FACUA lleva a Fiscalía a Vito Quiles por un presunto delito de odio

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vito Quiles ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado por un posible delito de odio ideológico. La asociación señala un mensaje difundido por el agitador en X después de conocerse la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid había desencadenado una importante movilización social.

La denuncia gira alrededor de unas palabras especialmente graves. Quiles escribió, al referirse a personas de izquierdas, que no podía haber «piedad» contra ellas y añadió: «Hay que aniquilarles». También vinculó la muerte de Maricarmen con una supuesta operación política para impedir que la izquierda perdiera las elecciones generales del 29 de noviembre. No aportó pruebas que acreditasen esa acusación.

FACUA lleva el mensaje de Vito Quiles ante la Fiscalía

La organización comunicó este 8 de octubre que ha acudido a la Fiscalía General del Estado para que valore las publicaciones. Eso no significa que Quiles haya sido condenado ni que exista una resolución judicial que califique sus palabras como delito. En este momento existe una denuncia y corresponde a la Fiscalía decidir si los hechos justifican una investigación penal.

Ese matiz resulta esencial. Una cosa es la valoración política, social o moral de unas declaraciones y otra su encaje en el Código Penal. El análisis jurídico tendrá que atender al significado de las expresiones, el contexto en que fueron difundidas, su alcance público y su posible capacidad para fomentar hostilidad o violencia contra personas identificadas por su ideología.

La publicación apareció en una jornada marcada por la tensión política alrededor de la muerte de Maricarmen. Quiles sostuvo que la izquierda podía haberla «asesinado» para evitar perder las elecciones del 29N y acompañó esa acusación de expresiones despectivas contra los «zurdos». Hasta el momento no se han hecho públicas pruebas que sostengan la existencia de un asesinato político.

Qué dice el Código Penal sobre el odio por ideología

El artículo 510 del Código Penal castiga determinadas conductas públicas que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra grupos o personas por distintos motivos. Entre ellos figura expresamente la ideología.

La regulación contempla penas de prisión y multa para algunos de estos supuestos y presta especial atención a la difusión mediante internet o medios capaces de multiplicar el alcance del mensaje. Pero hay una frontera jurídica importante: un insulto político, incluso uno particularmente desagradable, no constituye automáticamente un delito de odio.

El contexto del mensaje será determinante

Los tribunales deben valorar si las expresiones poseen entidad suficiente para generar un clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia. El derecho penal no funciona como una policía de las malas maneras ni convierte cualquier barbaridad escrita en redes en un delito. La libertad de expresión protege también mensajes hirientes, incómodos y profundamente ofensivos.

La discusión cambia cuando las palabras pueden interpretarse como una incitación dirigida contra un colectivo. FACUA entiende que utilizar el verbo «aniquilar» contra personas identificadas por su posición ideológica rebasa la mera descalificación. Será la Fiscalía quien determine si esa interpretación tiene suficiente fundamento jurídico para continuar el procedimiento.

La muerte de Maricarmen, detrás de la nueva polémica

Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Había sido desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante alrededor de siete décadas y permanecía hospitalizada desde entonces. Su situación se había convertido en uno de los rostros más reconocibles del debate sobre la vivienda en España.

El desalojo provocó protestas y movilizaciones que terminaron trascendiendo su caso particular. La imagen de una mujer de 87 años abandonando en silla de ruedas la casa donde había pasado prácticamente toda su vida resumió, con una crudeza difícil de maquillar, buena parte de la crisis de acceso a la vivienda.

Tras el desahucio se alcanzó un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda cuando recibiera el alta hospitalaria. Nunca llegó a hacerlo. Murió antes de poder volver a casa, y su fallecimiento encendió de nuevo las protestas y el enfrentamiento político.

De la crisis de vivienda a una acusación de asesinato

El caso dio un giro abrupto después de su muerte. Distintos perfiles políticos comenzaron a responsabilizar a adversarios ideológicos y a sugerir que podía existir una maniobra relacionada con las elecciones generales. En el caso de Quiles, la acusación llegó acompañada de la afirmación de que quienes identificó como «zurdos» debían ser «aniquilados».

No consta públicamente ninguna prueba que permita afirmar que Maricarmen fuese víctima de un homicidio o de una conspiración política. Sí existen críticas y acusaciones de responsabilidad por las consecuencias que pudo tener el proceso de desahucio sobre una mujer de edad avanzada y con una situación vulnerable, pero eso pertenece a un plano diferente.

La distancia entre ambas afirmaciones no es menor. Señalar posibles responsabilidades políticas, administrativas o sociales por un desahucio es una cosa; sostener que alguien ha cometido un asesinato con finalidad electoral exige evidencias de otra naturaleza. En este caso, esas evidencias no se han hecho públicas.

La frase «hay que aniquilarles», en el centro de la denuncia

El núcleo del escrito de FACUA no es simplemente la controversia sobre Maricarmen, sino la forma en la que Quiles se dirigió a un colectivo definido por su orientación política. Ahí aparece el elemento que la asociación considera jurídicamente relevante: una referencia explícita a «aniquilar» a personas por su ideología.

La expresión se difundió además en una red social y desde una cuenta con una elevada capacidad de propagación. Ese alcance será previsiblemente uno de los elementos que deberán analizarse para establecer si se trata únicamente de un mensaje ofensivo o si puede encajar en los supuestos previstos para la incitación al odio o la violencia.

La libertad de expresión también tiene fronteras penales

La libertad de expresión ocupa una posición central en una democracia y protege opiniones duras, sátiras, exageraciones y ataques políticos que pueden resultar incómodos o incluso repulsivos. Precisamente por eso, la respuesta penal debe aplicarse con cautela. No todo lo intolerable merece cárcel.

Pero esa protección tampoco es absoluta. Cuando una expresión abandona la crítica a ideas, partidos o dirigentes y se dirige contra personas como grupo, vinculando su identidad ideológica con llamamientos a la violencia o la eliminación, el escenario jurídico cambia. Determinar si eso ocurrió en este caso es precisamente lo que deberá resolver la Fiscalía.

Un caso que pone a prueba los límites del discurso político

FACUA ha colocado los mensajes de Vito Quiles en manos de la Fiscalía y será esta la que decida si existe base suficiente para investigar un posible delito de odio. Hasta que exista una decisión judicial, Quiles no puede ser presentado como culpable de ese delito. La presunción de inocencia sigue siendo exactamente la misma, también cuando el ruido político alrededor aconseja olvidarla.

Lo ocurrido, sin embargo, tampoco puede reducirse a otra bronca fugaz de redes sociales. La legislación española contempla expresamente la persecución de determinadas formas de incitación al odio o la violencia por razones ideológicas, y la frase denunciada utiliza un término difícil de considerar neutro: «aniquilar».

El procedimiento deberá delimitar dónde termina una expresión política brutal y dónde empieza una conducta penalmente relevante. FACUA sostiene que esa frontera fue traspasada. La última palabra, como corresponde en un Estado de derecho, no la tendrá una tendencia de X ni una batalla partidista, sino la Fiscalía y, en su caso, los tribunales.