Casi la mitad de los adultos españoles recibió golpes en su infancia

Casi uno de cada dos adultos en España, el 48,6%, recuerda haber recibido bofetones o golpes como forma de castigo durante su infancia o adolescencia. El dato procede del primer estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas dedicado específicamente a las actitudes y opiniones sobre la infancia y la adolescencia y pone una cifra bastante incómoda a algo que durante décadas formó parte de la educación doméstica con una normalidad casi de sobremesa.

La fotografía no termina en la bofetada. El 49,1% sufrió insultos o humillaciones que le hicieron sentirse menospreciado; el 32,5% afirma que fue golpeado, empujado, agarrado del pelo o atacado con objetos para asustarlo o hacerle daño, mientras que un 17,3% recuerda patadas o palizas. Son respuestas de adultos mirando hacia atrás, a infancias separadas por varias décadas, pero juntas dibujan una España donde la violencia física y emocional tuvo una presencia difícil de despachar como una simple costumbre de otros tiempos.

El estudio también revela algo más profundo que una colección de malos recuerdos. Muchas conductas que antes se consideraban disciplina están hoy reconocidas como violencia contra los menores, y la evidencia científica tampoco respalda la vieja idea de que pegar educa. La Organización Mundial de la Salud relaciona el castigo corporal con peores resultados físicos y psicológicos, mayor agresividad y problemas de conducta, sin encontrar efectos positivos en el desarrollo infantil. El famoso «a mí me pegaron y no me pasó nada» resiste bien en las conversaciones familiares; bastante peor cuando se le ponen datos delante.

Un estudio que mezcla varias generaciones de infancia

El CIS realizó 6.028 entrevistas a mayores de 18 años repartidos por 1.422 municipios y 50 provincias entre el 17 y el 25 de septiembre de 2026. El margen de error estimado es de 1,3 puntos porcentuales. Se trata, por tanto, de una muestra amplia, aunque hay una precaución importante: las respuestas son retrospectivas y reúnen experiencias infantiles de personas que crecieron en momentos sociales muy distintos.

No vivió la misma infancia quien nació en los años cuarenta o cincuenta que quien pasó por el instituto en pleno auge de WhatsApp e Instagram. Durante buena parte del siglo XX, un cachete podía presentarse como una herramienta educativa ordinaria; el cambio cultural y legal posterior ha desplazado progresivamente esa frontera. De ahí que el 48,6% no pueda interpretarse como una medida de cuántos niños reciben golpes actualmente, sino como la huella acumulada del castigo físico en distintas generaciones.

También importa lo que la encuesta no permite saber. El cuestionario recoge qué experimentaron los encuestados, pero no identifica en cada respuesta a quien ejerció la violencia. No todos los golpes tuvieron necesariamente lugar dentro de casa ni todos los episodios tuvieron la misma frecuencia o gravedad. El dato central sigue siendo notable, pero conviene leerlo por lo que realmente mide: adultos que recuerdan determinadas experiencias durante su niñez o adolescencia.

La bofetada dejó de ser una herramienta educativa

La legislación española es hoy inequívoca. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia incluye expresamente entre las formas de violencia los castigos físicos, humillantes o denigrantes, mientras que el Código Civil establece que la responsabilidad parental debe ejercerse respetando la integridad física y mental de hijos e hijas.

La distancia entre esta concepción y la crianza de generaciones anteriores es enorme. Durante años, expresiones como «una bofetada a tiempo» funcionaron casi como refranes pedagógicos. Había golpes que ni siquiera recibían ese nombre: eran correcciones, azotes, cachetes, maneras de poner límites. Cambiaba la palabra y parecía cambiar la naturaleza del gesto. No lo hacía.

Esa normalización ayuda a entender por qué tantas personas contestan afirmativamente cuando el CIS pregunta por experiencias que, en su momento, pudieron no haber sido interpretadas por ellas mismas como maltrato. El contexto social cambia; el recuerdo permanece. Y también cambia el vocabulario con el que una sociedad decide mirar su pasado.

Humillaciones, miedo y desatención también dejan rastro

Los golpes son únicamente una pieza. El estudio muestra que el 49,1% de los adultos fue insultado o humillado durante la infancia o adolescencia hasta sentirse menospreciado. Alrededor de un tercio recuerda haber sido ignorado o tratado con indiferencia y una proporción similar sintió desatención ante problemas emocionales, escolares o personales importantes.

Un 10,7% señala incluso haber recibido cuidados insuficientes en cuestiones básicas como alimentación, higiene o ropa. Aquí la violencia pierde la espectacularidad del golpe —no hay ruido, ni moratón necesariamente— y entra en un territorio menos visible: abandono emocional, desprecio, negligencia. Precisamente por eso resulta más fácil que pase inadvertida.

La propia ley española adopta una definición amplia de violencia infantil que no se limita a la agresión física. Incluye el maltrato psicológico o emocional, el trato negligente, las amenazas, el acoso, la violencia sexual y también las conductas ejercidas mediante tecnologías digitales. Proteger a un menor no consiste únicamente en no pegarle.

La violencia sexual aparece en otra zona especialmente oscura

Los resultados sobre violencia sexual son igualmente relevantes. Cerca de tres de cada diez adultos recuerdan comentarios, insinuaciones o comportamientos sexuales que les hicieron sentirse incómodos durante su infancia o adolescencia. El 17% afirma haber sufrido besos, tocamientos u otros contactos físicos de carácter sexual no deseados, y el 8,8% señala que le obligaron a tocar partes íntimas de otra persona o a realizar actos sexuales que no quería.

Son porcentajes especialmente preocupantes porque, a diferencia del castigo físico, cuya aceptación social ha retrocedido, la violencia sexual contra menores mantiene una presencia persistente. También es una de las formas de violencia más difíciles de detectar: ocurre con frecuencia lejos de testigos, puede implicar a personas del entorno cercano y muchas víctimas tardan años en poner nombre a lo ocurrido.

La Ley de Protección Integral de 2021 nació precisamente con una mirada más amplia sobre estas situaciones, desde la prevención hasta la detección precoz y la reparación. No es un matiz jurídico menor. Supone pasar del esquema antiguo —actuar cuando el daño resulta evidente— a otro en el que colegios, familias, servicios públicos y profesionales tienen responsabilidades preventivas.

Internet añadió nuevas formas de violencia

Para las generaciones más jóvenes, la agresión ya no necesita siquiera compartir habitación con la víctima. Entre los entrevistados de 40 años o menos, el 26,3% recuerda haber recibido insultos, amenazas o acoso a través de internet, redes sociales o aplicaciones de mensajería durante su infancia o adolescencia. Otro 23,5% recibió proposiciones o contenidos sexuales no deseados o sufrió presiones relacionadas con imágenes íntimas.

El CIS limita estas preguntas a los grupos de edad que pudieron crecer con internet, una distinción metodológica bastante obvia pero necesaria. Comparar el ciberacoso sufrido por una persona de 25 años con el de alguien que fue adolescente en 1965 conduciría a descubrimientos sociológicos bastante modestos.

También aparecen señales de control dentro de las primeras relaciones de pareja. Entre quienes tuvieron novio o novia siendo menores, el 19,3% asegura que su pareja intentó controlar dónde estaba o con quién; un 11,8% sufrió insultos, humillaciones o amenazas y un 10,7%, agresiones físicas como empujones, golpes, agarrones o tirones de pelo.

El castigo pierde terreno, aunque no desaparece de la mentalidad

Hay una contradicción interesante en las respuestas. La sociedad española ha avanzado hacia modelos educativos basados en el diálogo, pero la idea del castigo conserva resistencia cultural. Más de la mitad de los participantes está de acuerdo, en distinto grado, con que a los niños hay que enseñarles a obedecer desde pequeños aunque para ello se utilicen castigos, sin que esa pregunta especifique que deban ser físicos.

La diferencia es importante. Poner una consecuencia por incumplir una norma no equivale a pegar, humillar o asustar. El problema empieza cuando autoridad y violencia se confunden, algo que durante años quedó encapsulado en otra idea muy española: los padres saben lo que hacen porque son los padres.

La ciencia lleva tiempo desmontando esa equivalencia. La OMS sostiene que el castigo corporal está asociado a mayor agresividad, dificultades emocionales y peores resultados educativos, además de efectos negativos sobre la salud física y mental, y advierte de que incluso las formas consideradas leves pueden escalar hacia agresiones más graves. No encuentra beneficios que compensen esos riesgos.

Educar implica poner límites. Evidentemente. Pero un límite no necesita venir acompañado de miedo para ser un límite, del mismo modo que la autoridad adulta no aumenta porque la mano llegue antes que las palabras.

Una sociedad más consciente, pero todavía poco satisfecha

El estudio del CIS no se limita al pasado personal. También pregunta cómo se percibe la situación de los menores en la España actual, y ahí aparece una mezcla extraña de progreso y desconfianza. Un 64,2% considera que las administraciones públicas se preocupan poco o nada por defender y proteger a niños y adolescentes.

La percepción sobre los centros educativos tampoco resulta especialmente complaciente: alrededor del 63% considera insuficiente su atención a quienes sufren acoso escolar. Al mismo tiempo, siete de cada diez entrevistados creen que los niños de esta generación tendrán una vida peor que la de sus padres cuando lleguen a adultos. Esa última cifra traslada el debate desde la violencia hasta algo todavía más amplio: la sensación de un futuro más difícil para quienes ahora son menores.

Entre los problemas señalados aparecen las pantallas, las redes sociales, la falta de atención familiar o la denominada carencia de valores. Viejas preocupaciones con envoltorios nuevos. Pero el propio estudio obliga a introducir una perspectiva algo menos cómoda: antes de preguntarse únicamente qué les pasa a los niños de ahora, también conviene mirar qué les ocurrió a los adultos que los educan.

Una vieja normalidad que los datos obligan a revisar

El 48,6% no significa que la mitad de los niños españoles esté siendo golpeada actualmente. Significa algo distinto y, quizá por eso, más revelador: casi la mitad de los adultos encuestados recuerda haber recibido bofetones o golpes como castigo cuando era menor. La cifra reúne generaciones, contextos familiares y épocas muy distintas, pero describe con bastante claridad hasta qué punto el castigo físico estuvo normalizado en España.

También permite medir el cambio. Lo que durante décadas pudo presentarse como disciplina doméstica está hoy definido legalmente como una forma de violencia, mientras que la evidencia médica y psicológica cuestiona cualquier supuesto valor educativo del golpe. La frontera se ha movido mucho, aunque algunas ideas continúan instaladas en el lenguaje y en las costumbres.

Y quizá ahí esté el dato más incómodo de todos. España no está descubriendo de repente que existían bofetadas en las casas. Eso lo sabía cualquiera que haya escuchado una conversación familiar durante más de cinco minutos. Lo nuevo es poner números a aquella normalidad y comprobar que, vista desde 2026, era bastante menos inocente de lo que durante años nos contamos.