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Irán condena a muerte a Najmeh Amini por blasfemia en redes sociales
Najmeh Amini, de 23 años, afronta una condena a muerte en Irán por blasfemia en redes sociales y más de 12 años de cárcel en un segundo proceso
Resumen
- Najmeh Amini, de 23 años, fue condenada a muerte por blasfemia en Irán
- La causa se basa en publicaciones en redes consideradas insultos al profeta
- La sentencia puede recurrirse y la joven sigue presa en Vakilabad
Irán ha condenado a muerte a Najmeh Amini, una estudiante de contabilidad de 23 años, por una publicación en redes sociales considerada una ofensa contra el profeta Mahoma. La joven permanece encarcelada en la prisión de Vakilabad, en Mashhad, y afronta además una pena de 12 años, seis meses y un día de cárcel dictada en otro procedimiento por cargos relacionados con la seguridad nacional y la propaganda contra el sistema.
La sentencia capital todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Irán. La condena fue dictada bajo la figura penal de sabb al-nabi —también transcrita como sab ol-nabi—, el delito de insultar al profeta, castigado con la muerte por el Código Penal Islámico iraní. El contenido exacto de las publicaciones atribuidas a Amini no se ha hecho público.
Una publicación en redes que terminó en una condena a muerte
El caso gira alrededor de mensajes publicados por Amini en internet. Las primeras acusaciones hablaban de insultos contra figuras religiosas y los imanes chiíes, pero durante el procedimiento la imputación pasó a considerarse sabb al-nabi, una modificación sustancial: ya no se trataba simplemente de una causa por expresiones ofensivas, sino de un delito para el que la legislación iraní contempla la pena capital.
La joven fue juzgada por la Sala 6 del Tribunal Penal Uno de la provincia de Jorasán Razaví. El tribunal consideró probado que las publicaciones constituían un insulto al profeta y rechazó los argumentos empleados por la defensa para excluir la pena de muerte.
Hay un detalle jurídico especialmente relevante. El artículo 262 del Código Penal Islámico establece la pena de muerte para quien insulte al profeta Mahoma o a otros profetas reconocidos por la legislación iraní. También extiende esa protección penal a determinadas figuras centrales del chiismo.
El artículo siguiente, sin embargo, introduce excepciones. El artículo 263 contempla circunstancias como el error, la coacción, la ira, la intoxicación, un lapsus o la falta de conciencia sobre el significado de las palabras. En esos supuestos, la persona acusada no debería ser considerada culpable de sabb al-nabi en los términos que conducen automáticamente a una sentencia de muerte.
El tribunal rechazó el argumento de la intoxicación
Amini sostuvo durante el proceso que había consumido hongos alucinógenos junto a unos amigos y que realizó las publicaciones mientras se encontraba bajo sus efectos. Su defensa también presentó lo sucedido como una expresión realizada sin la intención necesaria para configurar el delito castigado con la muerte.
El tribunal no aceptó ese razonamiento. La interpretación judicial fue que el comportamiento de la estudiante mostraba suficiente deliberación como para descartar que todo pudiera explicarse únicamente por una alteración de conciencia.
Ese punto será previsiblemente uno de los elementos centrales de cualquier recurso. No es un detalle menor ni una sutileza de juristas: dentro de la propia legislación iraní, la existencia o ausencia de intención puede marcar literalmente la distancia entre una condena penal y una sentencia de muerte.
Dos procedimientos distintos contra Najmeh Amini
La pena capital no es la única condena que pesa sobre ella. Amini ha afrontado dos expedientes judiciales diferentes, uno ante un tribunal penal y otro ante el Tribunal Revolucionario de Mashhad.
En el segundo procedimiento recibió una condena acumulada de 12 años, seis meses y un día de prisión por cargos entre los que figuran actuaciones contra la seguridad nacional y propaganda contra el régimen. La joven continúa recluida en Vakilabad, una prisión de Mashhad, ciudad situada en el noreste de Irán.
Las organizaciones que siguen su caso sitúan su arresto en el contexto de las protestas nacionales de comienzos de 2026. Una de las versiones fecha su detención el 31 de enero en el centro comercial Ferdowsi de Mashhad, mientras que otra información la sitúa el 3 de febrero y vincula el arresto a una investigación de la policía cibernética FATA. Las versiones coinciden, en cualquier caso, en que la actividad de Amini en internet desempeñó un papel central en la causa.
Del arresto durante las protestas a Vakilabad
Las movilizaciones en las que fue arrestada habían comenzado semanas antes entre comerciantes y sectores golpeados por la situación económica, pero acabaron convirtiéndose en protestas políticas contra las autoridades iraníes y extendiéndose a diferentes grupos sociales.
Tras su detención, Amini permaneció durante meses en una situación judicial incierta. El proceso avanzó durante el verano y la joven comunicó desde prisión que la condena a muerte había sido pronunciada el 16 de septiembre de 2026.
Dos días después grabó un mensaje desde Vakilabad en el que reclamaba atención sobre su caso y pedía que organismos internacionales, abogados y organizaciones de derechos humanos examinaran el procedimiento. Su petición era bastante menos grandilocuente que el aparato judicial desplegado a su alrededor: reclamaba poder defenderse y tener un juicio justo.
Más de 600 ejecuciones registradas en Irán en 2026
La sentencia contra Amini aparece en un momento de fuerte aumento de la aplicación de la pena capital en Irán. Las organizaciones que documentan las ejecuciones en el país habían contabilizado más de 600 ejecuciones durante 2026 a comienzos de octubre, con una parte muy importante relacionada con homicidios y narcotráfico y otras vinculadas a delitos de seguridad nacional.
Las ejecuciones específicamente relacionadas con acusaciones de blasfemia son bastante menos frecuentes. Eso explica parte de la atención que ha despertado el expediente de Najmeh Amini: no solo por su edad o por el contexto de las protestas, sino porque una expresión publicada en internet puede acabar situada jurídicamente entre las conductas castigadas con la pena máxima.
Existe un precedente reciente especialmente significativo. En mayo de 2023, Yousef Mehrad y Sadrollah Fazeli-Zare fueron ejecutados tras ser condenados por delitos relacionados con la blasfemia y contenidos difundidos en internet. Aquellos casos mostraron que la pena prevista en el Código Penal iraní no es meramente teórica.
Las redes sociales, otra frontera de la represión iraní
El expediente también refleja hasta qué punto las redes sociales se han convertido en un territorio vigilado por las autoridades iraníes. La policía cibernética FATA rastrea actividades digitales y las publicaciones pueden incorporarse a investigaciones por delitos religiosos, políticos o contra la seguridad del Estado.
En el caso de Amini hay, además, una circunstancia que complica cualquier interpretación sencilla: las publicaciones exactas no se conocen públicamente. Se sabe cómo las ha calificado el aparato judicial iraní, pero no existe una reproducción completa y verificable del material que permita al público valorar directamente su contenido.
Esa opacidad importa. Cuando la consecuencia jurídica puede ser la ejecución de una persona, la diferencia entre una expresión ofensiva, una provocación, un comentario realizado bajo los efectos de sustancias o una conducta deliberadamente tipificada como delito deja de ser un debate semántico. Se convierte, literalmente, en una cuestión de vida o muerte.
Una sentencia que todavía puede llegar al Tribunal Supremo
Najmeh Amini está condenada a muerte, pero su ejecución no ha sido ordenada de manera definitiva. El fallo puede ser recurrido y necesita superar la revisión correspondiente antes de adquirir firmeza. Ese es, a 14 de octubre de 2026, el punto esencial sobre su situación jurídica.
Mientras tanto permanece en Vakilabad bajo dos condenas distintas: una larga pena de prisión y otra que puede costarle la vida. El caso concentra varios de los elementos más controvertidos del sistema penal iraní —pena capital, delitos religiosos, tribunales revolucionarios, vigilancia de las redes y represión política— en la historia de una estudiante de 23 años cuyo expediente comenzó con unas palabras publicadas en una pantalla y ha terminado, por el momento, ante la posibilidad de una ejecución.
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