Francia dedica el 57% del PIB al Estado, pero sus servicios empeoran

Francia vive una paradoja difícil de esconder detrás de las barricadas, los coches quemados y las imágenes de disturbios que han recorrido Europa. El Estado francés gastó en 2025 el equivalente al 57,2% de su PIB, uno de los niveles más elevados de la zona euro, pero buena parte de las protestas que han sacudido el país nacieron precisamente de una queja aparentemente incompatible con ese dato: escuelas deterioradas, falta de profesores, servicios públicos tensionados y familias que sienten que pagan mucho para recibir cada vez menos.

El problema, visto de cerca, no es que Francia haya desmontado su Estado del bienestar. Más bien lo contrario. El peso de las pensiones, las prestaciones sociales y la sanidad se ha hecho enorme dentro de unas cuentas públicas que, al mismo tiempo, arrastran déficit, deuda y un coste creciente por intereses. El resultado es una especie de atasco presupuestario: mucho dinero circulando, pero una parte considerable tiene destino comprometido antes incluso de empezar a discutir qué hacer con el próximo presupuesto.

Francia gasta mucho más que la media europea

La cifra impresiona incluso dentro de Europa. El gasto público francés alcanzó el 57,2% del PIB en 2025, frente al 57% del ejercicio anterior. No es una diferencia menor cuando se compara con buena parte de sus socios europeos: hablamos de cientos de miles de millones de euros gestionados cada año por las distintas administraciones.

La protección social explica una parte fundamental de ese volumen. Y dentro de ella sobresale un componente especialmente pesado: las pensiones. Francia dedica alrededor del 14% de su PIB al sistema de jubilación, una factura extraordinariamente elevada y muy sensible políticamente.

La fotografía ayuda a entender por qué cualquier reforma de las pensiones provoca una explosión política. Francia no discute simplemente a qué edad jubilarse. Discute cómo repartir una gigantesca factura entre jubilados, trabajadores y generaciones jóvenes que contemplan unas cuentas cada vez más tensas.

El envejecimiento añade presión. Y cada incremento permanente del gasto social reduce el espacio disponible para otras políticas si los ingresos no crecen al mismo ritmo. El presupuesto, al final, no tiene goma.

Mucho Estado no significa necesariamente mejores servicios

Aquí aparece una de las grandes contradicciones francesas. Gastar más no garantiza gastar mejor. El tamaño del presupuesto importa, pero también importa qué parte llega realmente a las aulas, hospitales, comisarías, carreteras o inversiones productivas.

La educación ofrece un ejemplo especialmente incómodo. El proyecto presupuestario para 2027 ha permitido conocer con mayor claridad cuánto pesan las pensiones de antiguos funcionarios dentro de cada ministerio. En Educación, el 32% del presupuesto, unos 28.500 millones de euros, se destina al pago de jubilaciones de antiguos empleados públicos.

Eso no significa que ese dinero desaparezca ni que las pensiones sean un gasto ilegítimo. Significa algo más prosaico: casi uno de cada tres euros contabilizados dentro del presupuesto educativo no financia profesores en activo, aulas ni centros escolares. Es una diferencia crucial cuando los estudiantes protestan precisamente por falta de recursos.

La educación está en el origen de la revuelta

Y justo ahí prendió parte de la mecha de las protestas de 2026. Los primeros movimientos estudiantiles denunciaron falta de profesores, aulas saturadas e instalaciones deterioradas. Después se mezclaron con algo bastante más grande: pérdida de poder adquisitivo, combustible caro, salarios, pensiones y malestar con la calidad de los servicios públicos.

Entre 550.000 y 800.000 personas participaron en las grandes movilizaciones nacionales del 17 de octubre, según las distintas estimaciones. La inmensa mayoría se manifestó pacíficamente, aunque grupos violentos protagonizaron incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos que acabaron dominando las imágenes televisivas.

Pero debajo del humo seguía estando la cuestión inicial. Una generación joven preguntándose por qué un país con uno de los Estados más caros del continente tiene colegios donde faltan profesores y recursos.

Las pensiones absorben una parte creciente del presupuesto

El caso de Educación no es aislado. El Ministerio del Interior destina alrededor del 30% de sus créditos a pensiones de antiguos funcionarios, mientras que la media del conjunto de los ministerios ronda el 13%. Son cantidades que figuran dentro del gasto público, pero que no sostienen directamente los servicios prestados en ese ejercicio.

No es simplemente generosidad política. Las pensiones responden a derechos adquiridos, envejecimiento demográfico, decisiones tomadas durante décadas y un sistema en el que la relación entre trabajadores públicos activos y pensionistas se ha ido estrechando. Recortarlas rápidamente tendría consecuencias sociales y electorales enormes.

Desde comienzos de siglo, el gasto destinado a pensiones ha aumentado con fuerza mientras otras partidas han avanzado mucho menos. El desplazamiento puede producirse lentamente, presupuesto tras presupuesto, casi sin ruido. Hasta que llega el ruido de la calle.

Déficit, deuda e impuestos dejan poco margen de maniobra

Francia podría sostener un nivel elevado de gasto con mayor comodidad si sus ingresos fueran suficientes y su economía creciera con fuerza. No está ocurriendo. El déficit público terminó 2025 en el 5,1% del PIB, unos 152.500 millones de euros.

La deuda pública cerró ese ejercicio alrededor del 115,6% del PIB, después de situarse en el 112,6% un año antes. El Estado recauda mucho: los impuestos y cotizaciones obligatorias equivalieron al 43,6% del PIB en 2025. Pero continúa gastando bastante más de lo que ingresa.

Y aparece otra factura silenciosa: los intereses de la deuda. Cuanto más caro resulta financiarse, más euros del presupuesto dejan de estar disponibles para profesores, hospitales, transporte, seguridad, inversión o rebajas fiscales. Es dinero empleado en pagar decisiones pasadas.

Los mercados han empezado a reflejar esa fragilidad. La rentabilidad del bono francés a diez años se ha acercado al 5%, niveles que el país no veía desde hace más de dos décadas, mientras aumenta la diferencia respecto a la deuda alemana.

El ajuste amenaza precisamente a quienes protestan

El Gobierno afronta así una ecuación poco agradecida. Necesita reducir el déficit, pero hacerlo mediante fuertes recortes en los servicios públicos puede alimentar el mismo malestar que pretende contener. Subir más los impuestos tampoco resulta sencillo en uno de los países con mayor presión fiscal de Europa. Y tocar las pensiones lleva años funcionando como una cerilla cerca de un depósito de gasolina.

El presupuesto planteado para 2027 incluye medidas para contener el crecimiento de determinadas pensiones, ahorrar en sanidad y modificar ventajas fiscales y cotizaciones. El objetivo es reducir el agujero de las cuentas, aunque cualquier ajuste llega en un momento políticamente delicado: Francia celebra elecciones presidenciales en 2027.

Ahí está el corazón económico de la crisis francesa. No es una simple batalla entre quienes quieren gastar y quienes quieren recortar. Francia ya gasta muchísimo. La pelea real está en quién recibe ese dinero, quién paga la factura y qué partidas deben sacrificarse cuando el endeudamiento deja de ser una salida cómoda.

La productividad complica todavía más las cuentas

Hay otro problema menos visible que una manifestación pero quizá más importante a largo plazo: el crecimiento económico francés es débil y la productividad ha perdido dinamismo. Cuando una economía produce más, puede mantener un Estado grande con menos tensión. Cuando crece poco, cada punto de gasto pesa más.

Francia intenta sostener un sistema social construido durante décadas mientras necesita invertir en educación, innovación, industria, energía e infraestructuras para producir más en el futuro. Las dos necesidades compiten por el mismo dinero.

Recortar esas inversiones para cuadrar las cuentas puede funcionar durante un ejercicio presupuestario y salir caro diez años después. Mantener intacto todo el gasto corriente puede resultar socialmente cómodo durante un tiempo y terminar igualmente asfixiando la inversión. No existe una salida limpia.

El problema ya no es cuánto gasta Francia, sino qué obtiene

Las protestas francesas no pueden explicarse únicamente por las pensiones ni por el tamaño del Estado del bienestar. El combustible caro, la pérdida de poder adquisitivo, los problemas educativos, la desconfianza política y la sensación de deterioro de los servicios forman parte del mismo paisaje.

Pero las cuentas públicas ayudan a entender por qué el Gobierno tiene tan poco espacio para responder. Francia mantiene uno de los Estados de bienestar más grandes de Europa, recauda como pocos países y gasta todavía más. Una parte creciente de ese presupuesto está comprometida en prestaciones, pensiones e intereses de la deuda mientras la población exige mejores servicios y rechaza nuevos sacrificios fiscales.

Esa contradicción explica bastante mejor el momento francés que cualquier eslogan. Un Estado puede gastar el 57% de todo lo que produce y, aun así, dejar a sus ciudadanos con la sensación de que falta dinero. Cuando ocurre, la discusión deja de ser sobre el tamaño del presupuesto y pasa a ser sobre qué está comprando Francia con él.