Ceuta eleva a 11.756 retornos a Marruecos y busca a quienes quedan

Ceuta ha elevado a 11.756 el número de personas que han regresado a Marruecos tras la crisis migratoria desencadenada a finales de julio. El balance actualizado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, distingue entre 11.225 retornos voluntarios y 531 expulsiones, estas últimas vinculadas a personas con órdenes de expulsión por infracciones penales.

La cifra refleja un avance considerable respecto a septiembre, pero no significa que el dispositivo pueda darse por terminado. El Gobierno reconoce que todavía quedan migrantes fuera de los recursos habilitados y que no dispone de una cifra exacta de quienes permanecen en calles, barriadas o zonas de monte. Ahí está, precisamente, el trabajo que sigue abierto.

11.225 retornos voluntarios y 531 expulsiones

Torres presentó los nuevos datos después de presidir en la Delegación del Gobierno en Ceuta una reunión del Comité de Situación. Desde el anterior balance se han contabilizado 914 retornos voluntarios más y otras 33 expulsiones, un ritmo que el Ejecutivo interpreta como prueba de que el operativo continúa avanzando.

El cambio se aprecia mejor con algo de perspectiva. El 8 de septiembre, el Gobierno contabilizaba 4.516 retornos voluntarios y 278 expulsiones. Apenas cinco semanas después, los retornos voluntarios superan los 11.200 y las expulsiones se acercan a las 550. La fotografía de Ceuta, al menos en términos numéricos, es bastante distinta.

Parte de ese movimiento se explica por el procedimiento seguido con las personas que entraron irregularmente en la ciudad. Los migrantes deben acudir a los centros habilitados, ser identificados y pasar el denominado triaje administrativo, que permite determinar su situación jurídica, si existe una solicitud de protección internacional y qué procedimiento corresponde en cada caso.

Por qué muchos migrantes están regresando voluntariamente

Según Torres, una parte importante de los ciudadanos marroquíes opta por regresar una vez recibe información sobre sus posibilidades reales de permanecer legalmente en España. El Gobierno sostiene que muchos no solicitan protección internacional y prefieren el retorno voluntario antes que afrontar un expediente que pueda acabar en expulsión.

Ese proceso se ha convertido en una de las piezas centrales de la respuesta a la crisis. No es una devolución automática ni una gran puerta giratoria en la frontera: detrás hay identificación, expedientes y situaciones personales distintas. Los menores y quienes puedan tener derecho a protección internacional siguen otra vía jurídica.

Torres ya había señalado el 12 de octubre que la prioridad era culminar los expedientes pendientes y atender a quienes seguían fuera de los dispositivos oficiales. Dos días después, el Gobierno asegura tener a unas 7.000 personas alojadas en espacios habilitados, aunque admite que localizar a todas las que permanecen fuera sigue siendo complicado.

El Gobierno desconoce cuántas personas siguen fuera de los centros

Ese es uno de los puntos menos cerrados del balance. Torres ha evitado dar una estimación porque, según explicó, nadie puede determinar con certeza cuántas personas siguen durmiendo fuera de los recursos públicos.

Las fuerzas de seguridad han solicitado informes y están utilizando incluso drones para revisar zonas de monte donde podrían estar pernoctando migrantes. La búsqueda se ha desplazado progresivamente desde las grandes concentraciones visibles de la costa hacia pequeños grupos dispersos, mucho más difíciles de localizar y contabilizar.

La situación importa porque la filiación es imprescindible para tramitar cada caso. Una persona que permanece fuera del circuito administrativo también queda, de facto, al margen del procedimiento que debe determinar su permanencia, retorno o eventual protección.

No es un detalle menor. Tras semanas en las que miles de personas ocuparon playas, espacios públicos y asentamientos improvisados, la crisis entra en una fase menos espectacular a ojos de una cámara, pero bastante más laboriosa para la Administración: persona a persona, expediente a expediente.

Los seis grandes asentamientos del litoral ya están desalojados

El otro cambio visible se encuentra en la costa. El Gobierno considera ya desmantelados los seis grandes asentamientos que habían aparecido después de la entrada masiva de finales de julio.

Las operaciones comenzaron el 20 de agosto en la playa del Trampolín, donde unas 1.800 personas fueron trasladadas a Loma Margarita. Al día siguiente se actuó sobre cientos de migrantes situados en las inmediaciones de Loma Colmenar. En septiembre se produjeron nuevos dispositivos que afectaron primero a unas 900 personas y posteriormente a alrededor de 1.700 situadas en las playas de Benítez y parte del Trampolín.

Los días 4 y 5 de octubre fueron trasladadas cerca de 2.000 personas que permanecían en el Trampolín. El último gran operativo llegó el 11 de octubre en la antigua Fábrica del Guano, donde todavía se encontraban aproximadamente 600 migrantes. Con aquella intervención, el Ejecutivo dio por despejadas las grandes concentraciones de la costa antes de la fecha del 15 de octubre que se había marcado como objetivo.

Torres ha subrayado que estos traslados se desarrollaron sin incidentes relevantes pese al volumen de personas implicadas. Fue, probablemente, una de las partes más delicadas del operativo: mover a centenares o miles de personas de asentamientos improvisados a instalaciones controladas sin convertir cada intervención en un problema de orden público.

De la entrada masiva de julio a una crisis más dispersa

La situación actual tiene su origen en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio, que obligó al Estado a desplegar recursos policiales, administrativos, militares y asistenciales extraordinarios en una ciudad de dimensiones reducidas y con una frontera especialmente sensible.

El Ministerio del Interior llegó a calcular que entre 50.000 y 60.000 personas entraron irregularmente durante el episodio inicial. España y Marruecos reforzaron después su coordinación para contener nuevas llegadas y facilitar el retorno de quienes no tuvieran derecho a permanecer en territorio español.

A finales de agosto, el Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional y situó a Torres al frente de un dispositivo de coordinación en el que participan varios ministerios. El objetivo declarado era recuperar la normalidad, acelerar las filiaciones y tramitar devoluciones y repatriaciones con las garantías legales correspondientes.

Dos meses y medio después, las enormes concentraciones que alteraron el paisaje cotidiano de Ceuta prácticamente han desaparecido. Eso no equivale, sin embargo, a que la crisis haya terminado. La presión visible ha disminuido; el atasco administrativo y humano todavía no está completamente resuelto.

Ceuta cambia de escenario, pero el operativo continúa

El dato de los 11.756 regresos a Marruecos marca un punto relevante en la evolución de la crisis y muestra hasta qué punto ha cambiado la situación desde finales de julio. Las playas han quedado libres de grandes campamentos, miles de personas han abandonado la ciudad y otras se encuentran ya dentro del sistema de acogida e identificación.

Queda una parte más difícil de fotografiar: localizar a quienes siguen fuera, terminar los expedientes administrativos y decidir conforme a la ley quién debe regresar, quién puede acogerse a protección internacional y qué ocurre con los menores cuya situación exige procedimientos específicos.

El Gobierno prevé desmantelar los recursos extraordinarios cuando termine el operativo, no antes. Ceuta ha dejado atrás las imágenes de miles de personas instaladas junto al mar, pero aún no ha regresado del todo a la normalidad. El gran atasco se ha hecho más pequeño y menos visible. Sigue ahí.