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Chavismo y oposición prevén cerrar el lunes la cuarta ronda de diálogo
El chavismo y la oposición prevén cerrar el lunes la cuarta ronda de diálogo en Venezuela. Siguen pendientes las reformas y la fecha electoral.
Foto: Pedro Corredor / Prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela / Wikimedia Commons (dominio público).
Resumen
- Chavismo y oposición prevén cerrar el lunes su cuarta ronda de diálogo
- Negocian reformas legales, inhabilitaciones y cambios en el Supremo
- Las elecciones presidenciales siguen sin fecha ni calendario pactado
El chavismo y la oposición venezolana prevén concluir este lunes 23 de noviembre la cuarta ronda de negociaciones impulsadas por Estados Unidos para avanzar hacia una transición política en Venezuela. El encuentro, celebrado en Caracas, busca desbloquear reformas legales e institucionales que permitan celebrar unas elecciones presidenciales con garantías democráticas, aunque todavía no existe un calendario electoral acordado.
La previsión de clausura figura en una convocatoria distribuida este domingo por el Ministerio de Comunicación e Información venezolano. Las conversaciones, iniciadas el 13 de noviembre, debían terminar inicialmente el viernes 20, pero las delegaciones decidieron prolongarlas por el volumen de asuntos pendientes. La discusión se ha concentrado especialmente en los derechos políticos, las restricciones a la participación electoral y la legislación contra la financiación del terrorismo.
El diálogo forma parte del proceso de transición promovido por Washington tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada de Venezuela, mientras el Gobierno de Donald Trump impulsa una reorganización institucional que debería desembocar en nuevas elecciones presidenciales.
La reunión del lunes llega, por tanto, en un momento delicado. Las partes han alcanzado compromisos sobre la justicia, la libertad de información y determinadas restricciones políticas, pero algunos de los acuerdos más relevantes siguen pendientes de aplicación. Y la cuestión que determinará el alcance de toda la negociación, la convocatoria electoral, continúa sin resolverse.
Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera negocian las reformas políticas
Las delegaciones están encabezadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y representante del chavismo, y Dinorah Figuera, exdiputada y antigua presidenta del Parlamento elegido en 2015, al frente de la representación opositora.
Los encuentros se han desarrollado a puerta cerrada en el Hotel Gran Meliá Caracas, con acceso limitado a fotógrafos en algunas sesiones. La discreción ha marcado un proceso en el que las dos partes intentan acordar reformas que afectan directamente al funcionamiento de las instituciones venezolanas.
Una de las cuestiones centrales es la revisión de las normas utilizadas para restringir la actividad política. Entre ellas figura la legislación sobre delincuencia organizada y financiación del terrorismo, cuya aplicación a manifestantes y opositores ha generado controversia durante años.
También están sobre la mesa las disposiciones que permiten inhabilitar a dirigentes políticos y las garantías para ejercer los derechos de reunión, manifestación y participación electoral.
No se trata únicamente de modificar leyes. La negociación pretende establecer unas condiciones políticas y jurídicas que permitan a distintas fuerzas competir en unas futuras elecciones sin las restricciones electorales que han caracterizado buena parte de la etapa chavista.
Durante esta ronda, los representantes opositores también han mantenido reuniones con comunidades indígenas para conocer sus reivindicaciones y con especialistas del sector petrolero. En este último ámbito, la oposición reclama mayor transparencia en los acuerdos de explotación de petróleo suscritos por Venezuela con otros países.
Los acuerdos alcanzados y las reformas todavía pendientes
Desde el comienzo formal de las conversaciones en agosto, el Gobierno venezolano y la delegación opositora han avanzado en varios compromisos institucionales.
Uno de los principales afecta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerado una institución próxima al chavismo. Las partes acordaron renovar su composición y han avanzado en el proceso de selección de nuevos magistrados, aunque la transformación del tribunal todavía no se ha completado.
La independencia judicial constituye uno de los asuntos decisivos para cualquier transición democrática. De poco serviría reformar las normas electorales si su aplicación y las posibles controversias entre partidos quedasen sometidas a instituciones sin garantías de imparcialidad.
Otro avance ha sido el levantamiento de restricciones de acceso a distintas páginas web y medios de comunicación venezolanos e internacionales, incluida la Agencia EFE. Sin embargo, todavía permanecen bloqueados algunos portales informativos, de modo que la normalización de la libertad de información sigue siendo parcial.
Las inhabilitaciones políticas y el oro venezolano
La revisión de las leyes empleadas para impedir que determinados dirigentes concurran a elecciones continúa pendiente de ejecución.
Uno de los casos más destacados es el de María Corina Machado, que no pudo presentarse a las presidenciales de julio de 2024 debido a una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo. La dirigente no participa directamente en las actuales conversaciones, ni su partido forma parte de la delegación negociadora, aunque ha expresado su deseo de que el diálogo tenga éxito.
Su ausencia evidencia que la mesa reúne al chavismo y a un sector de la oposición, pero no representa directamente a todas las fuerzas contrarias al Gobierno.
Las delegaciones también han pactado impulsar la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, una reivindicación importante para el chavismo. La devolución continúa sin materializarse y permanece entre los compromisos pendientes.
¿Cuándo habrá elecciones presidenciales en Venezuela?
La convocatoria de elecciones es el principal objetivo político del proceso, pero a 22 de noviembre de 2026 no existe una fecha oficial para celebrar los comicios.
Antes deberá abordarse la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos actuales rectores son considerados próximos al chavismo. La composición de este organismo resulta fundamental porque tiene la responsabilidad de organizar las votaciones y supervisar el proceso electoral.
La hoja de ruta que contempla la Administración Trump plantea que, una vez renovado el CNE, Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para convocar elecciones.
Ese escenario, sin embargo, sigue siendo una previsión política y no un acuerdo ejecutado. Depende de reformas institucionales que aún deben negociarse y completarse.
La diferencia importa. La celebración de cuatro rondas de conversaciones demuestra que existe una negociación sostenida, pero no supone que los principales desacuerdos estén resueltos ni garantiza por sí sola una fecha electoral.
El proceso deberá afrontar también cuestiones sensibles como las condiciones de participación de los candidatos, las garantías para los partidos, la independencia de las instituciones y el respeto a los resultados electorales.
Una transición marcada por la captura de Maduro
Las negociaciones comenzaron formalmente en agosto, siete meses después de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026.
La intervención transformó el escenario político venezolano y abrió una etapa de transición bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro.
Estados Unidos se ha convertido en el principal impulsor externo de las conversaciones, que buscan establecer una secuencia de reformas antes de la eventual celebración de elecciones presidenciales.
El proceso tiene antecedentes complicados. Durante los últimos años, el chavismo y diferentes sectores opositores participaron en varias negociaciones que no lograron resolver de manera definitiva la crisis política venezolana.
Entre ellas destaca el diálogo iniciado en México en 2021 con mediación de Noruega. Aquella experiencia dejó compromisos y desacuerdos que ilustran la dificultad de convertir una negociación política en cambios institucionales efectivos.
La situación actual presenta diferencias importantes, especialmente por la salida forzosa de Maduro del poder y la intervención directa de Washington. Aun así, permanece un problema conocido: los acuerdos solo adquieren verdadero alcance cuando se cumplen.
El lunes pondrá a prueba los compromisos de las delegaciones
La jornada del 23 de noviembre debería permitir conocer hasta dónde han llegado las conversaciones sobre garantías políticas, legislación y fortalecimiento institucional.
El resultado será especialmente relevante para determinar si las reformas acordadas pueden comenzar a aplicarse o si algunos asuntos deberán trasladarse a nuevas reuniones.
Por ahora, la cuarta ronda no ha despejado el principal interrogante sobre el futuro político venezolano: cuándo se celebrarán las elecciones presidenciales y bajo qué garantías.
La renovación del Tribunal Supremo, la revisión de las inhabilitaciones y la futura reforma del Consejo Nacional Electoral representan pasos necesarios dentro de la transición, pero ninguno equivale todavía a una convocatoria electoral.
El siguiente avance decisivo será pasar de los compromisos institucionales a decisiones verificables, con un calendario político concreto. Hasta entonces, la mesa de Caracas seguirá siendo una negociación abierta, no una transición culminada.
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