El Gobierno destinará 45 millones a crear 2.000 plazas universitarias

El Gobierno prepara una inversión de 45 millones de euros para ampliar el alojamiento universitario asequible en España. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 19 de octubre que el Consejo de Ministros aprobará el paquete el martes 20, con el objetivo de poner en marcha cerca de 2.000 nuevas plazas vinculadas a siete proyectos concretos.

No se trata, por tanto, de una ayuda económica que los estudiantes puedan solicitar directamente. El dinero irá destinado a proyectos de alojamiento universitario promovidos por universidades y entidades públicas, con la intención de aumentar una oferta que se ha quedado pequeña en numerosas ciudades. Encontrar habitación cerca del campus se ha convertido, para muchos alumnos, en una especie de segundo examen de acceso: menos académico, bastante más caro.

Siete proyectos recibirán los 45 millones de euros

La financiación anunciada por Sánchez se repartirá entre actuaciones que ya estaban siendo preparadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La mayor partida corresponde a la Universidad Autónoma de Madrid, con 13,36 millones de euros. La Universidad de Castilla-La Mancha recibirá alrededor de 8,19 millones para su actuación en Albacete y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, dispondrá de unos 6,5 millones.

También figuran la Universidad de Burgos, con 5,94 millones; la Universitat Jaume I de Castelló, con 4,45 millones; la Universidad de Jaén, con 3,56 millones, y el Ayuntamiento de Lleida, con 2,97 millones. Las cantidades suman los 45 millones previstos.

Los proyectos se distribuyen entre Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Buena parte de las actuaciones previstas parten de suelo público o universitario disponible y urbanísticamente consolidado, un detalle nada menor: disponer ya de los terrenos puede acortar el camino entre el anuncio presupuestario y las obras reales.

El Gobierno eleva la previsión hasta cerca de 2.000 plazas

Hay un matiz en las cifras que merece atención. Cuando Vivienda presentó esta línea de financiación a finales de agosto, calculaba una primera fase de 1.525 alojamientos universitarios. Sánchez ha hablado este 19 de octubre de cerca de 2.000 nuevas plazas vinculadas a los siete proyectos.

Las dos magnitudes no tienen por qué ser equivalentes —un alojamiento puede contener más de una plaza—, aunque el detalle definitivo tendrá que quedar perfilado con la aprobación del paquete y el desarrollo de cada actuación. Lo sustancial, por ahora, es que el Ejecutivo mantiene los mismos siete destinos y los 45 millones de financiación global.

Alojamiento asequible, no residencias a precio de mercado

La intención declarada del programa es que las promociones conserven una finalidad pública y precios asequibles. El Ministerio de Vivienda ya había adelantado que las condiciones económicas concretas se fijarían en las resoluciones o convenios correspondientes.

El planteamiento incluye otra particularidad relevante para el bolsillo. El precio máximo previsto para estos alojamientos deberá incorporar servicios básicos asociados al uso ordinario, entre ellos electricidad, agua y conexión wifi, evitando que una tarifa aparentemente reducida engorde después a base de suplementos.

Es uno de los puntos que determinará el impacto real del programa. Crear camas suma oferta; crearlas a un precio que pueda pagar un estudiante sin una economía familiar holgada cambia bastante más las cosas. La vivienda universitaria asequible se ha convertido en una pieza cada vez más importante del acceso real a los estudios superiores.

Elegir carrera ya no depende únicamente de la nota de acceso o del plan de estudios. También pesa, y mucho, cuánto cuesta vivir cerca del campus. El encarecimiento residencial en numerosas ciudades universitarias ha terminado condicionando la movilidad académica de estudiantes que, sencillamente, no pueden asumir determinadas rentas.

De Madrid a Castelló: dónde estarán las nuevas plazas

La Universidad Autónoma de Madrid concentra casi un tercio de la financiación del paquete, mientras que la actuación de Castilla-La Mancha se localizará en Albacete. En Andalucía habrá proyectos vinculados a la Pablo de Olavide y a la Universidad de Jaén; Castilla y León contará con el proyecto de Burgos y la Comunidad Valenciana, con el de la Universitat Jaume I de Castelló.

En Cataluña, la entidad receptora será el Ayuntamiento de Lleida. El diseño del programa combina, por tanto, universidades con una administración municipal y busca aprovechar proyectos que ya presentan una cierta madurez técnica.

En el caso de la Pablo de Olavide, por ejemplo, la actuación se plantea en Montequinto, Dos Hermanas, sobre terrenos municipales cedidos cerca del campus. Es el tipo de detalle que ayuda a entender el modelo: no se parte siempre de una parcela por encontrar y un plano en blanco, sino de operaciones que pueden avanzar con mayor rapidez si superan después la contratación, las obras y el inevitable recorrido administrativo.

Dos mil plazas no resolverán por sí solas el alquiler

Cerca de 2.000 plazas son una cantidad apreciable para quienes finalmente las ocupen, aunque no transforman por sí solas el mercado de vivienda de las grandes ciudades universitarias. El alcance es más concreto: ofrecer una alternativa asequible a una parte de los estudiantes y reducir algo de presión en zonas donde cada comienzo de curso dispara la demanda de habitaciones y pisos compartidos.

El Gobierno ya había situado la construcción de residencias dentro de una política más amplia de vivienda y había cifrado en 173 millones de euros los recursos movilizados para alojamiento universitario en colaboración con las universidades. Los 45 millones anunciados corresponden a esta cartera específica de siete actuaciones.

El problema de fondo es conocido. Cuando el precio de una habitación termina decidiendo qué universidad puede escoger una familia, la libertad académica existe sobre el papel, pero empieza a tener código postal.

El nuevo Estatuto del Estudiantado llegará el mismo martes

El anuncio de vivienda se ha producido durante la firma de la declaración relativa al nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, otro de los asuntos que el Consejo de Ministros prevé aprobar el martes 20 de octubre.

La norma sustituirá un marco que no se actualizaba desde 2010 y afectará a estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de universidades públicas y privadas. El texto ha sido trabajado con representantes de los rectorados y asociaciones estudiantiles y aborda cambios que hace dieciséis años apenas asomaban por las aulas.

Entre ellos figuran la protección de datos, la desconexión digital, la conciliación entre estudios y otras responsabilidades, la participación y representación estudiantil, la movilidad, las tutorías y prácticas, la atención a la salud mental y la integridad académica. La inteligencia artificial también aparece en el paisaje universitario que pretende ordenar el nuevo estatuto; era inevitable. En 2010 el gran problema digital de una facultad todavía podía ser que el wifi no llegara a la biblioteca.

Sánchez ha vinculado ambas medidas a la igualdad de oportunidades: derechos académicos por una parte y capacidad material de estudiar lejos de casa por otra. Una universidad abierta sirve de poco cuando la matrícula cabe en el presupuesto familiar pero el alquiler no.

El verdadero examen será que las plazas sigan siendo asequibles

La inversión de 45 millones para vivienda universitaria añade una pieza tangible a un problema que durante años se ha tratado casi como una consecuencia inevitable de estudiar fuera. No lo es. El alojamiento forma parte de las condiciones reales de acceso a la universidad, aunque no aparezca en el expediente académico.

Los siete proyectos permitirán ampliar la oferta en seis comunidades autónomas y el Ejecutivo sitúa el horizonte en cerca de 2.000 nuevas plazas. Después llegará la parte menos vistosa y más decisiva: ejecutar las promociones, cumplir los plazos y fijar rentas verdaderamente asequibles.

Ahí se medirá el programa. Porque una residencia universitaria puede tener ladrillo nuevo, wifi y una placa institucional reluciente; si el precio sigue fuera del alcance de los estudiantes que necesitan vivir allí, el problema simplemente habrá cambiado de fachada.