Ignacio González afronta su primer juicio por Lezo y el campo de golf

Ignacio González se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Nacional por primera vez desde que estalló el caso Lezo, la macrocausa sobre presuntas irregularidades alrededor del Canal de Isabel II que llevó al expresidente madrileño a prisión provisional en 2017. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él seis años de cárcel por los hechos relacionados con las adjudicaciones del campo de golf levantado en terrenos de la empresa pública madrileña.

Junto al antiguo dirigente del PP serán juzgadas otras cuatro personas: el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; Pablo Manuel González, hermano del expresidente; Juan José Caballero, su cuñado, y José Antonio Clemente. La acusación sostiene que una empresa vinculada a familiares de González fue introducida como intermediaria en contratos públicos pese a carecer, según Anticorrupción, de capacidad técnica suficiente para realizar los trabajos contratados. Para los cinco acusados se reclaman seis años de prisión y una multa de 550.000 euros por presuntos delitos de cohecho.

El proceso llega muchos años después de los hechos investigados y casi una década después de que la operación Lezo irrumpiera en la política madrileña. Hay un matiz importante: no es el primer juicio de toda la macrocausa, sino el primero en el que Ignacio González ocupa personalmente el banquillo de los acusados.

Seis años de cárcel por las adjudicaciones del Canal

La pieza que comienza a juzgarse corresponde a las actuaciones relacionadas con la construcción y explotación de unas instalaciones deportivas en terrenos del Canal de Isabel II, entre ellas el conocido campo de golf situado sobre el tercer depósito de la empresa pública.

La Fiscalía sitúa el origen del mecanismo bajo sospecha en los primeros años de la década de 2000. En 2004, cuando Ignacio González era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ocupaba también la presidencia del Canal, la dirección de la empresa habría promovido una modificación de un concurso previamente convocado. Anticorrupción considera que las variaciones introducidas eran suficientemente importantes como para haber requerido una nueva licitación.

La acusación sostiene que el contrato modificado terminó adjudicándose directamente a Dragados, con la condición de que determinados trabajos fueran subcontratados a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida como TCT. Entre sus socios estaban el hermano y el cuñado de González, además de José Antonio Clemente.

Ahí está el corazón del juicio: determinar si aquella cadena de adjudicaciones y subcontrataciones respondió a decisiones empresariales legítimas o, como mantiene el Ministerio Público, fue diseñada para beneficiar económicamente al entorno familiar del entonces responsable político.

TCT, los contratos y un beneficio de al menos 504.780 euros

Según las conclusiones provisionales de Anticorrupción, TCT habría actuado como un intermediario innecesario. La compañía recibió trabajos que posteriormente volvió a subcontratar a otras empresas especializadas, un recorrido del dinero público que será uno de los grandes asuntos de la vista.

Los trabajos encargados por Dragados a TCT alcanzaron aproximadamente 3,07 millones de euros. La Fiscalía calcula que la sociedad obtuvo mediante las dos adjudicaciones investigadas un beneficio de al menos 504.780 euros y sostiene que carecía de medios técnicos para ejecutar por sí misma buena parte de las labores.

Una parte del procedimiento resulta especialmente relevante. Anticorrupción afirma que TCT facturó a Dragados unos 3,25 millones mientras otras empresas ejecutoras le cobraron alrededor de 2,87 millones, lo que habría dejado cerca de 381.000 euros por la intermediación. En el contrato para el mantenimiento del césped se habría repetido un esquema parecido: TCT recibió el encargo y lo subcontrató inmediatamente por una cantidad inferior, obteniendo alrededor de otros 124.000 euros.

El dinero que la Fiscalía vincula con los acusados

La investigación sigue después el rastro de esos beneficios. El Ministerio Público sostiene que parte del dinero fue distribuido entre socios mediante entregas en efectivo y facturación a través de sociedades interpuestas. Según su relato, Pablo Manuel González habría recibido 101.348 euros, Juan José Caballero 94.425 y José Antonio Clemente 71.199. Todos ellos llegan al juicio como acusados y deberán responder ante el tribunal; las cifras forman parte de la tesis de la Fiscalía y no constituyen hechos declarados probados.

La presunción de inocencia sigue intacta para todos los procesados. Será la Audiencia Nacional la que determine, después de escuchar acusaciones, defensas, testigos y peritos, qué parte de aquella arquitectura contractual tuvo relevancia penal y qué parte no.

Diez años de Lezo y una espera judicial extraordinariamente larga

El juicio tiene también una dimensión temporal difícil de ignorar. El caso Lezo empezó a investigarse en 2016 y explotó públicamente al año siguiente con la detención de Ignacio González. El expresidente madrileño pasó entonces más de seis meses en prisión provisional. La vista que comienza este 13 de octubre de 2026 está prevista, en principio, hasta el 6 de noviembre.

Una década entre investigación y juicio pesa jurídicamente. La Fiscalía ya aceptó recientemente la existencia de dilaciones indebidas en otra pieza de Lezo, una circunstancia atenuante que llevó a reducir las penas solicitadas en aquel procedimiento. Ese precedente abre la posibilidad de que durante este nuevo juicio se plantee una revisión similar de las condenas inicialmente reclamadas, aunque la petición provisional contra González sigue fijada en seis años.

Entre los testigos previstos figura Esperanza Aguirre, expresidenta madrileña y durante años superior política de González, cuya declaración está señalada para el 21 de octubre. La construcción del campo de golf se remonta precisamente a la etapa en la que Aguirre presidía la Comunidad y González era uno de los hombres con mayor poder dentro del Gobierno regional.

El campo de golf es solo uno de los frentes de González

El proceso que comienza este martes no agota los problemas judiciales derivados de Lezo. Ignacio González tiene pendientes otras piezas vinculadas al Canal de Isabel II y a su etapa al frente del Gobierno madrileño.

Una de ellas investiga la compra de la compañía brasileña Emissao por parte del Canal entre 2012 y 2013, una operación que la acusación considera realizada por encima de su valor y relacionada con el presunto reparto de comisiones. Otro procedimiento se refiere a la adjudicación de las obras del tren de Navalcarnero, un contrato de unos 360 millones de euros en el que se investiga una supuesta mordida de 1,8 millones. Por esos dos frentes, Anticorrupción reclama inicialmente otros 12 años de prisión para el expresidente autonómico.

Sumadas las peticiones provisionales de las distintas piezas, González afronta un calendario judicial de enorme envergadura muchos años después de abandonar la primera línea política. Lezo, que durante mucho tiempo fue una enorme carpeta de diligencias, sociedades, contratos y ramificaciones, empieza por fin a transformarse en algo distinto: juicios con acusaciones concretas, pruebas sometidas a contradicción y futuras sentencias.

El banquillo devuelve Lezo al centro de la política madrileña

La imagen de Ignacio González ante la Audiencia Nacional recupera uno de los episodios que marcaron al PP madrileño durante la pasada década. Pero el terreno judicial exige separar el ruido político de lo que realmente debe resolverse en la sala: si existió una maniobra para utilizar contratos del Canal de Isabel II en beneficio de personas vinculadas al entonces vicepresidente regional.

Anticorrupción sostiene que sí y presenta cifras, adjudicaciones, subcontrataciones y movimientos de dinero para respaldarlo. Las defensas tendrán ahora la oportunidad de desmontar esa construcción. Seis años de cárcel están sobre la mesa para González y los otros cuatro acusados, aunque la extraordinaria duración de la causa puede acabar influyendo en las penas que finalmente se discutan.

Después de años de sumario, detenciones y piezas separadas, el caso entra en la fase menos espectacular pero decisiva: la de probar ante un tribunal qué ocurrió realmente alrededor de aquellos contratos del Canal.