Villajoyosa plantea dos años sin nuevas licencias de pisos turísticos

Villajoyosa quiere poner freno a la expansión de las viviendas turísticas. El gobierno municipal del PP ha propuesto suspender cautelarmente la concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico y de otros alojamientos en determinadas zonas del municipio durante un máximo de dos años.

La medida no supone cerrar los apartamentos que ya funcionan ni una prohibición general en todo el término municipal. Se aplicaría únicamente a los ámbitos y usos concretos señalados por los informes técnicos y entraría en vigor después de la publicación del acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La suspensión terminaría antes de esos dos años si se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que prepara el Ayuntamiento.

La vivienda turística roza el 7% del parque local

El número que ha encendido la luz amarilla está sobre la mesa desde hace meses. Según los informes técnicos municipales utilizados para justificar la propuesta, Villajoyosa tenía a mediados de 2025 alrededor de 1.800 viviendas turísticas inscritas en el Registro Autonómico. Eso equivalía a cerca del 7% de las viviendas del municipio.

Es una proporción significativa para una localidad costera de tamaño medio y ayuda a entender el giro regulatorio. El Ayuntamiento teme que un crecimiento rápido de esta oferta termine reduciendo el parque disponible para residencia habitual, presionando el alquiler y llevando a determinados barrios una concentración turística difícil de corregir después.

El urbanismo tiene esas cosas: suele moverse a ritmo de expediente mientras el mercado va en moto. La suspensión pretende precisamente congelar determinadas implantaciones durante un tiempo para que el nuevo planeamiento no nazca viejo, condicionado por licencias concedidas mientras se escribían las reglas que debían ordenarlas.

Hay, eso sí, una diferencia estadística que conviene tener presente. La serie experimental del INE contabilizaba en mayo de 2026 928 viviendas turísticas, alrededor del 3,6% del parque residencial, pero utiliza una metodología distinta a la del Registro Autonómico empleado por el Ayuntamiento. No son, por tanto, dos fotografías directamente comparables.

La moratoria no afectará por igual a todo Villajoyosa

La palabra moratoria puede sonar a persiana bajada, pero la propuesta es bastante más quirúrgica. Urbanismo plantea intervenir únicamente en aquellas zonas donde los técnicos consideran necesario proteger el uso residencial permanente o evitar que aparezcan nuevas actividades turísticas incompatibles con la regulación que se prepara.

Dependiendo del ámbito, la suspensión podría alcanzar no solo a las viviendas de uso turístico, sino también a bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, campamentos, hostales, pensiones y otras modalidades de alojamiento. No todos esos usos quedarían paralizados en todas las zonas: el alcance dependerá de la clasificación urbanística de cada área.

Ese matiz importa. Villajoyosa no plantea convertir el municipio en un espacio cerrado al alojamiento turístico, sino dibujar una frontera más clara entre los barrios donde se quiere preservar la vivienda habitual y aquellas áreas donde la actividad turística puede seguir teniendo mayor presencia.

Los hoteles tendrán excepciones

La propuesta municipal deja fuera de la suspensión determinadas operaciones. Entre ellas figuran las licencias para hoteles y apartahoteles de tres estrellas o categoría superior, así como ciertos alojamientos cuando todo el edificio se destine a esa actividad y se cumplan las condiciones urbanísticas previstas.

Tampoco quedarían atrapadas por la moratoria las solicitudes presentadas formalmente antes de la publicación del acuerdo en el DOGV. El Ayuntamiento seguirá, además, emitiendo los informes municipales de compatibilidad urbanística conforme al planeamiento actualmente vigente.

En otras palabras, el corte no sería retroactivo. Las viviendas turísticas legales que ya están funcionando podrán continuar y los expedientes correctamente iniciados antes de la entrada en vigor conservarán su recorrido administrativo.

Dos años para cambiar un PGOU que viene de 1999

La suspensión está estrechamente ligada a una modificación puntual del PGOU de 1999, un planeamiento aprobado cuando Airbnb ni siquiera existía y el alquiler turístico a través de plataformas digitales era poco más que ciencia ficción doméstica.

El Ayuntamiento quiere utilizar esos dos años como máximo para introducir una regulación específica capaz de distinguir entre zonas residenciales y turísticas, fijar dónde pueden implantarse nuevos alojamientos y contar con herramientas urbanísticas para actuar frente al crecimiento descontrolado o las actividades irregulares.

El alcalde, Marcos Zaragoza, sostiene que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la economía turística y el derecho de los vecinos a permanecer en la ciudad. La administración local reconoce, al mismo tiempo, que los ayuntamientos no disponen de todas las competencias necesarias para resolver un problema de vivienda que desborda las fronteras municipales.

La cuestión de fondo va más allá del apartamento que se alquila unas semanas en verano. Cuando suficientes viviendas abandonan el mercado residencial para entrar en el turístico, cambia la economía cotidiana de un barrio: menos alquiler estable, más rotación de residentes, precios distintos y, a veces, una convivencia más frágil.

Villajoyosa intenta adelantarse a un problema mayor

El gobierno municipal defiende que la presión todavía no ha alcanzado niveles irreversibles y que precisamente por eso considera este el momento de intervenir. No espera, según su planteamiento, a que la saturación turística sea evidente para empezar a redactar normas.

La medida se suma a otras actuaciones en materia residencial. Villajoyosa ha abierto una Oficina Municipal de Vivienda, destinada a centralizar información sobre alquiler, rehabilitación, ayudas y control de viviendas turísticas ilegales. También se ha adjudicado dentro del Plan Vive de la Generalitat la construcción de 48 viviendas protegidas en el sector PP-23, junto al colegio Gasparot; 15 pasarán al parque público municipal.

El debate tampoco es exclusivo de La Vila. Otros municipios de la provincia de Alicante llevan tiempo endureciendo su planeamiento frente al alojamiento turístico. Alicante capital ha introducido restricciones a nuevas licencias en zonas consideradas saturadas y otros municipios de la Marina Baixa han adoptado limitaciones específicas para proteger determinados espacios residenciales o históricos.

El equilibrio entre turismo y vivienda se juega barrio a barrio

Villajoyosa vive del Mediterráneo, de sus playas, del comercio y de una actividad turística que forma parte de su economía desde mucho antes de que las plataformas digitales convirtieran cualquier salón con balcón en un posible alojamiento vacacional. La discusión no está, por tanto, en elegir entre turistas o vecinos; planteada así sería demasiado sencilla.

Lo que se decide es cuánto alojamiento turístico puede asumir cada zona, dónde debe preservarse prioritariamente la vivienda habitual y qué reglas tendrán que cumplir los nuevos proyectos cuando termine la moratoria.

Si el pleno aprueba la propuesta y esta se publica posteriormente en el DOGV, empezará un periodo de hasta dos años en el que determinadas nuevas licencias quedarán suspendidas mientras se reforma el PGOU. Las viviendas turísticas existentes no desaparecerán. Lo que Villajoyosa intenta detener, al menos temporalmente, es el crecimiento en aquellas zonas donde teme que esperar unos años más convierta un problema regulable en uno mucho más difícil de deshacer.