Cuba permite a particulares importar mercancías con fines comerciales

Cuba ha dado uno de los giros económicos más llamativos de los últimos años: las personas naturales podrán introducir mercancías con carácter comercial y regularizarlas ante la Aduana cuando, por su cantidad, repetición o naturaleza, excedan los límites establecidos para el uso personal. La medida entrará en vigor el 12 de octubre de 2026 y afecta tanto al equipaje de viajeros como a determinados envíos procedentes del extranjero.

El cambio tiene una traducción bastante concreta. Hasta ahora, un cargamento considerado comercial podía terminar retenido o decomisado. Con las nuevas reglas, el propietario podrá acogerse a un segundo despacho aduanero, pagar los correspondientes aranceles y conservar la mercancía. Eso sí: los pagos se realizarán en dólares estadounidenses. Apertura económica, por tanto, pero con caja registradora.

Cuba rompe una vieja barrera de su modelo económico

La reforma está recogida en el Decreto-Ley 132/2026 del Consejo de Estado y se completa con la Resolución 197/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios y la Resolución 340/2026 de la Aduana General de la República. Las disposiciones fueron publicadas en la edición ordinaria número 83 de la Gaceta Oficial.

No es un cambio menor dentro de un sistema que durante décadas reservó al Estado un papel dominante sobre el comercio exterior. Pero tampoco significa, conviene precisarlo, que cualquier ciudadano cubano pase a convertirse de repente en importador profesional con todas las facultades de una empresa dedicada al comercio internacional.

La norma crea una vía legal para mercancías de carácter comercial introducidas mediante canales que tradicionalmente se consideraban no comerciales, principalmente viajeros y paquetería. El Gobierno cubano ordena así una actividad que llevaba años existiendo en los márgenes, impulsada por pequeños negocios, familiares residentes en el extranjero y particulares que transportaban productos difíciles de conseguir dentro de la isla.

Del decomiso al despacho comercial

El cambio se entiende mejor con una maleta abierta sobre la mesa de la Aduana. Hasta ahora, si un viajero llevaba una cantidad de productos que superaba claramente lo razonable para su consumo personal —decenas de pares de zapatos, por ejemplo—, las autoridades podían considerar que existía una finalidad comercial y decomisar el excedente.

Desde el 12 de octubre, la parte admitida como importación personal continuará tramitándose por el régimen ordinario y el resto podrá pasar a otro despacho con carácter comercial. El viajero tendrá que declarar las mercancías y pagar los correspondientes gravámenes.

La propia regulación utiliza ejemplos muy gráficos. En el caso de una persona que viaje con unos 90 kilos de zapatos de mujer, una parte puede entrar dentro de los límites no comerciales mientras el excedente se somete al nuevo procedimiento. El detalle resulta casi doméstico, pero retrata perfectamente la magnitud de la reforma: lo que ayer era sospechoso y decomisable pasa a convertirse en mercancía gravada.

No desaparecen, claro, todos los controles. Las autoridades mantienen la posibilidad de decomisar productos prohibidos, mercancías vinculadas a declaraciones fraudulentas y otros bienes que incumplan la legislación cubana.

Los aranceles se pagarán en dólares

Aquí aparece una de las partes más relevantes —y probablemente más controvertidas— de la medida. La apertura comercial no se liquidará en pesos cubanos, sino fundamentalmente en dólares estadounidenses, una moneda cuyo peso real en la economía de la isla lleva tiempo creciendo mucho más deprisa que su presencia formal en el discurso oficial.

Para los viajeros se establece una escala de gravámenes que comienza en el 15 % para mercancías de hasta 2.000 dólares. La tasa asciende al 20 % para valores superiores a 2.000 y hasta 4.000 dólares, al 25 % entre 4.000 y 6.000 y al 30 % cuando se superan los 6.000 dólares.

En los envíos, el arancel previsto es del 30 %. A ello pueden añadirse los servicios asociados al despacho aduanero, también pagaderos en divisas según las condiciones establecidas.

El Gobierno logra así dos cosas de una tacada: flexibiliza una prohibición que resultaba cada vez más difícil de sostener y obtiene ingresos en moneda fuerte de un circuito comercial que ya funcionaba, solo que de manera informal o sometido a una considerable inseguridad jurídica.

También afecta a motos y determinados vehículos

Las normas contemplan igualmente la entrada de determinados medios de transporte. Entre ellos figuran ciclomotores, motocicletas y triciclos, tanto eléctricos como, dentro de ciertos límites, de combustión interna.

La regulación establece condiciones específicas según el vehículo y la vía utilizada para introducirlo en Cuba. Para algunas motocicletas de combustión y determinados triciclos, la importación por personas naturales queda limitada a una operación cada cinco años.

También se mantiene la posibilidad de importar una vez determinados automóviles totalmente eléctricos. Cuando el vehículo llega acompañado de una estación de carga alimentada por fuentes renovables pueden aplicarse beneficios aduaneros específicos. La intención oficial mezcla así recaudación, abastecimiento y una tímida preferencia por tecnologías energéticas menos dependientes del combustible, un bien particularmente escaso en la isla.

Una apertura que no equivale a liberalizar el comercio exterior

El matiz jurídico importa. El nuevo régimen no concede a las personas naturales facultades generales de comercio exterior. No estamos ante una liberalización completa de las importaciones ni ante la desaparición del control estatal sobre ese sector.

Lo que hace La Habana es mucho más pragmático: reconoce que ciertos productos llegan en cantidades comerciales mediante viajeros y envíos y, en lugar de expulsarlos automáticamente del circuito mediante decomisos, permite regularizarlos previo pago.

La frontera parece semántica, pero tiene consecuencias económicas. Muchos pequeños negocios cubanos han dependido durante años de mercancías transportadas en maletas o remitidas desde otros países: ropa, piezas, herramientas, componentes electrónicos, artículos para el hogar y productos imposibles de encontrar con regularidad en el mercado estatal.

Convertir parte de ese flujo en una actividad formal y gravada puede reducir riesgos para quienes transportan productos y, al mismo tiempo, ampliar la oferta disponible en tiendas y negocios privados. No solucionará por sí solo la escasez. Ni de lejos. Pero puede ensanchar uno de los pocos canales capaces de introducir bienes con cierta rapidez.

La reforma forma parte de 176 medidas económicas

La decisión no aparece aislada. Está incluida en un paquete de 176 medidas económicas con el que el Ejecutivo cubano intenta reactivar una economía golpeada por la falta de divisas, la baja producción interna, las dificultades energéticas y el desabastecimiento.

Durante los últimos meses, el Gobierno ha ido abriendo espacios que durante mucho tiempo estuvieron sometidos a fuertes restricciones. También ha ampliado las posibilidades de actuación de determinadas empresas extranjeras y el sector privado ocupa cada vez más terreno en actividades comerciales que la red estatal tiene serias dificultades para abastecer.

El escenario explica buena parte del viraje. Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, con apagones, problemas de transporte, escasez de productos básicos y dificultades para obtener combustible. A ello se suma el efecto de las sanciones estadounidenses y de las restricciones financieras exteriores, mientras economistas cubanos señalan también problemas internos acumulados durante décadas: baja productividad, distorsiones monetarias y una regulación extremadamente rígida.

La imagen resulta paradójica. El Estado mantiene su arquitectura socialista y buena parte de sus controles, pero recurre cada vez más a mecanismos privados para llenar estanterías que el propio sistema público no consigue abastecer. La economía tiene esas ironías: a veces una reforma ideológica comienza simplemente porque falta champú, una pieza de recambio o un paquete de café.

Una apertura económica empujada por la escasez

La autorización de importaciones comerciales por particulares marca un cambio significativo porque transforma una práctica tolerada a medias en un procedimiento reconocido por la legislación. Desde el 12 de octubre, determinadas mercancías que antes podían terminar confiscadas tendrán una puerta de entrada legal, aunque cara y denominada en dólares.

No supone el abandono del modelo económico cubano ni una liberalización plena del comercio exterior. Sí revela algo más inmediato: La Habana necesita que circulen productos, entren divisas y crezca la oferta, y para ello necesita también al sector privado en espacios que durante décadas fueron territorio casi exclusivo del Estado.

Es una reforma pragmática, nacida menos de una conversión doctrinal que de la realidad cotidiana. El mercado que durante años entraba por la puerta de atrás acaba de recibir una ventanilla en la Aduana.