El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont y Junqueras por el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía a los 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017 y por la acción exterior del procés. Entre ellos están Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, además de antiguos consellers y responsables de los gobiernos catalanes investigados. La resolución los absuelve de responsabilidad contable y ordena levantar las fianzas que pesaban sobre ellos.

La decisión cierra, al menos en esta instancia, uno de los grandes frentes económicos del procés. No equivale, sin embargo, a una absolución penal general ni resuelve por sí sola las causas que todavía se dirimen en otros tribunales. Esa diferencia importa. El Tribunal de Cuentas juzgaba si los antiguos responsables públicos debían responder con su patrimonio por dinero de la Generalitat supuestamente destinado al 1-O y a la promoción internacional del proyecto independentista.

El Tribunal de Cuentas absuelve a los 35 encausados

La sentencia ha sido dictada por la consejera de cuentas Elena Hernáez y aplica la ley de amnistía al procedimiento que afectaba a los 35 demandados. Con ello quedan extinguidas las responsabilidades contables reclamadas por los gastos del referéndum y por determinadas actuaciones de la Generalitat en el exterior durante los años del procés.

El procedimiento tenía una dimensión económica considerable. Sobre los encausados pesaban fianzas cercanas a los cinco millones de euros, una cantidad que durante años colocó también el patrimonio de los afectados en el centro del litigio. Para cubrir esas garantías se recurrió inicialmente a propiedades particulares y posteriormente intervinieron otros mecanismos financieros. Con la nueva resolución, esas medidas cautelares deben levantarse.

La consecuencia práctica es clara: Puigdemont, Junqueras, Mas y los demás demandados quedan liberados de esa responsabilidad contable mientras la resolución mantenga sus efectos. Es uno de los capítulos económicamente más relevantes que seguían abiertos nueve años después del referéndum.

Por qué la amnistía ha tardado en llegar al procedimiento

La ley orgánica de amnistía aprobada en 2024 contemplaba su aplicación a los procedimientos de responsabilidad contable. El recorrido posterior, sin embargo, fue bastante menos lineal que la letra de la norma. El Tribunal de Cuentas elevó dudas a la justicia europea antes de decidir si podía extinguir las responsabilidades reclamadas por el 1-O.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó pronunciándose en julio de 2026 sobre las cuestiones planteadas y despejó uno de los principales obstáculos: la posible afectación de los intereses financieros de la Unión. La discusión giraba alrededor de si los gastos atribuidos a los dirigentes catalanes podían tener una relación suficientemente directa con el presupuesto comunitario como para impedir la aplicación de la amnistía.

A partir de ahí quedaba aterrizar esa doctrina sobre el expediente concreto. Hubo nuevas alegaciones, escritos y comprobaciones hasta que el Tribunal de Cuentas ha considerado procedente aplicar la amnistía a los 35 demandados. Dos años de ley y nueve de procés: la maquinaria judicial, como suele ocurrir, no se mueve precisamente a velocidad de AVE.

Fiscalía, Estado y Generalitat defendían cerrar la causa

La Fiscalía había defendido la aplicación de la amnistía, mientras que las posiciones favorables al archivo sostenían que el procedimiento debía quedar extinguido una vez despejadas las dudas europeas. La Generalitat también había rechazado que existiera el perjuicio económico que se pretendía reclamar a los antiguos responsables públicos.

En el lado contrario ha estado Societat Civil Catalana, que ejercía la acusación en el procedimiento y se ha opuesto a la aplicación de la amnistía. Su posición resulta especialmente relevante porque la resolución conocida este miércoles no es todavía firme y puede ser combatida mediante los recursos previstos por la ley.

La sentencia no es firme y todavía admite recurso

El caso, por tanto, no desaparece jurídicamente de un plumazo. La sentencia puede recurrirse ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas y, posteriormente, puede existir recorrido ante el Tribunal Supremo dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa si concurren los requisitos legales.

Ese matiz evita una lectura demasiado definitiva. Los 35 encausados han sido amnistiados en esta causa contable y las medidas cautelares deben levantarse, pero todavía puede abrirse una nueva fase procesal si alguna de las partes decide impugnar el fallo.

El asunto llevaba años acumulando escritos, recursos, cuestiones europeas y discusiones sobre el alcance de una ley concebida precisamente para extinguir este tipo de responsabilidades vinculadas al procés. La resolución supone, con todo, un cambio sustancial: la reclamación económica deja de pesar sobre los antiguos cargos mientras no prospere un eventual recurso.

La decisión no equivale a cerrar todas las causas del procés

El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas afecta exclusivamente a la responsabilidad contable. No debe confundirse con los procedimientos penales relacionados con la malversación del procés que han seguido su propio recorrido ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Ese frente también ha cambiado de forma notable. El Constitucional ha respaldado la posibilidad de aplicar la amnistía a la malversación de dirigentes del procés, obligando al Supremo a revisar la interpretación restrictiva que había mantenido. En los últimos días, el alto tribunal ha dado audiencia a las partes antes de adoptar nuevas decisiones sobre dirigentes como Puigdemont, Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Lluís Puig o Toni Comín.

Qué cambia realmente para Puigdemont y Junqueras

Para Puigdemont y Junqueras, la sentencia elimina un problema jurídico distinto del penal pero nada menor: la posibilidad de tener que responder personalmente por millones de euros reclamados a raíz de los gastos relacionados con el 1-O y la acción exterior catalana.

No significa que todos sus frentes judiciales hayan quedado automáticamente liquidados. Cada jurisdicción ha seguido su propio camino y la aplicación de la ley de amnistía se ha producido a ritmos diferentes. Ese mosaico explica por qué una misma persona puede quedar amnistiada en un procedimiento mientras todavía espera una resolución definitiva en otro.

Una de las grandes facturas judiciales del 1-O pierde peso

Nueve años después del referéndum, la batalla judicial del procés continúa desprendiéndose de algunas de sus capas. La causa del Tribunal de Cuentas era particularmente relevante porque mezclaba política, dinero público y patrimonio personal, tres ingredientes capaces de alargar cualquier procedimiento hasta hacerlo casi irreconocible.

La sentencia supone un avance decisivo en la aplicación efectiva de la amnistía al núcleo económico del 1-O. Beneficia a los 35 demandados, levanta las garantías impuestas y deja sin efecto en esta instancia la reclamación contable por los gastos del referéndum y de la acción exterior.

Queda abierta la posibilidad de recurso y continúan existiendo otros procedimientos relacionados con el procés. Pero una pieza importante acaba de moverse: Puigdemont, Junqueras, Mas y otros 32 antiguos cargos cuentan con una resolución que extingue su responsabilidad contable por estos gastos. El largo expediente judicial del 1-O no desaparece de golpe; simplemente tiene una causa menos pesando sobre la mesa.