El Ejército investiga a legionarios por jalear a Vito Quiles el 12-O

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación para aclarar la conducta de varios legionarios que aparecen en un vídeo difundido en redes sociales vitoreando a Vito Quiles después de que este gritara «¡A por los rojos!». La escena se produjo en Madrid tras el desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de octubre y ha puesto el foco en una cuestión especialmente sensible dentro de las Fuerzas Armadas: el deber de neutralidad política de sus miembros.

Las actuaciones están todavía en una fase inicial. El Ejército recaba información sobre lo sucedido y deberá determinar, una vez aclarados los hechos e identificados los participantes, si procede abrir un expediente disciplinario. No hay, por tanto, una sanción decidida de antemano. Sí existe un posible encaje disciplinario si se considera que la conducta vulneró públicamente la neutralidad exigida a los militares.

Qué ocurrió entre Vito Quiles y los legionarios tras el desfile

El vídeo corresponde al 12 de octubre. Varios integrantes de la Brigada de la Legión se encontraban en la plaza de Colón de Madrid, donde iban a subir al autobús que debía trasladarlos de regreso a su base de Viator, en Almería, después de participar en el desfile de la Fiesta Nacional.

En las imágenes, Vito Quiles se acerca al grupo y entra en el autobús. Algunos militares corean su nombre y lo reciben entre muestras de entusiasmo. Es entonces cuando Quiles lanza el grito «¡A por los rojos!» y los presentes reaccionan con vítores. El propio activista difundió posteriormente la grabación a través de sus redes sociales.

La escena dura poco. Lo suficiente. En el ámbito castrense, donde el uniforme convierte muchos gestos privados en actos de dimensión pública, unos segundos pueden pesar bastante más que en una sobremesa o en una grada de fútbol.

El problema no está en que un militar pueda tener ideas políticas, como cualquier ciudadano, sino en cómo y cuándo las exterioriza mientras su condición militar resulta reconocible. Esa frontera entre opinión privada y comportamiento institucional es precisamente la que examina el Ejército.

El Ejército abrió la investigación al conocer las imágenes

Las pesquisas comenzaron después de que el Ejército de Tierra tuviera conocimiento del vídeo. La autoridad competente deberá reconstruir lo sucedido, identificar a los participantes y escuchar a los militares implicados antes de decidir si los hechos merecen una respuesta disciplinaria.

La investigación debe respetar los procedimientos y las garantías de los afectados. Una cosa es que unas imágenes puedan resultar incompatibles con la neutralidad que se espera de los militares y otra, jurídicamente distinta, determinar quién hizo qué y qué responsabilidad individual corresponde a cada uno.

Esa diferencia importa. El vídeo muestra una situación colectiva, pero cualquier eventual sanción tendrá que individualizar las conductas. No basta con aparecer unos segundos junto a otros militares: habrá que establecer la participación concreta de cada persona.

La investigación todavía no equivale a un expediente disciplinario

El procedimiento se encuentra en una etapa de información previa. Cuando esta termine, el Ejército decidirá si existen elementos suficientes para incoar formalmente un expediente disciplinario contra alguno o varios de los legionarios identificados.

Esto explica también cierta confusión que rodea al caso. Que el Ejército «investigue» no significa que los militares hayan sido declarados culpables ni que exista ya una sanción en marcha. Significa que el mando considera que los hechos tienen entidad suficiente para ser examinados formalmente.

La diferencia parece burocrática, pero no lo es. En un régimen disciplinario militar tan reglado, cada escalón del procedimiento tiene consecuencias distintas y exige acreditar las conductas antes de imponer cualquier sanción.

Por qué el grito puede chocar con la neutralidad política militar

La legislación española obliga a los miembros de las Fuerzas Armadas a mantener una estricta neutralidad pública respecto a partidos, candidatos y opciones políticas. También limita determinadas manifestaciones públicas cuando el militar actúa de manera reconocible como miembro de las Fuerzas Armadas.

La normativa sobre derechos y deberes de los militares recoge expresamente ese principio y el régimen disciplinario contempla como infracción las manifestaciones públicas que puedan vulnerar la neutralidad política o sindical.

Ahí está el centro jurídico del asunto. No se investiga una simpatía personal ni qué vota cada legionario cuando entra en una cabina electoral. Eso pertenece a su esfera privada. Se investiga una conducta pública protagonizada por militares identificables como tales y vinculada a una expresión inequívocamente política.

El uniforme cambia el contexto

Un militar conserva derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, pero su ejercicio tiene límites específicos derivados de la disciplina, la seguridad y la propia neutralidad de las Fuerzas Armadas.

Es una exigencia que protege también a la institución. El Ejército no puede aparecer alineado con una fuerza, un candidato o un bloque ideológico frente a otro. Su posición constitucional está precisamente en otro lugar: al servicio del Estado y de los ciudadanos con independencia de sus preferencias políticas.

Por eso la discusión sobre el vídeo va bastante más allá de Vito Quiles. El protagonista mediático puede ocupar el centro del plano, pero la cuestión de fondo es otra: qué comportamiento público cabe esperar de unos militares uniformados cuando regresan de un acto oficial y su reacción queda expuesta ante cientos de miles de personas en redes sociales.

Qué sanciones podrían afrontar los militares investigados

Si finalmente se concluyera que hubo una infracción del deber de neutralidad y esta fuera calificada como falta grave, el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas contempla distintas sanciones en función de la conducta acreditada y de sus circunstancias.

Entre las medidas previstas para las faltas graves pueden figurar una sanción económica, arresto o pérdida de destino, dependiendo del encaje jurídico que finalmente se dé a los hechos y de la responsabilidad concreta de cada militar.

Nada de esto permite anticipar cuál será el desenlace. La normativa obliga a graduar cualquier sanción atendiendo a factores como la gravedad de los hechos, la culpabilidad individual, las circunstancias y su repercusión sobre la disciplina y el servicio.

También deberá esclarecerse hasta qué punto cada militar participó en los vítores, qué expresiones realizó y en qué condiciones se produjo la escena. La grabación es el punto de partida, no toda la investigación.

Una polémica nacida en pleno 12 de octubre

La secuencia tiene un ingrediente que multiplica su repercusión: ocurrió después del desfile de la Fiesta Nacional, uno de los actos públicos de mayor carga institucional para las Fuerzas Armadas.

En la parada militar de Madrid participaron miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones, en un recorrido por algunos de los principales ejes de la capital. La Legión fue una de las unidades participantes.

Horas después, una imagen mucho más pequeña —un autobús, unos legionarios, un teléfono móvil— terminó ocupando el debate público. La paradoja tiene algo de estos tiempos: miles de personas desfilando durante horas y, al final, unos segundos grabados en vertical son los que abren una investigación.

La neutralidad militar queda bajo examen

El Ejército de Tierra deberá decidir si lo ocurrido queda en una conducta impropia o si existen elementos para activar formalmente el régimen disciplinario. Antes tendrán que completarse las diligencias, escuchar a los implicados y determinar la responsabilidad individual de quienes aparecen en las imágenes.

El caso no cuestiona el derecho de los militares a tener convicciones políticas en su esfera privada. Lo que examina es precisamente el límite entre esa libertad personal y una obligación mucho más exigente cuando se viste el uniforme: que las Fuerzas Armadas no parezcan ser de unos españoles contra otros.

Y ahí el lenguaje pesa. «A por los rojos» puede ser un grito de unos segundos. Pronunciado en ese contexto, ante militares uniformados que lo celebran y con una cámara delante, deja de ser solo eso.