Irán recrudece la represión y persigue a disidentes dentro y fuera

Irán ha entrado en una fase especialmente dura de represión política tras las protestas antigubernamentales que sacudieron el país a comienzos de 2026. Miles de personas han sido detenidas y al menos 34 manifestantes vinculados a aquellas movilizaciones han sido ejecutados desde marzo, mientras los servicios de seguridad, la justicia y los medios estatales actúan de forma coordinada para extender el miedo entre quienes todavía contemplan desafiar al poder.

La presión, sin embargo, ya no termina en la frontera iraní. Una investigación basada en entrevistas con más de 75 abogados, especialistas en derechos humanos y ciudadanos iraníes describe una maquinaria que también alcanza a disidentes refugiados en Turquía, Armenia y Georgia. Amenazas contra familiares, pasaportes bloqueados, cuentas bancarias congeladas, propiedades bajo vigilancia y citaciones judiciales forman parte de un sistema que busca algo más sencillo —y más eficaz— que convencer: conseguir que la oposición calle.

Una represión que sobrevivió incluso a la guerra

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, después de que la moneda iraní se hundiera hasta niveles entonces históricos. El deterioro económico, provocado por años de sanciones y mala gestión, llevó primero a comerciantes del Gran Bazar de Teherán a cerrar sus negocios. Después llegaron miles de ciudadanos. La protesta económica terminó convirtiéndose en una reclamación política abierta contra la República Islámica.

El 8 de enero, en pleno crecimiento de las manifestaciones, las autoridades cortaron internet y las comunicaciones móviles. Las jornadas siguientes fueron las más sangrientas. La organización Human Rights Activists News Agency ha contabilizado 6.488 manifestantes muertos y 25.846 heridos en más de 200 ciudades, unas cifras que no han podido ser verificadas de manera independiente pero que coinciden, en términos generales, con estimaciones difundidas por otras organizaciones de derechos humanos.

La guerra y los ataques estadounidenses e israelíes podían haber debilitado el aparato interno iraní. Ha ocurrido, según la investigación, casi lo contrario. Pese a los bombardeos contra instalaciones policiales, militares y de inteligencia, el sistema encargado de controlar la disidencia permanece profundamente asentado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, animó en enero a los iraníes a continuar protestando y aseguró que la ayuda estaba en camino. Aquellas palabras adquirieron después una dimensión siniestra: numerosos detenidos han sido acusados de traición, espionaje o colaboración con los enemigos extranjeros de Irán.

Ejecuciones rápidas y procesos bajo una fuerte opacidad

La pena de muerte se ha convertido en una de las herramientas más visibles de esta nueva etapa represiva. Desde el 19 de marzo, al menos 34 personas detenidas por las protestas de enero han sido ejecutadas, según organismos internacionales y organizaciones iraníes de derechos humanos.

El contraste con la anterior gran ola de movilizaciones resulta llamativo. Las protestas de 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, derivaron en 15 ejecuciones relacionadas con aquellas manifestaciones a lo largo de cuatro años. En 2026, el ritmo ha sido mucho más rápido.

Los procedimientos también se han acelerado. Abogados y especialistas consultados describen juicios colectivos, vistas a puerta cerrada y plazos de apelación reducidos. Parte de este endurecimiento se relaciona con la legislación sobre espionaje adoptada después de los ataques estadounidenses e israelíes de 2025, que reforzó las herramientas judiciales disponibles para perseguir delitos considerados amenazas a la seguridad nacional.

Uno de los casos más graves se produjo en Isfahán. Cerca de 60 personas fueron detenidas por las protestas de la plaza Alikhani, donde cuatro miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante los disturbios. Doce acusados recibieron sentencias de muerte en una sola vista celebrada a puerta cerrada, según expertos de Naciones Unidas, sin que quedara establecida de forma individual la responsabilidad atribuida a cada procesado.

Las confesiones convertidas en espectáculo televisivo

A la represión judicial se suma una campaña pública cuidadosamente construida. La televisión estatal iraní y Mizan, el medio oficial del poder judicial, difunden vídeos de acusados esposados, declaraciones ante las cámaras, reconstrucciones de supuestos delitos e infografías que presentan los cargos prácticamente como hechos consumados ante la opinión pública.

En enero, la televisión pública emitió incluso un documental dramatizado sobre los acontecimientos de la plaza Alikhani. Los detenidos aparecían descritos como terroristas mientras una narrativa propia de un programa de sucesos mezclaba grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones y confesiones obtenidas bajo circunstancias cuestionadas por organizaciones internacionales.

Naciones Unidas, antiguos presos y grupos de derechos humanos llevan años denunciando torturas y malos tratos para obtener confesiones en Irán. En el caso de Alikhani, especialistas han señalado también la falta de claridad sobre las responsabilidades individuales de los condenados.

Es difícil separar aquí la justicia del mensaje político. Las condenas no permanecen escondidas en un expediente judicial: se televisan y se convierten en advertencia pública. El castigo tiene destinatario, pero también audiencia.

De un estudiante encarcelado a un adolescente de 15 años

Entre los casos documentados aparece Pouriya, un estudiante de ingeniería de 21 años detenido inicialmente cuando grababa con su teléfono las protestas de su localidad. Pasó seis noches encarcelado y aseguró haber sufrido golpes durante los interrogatorios.

Meses después fue convocado nuevamente. Los investigadores llegaron a acusarlo de participar en la muerte de un funcionario durante unas protestas que, paradójicamente, se produjeron mientras él estaba detenido. Finalmente fue condenado a seis años de prisión, uno por propaganda contra el sistema y cinco por alterar el orden público.

Consiguió abandonar Irán mientras recurría la sentencia. Vive exiliado, trabaja como jornalero y ha cortado prácticamente todo contacto con su familia para evitar que las autoridades la utilicen contra él. Su nueva vida está marcada por el exilio y el temor a represalias contra quienes permanecen en Irán.

Todavía más extremo es el caso de Abbas Nio Bajizahi. Tenía 15 años cuando agentes de seguridad lo sacaron de su cama después de participar en las protestas del 8 y 9 de enero en Azadshahr, en el noreste del país. Después apareció con los ojos vendados en un vídeo en el que confesaba haber incendiado vehículos.

Una persona conocedora de su situación asegura que el adolescente sufrió hambre, golpes y coacciones durante su detención. Cumplió los 16 años entre rejas. Su familia sigue sin disponer de información clara sobre el procedimiento abierto contra él.

El brazo del Estado alcanza a los iraníes que se marcharon

La persecución presenta otra novedad inquietante: el Gobierno está utilizando a los familiares que permanecen dentro de Irán como palanca contra activistas instalados en otros países.

Zahra, una estudiante iraní de 23 años residente en Estambul, tenía una presencia modesta en Instagram. Durante las protestas empezó a difundir mensajes contra el Gobierno y a orientar a jóvenes de su ciudad natal sobre lugares donde reunirse y formas de proteger su identidad.

Poco después, agentes de inteligencia visitaron a su padre. Le dijeron que su hija debía dejar de publicar. Más tarde amenazaron con detener a su madre y, posteriormente, con confiscar los bienes familiares.

Zahra terminó eliminando buena parte de sus publicaciones políticas. Su cuenta bancaria iraní quedó bloqueada. En septiembre recibió una citación para comparecer ante un tribunal por presunto blanqueo de dinero.

Su historia no parece aislada. Iraníes residentes en Armenia, Georgia y Turquía describen problemas para renovar pasaportes, presiones en consulados y amenazas contra familiares relacionadas con sus actividades políticas en el extranjero.

Un antiguo asesor jurídico residente en Armenia relató que la embajada iraní condicionó la renovación de su pasaporte a la firma de un documento en el que reconocía haber participado en un acto político especialmente controvertido. Necesitaba documentación para continuar viviendo fuera de Irán. Terminó firmando. La burocracia, cuando conviene, también puede ser una frontera.

Pasaportes, deportaciones y familias convertidas en rehenes

La situación resulta particularmente delicada para iraníes cuyo permiso de residencia depende de disponer de un pasaporte válido. Sin ese documento, algunos quedan atrapados en países desde los que podrían ser deportados.

Iman Asghari, ingeniero petrolero de 37 años residente en Georgia y participante activo en protestas contra Teherán, recurrió una orden de expulsión después de que la embajada iraní se negara a renovarle el pasaporte. Según documentos preparados por su familia, había sido condenado anteriormente a 10 años de cárcel en Irán por participar en manifestaciones antigubernamentales.

Otros opositores afirman haber recibido advertencias de los servicios de seguridad de los países donde viven sobre posibles secuestros o asesinatos. En Armenia, varios manifestantes iraníes fueron avisados de amenazas contra ellos y sus familias y aconsejados a abandonar el país.

La consecuencia se percibe en las calles. Grupos de expatriados que meses atrás protestaban delante de las embajadas iraníes han reducido sus actividades. Algunos dejaron de manifestarse por completo. No hace falta detener a todos cuando el miedo hace parte del trabajo.

El aparato judicial, policial y mediático actúa como uno solo

Uno de los elementos centrales de la campaña es precisamente esa combinación. Guardia Revolucionaria, tribunales y medios estatales no aparecen como piezas independientes, sino como engranajes de un mismo sistema destinado a elevar el coste personal de cualquier desafío político.

Los detenidos pueden enfrentarse a procesos judiciales; sus familias, a amenazas económicas; los exiliados, a problemas con sus documentos; y los acusados de delitos graves, a una exposición pública que comienza mucho antes de que sus casos hayan recorrido todas las instancias judiciales.

También los abogados trabajan bajo presión. Durante las protestas de enero, más de 30 letrados especializados en derechos humanos fueron detenidos cuando intentaban defender a manifestantes. Para determinados delitos de seguridad nacional, la legislación iraní limita además la elección de abogado a una lista previamente autorizada por el poder judicial.

La represión funciona así en varias capas. Una detención individual puede producir miedo en una familia; una ejecución pública, en una ciudad; una confesión televisada, en todo el país. El objetivo no es únicamente castigar una conducta: también disuadir a quienes observan.

El miedo se convierte en otra frontera de Irán

La escena de finales de julio en Isfahán resume ese cambio. Un vídeo mostró una grúa naranja instalada en la plaza Alikhani. La imagen comenzó a circular rápidamente: muchos iraníes entendieron para qué estaba allí. Varias personas acudieron al lugar intentando impedir la ejecución y las fuerzas de seguridad dispersaron a la multitud.

Poco después del amanecer, Amirhossein Safari Hosseinabadi y Abolfazl Sepahi Badjani, dos jóvenes de poco más de 20 años, fueron ahorcados públicamente, según organizaciones de derechos humanos y medios locales.

Ese es precisamente el efecto que parece perseguir el sistema. No basta con castigar al detenido. La ejecución se anuncia, la confesión circula, las imágenes llegan al teléfono y la amenaza atraviesa fronteras mediante padres, hermanos, cuentas corrientes y pasaportes.

Irán ha sobrevivido a meses de ataques externos mientras endurecía simultáneamente el control sobre su propia población. La fortaleza militar del Estado puede discutirse en términos de misiles, bases o capacidad económica. Su arquitectura de coerción interna, en cambio, continúa funcionando. Y quizá esa sea una de las consecuencias más profundas de la crisis: el miedo no se ha quedado dentro de Irán. Ha aprendido a viajar.