Vox da por «quebrado» el sistema público y propone pensiones mixtas

Vox ha vuelto a colocar las pensiones en el centro de la batalla política. Su responsable económico en el Congreso, José María Figaredo, sostiene que el sistema español está «quebrado» y lo define como «un zombi», mientras plantea una reforma estructural que combine el actual modelo de reparto con capitalización individual. No es una simple discusión sobre cuánto deben subir las pensiones: supone abrir la puerta a que una parte de las aportaciones de cada trabajador quede vinculada a ahorro propio para su jubilación.

La afirmación de que el sistema está quebrado, sin embargo, necesita bastante letra pequeña. España afronta un problema real de envejecimiento y un aumento importante del gasto futuro, reconocido por organismos independientes como la AIReF. Pero las pensiones siguen pagándose con normalidad, las cotizaciones sociales crecen y hablar de quiebra en sentido estricto ofrece una fotografía mucho más dramática que la que reflejan actualmente las cuentas públicas. La discusión seria está en otro lugar: cuánto costará sostener el sistema durante las próximas décadas y quién deberá asumir ese coste.

Qué ha dicho realmente Vox sobre las pensiones

Las palabras de Figaredo proceden de una entrevista en la que se le preguntó por el aumento del gasto derivado de la revalorización de las pensiones y del envejecimiento de la población. Su respuesta fue tajante: «El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado». Después defendió un modelo mixto de reparto y capitalización individual.

Ahí está el núcleo de la noticia. España funciona principalmente mediante un sistema de reparto: las cotizaciones que ingresan trabajadores y empresas sirven para financiar las prestaciones de quienes están jubilados en ese momento. No existe una hucha personal donde se vaya guardando, euro a euro, lo que cada empleado cotiza para recuperarlo tres décadas después.

La capitalización funciona de otro modo. Parte del dinero se acumula en una cuenta vinculada al trabajador y se invierte durante su vida laboral. Al jubilarse, el capital acumulado y su rentabilidad ayudan a determinar lo que recibirá. El riesgo demográfico se reduce, porque cada generación ahorra una parte para sí misma, pero aparecen otros riesgos: evolución de los mercados, comisiones, carreras laborales discontinuas y enormes diferencias entre quienes pueden ahorrar mucho y quienes apenas llegan a final de mes.

Hablar simplemente de «privatización», por eso, puede resultar demasiado grueso si se interpreta como la desaparición completa de la Seguridad Social. La propuesta formulada por Figaredo es mixta, no una sustitución total e inmediata del sistema público. Otra cuestión, y no pequeña, es cuánto espacio ocuparía la capitalización y quién administraría ese dinero.

El precedente de Vox que explica la polémica

La discusión no ha surgido de la nada. Vox ya defendió en su programa económico de 2019 un modelo en el que una parte relevante de las cotizaciones pasaría a cuentas individuales. La propuesta desarrollada entonces planteaba un esquema próximo al 50 % de reparto y 50 % de capitalización, con ahorro depositado en administradoras de fondos de pensiones.

Aquella fórmula iba bastante más lejos que la declaración genérica realizada ahora por Figaredo. Por eso sus palabras han reactivado inmediatamente la discusión sobre una posible privatización parcial: existe un precedente programático concreto.

Conviene, pese a todo, no mezclar tiempos. Figaredo ha defendido en 2026 reparto más capitalización individual, pero en sus declaraciones recientes no ha detallado qué porcentaje correspondería a cada parte ni ha confirmado expresamente que vaya a recuperarse exactamente el diseño de 2019. Convertir automáticamente aquella propuesta en el programa definitivo actual sería adelantarse a los hechos.

El sistema tiene problemas, pero no está en quiebra inmediata

Los números dibujan una situación menos cómoda que la propaganda gubernamental, pero también bastante menos apocalíptica que la palabra «quiebra».

La Seguridad Social abonó en septiembre de 2026 10,55 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas. La nómina mensual alcanzó los 14.498,2 millones de euros. La pensión media del sistema se situó en 1.374,6 euros y la pensión media de jubilación, en 1.576,1 euros.

Al mismo tiempo, los ingresos por cotizaciones sociales acumulados hasta agosto aumentaron un 7,5 % interanual, hasta los 126.032 millones de euros. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional aportó otros 4.075 millones destinados íntegramente al Fondo de Reserva. Son cifras poco compatibles con la imagen de una caja vacía y con las persianas a medio bajar.

Pero sería igual de engañoso saltar desde esos buenos datos de empleo e ingresos a la conclusión contraria: que no existe ningún problema. Existe. Y es grande.

El problema aparece cuando España mira hacia 2050

La AIReF, autoridad fiscal independiente, ha introducido justo el matiz que suele desaparecer cuando el debate entra en campaña electoral. Su último análisis concluye que la regla legal de gasto de las pensiones se cumple formalmente, pero advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

Según sus cálculos, el gasto bruto en pensiones podría alcanzar aproximadamente el 16,4 % del PIB en 2050. El problema no aparece porque en una fecha concreta deje de existir dinero para pagar las nóminas, como si la Seguridad Social fuera una empresa declarando suspensión de pagos. Aparece gradualmente: habrá más jubilados, durante más años, y una población activa que tendrá que financiar prestaciones cada vez mayores.

La AIReF calcula que, con las políticas actuales, el gasto neto medio en pensiones entre 2022 y 2050 se mantendría en torno al 13 % del PIB, por debajo del umbral fijado legalmente para activar determinadas correcciones. Aun así, proyecta que la deuda pública podría alcanzar el 123 % del PIB en 2050 en un escenario sin nuevos ajustes. Dicho de otra manera: superar el examen administrativo no significa que el edificio esté libre de grietas.

Ahí Figaredo toca un problema verdadero, aunque lo envuelva en una palabra —«quebrado»— que convierte una cuestión actuarial de décadas en una especie de parte de defunción.

España sí ha reformado las pensiones en las últimas décadas

Hay otra afirmación del dirigente de Vox que merece precisión. Figaredo sostiene que durante casi 30 años no se han aplicado medidas correctoras pese a las advertencias del Pacto de Toledo. La legislación española muestra otra cosa.

En 2011 se elevó progresivamente la edad ordinaria de jubilación y se amplió de 15 a 25 años el periodo utilizado para calcular la pensión. En 2013 se aprobaron nuevas reglas de sostenibilidad. Después llegaron las reformas de 2021 y 2023, que cambiaron de nuevo elementos esenciales del sistema: revalorización con el IPC, incentivos para retrasar la jubilación, modificación de cotizaciones, incremento de bases máximas, cuota de solidaridad y Mecanismo de Equidad Intergeneracional, entre otras medidas.

Se puede sostener que esas reformas son insuficientes, equivocadas, demasiado caras o excesivamente optimistas. Esa es una discusión perfectamente legítima. Lo que resulta difícil es afirmar que no se ha hecho nada durante tres décadas.

De hecho, buena parte del debate económico español consiste precisamente en discutir los efectos de todo lo que sí se ha hecho. Unos gobiernos han cargado más el ajuste sobre las prestaciones; otros han preferido aumentar ingresos y cotizaciones. Cambia la medicina, pero el paciente lleva años pasando por consulta.

Qué cambiaría para trabajadores y jubilados un modelo mixto

Para los actuales pensionistas, una transformación profunda tendría que introducirse previsiblemente mediante largos periodos transitorios. El verdadero impacto estaría sobre quienes todavía tienen por delante buena parte de su vida laboral.

En un modelo de capitalización, una parte de las cotizaciones dejaría de utilizarse inmediatamente para pagar prestaciones presentes y pasaría a alimentar cuentas individuales de ahorro. Eso puede crear patrimonio propio y aprovechar la rentabilidad acumulada durante décadas. También plantea una pregunta bastante menos vistosa, aunque fundamental: quién paga mientras tanto las pensiones de quienes ya están jubilados.

Ese es el llamado coste de transición. Si una porción de las cotizaciones deja de entrar en la caja común, el Estado tiene que cubrir el agujero durante años mediante impuestos, deuda, otras cotizaciones o una combinación de las tres. No basta con mover una palanca y contemplar cómo aparece mágicamente una segunda hucha.

También cambia el reparto del riesgo. En el sistema público de reparto, buena parte del riesgo económico y demográfico se comparte colectivamente. En la capitalización, una fracción mayor depende de la carrera laboral y del rendimiento de las inversiones. Una trabajadora con salario estable durante 40 años parte con ventaja frente a alguien que encadena desempleo, temporalidad y periodos sin cotización. La desigualdad laboral puede convertirse en desigualdad de jubilación.

Nada de esto demuestra que la capitalización sea necesariamente mala. Tampoco que sea una pócima milagrosa. Es otra arquitectura del sistema y desplaza costes y riesgos de un sitio a otro.

Entre el alarmismo y la aritmética

El debate abierto por Vox toca uno de los asuntos más delicados de la política española porque las pensiones son, simultáneamente, protección social, contrato entre generaciones y la mayor partida del Estado del bienestar. Cambiar su financiación afecta a jubilados, trabajadores, empresas y cuentas públicas durante décadas.

Los datos actuales no sostienen que mañana vaya a dejar de pagarse una pensión. El sistema no está en una quiebra inmediata. Tiene más de 22 millones de afiliados en términos desestacionalizados, las cotizaciones crecen y cada mes se siguen abonando más de diez millones de prestaciones.

Tampoco permiten dormirse sobre esa tranquilidad. El baby boom está llegando a la jubilación, la esperanza de vida mantiene una presión creciente y la AIReF advierte de que el gasto seguirá aumentando con fuerza durante las próximas décadas. El problema existe, aunque no lleve una sirena roja encima.

Vox propone responder trasladando parte del sistema hacia la capitalización individual. Sus adversarios ven ahí la antesala de una privatización; sus defensores, una manera de repartir mejor los riesgos y vincular ahorro y jubilación. Lo verdaderamente relevante no es la etiqueta que gane la discusión, sino los detalles que todavía faltan: qué porcentaje se capitalizaría, quién administraría los fondos, cuánto costaría la transición y qué garantía conservarían quienes cobran poco o han tenido carreras laborales precarias.

Ahí se juega el debate de verdad. Porque llamar «zombi» a un sistema cabe en nueve palabras. Explicar quién paga las pensiones y cómo se sostendrán dentro de 25 años requiere bastante más.