Economía
770.000 trabajadores caen en la pobreza por el coste de la vivienda
Oxfam cifra en casi 3 millones los trabajadores en pobreza laboral tras pagar la vivienda; el alquiler deja a uno de cada tres bajo el umbral.
Resumen
- Oxfam cifra en casi 3 millones los trabajadores en pobreza laboral
- 770.000 caen bajo el umbral tras pagar los costes de la vivienda
- Uno de cada tres inquilinos a precio de mercado queda en pobreza
España tiene un problema que desmonta una de las certezas más cómodas de las últimas décadas: tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza. Oxfam Intermón calcula que unos 2,2 millones de trabajadores estaban por debajo del umbral de pobreza antes de afrontar los gastos de su casa y que otros 770.000 caen por debajo de ese límite después de pagar alquiler, hipoteca e impuestos ligados a la vivienda. El resultado roza los 3 millones de trabajadores pobres.
La diferencia no es menor ni estadística de sobremesa. La tasa de pobreza laboral pasa del 11,48 % al 15,49 % cuando se incorpora el coste residencial. Entre quienes viven de alquiler a precio de mercado, el golpe es mucho más severo: después de pagar la renta, el 34,08 % queda en situación de pobreza. Prácticamente uno de cada tres. El sueldo entra en la cuenta corriente y, para muchos hogares, sale casi de inmediato por la puerta de casa.
El informe de Oxfam Intermón, Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, utiliza una explotación propia de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del Instituto Nacional de Estadística. Conviene detenerse aquí: los ingresos analizados corresponden a 2024, los últimos disponibles para este cálculo, de modo que no se trata de una fotografía salarial tomada literalmente en octubre de 2026. Sí llega, en cambio, en un mercado inmobiliario todavía tensionado y con unos costes residenciales que pesan cada vez más sobre la renta familiar.
La vivienda cambia la fotografía de la pobreza laboral
Oxfam considera en pobreza laboral a una persona que trabaja pero pertenece a un hogar cuyos ingresos quedan por debajo del umbral correspondiente. Siguiendo la definición habitual utilizada en Europa, el estudio toma como referencia a quienes trabajaron al menos siete meses durante 2024 y analiza la renta disponible de todo el hogar, ajustada a su composición.
Antes de descontar la vivienda, el umbral utilizado equivale a unos 12.220 euros anuales para una persona sola y a 25.663 euros para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores. Es decir, alrededor de 2.138 euros mensuales para cuatro personas. De ahí tienen que salir comida, energía, ropa, transporte, crianza y todo lo demás. El presupuesto doméstico, esa ciencia exacta que suele descubrir que dos más dos a final de mes no siempre suman cuatro.
El cálculo del efecto de la vivienda tiene una particularidad importante. Oxfam no se limita a restar el alquiler a cada nómina y compararla después con el mismo umbral anterior. Descuenta de los hogares los costes asociados a la vivienda —alquiler, hipoteca e impuestos sobre la propiedad— y recalcula tanto la renta mediana como el umbral de pobreza. El objetivo es aproximarse mejor al dinero que realmente queda disponible después de conservar un techo.
Con ese método aparecen las 770.000 personas adicionales. No son desempleados ni personas que dejan de cobrar: son trabajadores que, una vez afrontado uno de los gastos más difíciles de esquivar, pasan a situarse estadísticamente bajo el nuevo umbral. De ahí el salto hasta aproximadamente 3 millones de ocupados en pobreza.
El dato encaja, aunque no sea directamente comparable, con una realidad social más amplia. El INE situó en 2025 al 19,5 % de la población en riesgo de pobreza y al 25,7 % en riesgo de pobreza o exclusión social, la denominada tasa AROPE. Son indicadores distintos, con universos y metodologías diferentes, pero apuntan hacia el mismo paisaje: crecimiento económico y empleo pueden convivir con una bolsa considerable de vulnerabilidad.
El alquiler de mercado abre la brecha más profunda
La diferencia entre alquilar y ser propietario es uno de los elementos más contundentes del informe. Antes incluso de pagar la vivienda, la pobreza laboral afecta al 19,35 % de quienes alquilan a precio de mercado. Una vez abonada la renta, la proporción escala al 34,08 %. Son casi 15 puntos porcentuales más, un incremento relativo del 76 %.
La situación de quienes tienen una vivienda en propiedad es bastante distinta. Entre los trabajadores con hipoteca, la tasa pasa del 7,77 % antes de los gastos residenciales al 10,22 % después. Entre quienes ya poseen una vivienda completamente pagada se mantiene en niveles inferiores: del 8,19 % pasa al 7,95 % con el método empleado por el estudio.
Ahí aparece una fractura patrimonial que va bastante más allá del recibo mensual. Quien compró hace años, amortizó su hipoteca y dispone de una vivienda pagada juega la partida económica con una red debajo. Quien entra en el mercado de alquiler con un sueldo modesto empieza, sencillamente, desde otro lugar.
La trampa del alquiler que impide ahorrar
Oxfam describe ese círculo como la “trampa del alquiler”: unos ingresos reducidos dificultan reunir el ahorro necesario para comprar una vivienda y, al mismo tiempo, una renta elevada reduce todavía más la capacidad de ahorrar. Comprar exige capital previo; alquilar se lo come. La pescadilla inmobiliaria, convenientemente actualizada.
El problema adquiere otra dimensión por la distribución de la población. Según los datos utilizados en el informe, el 17,35 % vive de alquiler a precio de mercado, mientras solo el 3,45 % dispone de un alquiler por debajo de mercado. La vivienda pública, social o protegida funciona así como un colchón para una fracción bastante pequeña de la población frente a un mercado privado mucho más extendido.
No es una preocupación exclusiva de una organización social. El mercado español destaca desde hace años por la elevada proporción de hogares arrendatarios que soportan un sobresfuerzo para pagar el alquiler, especialmente en las grandes ciudades y áreas con una oferta residencial rígida. El problema no está solo en cuánto se cobra, sino en cuánto queda después de entregar las llaves —figuradamente— al casero cada mes.
La pobreza laboral tiene sectores, jornadas y desigualdades
El promedio nacional esconde diferencias enormes. La pobreza laboral alcanza al 20,62 % de quienes trabajan a jornada parcial, prácticamente el doble que entre los empleados a tiempo completo, cuya tasa es del 10,38 %. Los autónomos tampoco salen precisamente favorecidos: el 21,69 % está en pobreza laboral frente al 10,26 % de los asalariados.
Hay sectores en los que la estadística resulta especialmente áspera. En el empleo doméstico y de cuidados la tasa llega al 27,48 %; en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, al 26,24 %; y en hostelería, al 21,17 %. La construcción alcanza el 18,55 %. Son actividades cotidianas y esenciales —cuidar, servir mesas, recoger alimentos, levantar viviendas— en las que trabajar no siempre consigue proporcionar ingresos suficientes.
La nacionalidad también marca una grieta. Entre trabajadores con nacionalidad española, Oxfam sitúa la pobreza laboral en el 8,71 %; entre ciudadanos de otros países de la UE llega al 16,17 %, y entre extracomunitarios alcanza el 31,42 %. Más de tres veces la tasa de los españoles. Y la diferencia persiste incluso cuando se compara a trabajadores con niveles educativos similares.
Parte de esta brecha se cruza con la estructura sectorial. Las personas migrantes representan el 15,7 % de la población trabajadora analizada, pero su presencia llega al 48,3 % en empleo doméstico y cuidados, al 35,6 % en agricultura y al 28,7 % en hostelería. No basta, por tanto, con mirar el contrato; hay que observar qué empleos se ofrecen, qué salarios llevan asociados y cuánto margen de negociación dejan.
Los hogares con niños añaden otra capa. La pobreza laboral roza el 40 % en familias con tres o más menores y alcanza el 29,6 % en hogares monoparentales. En las familias formadas por dos adultos y dos menores se sitúa en el 15,4 %. Criar cuesta dinero, una obviedad doméstica que las estadísticas a veces necesitan traducir a dos decimales para que entre en la discusión pública.
Madrid, Cataluña y Murcia sienten más el golpe de la vivienda
El mapa tampoco es uniforme. Antes de incorporar los costes residenciales, Andalucía registra una tasa de pobreza laboral del 17,65 %, seguida de la Comunitat Valenciana, con el 16,95 %, y Extremadura, con el 16,54 %. Pero cuando entra la vivienda en la ecuación cambian algunos de los focos.
Madrid es la comunidad donde más crece la tasa por este efecto: pasa del 7,29 % al 12,73 %. Cataluña sube del 7,9 % al 12,8 % y Murcia, del 15,37 % al 20,23 %. Son territorios con estructuras económicas muy distintas, pero donde la factura residencial termina erosionando una parte apreciable de la renta disponible.
Entre trabajadores que alquilan a precio de mercado aparecen cifras todavía más llamativas. En Castilla y León, la proporción que queda por debajo del umbral tras pagar el alquiler supera el 50 %; en Castilla-La Mancha se aproxima también a la mitad. En el País Vasco pasa del 12,98 % antes del alquiler al 31,07 % después.
La paradoja es interesante: una comunidad puede presentar una pobreza laboral relativamente contenida antes de mirar la vivienda y empeorar mucho cuando se descuenta ese coste. El salario nominal cuenta una parte de la historia; el precio del lugar donde uno duerme cuenta la otra.
Salarios y vivienda, dos problemas que ya no van por separado
El informe sostiene que la pobreza laboral se ha enquistado. La tasa era del 11,64 % en 2022, bajó al 11,57 % en 2023 y quedó en el 11,48 % en 2024. Menos de dos décimas de mejora en tres años. Oxfam calcula que, manteniendo ese ritmo, España necesitaría 59 años para converger con la tasa media europea del 8,2 %. Es una extrapolación, no una predicción del calendario; sirve sobre todo para ilustrar la lentitud del avance.
La organización plantea mantener una senda de aumento del salario mínimo, reforzar los convenios en sectores con elevada pobreza laboral, reducir la parcialidad involuntaria, intensificar la Inspección de Trabajo y mejorar la protección de autónomos con bajos ingresos. En vivienda reclama ampliar de manera estable el parque público y social de alquiler y aplicar medidas de contención de precios en zonas tensionadas. También propone reforzar las ayudas a la crianza y mejorar la protección laboral y administrativa de las personas migrantes.
El debate sobre el alquiler sigue abierto
No todas estas propuestas concitan el mismo consenso. La regulación de los alquileres, en particular, mantiene abierto un debate económico sobre sus efectos en precios, oferta disponible, seguridad jurídica e incentivos para incorporar viviendas al mercado. Es uno de esos terrenos donde las soluciones sencillas duran poco en cuanto chocan con la realidad.
Pero el diagnóstico de fondo resulta más difícil de esquivar: empleo y vivienda ya no pueden analizarse como compartimentos separados cuando el segundo gasto tiene capacidad para neutralizar buena parte de los ingresos generados por el primero. Una nómina puede mejorar sobre el papel y dejar al hogar prácticamente en el mismo sitio si el alquiler avanza todavía más deprisa.
El salario que se evapora en la puerta de casa
La pobreza laboral española ya no puede reducirse al viejo retrato del paro o del empleo marginal. Hay camareros, trabajadoras de cuidados, agricultores, repartidores, autónomos y familias con dos salarios que cumplen horarios, pagan impuestos y, aun así, viven con un margen mínimo. La vivienda ha añadido una pieza decisiva al mecanismo.
Los números de Oxfam necesitan la cautela habitual: son una estimación basada en datos oficiales de renta de 2024, no una nueva estadística de pobreza publicada por el INE para 2026. Precisamente por eso importa entender qué miden. No dicen que el alquiler haya creado por sí solo toda la pobreza laboral española; muestran que, cuando se observa lo que queda en los bolsillos después de pagar por vivir bajo un techo, aparecen 770.000 trabajadores vulnerables más.
Esa es la parte incómoda del informe. España puede crear empleo, crecer y mejorar ciertos indicadores y, al mismo tiempo, conservar una población que trabaja sin alcanzar una seguridad económica elemental. Durante mucho tiempo el empleo fue presentado como la frontera entre pobreza y autonomía. La frontera sigue ahí, solo que el precio de la vivienda la ha movido varios kilómetros.
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