Esperanza Aguirre niega conocer lo que hacía González en el caso Lezo

Esperanza Aguirre ha vuelto a encontrarse con uno de los episodios más incómodos de su larga carrera política. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el caso Lezo, donde se juzga a quien durante años fue su número dos y después su sucesor, Ignacio González. Antes de entrar, ha marcado distancias con una frase tan sencilla como rotunda: «Cómo iba yo a saber eso».

Aguirre respondía así a los periodistas que le preguntaban si conocía lo que hacía González durante la etapa en la que ambos compartieron el poder autonómico. La expresidenta madrileña ha insistido en que comparecía para decir «la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad» y ha recordado que en su momento asumió una responsabilidad política, pero no jurídica. Su posición procesal es importante: ella comparece como testigo; González está sentado en el banquillo.

La escena condensa, casi veinte años después de los hechos investigados, buena parte de la historia del PP madrileño de aquella época. Aguirre gobernaba la Comunidad, González era su vicepresidente y presidía el Canal de Isabel II. Mucha proximidad política. La suficiente para que terminara sucediéndola en la Puerta del Sol; no, según sostiene Aguirre, para conocer las actuaciones que Anticorrupción atribuye al expresidente regional.

Aguirre reconoce que la idea del campo de golf fue suya

La expresidenta madrileña no ha intentado desligarse del origen político del proyecto que está en el centro de esta pieza del caso Lezo. Al contrario. A su llegada a la Audiencia Nacional ha reconocido que la idea de construir el campo de golf fue «completamente» suya.

Otra cosa, sostiene Aguirre, es lo que ocurrió después con los contratos. El juicio analiza presuntas irregularidades relacionadas con la construcción de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II y con la posterior explotación de esas instalaciones deportivas.

Los hechos investigados se remontan fundamentalmente a 2004 y 2006, cuando Ignacio González era vicepresidente del Gobierno de Aguirre y, al mismo tiempo, presidía la empresa pública madrileña del agua. Esa doble posición es uno de los elementos centrales para entender la relevancia de las adjudicaciones examinadas en el proceso.

Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, determinadas adjudicaciones habrían sido diseñadas para favorecer económicamente a personas del entorno familiar de González, entre ellas su hermano y su cuñado. El expresidente madrileño rechaza esa acusación y ha negado haber cometido cohecho o haber intervenido en un amaño de contratos.

Los contratos del Canal que están bajo la lupa

El origen del proyecto se encuentra en un concurso convocado por el Canal de Isabel II en 2003 para remodelar el depósito de agua situado en la avenida de Filipinas, en Madrid. La actuación inicial incluía jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto y fue adjudicada a Dragados por algo más de 40,8 millones de euros.

Un año después se modificó aquel proyecto. Desaparecieron el helipuerto y parte de las zonas previstas inicialmente y apareció un campo de golf de césped artificial. Es precisamente esa transformación posterior la que forma parte del recorrido que ahora examina la Audiencia Nacional.

La acusación sostiene que Ignacio González y el entonces director gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, habrían impulsado esa modificación y que Dragados terminó subcontratando determinados trabajos a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, TCT.

Ahí aparece el núcleo penal del procedimiento. Entre los socios vinculados a TCT figuraban el hermano y el cuñado de González, aunque la Fiscalía mantiene que su participación estaba articulada mediante personas interpuestas para ocultar la relación familiar con el entonces vicepresidente madrileño.

Según Anticorrupción, la empresa carecía de capacidad técnica suficiente para realizar los trabajos que recibió y su intervención habría generado un beneficio indebido de al menos 504.780 euros procedentes de fondos públicos. Se trata de la tesis de la acusación, que deberá quedar acreditada durante el juicio.

La explotación de las instalaciones llegó después

La causa no se limita a las obras iniciales. En 2006, el Canal convocó también un concurso para gestionar la explotación de las instalaciones deportivas, abriendo una segunda fase contractual alrededor del complejo.

El consejo de administración terminó adjudicando el contrato a una unión temporal de empresas de la que formaba parte TCT por 3,25 millones de euros y un periodo de cinco años. La acusación considera que ambas operaciones estarían conectadas y perseguían favorecer intereses privados vinculados a familiares de González.

Los procesados niegan esas acusaciones. La diferencia no es menor: una cosa son las conclusiones provisionales de Anticorrupción y otra una sentencia firme. El juicio deberá determinar si existió realmente el favorecimiento ilícito que sostiene el Ministerio Público y qué responsabilidad corresponde, en su caso, a cada acusado.

Anticorrupción pide seis años de cárcel para González

La Fiscalía Anticorrupción solicita provisionalmente seis años de prisión para Ignacio González por un presunto delito de cohecho. La misma petición alcanza a los otros cuatro acusados en esta pieza: Ildefonso de Miguel, Pablo Manuel González, José Juan Caballero y José Antonio Clemente.

El Ministerio Público reclama también multas de 550.000 euros para los acusados. Los cinco negaron los hechos al comenzar el juicio ante la Audiencia Nacional, por lo que el procedimiento deberá resolver unas acusaciones que todavía no cuentan con sentencia.

Para González, sentarse en el banquillo supone además un momento especialmente significativo del larguísimo recorrido judicial del caso Lezo. Fue detenido en 2017 y permaneció varios meses en prisión provisional. Las investigaciones sobre la gestión del Canal se dividieron después en distintas piezas, con calendarios judiciales diferentes y años de instrucción a sus espaldas.

El tiempo ha convertido Lezo en una de esas macrocausas en las que la memoria política empieza a mezclarse con la arqueología judicial. Los contratos proceden de comienzos de siglo; la investigación estalló muchos años después y los juicios han ido llegando con enormes distancias temporales. Para el lector, esa cronología explica buena parte de la complejidad del procedimiento.

De la confianza política a la ruptura con Ignacio González

La relación entre Aguirre y González explica por qué su testimonio tiene un peso político evidente, aunque su condición en esta vista sea únicamente la de testigo. Durante años no fueron simples compañeros de partido: González estuvo situado en el corazón del poder madrileño de Aguirre.

Ignacio González ejerció como vicepresidente de la Comunidad y terminó sustituyéndola al frente del Gobierno regional después de que ella abandonara la Presidencia en 2012. Era, en definitiva, uno de sus dirigentes de máxima confianza. Aquella relación terminaría quebrándose con la operación Lezo.

Tras la detención de González en abril de 2017, Aguirre dimitió como concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces reconoció que no había vigilado suficientemente a quien había sido durante años uno de sus colaboradores más próximos y aseguró sentirse «engañada y traicionada».

La cuestión ha regresado nueve años después, esta vez ante un tribunal. Aguirre mantiene la misma frontera que estableció entonces: acepta haber tenido una responsabilidad política derivada de la elección y la confianza depositada en González, pero rechaza que aquello implique conocimiento de las conductas que se investigan.

Incluso el propio campo de golf había provocado explicaciones anteriores. Aguirre ya había asumido públicamente la autoría política de la idea, separándola de cualquier eventual irregularidad posterior en la contratación. Esa distinción —impulsar el proyecto no equivale a conocer sus contratos— vuelve a ser el centro de su posición.

Una vieja responsabilidad política vuelve a la Audiencia Nacional

La declaración de Esperanza Aguirre devuelve al primer plano una incómoda paradoja de aquella etapa del PP madrileño: algunos proyectos y dirigentes estrechamente ligados a su Gobierno acabaron años después atravesados por grandes investigaciones judiciales.

En esta pieza concreta, sin embargo, conviene separar responsabilidades. Aguirre declara como testigo. Ignacio González y los otros cuatro procesados son quienes afrontan las acusaciones de Anticorrupción, que deberán demostrarse durante el juicio y sobre las que todavía no existe sentencia.

La expresidenta madrileña ha reconocido la paternidad política del campo de golf y también que González fue durante años una persona de absoluta confianza. Lo que niega es el siguiente salto: que esa proximidad política significara conocer las presuntas maniobras que la Fiscalía sitúa detrás de los contratos.

De ahí la frase pronunciada a las puertas de la Audiencia Nacional: «Cómo iba yo a saber eso». Breve, contundente y muy Aguirre. Pero esta vez no se pronuncia en una rueda de prensa ni en una comisión parlamentaria: resuena mientras su antiguo número dos afronta el juicio que vuelve a colocar bajo el foco aquella etapa de poder en la Comunidad de Madrid.