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Ayuso dice que Feijóo avala acabar con la «basura sindical» del 11-N

Ayuso sostiene que Feijóo le prometió acabar con la «basura sindical». La huelga general del 11-N enfrenta al PP con CCOO y UGT en plena campaña.

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Ayuso dice que Feijóo

Foto: Populares de Madrid / Wikimedia Commons / CC BY 2.0.

Resumen

  • Ayuso dice que Feijóo le prometió acabar con la «basura sindical»
  • El PP acusa de partidismo a los sindicatos tras la huelga del 11-N
  • La Constitución protege la libertad sindical y el derecho de huelga

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado una nueva polémica política al asegurar que pidió a Alberto Núñez Feijóo acabar con lo que denominó «basura sindical» y que el presidente del Partido Popular le respondió afirmativamente. Sus declaraciones, realizadas el 10 de noviembre, en vísperas de la huelga general del 11-N, han reabierto el enfrentamiento entre el PP y las principales organizaciones de trabajadores.

Durante una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, Ayuso relató una conversación telefónica con Feijóo en la que, según su versión, le exigió que terminara con determinadas prácticas sindicales. «Prométeme que esta basura se acaba», aseguró haberle dicho. La respuesta que atribuyó al líder popular fue igualmente contundente: «No lo dudes».

La trascendencia de estas palabras va más allá del lenguaje empleado. Los sindicatos están reconocidos por la Constitución española como organizaciones fundamentales para la defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Sin embargo, no existe un anuncio oficial del PP que plantee suprimirlos, y varios dirigentes populares han defendido expresamente su papel en una sociedad democrática.

La controversia se produce a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un escenario marcado por las tensiones laborales, el encarecimiento de la vivienda y las discrepancias sobre el modelo de relaciones entre sindicatos, empresarios y administraciones públicas.

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Ayuso habla de «mafia sindical» y asegura contar con el respaldo de Feijóo

Las declaraciones de la presidenta madrileña se produjeron en plena discusión sobre la huelga general del 11 de noviembre, convocada por CCOO, UGT y otras organizaciones para reclamar mejores salarios, una vivienda asequible y avances en las condiciones laborales.

Ayuso calificó la movilización de política y acusó a sus promotores de utilizar a los ciudadanos como rehenes. También empleó la expresión «mafia sindical» para referirse a determinadas organizaciones y cuestionó su independencia respecto a los partidos de izquierda.

La dirigente popular introdujo, no obstante, una distinción importante. Afirmó que reconoce la libertad sindical y el derecho de protesta como garantías constitucionales, pero que rechaza lo que considera abusos, impunidad y alteraciones injustificadas de los servicios públicos.

Su relato sobre la conversación con Feijóo fue interpretado como un respaldo del presidente nacional del PP a esa ofensiva. Conviene distinguir, sin embargo, entre la respuesta que Ayuso atribuye a Feijóo y una decisión política formal del partido.

El dirigente popular ha criticado repetidamente a los sindicatos por su actuación durante la precampaña, pero también ha manifestado públicamente que quiere interlocutores sindicales con los que negociar.

El PP endurece sus críticas a CCOO y UGT tras la huelga general

El enfrentamiento no se limita a la presidenta madrileña. Durante los días anteriores y posteriores a la huelga, distintos responsables del Partido Popular cuestionaron las motivaciones de las organizaciones convocantes.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó a CCOO y UGT de impulsar una «huelga electoral» contra una formación que todavía se encuentra en la oposición. También cuestionó que los sindicatos no hubieran organizado una protesta general de esas características durante los años de Gobierno socialista.

Tellado llegó a presentar al PP como «el verdadero partido de los currantes», en una disputa por la representación política de los trabajadores que ha adquirido especial relevancia durante esta campaña electoral.

El portavoz nacional popular, Borja Sémper, sostuvo el 11 de noviembre que la dirección sindical estaba causando un daño profundo a la credibilidad del movimiento obrero. Sin embargo, reconoció que los sindicatos son necesarios para la democracia.

El propio Feijóo había pedido desconvocar la huelga, especialmente después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Posteriormente, durante su intervención en El Hormiguero el 11 de noviembre, calificó la movilización de fracaso y de error histórico, aunque defendió la importancia de contar con sindicatos que representen los intereses de los trabajadores y no los de los partidos políticos.

Estas posiciones permiten identificar una estrategia de confrontación con las actuales direcciones sindicales, pero no acreditan por sí solas la existencia de un proyecto del PP destinado a eliminar el sindicalismo.

Los sindicatos defienden una huelga por los salarios y la vivienda

CCOO, UGT y otras organizaciones rechazaron que la huelga general constituyera una operación electoral contra el Partido Popular.

Sus reivindicaciones se centraron en el deterioro del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y el bloqueo de determinadas negociaciones colectivas.

La convocatoria del 11 de noviembre reclamaba salarios dignos, vivienda asequible y mejores condiciones de trabajo. Para los sindicatos, la proximidad de las elecciones no invalidaba unas demandas que afectan tanto al Ejecutivo saliente como al Gobierno que pueda constituirse después del 29-N.

La jornada registró un seguimiento desigual según los sectores y territorios, acompañado de manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades. Los convocantes valoraron positivamente las movilizaciones, mientras que la patronal estimó una participación laboral del 5%.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, respondió a las descalificaciones de Ayuso con duras críticas a la presidenta madrileña. Desde UGT, Pepe Álvarez cuestionó igualmente sus declaraciones. Ambos dirigentes defendieron la legitimidad de las reivindicaciones sindicales y la necesidad de negociar con el Gobierno que resulte de las elecciones.

La cuestión de fondo es importante: los sindicatos no necesitan compartir la orientación política del Ejecutivo para ejercer sus funciones. Tampoco están exentos de críticas por sus decisiones, su financiación o la actuación de sus dirigentes.

La Constitución protege a los sindicatos y el derecho de huelga

La discusión sobre el papel de las organizaciones sindicales tiene un límite jurídico bastante claro: la Constitución española de 1978.

Su artículo 7 reconoce expresamente que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

El artículo 28 protege la libertad sindical, incluido el derecho a fundar sindicatos y afiliarse libremente a ellos. También reconoce el derecho de huelga para la defensa de los intereses de los trabajadores, sujeto a las garantías legales correspondientes.

Y el artículo 37 garantiza la negociación colectiva entre los representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

En consecuencia, un Gobierno puede promover modificaciones del sistema de financiación sindical, de los mecanismos de representación o de determinadas normas laborales, siempre dentro del marco constitucional.

Lo que no puede hacer mediante una decisión ordinaria es suprimir la libertad sindical o convertir la afiliación a una organización legal en motivo de represalia.

Los derechos laborales no desaparecen al entrar en la empresa

La controversia también plantea una cuestión que suele quedar relegada en los debates políticos: las relaciones de poder dentro de los centros de trabajo.

Una empresa tiene facultades de dirección y organización, pero estas no eliminan los derechos fundamentales de sus empleados. El Estatuto de los Trabajadores reconoce, entre otros, el derecho a la representación colectiva y prohíbe la discriminación por afiliación o no afiliación sindical.

Los representantes de los trabajadores pueden intervenir en procedimientos de consulta, negociar convenios y defender intereses colectivos. También existen mecanismos de protección individual, como las reclamaciones ante la Inspección de Trabajo o los tribunales, que no dependen necesariamente de estar afiliado a un sindicato.

La afiliación es voluntaria. Ningún trabajador está obligado a pertenecer a un sindicato para conservar sus derechos laborales, aunque las organizaciones sindicales pueden proporcionarle asesoramiento, representación y capacidad de negociación colectiva.

Esta protección adquiere especial relevancia en sectores con elevada temporalidad, subcontratación o trabajadores con escaso poder de negociación individual.

La financiación sindical entra en el debate electoral

Uno de los aspectos más concretos de la confrontación entre el Partido Popular y los sindicatos es el de las subvenciones públicas.

Ayuso ha defendido una reducción de la financiación que reciben las organizaciones sindicales, mientras que otros dirigentes populares han mantenido posiciones más matizadas.

Borja Sémper señaló que las ayudas deben ser razonables, lógicas y ajustadas al papel que desempeñan realmente los sindicatos. Miguel Tellado recordó que se trata de una materia regulada y defendió el carácter indispensable de estas organizaciones en una sociedad democrática.

La financiación sindical combina distintas vías, entre ellas las cuotas de afiliación y los recursos públicos previstos para determinadas actividades y funciones representativas.

El debate sobre la utilización de dinero público es legítimo. También lo son las exigencias de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, que deben aplicarse con criterios coherentes a todas las organizaciones beneficiarias de fondos públicos.

Pero reducir subvenciones y eliminar sindicatos son cuestiones completamente diferentes. La primera pertenece al ámbito de las políticas presupuestarias y de regulación, mientras que la segunda afectaría directamente a derechos constitucionales.

Por el momento, las declaraciones públicas de los responsables populares no permiten establecer qué modificaciones concretas impulsaría un eventual Gobierno de Feijóo ni hasta dónde llegarían sus propuestas.

El futuro de las relaciones laborales después del 29-N

La polémica sobre la «basura sindical» ha situado las relaciones laborales entre los asuntos de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Partido Popular acusa a las grandes organizaciones sindicales de actuar con criterios partidistas y considera necesario recuperar su credibilidad. CCOO y UGT, por su parte, sostienen que sus reivindicaciones responden a problemas materiales de los trabajadores y que su independencia sindical incluye la posibilidad de enfrentarse a cualquier Gobierno.

En medio quedan cuestiones que afectan directamente a millones de personas: salarios, convenios colectivos, jornada laboral, vivienda, despidos y condiciones de trabajo.

El resultado electoral determinará quién tiene la responsabilidad de negociar las próximas reformas, pero no modificará automáticamente los derechos constitucionales de representación y organización sindical.

La respuesta que Ayuso atribuyó a Feijóo merece atención política, aunque no puede convertirse, sin más pruebas, en una supuesta promesa de eliminar los sindicatos. Las palabras de ambos dirigentes, las propuestas que finalmente presente el PP y las decisiones que pueda adoptar un futuro Ejecutivo son planos distintos.

Lo que sí ha quedado acreditado es el endurecimiento del enfrentamiento entre el PP y los principales sindicatos. La relación que se establezca después de las elecciones será determinante para saber si esta disputa queda en la confrontación electoral o termina traduciéndose en cambios en las relaciones laborales españolas.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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