Exparejas denuncian violencia doméstica en patrullas ultras británicas

Varias de las patrullas callejeras antiinmigración que han aparecido en Reino Unido presentándose como grupos destinados a “proteger a mujeres y niños” están siendo señaladas por una contradicción difícil de disimular. Siete mujeres han relatado haber sufrido violencia doméstica a manos de hombres vinculados de forma destacada a este movimiento, incluidos responsables de grupos que recorren calles, vigilan zonas próximas a colegios o protestan frente a alojamientos relacionados con solicitantes de asilo.

Los testimonios describen episodios de control coercitivo, amenazas y agresiones físicas. Algunos de los hombres mencionados cuentan además con condenas judiciales o antecedentes documentados por delitos violentos. Mientras tanto, estas patrullas utilizan chalecos reflectantes, en ocasiones prendas anticuchillo y hasta esposas, y justifican su presencia en la calle con un discurso de seguridad, inmigración y defensa de las mujeres. Ahí está el nudo de la historia: quienes aseguran querer protegerlas son acusados, en algunos casos por sus propias exparejas, de haberlas aterrorizado dentro de casa.

Siete mujeres rompen el silencio sobre las patrullas antiinmigración

La investigación parte del testimonio de siete supervivientes de violencia doméstica. Sus identidades han sido protegidas en varios casos mediante nombres ficticios, pero sus relatos dibujan un patrón que va más allá de una disputa política sobre inmigración.

Una de ellas, identificada como Lisa, explicó que su expareja ejercía un control constante durante la relación: la mantenía en casa, la sometía a abusos emocionales y físicos y llegó, según su relato, a atacarla con un machete. La mujer asegura que las amenazas continuaron incluso después de conseguir abandonar la relación.

Ese mismo hombre participa actualmente en movilizaciones frente a viviendas que, según los organizadores de las protestas, alojan a solicitantes de asilo. También coordina a grupos de hombres que recorren las calles con la supuesta misión de proteger a la población femenina.

Lisa interpreta esa actividad desde una experiencia mucho más íntima. Para ella, detrás de la nueva autoridad que su expareja ha encontrado en la calle permanece el mismo elemento que marcó su relación: el poder y el control.

El episodio del machete terminó con intervención policial y arresto, aunque aquellos hechos no desembocaron en una condena. Esa distinción es importante. Los testimonios de las supervivientes, las medidas judiciales de protección y las condenas existentes no son categorías equivalentes, aunque juntas permiten observar el fenómeno con una luz bastante menos heroica que la proyectada por sus protagonistas.

Patrullar para “proteger” a las mujeres

En Reino Unido han surgido al menos 14 grupos de patrulla callejera de este tipo en distintas localidades. Han recibido decenas de miles de libras mediante donaciones públicas y algunas figuras políticas han respaldado la idea de aumentar este tipo de vigilancia ciudadana.

No se limitan a repartir folletos o celebrar manifestaciones. Algunos grupos salen a la calle uniformados con chalecos de alta visibilidad; determinados miembros utilizan también chalecos resistentes a arma blanca y llevan esposas. La estética importa: pretende transmitir autoridad aunque no se trate de agentes de policía.

Parte de estas patrullas ha parado, interrogado o exigido documentación a hombres de color. La frontera entre vigilancia vecinal y vigilantismo se vuelve entonces muy fina, casi transparente.

El argumento empleado suele ser sencillo y tremendamente eficaz desde el punto de vista político: las calles serían inseguras, determinados inmigrantes representarían una amenaza y un grupo de ciudadanos tendría que intervenir para defender a mujeres y menores.

El problema surge cuando se observa quién está detrás.

El historial de algunos dirigentes cuestiona ese discurso

El caso de Reece McCarron resulta especialmente revelador. Fundó Corby Guard con el argumento de que quería reaccionar después de haber visto a una persona realizando supuestos acercamientos a una menor que regresaba del colegio.

Meses después fue condenado por control coercitivo sobre su expareja. También había sido acusado de otros delitos graves después de irrumpir en la vivienda de la mujer y amenazarla; determinados cargos fueron posteriormente retirados al desaparecer el apoyo de la víctima a la acusación. Eso no equivale a una absolución sobre aquellos hechos, pero tampoco permite presentarlos como delitos probados judicialmente.

En las primeras patrullas de Corby Guard participó asimismo James Kenna, sobre quien había recaído anteriormente una orden de protección relacionada con violencia doméstica.

Otro grupo, Heywood Community Guard, fue impulsado por Adam Farrell y Jamie Thomason. Sus patrullas llegaron a provocar que varios centros educativos adoptaran medidas de confinamiento mientras sus integrantes se situaban cerca de las instalaciones.

Farrell fue encarcelado en 2022 por un ataque racista que dejó a un hombre con lesiones cerebrales de consecuencias permanentes. Thomason, por su parte, había sido condenado años antes por un episodio relacionado con una expareja: acudió a su domicilio, golpeó la puerta, amenazó con cortarle el cuello y golpeó su vehículo.

El contraste con la retórica de protección resulta, como mínimo, áspero.

Cuando la violencia privada encuentra una causa pública

No toda persona que participa en una protesta antiinmigración es violenta, del mismo modo que una ideología no convierte automáticamente a alguien en agresor doméstico. Confundir correlación con causalidad sería cómodo, pero periodísticamente pobre.

Lo relevante aquí es otra cosa: varias mujeres identifican en las actividades públicas de sus exparejas comportamientos que reconocen demasiado bien. Dominio, intimidación, vigilancia y búsqueda de autoridad, construcción de un enemigo y legitimación del uso de la fuerza aparecen tanto en algunos relatos de violencia doméstica como en determinadas formas de vigilantismo callejero.

Claire, otra de las mujeres que ha denunciado su experiencia, relató años de comportamiento violento de su expareja, incluidas llamadas reiteradas a la policía. Según su testimonio, fue agredida estando embarazada y, en otra ocasión, el hombre le tiró del pelo y la agarró por el cuello.

Más tarde él adquirió visibilidad pública mediante patrullas callejeras y acciones próximas a colegios.

Hay algo inquietante en esa metamorfosis: el control ejercido entre cuatro paredes puede reaparecer revestido de misión comunitaria, con un chaleco reflectante encima y una bandera detrás. Cambia el escenario; el lenguaje del poder, no siempre.

Una violencia doméstica que afecta a millones de personas

El contexto británico tampoco permite tratar estos casos como una anécdota marginal. Las estadísticas oficiales estimaron que alrededor de 3,8 millones de personas mayores de 16 años sufrieron algún tipo de abuso doméstico en Inglaterra y Gales durante el año terminado en marzo de 2025.

La incidencia fue mayor entre las mujeres: aproximadamente 2,2 millones declararon haber sufrido violencia doméstica durante ese periodo, frente a unos 1,5 millones de hombres.

El control coercitivo, precisamente uno de los comportamientos citados en estos casos, está reconocido como delito en Inglaterra y Gales desde 2015. La policía registró 49.557 delitos relacionados con conducta controladora o coercitiva durante el año terminado en marzo de 2025.

No se trata únicamente de golpes. La violencia doméstica puede consistir también en aislamiento, vigilancia, amenazas, restricciones económicas, humillación o control sobre los movimientos de la pareja. La jaula puede no tener barrotes. Sigue siendo una jaula.

El vigilantismo ocupa el espacio que debería pertenecer a la policía

Las patrullas civiles introducen además otra cuestión: quién tiene legitimidad para identificar a un sospechoso, pedir documentación o determinar que una persona constituye una amenaza.

Un chaleco amarillo no concede poderes policiales. Tampoco una cuenta multitudinaria en redes sociales, una bandera nacional o varios miles de libras recaudados mediante donaciones.

Cuando ciudadanos organizados comienzan a seleccionar personas por su aspecto, interrogarlas o señalarlas como potencialmente peligrosas por su origen, el discurso de seguridad empieza a confundirse con prácticas de intimidación y perfilado racial.

Y cuando algunos de sus responsables arrastran condenas por violencia o son señalados por antiguas parejas como agresores, la paradoja deja de ser retórica.

La palabra “protección” queda bajo sospecha

Las revelaciones británicas no prueban que todas las patrullas antiinmigración estén dirigidas por agresores ni que todos sus integrantes compartan historiales violentos. Sí desmontan una imagen cuidadosamente construida: la del grupo de hombres que aparece espontáneamente para defender a mujeres indefensas frente a una amenaza exterior.

Las siete supervivientes sitúan otra amenaza mucho más cerca.

Sus testimonios obligan a mirar detrás de los chalecos reflectantes, los vídeos de patrullas y la escenografía de orden público. La violencia contra las mujeres no desaparece porque quien la ejerce adopte posteriormente el lenguaje de su defensa.

A veces incluso sucede lo contrario. La retórica de protección proporciona prestigio, autoridad y una causa. Justo aquello que, según algunas de las mujeres que convivieron con estos hombres, siempre buscaron.