El PP usa IA para simular confesiones de socialistas en precampaña

El Partido Popular ha llevado la inteligencia artificial generativa al centro de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con un vídeo que reproduce artificialmente la imagen y la voz de seis figuras vinculadas al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez, Montse Mínguez y Santos Cerdán aparecen pronunciando frases que nunca dijeron y presentando como confesiones en primera persona acusaciones, investigaciones judiciales, controversias políticas y, en el caso de Ábalos, hechos que sí han terminado en condena.

El montaje es la respuesta del PP a la campaña «Zurdos y orgullosos» lanzada por Pedro Sánchez coincidiendo con la visita de Javier Milei a España. Los populares han copiado la estética, el encuadre y la estructura del vídeo socialista, pero han sustituido a Sánchez por personajes sintéticos bajo otro lema, «Lerdos y orgullosos». La gracia —si se acepta el término en una precampaña que empieza a parecer una pelea de memes con presupuesto— consiste en hacer que los adversarios se acusen a sí mismos. El problema es que detrás de esas bocas digitales hay situaciones judiciales muy diferentes.

El PP responde al «soy zurdo» de Sánchez con un vídeo de IA

La secuencia original había sido publicada un día antes por Sánchez. El presidente reivindicaba el término «zurdo», empleado habitualmente de forma despectiva por Milei contra la izquierda, y lo asociaba con medidas como la subida de las pensiones y del salario mínimo, los permisos para padres y madres, el derecho al aborto o la oposición a la guerra. Paralelamente, el PSOE desplegó en Ferraz una lona para recibir al mandatario argentino con el mismo lema de campaña.

El PP conservó prácticamente el molde y cambió el contenido. La primera figura artificial es Begoña Gómez, esposa del presidente. El vídeo le atribuye una frase sobre haber conseguido una cátedra gracias a que su marido ocupa la presidencia del Gobierno. Después aparece un Ábalos sintético aludiendo a prostitución y comisiones; Zapatero, a las joyas encontradas en una caja fuerte; Leire Díez, a supuestas maniobras contra una jueza; Montse Mínguez, al patrimonio inmobiliario de su pareja, y Santos Cerdán, al cobro de mordidas y la pertenencia a una organización criminal. Ninguno pronunció esas palabras: las imágenes y las voces están generadas o manipuladas con IA.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó la publicación de «lamentable» y acusó al PP de trasladar a la inteligencia artificial una estrategia que, a su juicio, lleva años basada en la descalificación y el insulto. La batalla política era previsible. Lo novedoso es el instrumento: ya no se recorta una declaración incómoda del contrario, se fabrica directamente la declaración que conviene.

Seis rostros y situaciones judiciales muy distintas

Ahí conviene bajar el volumen de la campaña y encender la luz del juzgado. José Luis Ábalos es el caso más nítido de los utilizados por el PP: el Tribunal Supremo lo condenó en junio a 24 años y tres meses de prisión por delitos relacionados con las mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia y contrataciones irregulares en empresas públicas. El Supremo rechazó posteriormente su incidente de nulidad y el exministro ha anunciado que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional. Hay, por tanto, una condena penal, aunque siga abierta esa vía constitucional.

La posición de Begoña Gómez es diferente. El juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Eso significa que será juzgada, no que haya sido declarada culpable. Y la frase que el vídeo pone en su boca sobre haber logrado una cátedra por ser esposa del presidente es una formulación política del PP, no una conclusión judicial establecida por sentencia. La presunción de inocencia, también cuando estorba al eslogan, sigue formando parte del paisaje.

 

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Zapatero, Leire Díez, Mínguez y Cerdán tampoco están en el mismo punto

En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía encontró más de un centenar de joyas y relojes en una caja fuerte de su despacho durante la investigación del caso Plus Ultra. El expresidente ha defendido que proceden de herencias familiares y regalos, mientras la investigación judicial continúa abierta y Anticorrupción ha reclamado profundizar en su tasación y procedencia. Presentar ese episodio como una confesión ficticia puede funcionar como sátira política; no convierte, sin embargo, una pesquisa abierta en una condena.

Leire Díez está investigada en una causa sobre presuntas maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. La jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano de Sánchez, relató sentirse perseguida y la investigación recoge referencias a amenazas y a posibles contactos con personas vinculadas al narcotráfico. Pero Biedma declaró que no sabía si Díez estaba detrás de determinados seguimientos y el juez Santiago Pedraz ha acotado varias de las diligencias solicitadas. El vídeo popular condensa toda esa madeja en una frase brutalmente sencilla. Demasiado sencilla, quizá, para algo que todavía investigan los tribunales.

Con Montse Mínguez la distancia es todavía mayor. La exportavoz socialista dimitió después de conocerse que su pareja poseía una treintena de viviendas destinadas al alquiler, un asunto políticamente explosivo para un partido que ha colocado el problema de la vivienda en primera línea. Pero las informaciones sobre su salida describen una controversia política y patrimonial, no una condena penal de Mínguez. El vídeo del PP juega precisamente con esa mezcla: coloca bajo una misma luz escándalos, investigaciones y delitos probados.

Santos Cerdán, por su parte, está investigado en la causa por los presuntos amaños de contratos de obra pública y también figura entre los investigados del caso Leire Díez. La UCO ha señalado posibles ingresos no declarados y la investigación permanece abierta. No existe en esa pieza una sentencia que permita presentar como hecho judicialmente probado la frase sintética que le atribuye el PP sobre «pertenecer a una banda criminal».

El salto de la caricatura a una voz que parece auténtica

La sátira política tiene siglos y ha sobrevivido bastante bien sin pedir permiso a los poderosos. Caricaturistas, imitadores, humoristas y dibujantes han puesto palabras imaginarias en boca de presidentes desde mucho antes de que un ordenador pudiera fabricarles hasta el parpadeo. La diferencia de los deepfakes está en la capacidad de imitación: el rostro se mueve, la voz suena plausible y la frontera entre parodia y documento puede desdibujarse cuando el vídeo abandona la publicación original y circula recortado por redes, mensajería o cuentas de terceros.

No hace falta imaginar un ciudadano ingenuo hipnotizado por una pantalla. Basta con pensar en un fragmento de diez segundos recibido sin contexto. La inteligencia artificial añade a la propaganda una cualidad que antes resultaba cara y complicada: hacer decir al adversario exactamente lo que uno desea que diga, con su cara y aproximadamente con su voz.

Y el PP no llega virgen a este terreno. El partido ya había utilizado contenidos generados mediante inteligencia artificial en anteriores ataques políticos y, en las últimas semanas, había intensificado esa estrategia en redes. Un montaje previo que mostraba un falso beso entre Sánchez y Ábalos alcanzó una difusión superior a la imagen socialista que pretendía parodiar. La IA ha dejado de ser un experimento simpático del departamento digital; forma parte de la competición por la atención.

La normativa europea obliga a identificar los deepfakes

La discusión tampoco ocurre en un desierto legal. El artículo 50 del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial se aplica desde el 2 de agosto de 2026 y establece obligaciones específicas de transparencia para el contenido generado o manipulado mediante IA. Quienes utilicen sistemas para crear imágenes, audio o vídeo que constituyan un deepfake deben informar de su carácter artificial. Incluso cuando se trate de una obra manifiestamente satírica, creativa o ficticia, sigue existiendo una obligación de revelar adecuadamente que el contenido ha sido generado o manipulado.

Eso no permite concluir automáticamente que el vídeo del PP sea ilegal. Para afirmarlo habría que examinar cómo está identificado el contenido, qué avisos incorpora la publicación concreta, qué sistema se utilizó y cómo encaja jurídicamente su carácter satírico. El Reglamento europeo no prohíbe los deepfakes políticos por el mero hecho de serlo; exige transparencia y establece un marco para que el público sepa cuándo está viendo material artificial.

La distinción importa. Una democracia no necesita un ministerio dedicado a decidir qué chiste puede hacerse sobre un político. Sí necesita que el espectador sepa cuándo la persona que aparece hablando jamás pronunció aquellas palabras.

El 29-N estrena una campaña donde también compiten los avatares

España llega así a las elecciones generales del 29 de noviembre con la inteligencia artificial instalada en la sala de máquinas de la propaganda electoral. El PSOE convierte un insulto de Milei en un lema identitario; el PP responde fabricando versiones digitales de dirigentes y antiguos dirigentes socialistas. Entre medias quedan procesos judiciales reales, investigaciones abiertas, condenas, dimisiones y acusaciones que una pieza de pocos segundos aplana hasta convertirlas en una misma cosa.

Ese es el elemento políticamente más relevante del vídeo. No que el PP emplee humor grueso contra el PSOE —España sobrevivirá a otro eslogan malo—, sino que una formación nacional utilice rostros y voces sintéticos para escenificar confesiones ficticias en plena precampaña electoral. La herramienta permite una contundencia extraordinaria, pero también exige una precisión que la propaganda, por definición, no suele llevar bien.

La campaña de 2026 empieza a enseñar así uno de sus rasgos más incómodos: al adversario ya no basta con citarlo, atacarlo o caricaturizarlo. Ahora puede clonarse. Y cuando la política aprende a fabricar una voz casi humana, la vieja obligación democrática de distinguir entre hechos, acusaciones y condenas deja de ser una cortesía periodística. Se convierte en algo bastante más básico: saber quién ha hablado de verdad y quién solo parecía hacerlo.