Vox plantea recortar gasto público y reformar el sistema de pensiones

Vox ha colocado las pensiones y el tamaño del Estado en pleno debate político. Su responsable económico, José María Figaredo, sostiene que el actual sistema público de jubilación está “quebrado” y propone sustituir parte del modelo de reparto por capitalización individual. Al mismo tiempo, plantea una fuerte rebaja del IRPF y considera que existe un amplio margen para recortar gasto público.

La combinación ha encendido la discusión porque no se trata simplemente de bajar unos impuestos o modificar una fórmula contable. Una reforma de esa profundidad obligaría a decidir quién financia las pensiones actuales, cuánto dinero continúa entrando en la caja común y qué partidas públicas se reducen para compensar una eventual pérdida de ingresos tributarios. Ahí está el hueso del asunto.

Conviene, eso sí, separar hechos de trincheras electorales. Vox ha defendido expresamente estas medidas; el PP no ha asumido la propuesta de capitalización de Figaredo y ha reivindicado el sistema público de pensiones como robusto y sólido. Presentar a estas alturas un único programa cerrado de PP y Vox sobre las jubilaciones iría más lejos de lo que permiten sus posiciones públicas.

El debate afecta directamente a millones de hogares. Cerca de diez millones de personas reciben alguna pensión en España y cualquier modificación, aunque parezca pequeña en una hoja de cálculo, termina entrando cada mes en millones de cuentas corrientes. Las pensiones son política fiscal, sí, pero también alquileres, supermercados, medicamentos y ayuda familiar.

Qué propone Vox para cambiar el sistema de pensiones

Figaredo ha descrito el modelo actual como un sistema “zombi” y defiende una reforma hacia un modelo mixto: conservar una parte del mecanismo de reparto e introducir otra basada en capitalización individual. La diferencia no es menor; cambia la manera en que se acumulan y distribuyen las aportaciones de los trabajadores.

El sistema español funciona principalmente mediante reparto. Simplificando mucho, las cotizaciones de quienes trabajan contribuyen a pagar las pensiones de quienes están jubilados, junto con transferencias y otros recursos públicos. No existe una cuenta individual en la que cada trabajador vaya guardando exactamente el dinero que cobrará décadas después.

La capitalización introduce otra lógica. Una parte de las aportaciones se acumularía en cuentas individuales y su resultado dependería del dinero aportado, del diseño de la reforma y, según cómo se articulara, de la rentabilidad conseguida durante los años de ahorro. Vox no ha concretado todavía qué porcentaje iría a cada sistema, quién gestionaría esas cuentas ni cuál sería exactamente el mecanismo de transición.

El problema de financiar dos generaciones a la vez

Ahí aparece la gran dificultad de cualquier transición hacia la capitalización. Si una parte de las cotizaciones de los trabajadores deja de destinarse a la caja común para ir a sus propias cuentas, alguien tiene que continuar pagando las pensiones de quienes ya están jubilados. El llamado coste de transición no desaparece por cambiar el diseño del sistema.

Ese desfase puede financiarse mediante impuestos, deuda, reducción de otros gastos o una implantación muy gradual. No hay una cuarta puerta secreta. El dinero puede cambiar de bolsillo, de columna presupuestaria o incluso de nombre, pero la obligación de pagar las pensiones reconocidas sigue ahí.

Eso tampoco significa que cualquier sistema con capitalización sea necesariamente inviable. Existen modelos mixtos en diferentes países y el ahorro complementario puede formar parte de una arquitectura de jubilación. La cuestión decisiva está en el peso de cada componente, las garantías ofrecidas y la protección de quienes tienen salarios bajos, carreras laborales interrumpidas o poca capacidad para ahorrar.

Las pensiones tienen tensiones, pero el sistema sigue pagando

España afronta un problema demográfico evidente: vivimos más años, la generación del baby boom está entrando en la jubilación y durante las próximas décadas aumentará la presión sobre las cuentas públicas. Negarlo sería pintar de rosa unos números bastante menos amables. La sostenibilidad a largo plazo es un desafío real.

Las proyecciones fiscales sitúan el gasto en pensiones entre las grandes presiones presupuestarias de las próximas décadas. El envejecimiento de la población y la relación entre trabajadores y jubilados condicionarán buena parte de la política económica española. Eso es bastante distinto, sin embargo, de afirmar que el sistema ha dejado de funcionar.

La Seguridad Social continúa abonando cada mes más de diez millones de pensiones a más de nueve millones de personas y la nómina mensual supera ampliamente los 14.000 millones de euros. La pensión media continúa creciendo y la afiliación mantiene una base de más de 22 millones de trabajadores.

Es decir: el sistema recauda, paga y funciona, aunque soportará una presión creciente. No está “quebrado” en el sentido convencional de una empresa insolvente. Al mismo tiempo, sería ingenuo interpretar esa realidad presente como garantía automática para las próximas décadas. El equilibrio futuro dependerá de empleo, salarios, productividad, demografía e ingresos públicos.

Las pensiones contributivas se han revalorizado en 2026 de acuerdo con el mecanismo ligado a la inflación. El mantenimiento del poder adquisitivo se ha convertido otra vez en uno de los ejes del sistema después de los cambios realizados durante la última década. Para millones de pensionistas, esa actualización conforme a los precios determina cuánto pueden comprar realmente con su prestación.

La cuestión tiene memoria política. En 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó un índice de revalorización que establecía un incremento mínimo del 0,25% y un máximo ligado a la evolución de determinados parámetros económicos. Aquella arquitectura fue posteriormente sustituida y se recuperó la referencia al IPC para proteger el poder adquisitivo.

Ese precedente explica por qué cualquier propuesta de reforma provoca una reacción política casi instantánea. En España, la jubilación no es una partida presupuestaria cualquiera: representa el principal ingreso de muchos hogares y, al mismo tiempo, uno de los mayores capítulos del gasto público.

Menos impuestos y una poda considerable del gasto público

El planteamiento económico de Figaredo va bastante más allá de las pensiones. Vox propone simplificar el IRPF con un mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 euros y otro del 25% para rentas superiores, acompañado de la eliminación de distintas deducciones y bonificaciones.

El propio dirigente de Vox ha cifrado en alrededor de 46.000 millones de euros el coste recaudatorio de la reforma planteada. Su tesis es que esa cantidad podría compensarse mediante una reducción intensa del gasto, incluida la eliminación de determinadas subvenciones y partidas que el partido considera prescindibles.

Aquí aparece el punto delicado. Una rebaja fiscal no equivale automáticamente a cerrar hospitales, reducir colegios o recortar la dependencia. Puede financiarse modificando otras partidas, aumentando los ingresos derivados de una mayor actividad económica, recurriendo a deuda o cambiando otras figuras tributarias. Pero una cifra de esa magnitud exige cuentas muy detalladas.

Y esas cuentas son precisamente lo que determina el efecto real de la medida. Bajo la palabra subvenciones conviven ayudas de naturaleza muy distinta: incentivos empresariales, políticas industriales, programas de formación, investigación, agricultura, transporte o transición energética. Meterlas todas en un mismo cajón permite obtener una cifra gruesa; gobernar exige abrir después cada cajón.

Figaredo sostiene que una parte importante del gasto autonómico se concentra en servicios fundamentales como sanidad, educación, justicia y dependencia, mientras considera que existe margen para reducir considerablemente otras partidas. La propuesta dibuja, por tanto, un Estado con menor presión fiscal y también con un perímetro presupuestario más reducido.

Eso no demuestra por sí solo que vaya a desaparecer una cama hospitalaria concreta o una plaza escolar determinada. Sería anticipar decisiones que todavía no están detalladas. Pero tampoco permite reducir el asunto a una simple poda burocrática. Si se disminuyen decenas de miles de millones de ingresos mientras se pretende controlar el déficit, el volumen y el destino de los recortes se convierten en cuestiones centrales.

La palabra “motosierra”, popularizada en el debate internacional por la experiencia argentina de Javier Milei, funciona estupendamente como metáfora electoral, pero explica bastante poco. Una Administración no es un seto. Cada número presupuestario acaba convertido en algo reconocible: una nómina, una beca, una carretera, una residencia, una transferencia o un laboratorio.

PP y Vox mantienen posiciones diferentes sobre las pensiones

La proximidad política entre PP y Vox en numerosas instituciones invita a empaquetar a ambos partidos bajo una misma etiqueta, especialmente cuando se habla de posibles acuerdos de gobierno. Sin embargo, sus posiciones actuales sobre las pensiones no son idénticas.

Tras las declaraciones de Figaredo, dirigentes populares defendieron públicamente la solidez del sistema y no asumieron el diagnóstico de que esté quebrado. Ese matiz importa. Vox ha puesto sobre la mesa una transformación hacia un mayor peso de la capitalización individual; el PP no ha hecho suya esa propuesta.

Otra cosa es la discusión sobre impuestos, gasto público o tamaño de la Administración, donde existen mayores áreas de coincidencia entre ambas formaciones. Y otra distinta será lo que ocurra cuando lleguen las negociaciones políticas. Confundir posiciones propias, programas electorales y eventuales pactos facilita el eslogan, pero empeora la fotografía real.

El tamaño del Estado vuelve al centro de la batalla política

La polémica provocada por Figaredo resulta relevante porque coloca sobre la mesa un debate que suele esconderse detrás de palabras bastante técnicas. Reparto, capitalización, presión fiscal o gasto estructural parecen conceptos de economista hasta que aterrizan en casa: cuánto se cobra al jubilarse, cuánto se paga en impuestos y qué servicios permanecen disponibles cuando hacen falta.

España tendrá que adaptar su sistema de pensiones al envejecimiento y a las tensiones fiscales de las próximas décadas. Eso no obliga a elegir una única receta. Pueden modificarse ingresos, cotizaciones, edad efectiva de jubilación, políticas de empleo, productividad, impuestos, ahorro complementario o gasto. Probablemente habrá que mover varias piezas a la vez.

Vox ha colocado la suya de forma bastante clara sobre el tablero: menos impuestos, menos gasto público y mayor peso del ahorro individual en las pensiones. Es una propuesta política reconocible y con consecuencias económicas importantes, aunque todavía quedan grandes incógnitas sobre su aplicación concreta.

Lo que no permiten sostener las posiciones conocidas es que exista un único programa cerrado de toda la derecha para recortar las pensiones. Sí existe una propuesta explícita de Vox para modificar profundamente su financiación y adelgazar el gasto público; el PP, por su parte, se ha distanciado del modelo defendido por Figaredo. Entre la metáfora de la motosierra y las cuentas reales del Estado queda, precisamente, todo lo que una campaña electoral deberá aclarar.