Muere Maricarmen, símbolo de la lucha contra los desahucios en España

Maricarmen Abascal ha muerto este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde el 23 de septiembre, el día en que fue desahuciada del piso del distrito de Retiro en el que había vivido prácticamente toda su vida. Su caso dejó de ser una disputa privada entre una inquilina y la propiedad para convertirse, en apenas unas semanas, en uno de los grandes símbolos de la crisis de la vivienda en España.

La muerte ha sido comunicada por su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas. No se ha difundido una causa médica concreta del fallecimiento, por lo que no cabe atribuirlo directamente al desahucio. Sí hay un hecho indiscutible: Maricarmen fue trasladada al hospital el mismo día del lanzamiento y no llegó a recibir el alta que le habría permitido regresar a su casa después del acuerdo alcanzado con la propiedad. La solución existió, al final. Llegó demasiado tarde para ella.

Maricarmen muere tras dos semanas hospitalizada

El 23 de septiembre, Maricarmen salió de su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en camilla, atendida por sanitarios y rodeada por un amplio dispositivo policial. Era el cuarto intento de ejecutar el lanzamiento. Fuera esperaban vecinos, activistas y miembros del movimiento por la vivienda que llevaban días intentando impedir que una mujer de 87 años abandonara el lugar donde había vivido durante más de siete décadas.

Desde allí fue trasladada al Gregorio Marañón. Los primeros partes públicos hablaban de agotamiento severo, ansiedad y estrés, en un contexto de salud ya frágil: necesitaba silla de ruedas, había perdido masa muscular y requería ayuda para actividades cotidianas. Permaneció hospitalizada desde entonces.

Maricarmen tenía una pensión de alrededor de 1.400 euros y seguía pagando su alquiler y los gastos de la vivienda, unos 500 euros mensuales en conjunto. Nunca había dejado de pagar. El conflicto no nació de una deuda, sino de la extinción de un antiguo contrato y de una batalla jurídica sobre su continuidad.

El desahucio que convirtió una vida privada en asunto nacional

La historia tenía algo especialmente incómodo porque condensaba varias capas del problema inmobiliario español dentro de un mismo salón: una inquilina anciana, renta antigua, un inmueble que cambia de manos, un contrato de los años cincuenta y un mercado madrileño en el que conservar una vivienda asequible puede convertirse en una anomalía estadística.

Maricarmen había llegado al piso con su familia en 1956, cuando era adolescente. Allí crecieron sus recuerdos, murieron sus padres y transcurrió prácticamente toda su vida adulta. Estudió taquimecanografía y secretariado, trabajó durante 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica y se jubiló en 1998. Aquella casa no era una residencia circunstancial. Era el mapa de su vida.

Setenta años de alquiler y una batalla por la subrogación

El origen jurídico del conflicto estaba en el antiguo contrato familiar. Fue firmado por su padre en una época en la que la posición jurídica de las mujeres estaba fuertemente limitada. Tras la muerte de él, el arrendamiento pasó a su madre y posteriormente Maricarmen pretendió continuar en la vivienda. La propiedad defendió que se había agotado el número de subrogaciones permitidas y los tribunales terminaron avalando el desalojo.

Ahí apareció la paradoja que alimentó buena parte de la indignación social. Maricarmen no era una ocupante recién llegada ni una arrendataria morosa. Llevaba alrededor de 71 años viviendo en el mismo piso cuando la comisión judicial acudió a ejecutar el lanzamiento. El conflicto podía estar respaldado por una resolución judicial y, al mismo tiempo, producir una imagen políticamente devastadora: una anciana saliendo en camilla de la casa donde había envejecido.

Antes del último desahucio hubo propuestas para evitarlo. Se planteó cubrir la diferencia entre el alquiler que Maricarmen podía asumir y la cantidad reclamada por la propiedad, e incluso surgieron ofertas para comprar la vivienda. Ninguna desbloqueó la situación antes del lanzamiento.

De la camilla a las plazas: el caso desbordó Madrid

La reacción fue casi inmediata. Miles de personas se manifestaron en Madrid después del desahucio y el nombre de Maricarmen empezó a aparecer en pancartas, concentraciones y movilizaciones por la vivienda. La protesta terminó cristalizando también en una acampada en la Puerta del Sol y se extendió a otras ciudades.

Lo singular fue la velocidad. Una historia que durante años había avanzado por juzgados, escritos, negociaciones y aplazamientos saltó de pronto a la conversación nacional. El caso coincidió con una crisis habitacional marcada por alquileres crecientes, escasez de vivienda asequible y una sensación bastante extendida de que el mercado lleva ventaja a las instituciones.

Maricarmen, incluso desde el hospital, siguió enviando mensajes a quienes se movilizaban. Su figura dejó de representar únicamente su propio desahucio y pasó a funcionar como rostro reconocible de un problema mucho más amplio. El lema “Todos somos Maricarmen” apareció en carteles y camisetas. No hace falta mucha teoría sociológica para entender por qué: poner una cara a una estadística suele resultar bastante más incómodo que discutir porcentajes.

El terremoto llegó también a la política. Su caso aceleró las discusiones sobre nuevas medidas para proteger a inquilinos vulnerables y quedó unido al debate nacional sobre los desahucios. El Gobierno aprobó posteriormente nuevas disposiciones de vivienda que reforzaban la intervención de las administraciones en casos de vulnerabilidad, mientras distintos procedimientos judiciales comenzaron a mirar con especial atención la obligación de proporcionar alternativas residenciales.

El acuerdo que llegó cuando seguía en el hospital

Cinco días después del desalojo se produjo el giro. Tras una negociación entre representantes de Maricarmen, la propiedad y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid como mediadora, se alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar al mismo piso.

Maricarmen aceptó las condiciones. El nuevo contrato contemplaba una duración de ocho años y una renta ajustada a sus ingresos, de modo que no superase aproximadamente el 30% de ellos. La previsión era sencilla: volvería a casa en cuanto recibiese el alta hospitalaria.

Ese alta nunca llegó.

La secuencia resulta difícil de ignorar. Primero se ejecutó un desahucio que durante años parecía inevitable; después llegaron las movilizaciones, la mediación y finalmente una solución que permitía exactamente aquello que antes parecía imposible: que Maricarmen permaneciera en la vivienda. El acuerdo llegó después de que hubiese sido expulsada, no antes.

Su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas lo han expresado así tras comunicar su muerte: la solución que debía devolverla a su hogar llegó cuando ella seguía ingresada. El comunicado habla de un proceso extremadamente duro y reivindica su legado en la defensa del derecho a la vivienda.

Una casa, un nombre y un conflicto que dejó de ser privado

Maricarmen había dicho que quería morir en la habitación donde habían muerto sus padres. No pudo hacerlo. También había contado que deseaba que sus restos descansaran algún día en el mar Cantábrico. Entre ambas imágenes —una habitación cargada de fotografías y un mar abierto— cabe casi toda la dimensión íntima de una historia que terminó convertida en debate público.

Su muerte no resuelve la discusión que provocó. Más bien la deja expuesta. España seguirá teniendo propietarios con derechos legítimos, contratos que terminan, resoluciones judiciales que deben cumplirse y, al mismo tiempo, personas vulnerables para las que perder una vivienda significa bastante más que cambiar de código postal. Ahí está el nudo. Las leyes pueden ordenar un desalojo; la política de vivienda decide qué ocurre después.

Maricarmen Abascal murió a los 87 años sin regresar al piso en el que había vivido durante siete décadas, aunque finalmente había logrado el derecho a volver. Esa contradicción explica por qué su nombre probablemente sobrevivirá al episodio que la hizo conocida. Una mujer que quería quedarse tranquilamente en su casa acabó llenando plazas. A veces la historia política entra por lugares solemnes. Otras veces, simplemente, llama al portal número 46 de una calle de Madrid.