ciudadanos. Porque una economía puede batir récords de empleo mientras una generación tiene dificultades para independizarse, y un Estado puede ampliar derechos mientras sus servicios públicos acumulan demoras.

Gobernar bien no consiste solo en mejorar los indicadores ni en aprobar nuevas leyes. Consiste en conseguir que esas mejoras lleguen, de manera efectiva y sostenible, a la vida de las personas.