Ayuso acusa de vínculos terroristas a la acampada de Sol y exige datos

Isabel Díaz Ayuso ha llevado este sábado la batalla política por la acampada de la Puerta del Sol a un terreno bastante más grave que el de la vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reclamado a la Delegación del Gobierno que aclare si la protesta está siendo gestionada por un grupo con “antecedentes terroristas propalestinos” y ha vinculado a personas presentes en la plaza con organizaciones señaladas por países como Estados Unidos y Canadá.

La afirmación exige, sin embargo, una precisión importante. No existe una confirmación pública de las autoridades españolas que acredite que una organización terrorista controle el conjunto de la acampada. Las sospechas difundidas durante los últimos días apuntan principalmente hacia la posible presencia de personas relacionadas con Samidoun, una red palestina que sí tiene un historial internacional muy concreto: Canadá la considera formalmente una entidad terrorista y Estados Unidos la sancionó en 2024 bajo su normativa antiterrorista por sus vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Otra cosa, distinta, es demostrar quién dirige las tiendas de Sol.

Ayuso endurece su discurso contra la acampada de Sol

La presidenta madrileña lanzó sus acusaciones durante el primer gran acto de precampaña del Partido Popular, celebrado en Ifema junto a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida. Ayuso reservó parte de su intervención para enviar un “recado” al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien el Ejecutivo regional lleva días responsabilizando de que continúe la protesta.

“Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada”, afirmó Ayuso antes de advertir de que sobre la Delegación recaerá la responsabilidad de lo que pueda suceder. Después endureció aún más el mensaje al mencionar a Estados Unidos y Canadá y asegurar que esos países habían incluido en sus registros relacionados con el terrorismo a “esa gente que tenemos hoy en la Puerta del Sol”.

La presidenta sostuvo además que debajo de las tiendas “no hay Estado de derecho” y describió la situación como un escenario de “desorden y caos”. La frase eleva varios peldaños una disputa que hasta hace pocos días giraba sobre todo alrededor de las competencias para intervenir en la plaza, el derecho de reunión y la legalidad de mantener un campamento permanente en uno de los principales espacios públicos de Madrid.

La vivienda, suficientemente inflamable por sí sola en la política española, ha terminado mezclada así con seguridad, terrorismo y campaña electoral. Un cóctel nada menor, y menos a pocas semanas de unas elecciones generales en las que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla.

Samidoun, la organización que aparece detrás de la polémica

Aunque Ayuso no identificó expresamente al grupo cuando formuló su advertencia, las acusaciones difundidas durante los últimos días han colocado el foco sobre Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network. La asociación ACOM había denunciado públicamente la presencia en Sol de personas vinculadas con esa red y sostuvo que participaban incluso en determinadas tareas de control dentro del campamento.

El antecedente internacional existe. Canadá incluyó a Samidoun en octubre de 2024 entre sus entidades terroristas conforme a su Código Penal. La decisión canadiense atribuyó a la organización estrechos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerado grupo terrorista por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.

También en octubre de 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense actuó contra Samidoun bajo su normativa antiterrorista y la señaló como una estructura internacional utilizada para recaudar fondos en beneficio del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Estados Unidos designó además a uno de sus dirigentes, Khaled Barakat, por su relación con esa organización.

La situación jurídica, eso sí, no es idéntica en todos los países. Alemania prohibió Samidoun y Canadá la incorporó formalmente a su relación de entidades terroristas. En Estados Unidos pesan sobre la red sanciones antiterroristas. Esa realidad internacional no permite trasladar automáticamente el mismo estatus jurídico a España ni, mucho menos, atribuírselo de manera colectiva a quienes participan en una protesta.

Qué está acreditado y qué sigue sin estarlo

Ahí está precisamente el núcleo de la polémica. Una cosa es que puedan existir personas relacionadas con una organización sancionada o prohibida en otros países dentro de una movilización; otra, bastante más seria, es afirmar que esa organización controla una acampada formada por cientos de participantes, colectivos y ciudadanos con reivindicaciones distintas.

Hasta este sábado no había trascendido una confirmación policial o de la Delegación del Gobierno que demostrase ese supuesto control. Tampoco las decisiones judiciales adoptadas durante los últimos días sobre el campamento han establecido semejante vínculo. La gestión efectiva de la acampada, por tanto, continúa siendo precisamente el punto sobre el que Ayuso pide explicaciones.

Presentar sin más a todos los participantes como integrantes de una organización terrorista iría más allá de lo que está públicamente acreditado. La formulación empleada por Ayuso mezcla una petición de información —quiere conocer quién gestiona el campamento— con una acusación política mucho más contundente sobre personas vinculadas a organizaciones señaladas internacionalmente. Ese matiz importa. Sobre todo cuando la palabra que entra en escena es terrorismo y no una descalificación política cualquiera.

Una protesta nacida del desahucio de Maricarmen

La acampada comenzó a finales de septiembre, después de una movilización por la crisis de la vivienda y el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en su piso madrileño y fue desalojada el 23 de septiembre.

Lo que inicialmente arrancó con unas pocas tiendas creció con rapidez. La Puerta del Sol acabó convertida en un campamento de protesta, con asambleas, turnos para dormir, espacios organizativos y centenares de participantes. Entre sus reivindicaciones aparecen medidas para impedir desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, contener los precios del alquiler y reforzar la protección de los inquilinos.

El caso de Maricarmen había adquirido una dimensión política mucho antes de su muerte. Tras el desalojo se alcanzó incluso un acuerdo para que pudiera regresar a la vivienda, pero la mujer permaneció hospitalizada y falleció el 7 de octubre, sin volver a pisar la casa en la que había pasado prácticamente toda su vida.

Su muerte multiplicó la repercusión de las protestas. Miles de personas han participado desde entonces en movilizaciones por la vivienda y el nombre de Maricarmen se ha convertido en símbolo de una crisis habitacional que desborda Madrid. Sol dejó de ser únicamente un conjunto de tiendas frente a la sede del Gobierno autonómico. Se convirtió, para bien o para mal según quién mire, en un escenario político de primera magnitud.

La Justicia rechazó el desalojo reclamado por Madrid

El Gobierno madrileño llevaba días intentando acabar con la acampada antes de que apareciera la controversia sobre los posibles vínculos terroristas. La Comunidad reprochó a la Delegación del Gobierno su supuesta “inactividad” y acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reclamar medidas que permitieran disolver el campamento.

El TSJM rechazó primero la petición de desalojo inmediato planteada mediante una medida cautelarísima. Posteriormente desestimó también la medida cautelar solicitada por la Comunidad al considerar que, en ese momento procesal, no había quedado acreditada la inactividad administrativa que el Ejecutivo autonómico atribuía a la Delegación del Gobierno.

La resolución no equivale, naturalmente, a una declaración judicial de que cualquier actividad desarrollada en el campamento sea legal. El tribunal tampoco resolvió definitivamente todos los problemas jurídicos que rodean la ocupación de la plaza. Lo que hizo fue rechazar la vía utilizada por la Comunidad para conseguir su desalojo. Una diferencia bastante importante, aunque resulte menos aparatosa que las acusaciones que han dominado posteriormente el debate.

La Delegación del Gobierno defendió que cualquier intervención debía respetar el principio de proporcionalidad y advirtió de que un desalojo podía provocar situaciones de fuerza con peligro para las personas. Francisco Martín respondió además a las críticas de Ayuso y Almeida reprochándoles que la verdadera “inactividad” estuviera, a su juicio, en sus políticas de vivienda.

Ayuso ha mantenido desde entonces la presión sobre el delegado y le ha responsabilizado políticamente de las consecuencias que puedan producirse alrededor de la protesta. La acusación lanzada este sábado introduce un argumento de seguridad donde hasta ahora predominaba la discusión administrativa acerca del derecho de reunión, la convivencia y el uso del espacio público.

De la crisis de vivienda a la batalla electoral

El momento tampoco resulta accidental. Las declaraciones se producen en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras el acceso a la vivienda ocupa una parte creciente del debate político. En el mismo fin de semana, los principales partidos han comenzado a fijar posiciones sobre alquileres, desahucios, propietarios y seguridad.

Ayuso desplaza así el foco desde las reivindicaciones de los manifestantes hacia la identidad de determinados grupos o personas que participan en la movilización. Ya no se discute solamente sobre alquileres, desahucios o vivienda pública. Se habla de orden público, radicalismo político y posibles conexiones con organizaciones sancionadas por terrorismo.

Para el PP madrileño, la cuestión pasa por determinar quién está detrás del campamento y quién asume la responsabilidad de lo que ocurre allí. Para sus adversarios, las palabras de Ayuso suponen una forma de criminalizar una protesta social a partir de las posibles vinculaciones de algunos participantes. Las dos interpretaciones convivirán previsiblemente durante una campaña en la que la vivienda se ha colado, con botas y todo, en el centro del tablero.

Los antecedentes internacionales de Samidoun impiden despachar el asunto simplemente como una invención. Están documentados. Pero esos antecedentes tampoco permiten transformar automáticamente a cientos de personas que duermen, colaboran o participan en las asambleas de Sol en miembros de la misma organización. Entre una cosa y la otra existe un trecho considerable. Y ese trecho, cuando las acusaciones son tan graves, se llama prueba.

Sol entra de lleno en la campaña electoral

La Puerta del Sol vuelve a funcionar como una especie de termómetro político español: tiendas de campaña frente a la sede de la Comunidad de Madrid, pancartas sobre vivienda, despliegue policial, tribunales, movilizaciones y, desde este sábado, acusaciones relacionadas con terrorismo. Difícil meter más combustible político en unos pocos metros cuadrados.

Lo comprobable por ahora es que Ayuso ha exigido investigar quién gestiona la acampada y ha relacionado a personas presentes en ella con grupos señalados internacionalmente. También está acreditado el estatus de Samidoun en Canadá y las sanciones antiterroristas adoptadas por Estados Unidos. Lo que no ha quedado demostrado públicamente es que esa red dirija la protesta de Sol ni que su situación pueda extenderse al conjunto de los acampados.

Ahí está la frontera entre una acusación política de enorme impacto y un hecho probado. En una campaña electoral que acaba de arrancar y con la vivienda convertida en asunto nacional de primer orden, esa frontera promete ser uno de los terrenos más disputados de la Puerta del Sol.