Ayuso omitió un almuerzo con Civismo seis días antes del alivio fiscal

Isabel Díaz Ayuso y su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, participaron el pasado 15 de enero en un almuerzo con dirigentes, patronos y personas vinculadas a la Fundación Civismo que no apareció en sus agendas públicas. La reunión se celebró en el hotel Barceló Emperatriz, en Madrid, y entre los asistentes figuraban empresarios e inversores de elevado patrimonio como Juan Abelló, Helena Revoredo, Francisco García Paramés y Claudio Aguirre.

La fecha añade una pieza especialmente incómoda al episodio. Seis días después, el Gobierno de la Comunidad de Madrid inició la tramitación del anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, una reforma que terminaría elevando del 95% al 99% la reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para determinadas transmisiones de empresas y participaciones. La coincidencia temporal no prueba que aquella comida condicionara la norma —conviene no convertir un calendario en una sentencia—, pero sí refuerza el interés público de conocer de qué se habló y por qué el encuentro quedó fuera de las agendas oficiales.

La legislación madrileña de transparencia establece la publicación de las agendas completas de trabajo y reuniones de los responsables públicos cuando esas citas estén relacionadas con el ejercicio de sus competencias. La Comunidad de Madrid distingue expresamente estas reuniones de los encuentros estrictamente privados. Y ahí está precisamente el nudo: saber qué naturaleza tuvo un almuerzo en el que estaban la presidenta regional, la responsable de Hacienda y una organización dedicada al debate económico y fiscal.

Un almuerzo que no figuró en las agendas públicas

La reunión tuvo lugar en pleno barrio de Salamanca. No fue precisamente una comida de menú del día entre desconocidos. Junto a Ayuso y Albert aparecen varios nombres con peso en el mundo empresarial y financiero español, además de miembros de una fundación con una posición ideológica muy definida en materia tributaria: menos impuestos, menor intervención pública y mayor libertad económica.

Entre los asistentes estaba Juan Abelló, patrono de Civismo y una de las grandes fortunas españolas. También Helena Revoredo, presidenta de Prosegur; Francisco García Paramés, fundador de Cobas Asset Management; Claudio Aguirre, empresario financiero y primo de Esperanza Aguirre; Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4; José Díaz-Rato; Juan Félix Huarte; Alexandre Pierron-Darbonne y el economista Francisco Cabrillo.

Ese 15 de enero, la agenda institucional de Ayuso recogía otros actos, pero no el almuerzo. Rocío Albert tampoco incorporó la comida a su agenda pública. La cuestión puede parecer burocrática —una casilla más o menos en una web administrativa— hasta que se recuerda para qué existen esas agendas: para que el ciudadano sepa con quién se reúne quien toma decisiones públicas, especialmente cuando delante se sientan organizaciones o personas interesadas en materias sobre las que ese Gobierno legisla.

La ausencia resulta aún más relevante porque la normativa madrileña no limita la transparencia a las reuniones celebradas dentro de un despacho oficial. También contempla encuentros con agentes externos y actos relacionados con las funciones del cargo. Un mantel blanco y una copa de vino no convierten automáticamente una reunión institucional en una conversación privada.

Civismo y el regreso de Lasquetty al debate económico

La Fundación Civismo se define como un think tank defensor del liberalismo clásico y de la libertad económica. Su patronato reúne a economistas, empresarios e inversores y desde 2024 incluye a Javier Fernández-Lasquetty, una figura estrechamente ligada al modelo fiscal desarrollado por el PP madrileño durante los últimos años.

Lasquetty fue consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Ayuso hasta 2023 y antes había ocupado responsabilidades en los gobiernos de Esperanza Aguirre. Civismo anunció su incorporación al patronato destacando precisamente su trayectoria en políticas de reducción de impuestos y desregulación. En la fundación comparte espacio con Abelló, Claudio Aguirre, Víctor de Urrutia y otros empresarios.

No hay nada irregular, por supuesto, en que un antiguo consejero participe en una fundación ideológica ni en que una presidenta autonómica converse con empresarios. En una democracia liberal, hablar con sectores económicos forma parte de gobernar. El problema aparece cuando la conversación desaparece del escaparate público y coincide con decisiones que afectan precisamente a cuestiones fiscales de interés para patrimonios empresariales.

Seis días después comenzó la reforma fiscal

El 21 de enero, menos de una semana después del almuerzo, el Ejecutivo madrileño dio los primeros pasos para tramitar su Ley de Apoyo a la Empresa Familiar. El proyecto no nació aquella mañana: Ayuso había avanzado meses antes que preparaba medidas de este tipo. Ese antecedente importa porque impide presentar la comida como origen demostrado de la reforma.

La secuencia, sin embargo, conserva valor informativo. El Gobierno regional estaba trabajando en una norma fiscal relevante cuando sus máximas responsables política y económica se reunieron con empresarios, inversores y miembros de un think tank particularmente activo en cuestiones tributarias. De qué hablaron durante el almuerzo no consta públicamente.

La ley continuó su recorrido durante la primavera, fue aprobada por la Asamblea de Madrid en junio y entró en vigor el 1 de julio de 2026. Su principal modificación tributaria fue elevar del 95% al 99% la reducción de la base imponible en Sucesiones y Donaciones cuando se transmite por herencia o donación una empresa individual, un negocio profesional o determinadas participaciones societarias.

En términos sencillos: en los casos que cumplen los requisitos legales, solo queda sometido a tributación efectiva el 1% del valor al que se aplica la reducción autonómica. La reforma también extendió los posibles beneficiarios y suavizó algunos requisitos para facilitar la continuidad de negocios familiares cuando cambia la generación que los controla.

A quién beneficia la nueva ley madrileña

El Gobierno regional justificó la medida como una forma de proteger el relevo generacional de las empresas familiares, que tienen un peso considerable en el tejido productivo madrileño. La norma exige, entre otras condiciones, que el nuevo titular mantenga los bienes y la actividad durante el periodo previsto legalmente.

La modificación amplió los beneficios a más familiares y a determinados trabajadores vinculados a las compañías. La propia Comunidad de Madrid calculó alrededor de 1.500 potenciales beneficiarios al año y cifró el ahorro fiscal conjunto en aproximadamente dos millones de euros anuales.

Es una cifra modesta dentro del presupuesto autonómico, aunque la discusión política va bastante más allá de esos dos millones. Para el Ejecutivo de Ayuso, reducir la carga fiscal facilita que las empresas sobrevivan al cambio generacional, evita ventas forzosas y protege empleo. Para sus críticos, estas ventajas se incorporan a un modelo tributario especialmente favorable a quienes acumulan patrimonio. Dos lecturas políticas legítimas; otra cosa es la transparencia con la que se cocina cada decisión.

La transparencia importa también durante el almuerzo

La Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid obliga a publicar las agendas de trabajo y reuniones de los responsables públicos. El propio portal autonómico explica que deben aparecer los encuentros celebrados con agentes externos cuando estén relacionados con el ejercicio de las competencias administrativas.

Eso no significa que cada café de un consejero deba acabar registrado como si la administración fuese un diario adolescente. Quedan fuera los encuentros puramente privados. Pero cuando una reunión congrega a una presidenta, a su consejera de Hacienda y a representantes de una entidad dedicada precisamente a influir en el debate sobre políticas económicas, la frontera entre lo privado y lo institucional necesita algo más que silencio.

La cuestión tampoco consiste en demostrar una contraprestación inexistente. No hay elementos conocidos que permitan afirmar que la bonificación fiscal se aprobara a petición de los asistentes, ni que el almuerzo modificase una política que ya estaba anunciada previamente. Presentarlo así sería sustituir información por insinuación.

Lo comprobable es otra cosa: hubo un encuentro el 15 de enero, participaron Ayuso y Albert junto a personas relevantes de Civismo, la reunión no apareció en sus agendas públicas y pocos días después avanzó una reforma fiscal que ya estaba en preparación. Esa combinación basta para que el contenido y la naturaleza de la cita tengan interés público.

Una agenda pública no es decoración institucional

Madrid lleva años haciendo de los impuestos una de sus grandes banderas políticas. Ayuso ha convertido las rebajas fiscales en una seña de identidad de su Gobierno y Civismo defiende abiertamente una concepción económica compatible con buena parte de esa estrategia. Que ambos mundos conversen resulta bastante menos sorprendente que encontrar tráfico en la M-30.

Lo que cambia el cuadro es la falta de publicidad del encuentro. Las agendas institucionales existen precisamente para iluminar esas zonas donde intereses privados y decisiones públicas pueden coincidir, aunque la coincidencia sea perfectamente legítima. La transparencia no presupone culpabilidad; funciona al revés: permite despejar sospechas mostrando quién habla con quién y sobre qué.

El almuerzo del Barceló Emperatriz deja, por eso, una cuestión política más seria que cualquier juego de insinuaciones sobre multimillonarios y ventajas fiscales. Un Gobierno puede defender impuestos bajos, reunirse con empresarios y escuchar a fundaciones liberales. Todo eso cabe dentro de la normalidad democrática. Lo difícil de explicar es por qué una reunión potencialmente vinculada a asuntos económicos no figuró donde debía poder verla el ciudadano.

Cuando la política fiscal se decide entre proyectos de ley, reuniones de Gobierno, despachos y conversaciones con quienes conocen —y padecen o disfrutan— cada modificación tributaria, la agenda pública es una ventana bastante pequeña. Precisamente por eso conviene no correr la cortina.