Rego confirma que Extremadura recibirá más menores migrantes de Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado este jueves 15 de octubre que Extremadura ya está acogiendo a menores migrantes procedentes de Ceuta y que llegarán más en las próximas semanas. La titular de Infancia ha defendido que los traslados continuarán porque forman parte del mecanismo legal de redistribución entre comunidades autónomas y porque, según los datos que maneja el Gobierno, el sistema extremeño dispone todavía de capacidad.

Rego ha endurecido además el tono político. Durante su intervención en Mérida sostuvo que las nuevas llegadas se producirán pese al rechazo expresado por PP y Vox, partidos que gobiernan conjuntamente en Extremadura. La ministra insistió en que el reparto no depende de la voluntad política de cada territorio cuando concurren las condiciones previstas por la legislación estatal. Hay, sin embargo, una batalla paralela sobre las cifras: Gobierno central y Junta de Extremadura ofrecen diagnósticos muy diferentes sobre cuántas plazas están realmente disponibles.

Rego confirma que seguirán llegando menores a Extremadura

La ministra hizo estas declaraciones durante el IX Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, celebrado en Mérida. Allí aseguró que el sistema extremeño de protección de menores se encuentra ocupado aproximadamente en un tercio de su capacidad y utilizó ese dato para defender la continuidad de las derivaciones desde Ceuta.

El mensaje de Rego fue inequívoco: el Ejecutivo considera que Extremadura deberá asumir nuevas acogidas porque existe un mecanismo vinculante de redistribución y porque Ceuta atraviesa una situación excepcional. La ministra situó en torno a 3.000 los menores migrantes que continúan en la ciudad autónoma pendientes de que avance una solución progresiva.

No es una cuestión menor. Ceuta tiene fijada oficialmente una capacidad ordinaria de apenas 29 plazas para menores extranjeros no acompañados, mientras que a Extremadura se le atribuye una capacidad de 364. La diferencia ayuda a entender por qué el Gobierno ha activado un sistema pensado para descargar los territorios fronterizos cuando su red de protección queda ampliamente desbordada.

La ley fija 364 plazas de capacidad ordinaria en Extremadura

El marco actual procede de la reforma aprobada para afrontar situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. La legislación permite una redistribución territorial de menores cuando determinados territorios soportan una presión muy superior a su capacidad ordinaria de acogida.

El Gobierno actualizó esas cifras mediante el real decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección. El cálculo sitúa el total nacional en 17.081 menores y asigna a Extremadura 364 plazas. Andalucía figura con 3.009, Cataluña con 2.829, Madrid con 2.471 y la Comunidad Valenciana con 1.903.

La norma no significa, sin embargo, que esas 364 plazas equivalgan necesariamente a camas vacías y disponibles de inmediato. Ahí está precisamente una parte importante del choque institucional: una cosa es la capacidad teórica utilizada por el Estado para organizar el reparto y otra, sostiene la Junta, la situación diaria de los centros y de sus profesionales.

Gobierno y Junta manejan dos fotografías muy distintas

El Ejecutivo central ha defendido que la ocupación de menores migrantes en Extremadura se encuentra muy por debajo de esa capacidad ordinaria y que existe margen para nuevas incorporaciones. Esa lectura sirve de base a la afirmación de Rego de que el sistema está utilizado en torno a un tercio de su capacidad.

La Junta de Extremadura rechaza esa interpretación. El Gobierno autonómico ha advertido de que comparar únicamente el número de menores extranjeros no acompañados atendidos con las 364 plazas fijadas por el Estado mezcla magnitudes diferentes y no refleja la disponibilidad real de los centros.

La Administración extremeña sostiene que sus recursos atienden también a menores españoles y a otros niños bajo tutela pública, y que las plazas no son intercambiables de manera automática. Ahí está el nudo, bastante menos sencillo de lo que permiten algunos eslóganes: Estado y Junta hablan de capacidad, pero no están utilizando exactamente la misma fotografía del sistema.

Ceuta mantiene unos 3.000 menores bajo presión asistencial

Rego ha situado de nuevo a Ceuta en el centro del problema. Según explicó, el Ministerio de Juventud e Infancia puso desde comienzos de agosto recursos y plazas a disposición de la ciudad autónoma para facilitar los traslados a la Península. La ministra sostiene que la ejecución concreta de esas salidas necesita también la actuación de Ceuta, responsable de la tutela de los menores que se encuentran en situación de desamparo.

El escenario ceutí cambió de escala tras la fuerte presión migratoria registrada durante el verano. La capacidad ordinaria de la ciudad, fijada en 29 menores extranjeros no acompañados, queda diminuta frente a los miles de niños y adolescentes que han llegado a quedar bajo su sistema de protección.

La dificultad no consiste únicamente en encontrar edificios. Los traslados implican tutela administrativa, escolarización, asistencia sanitaria, educadores, intérpretes, acompañamiento jurídico y recursos especializados. Un menor no acompañado no pasa de una comunidad a otra como una cifra presupuestaria: detrás de cada expediente hay una tutela que debe ser transferida y una Administración que pasa a responder legalmente por ese niño.

PP y Vox rechazan el modelo de reparto

El conflicto político venía calentándose desde hace meses. Vox ha mostrado su rechazo a la llegada de menores migrantes procedentes de territorios sometidos a una presión extraordinaria y ha convertido la política de acogida en uno de sus principales frentes. En Extremadura, donde gobierna junto al Partido Popular, la cuestión ha terminado chocando de lleno con el mecanismo diseñado por el Estado.

Rego ha respondido llevando el debate directamente al terreno del cumplimiento de la ley. Su tesis es que una comunidad puede discrepar del sistema, recurrirlo ante los tribunales o cuestionar sus cálculos, pero mientras la regulación siga vigente tendrá que aplicarla.

La ministra también acusó a la derecha y la extrema derecha de utilizar la inmigración para alimentar un discurso de rechazo y defendió que la disponibilidad de recursos públicos depende en buena medida de las decisiones fiscales. Es la parte más política de una intervención en la que migración y financiación volvieron a mezclarse, dos asuntos que rara vez pasan por el debate español sin levantar temperatura.

Cuántos menores llegarán todavía no está definido

La novedad concreta del anuncio de Rego es clara: Extremadura seguirá recibiendo menores migrantes procedentes de Ceuta. La ministra no ha precisado cuántos serán ni ha fijado un calendario detallado, de manera que cualquier cifra adicional supondría adelantarse a unos expedientes que todavía deben tramitarse.

Lo que sí está definido es el tablero. El Estado fija para Extremadura una capacidad ordinaria de 364 menores extranjeros no acompañados y sostiene que existe margen; la Junta replica que la ocupación efectiva de toda su red de protección es mucho mayor de lo que refleja una simple resta sobre esa cifra.

Extremadura, ante nuevas derivaciones desde Ceuta

El pulso institucional seguirá jugando buena parte de sus cartas en torno a las plazas disponibles, la financiación y la aplicación efectiva del sistema de reparto. Mientras el Gobierno presenta la redistribución como una obligación legal para aliviar territorios desbordados, la Junta insiste en que la capacidad real no puede medirse únicamente sobre el papel.

En Ceuta la presión continúa y en Extremadura las primeras acogidas ya se han producido. El mensaje lanzado por Rego desde Mérida deja una consecuencia concreta: habrá nuevas llegadas de menores. El número y el ritmo dependerán de los expedientes que se vayan resolviendo y de una coordinación administrativa que, por ahora, avanza envuelta en una disputa política de fondo.