Asturias obliga a devolver 16.365 euros tras cobrar atrasos del IMV

Una mujer de Asturias tendrá que devolver 16.365,93 euros del salario social básico después de que la Justicia haya confirmado que esa prestación autonómica coincidió, para el mismo periodo, con el Ingreso Mínimo Vital que le fue reconocido años después y con efectos retroactivos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha respaldado así la reclamación realizada por el Principado.

El detalle que convierte el caso en algo bastante menos sencillo que un doble cobro ordinario es el calendario. La beneficiaria no recibió cada mes las dos ayudas en paralelo. Solicitó el Ingreso Mínimo Vital en 2020, se lo denegaron y continuó cobrando el salario social mientras litigaba. Cuando finalmente ganó en los tribunales, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le abonó 20.147,99 euros de atrasos correspondientes al periodo iniciado en julio de 2020. Jurídicamente, esos meses quedaron cubiertos por ambas prestaciones.

Cobró el salario social mientras esperaba una decisión sobre el IMV

La historia arranca bastante antes. La mujer era beneficiaria del salario social básico asturiano desde 2015. En un principio percibía apenas 44,30 euros mensuales, al tenerse en cuenta otros ingresos dentro de su unidad de convivencia. Posteriormente, tras constatarse la ausencia de recursos, pasó a recibir la cuantía íntegra.

La prestación ascendía a 442,96 euros con efectos desde octubre de 2017, aumentó después a 448,28 euros y alcanzó 461,73 euros mensuales en 2023. Era, en definitiva, la renta con la que se cubría una situación de falta de ingresos.

La propia Administración asturiana le requirió que solicitara el Ingreso Mínimo Vital, precisamente porque el salario social funciona como una prestación de último recurso. El sistema obliga a reclamar primero aquellas ayudas a las que una persona pueda tener derecho antes de completar sus ingresos con la renta autonómica.

La mujer presentó la solicitud del IMV en junio de 2020. Llegó entonces la parte ingrata de la maquinaria administrativa: la prestación fue rechazada. La denegación se mantuvo también inicialmente en los tribunales.

No fue hasta julio de 2023 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoció finalmente su derecho al IMV, con efectos económicos desde el 1 de julio de 2020.

La Seguridad Social pagó 20.147 euros de atrasos de una sola vez

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ejecutó aquella resolución judicial y abonó 20.147,99 euros correspondientes a los atrasos acumulados hasta octubre de 2023.

Ahí apareció el problema. Durante buena parte de esos mismos meses, la mujer había continuado cobrando el salario social básico porque todavía no tenía reconocido el IMV. Sobre el calendario real, por tanto, no había entrado dinero procedente de ambas prestaciones cada mes. Sobre el calendario jurídico, sí: el reconocimiento retroactivo convirtió aquellos atrasos en ingresos correspondientes precisamente a los meses en los que se había percibido la ayuda asturiana.

El Principado inició entonces una revisión de oficio del expediente, suspendió el salario social y terminó reclamando 16.365,93 euros considerados indebidamente percibidos hasta el 31 de agosto de 2023.

La beneficiaria recurrió. Alegó, entre otros argumentos, que había actuado de buena fe y que realmente no había disfrutado simultáneamente del dinero, porque el IMV llegó posteriormente y concentrado en un único pago.

El razonamiento resulta comprensible en términos cotidianos. La sentencia, sin embargo, mira el calendario de las prestaciones de otra manera.

El TSJA considera incompatibles las dos prestaciones en esos meses

La Sala de lo Social del TSJA ha confirmado el criterio del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo y mantiene la obligación de devolver el dinero.

El tribunal parte de la naturaleza del salario social básico de Asturias, definido legalmente como una prestación diferencial, complementaria y subsidiaria respecto de otros recursos económicos. Dicho de forma menos jurídica: sirve para garantizar unos ingresos cuando estos no existen o no alcanzan determinado nivel, pero no funciona como una segunda renta completa que pueda añadirse sin más a otra prestación destinada a cubrir la misma necesidad.

El Ingreso Mínimo Vital cuenta, además, entre los recursos que deben tomarse en consideración para determinar el derecho y la cuantía del salario social.

Por eso los magistrados consideran que existió una concurrencia de prestaciones durante el periodo afectado, aunque el dinero del IMV no llegara físicamente a la cuenta bancaria hasta años después.

El pago retroactivo cambia el pasado económico a efectos administrativos. Es una de esas ficciones jurídicas que sobre el papel encajan limpiamente y, vistas desde la cocina de una casa, resultan bastante más ásperas: una persona puede haber pasado tres años esperando una ayuda y descubrir después que cobrar sus atrasos convierte en indebida otra prestación con la que sobrevivió durante aquella espera.

La buena fe no elimina por sí sola la obligación de devolver el dinero

La beneficiaria sostuvo también que había actuado correctamente y que no podía atribuírsele responsabilidad por el tiempo transcurrido hasta el reconocimiento del IMV.

El TSJA no aprecia, sin embargo, un retraso injustificado imputable al Principado de Asturias. La prestación estatal había sido denegada inicialmente y tuvo que ser reconocida mediante una resolución judicial. Quien ejecutó posteriormente ese reconocimiento y abonó los atrasos fue el Instituto Nacional de la Seguridad Social, una Administración distinta.

Según el criterio de la Sala, el Gobierno asturiano revisó el salario social después de conocer el reconocimiento efectivo del IMV. Esa circunstancia impide trasladar automáticamente a la Administración autonómica la responsabilidad por los años transcurridos.

La falta de ingresos actuales alegada por la mujer tampoco altera el origen de la deuda. Puede ser relevante para otras prestaciones o para las condiciones en las que deba afrontarse el reintegro, pero no convierte en compatibles unas cantidades que el tribunal considera cobradas para los mismos meses.

Asturias cambió la ley para perdonar algunas de estas deudas

El caso llega, además, en un momento especialmente llamativo. Asturias modificó en septiembre de 2026 su legislación precisamente para afrontar uno de los problemas surgidos con el solapamiento entre el salario social y el IMV.

La reforma permite exonerar determinadas deudas cuando los cobros indebidos se mantuvieron por un retraso, error u omisión atribuible a la Administración. Está pensada, sobre todo, para personas que comunicaron correctamente un cambio en sus circunstancias pero continuaron recibiendo durante meses una prestación que la Administración debería haber revisado o suspendido.

La norma tiene alcance sobre situaciones anteriores y contempla incluso supuestos en los que la deuda ya es firme pero todavía no se ha pagado íntegramente. No significa, eso sí, una condonación automática de cualquier deuda relacionada con el salario social y el IMV.

Ahí está precisamente la frontera de este caso. El tribunal ha considerado que el retraso que provocó el reconocimiento tardío del Ingreso Mínimo Vital no puede atribuirse al Principado, puesto que hubo una denegación previa y una posterior batalla judicial frente a la prestación gestionada por la Seguridad Social.

Es decir, la nueva protección frente a errores administrativos existe, pero no borra todas las reclamaciones. Hay que determinar quién provocó realmente el cobro indebido y qué información tenía cada Administración en cada momento.

Por qué cobrar atrasos del IMV puede afectar a otra ayuda

La sentencia deja una advertencia importante para otros perceptores de prestaciones sociales. Cuando una ayuda se reconoce con efectos retroactivos, no importa únicamente la fecha en la que se recibe el dinero. Importa también a qué meses corresponde.

Un pago único puede representar dos o tres años de prestación acumulada. A efectos de otras rentas condicionadas por los ingresos, esas cantidades pueden imputarse al periodo para el que fueron reconocidas y provocar una revisión posterior.

Eso no significa que cualquier persona que cobre un IMV atrasado vaya a tener que devolver automáticamente otra ayuda. Dependerá de la regulación de cada prestación, de sus límites de ingresos, de su compatibilidad con otras rentas y, también, de cómo haya actuado la Administración.

En Asturias el salario social tiene precisamente carácter subsidiario y complementario. El IMV se computa entre los recursos de la unidad de convivencia, de modo que puede reducir o extinguir la prestación autonómica cuando cubre los mismos meses.

Curiosamente, el encaje no funciona de manera completamente simétrica: determinadas rentas mínimas autonómicas reciben un tratamiento específico al calcular el Ingreso Mínimo Vital. El laberinto de prestaciones tiene estas cosas; dos ayudas destinadas a impedir que alguien quede sin ingresos pueden acabar discutiendo entre ellas sobre quién pagó primero.

Una deuda de 16.365 euros nacida tres años atrás

El resultado es contundente. La mujer consiguió judicialmente que se le reconociera el Ingreso Mínimo Vital que inicialmente le habían rechazado y recibió más de 20.000 euros de atrasos, pero ese mismo reconocimiento abrió posteriormente la puerta a que Asturias revisara el salario social abonado durante aquellos años.

El TSJA mantiene que 16.365,93 euros deben ser reintegrados porque ambas prestaciones terminaron correspondiendo a los mismos periodos, aunque el IMV se pagara mucho después.

El caso muestra una de las zonas más delicadas del sistema de protección social: las prestaciones pueden tardar años en reconocerse, mientras la vida cotidiana no admite resoluciones retroactivas ni espera pacientemente a que termine un pleito. La ley puede corregir después las cifras. El alquiler, la compra y las facturas, bastante menos.