Feijóo pide desconvocar la huelga del 11N tras el accidente de Urda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes, 3 de noviembre de 2026, a los sindicatos que desconvocen la huelga general del 11 de noviembre. Considera que mantener la protesta supone un «grave error» después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos. Su petición llega a ocho días de la movilización y en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, el líder de la oposición ha cuestionado la oportunidad de celebrar una huelga nacional en estas circunstancias. Feijóo sostiene que las organizaciones sindicales deberían reconsiderar su decisión ante la magnitud de la tragedia y ha advertido del coste político que, a su juicio, puede tener mantener la convocatoria.

La petición afecta a una huelga general de 24 horas, impulsada por CCOO y UGT junto con otras organizaciones para reclamar mejoras salariales y soluciones a la crisis de la vivienda. La movilización fue anunciada antes del accidente ferroviario del 28 de octubre y, por el momento, continúa convocada.

El debate llega en un momento especialmente delicado. España sigue pendiente de las investigaciones sobre el choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, mientras los trabajadores ferroviarios mantienen sus propias reivindicaciones sobre seguridad. Son conflictos distintos, aunque el accidente ha terminado por situarlos en el centro de la discusión política.

Feijóo considera un «grave error» mantener la huelga general

El dirigente popular ha asegurado que su rechazo a la movilización no supone cuestionar los derechos de los trabajadores. «No cuestiono el derecho constitucional de huelga. Cuestiono el sentido de la oportunidad», ha manifestado durante su intervención.

Feijóo ha endurecido su posición al relacionar directamente la convocatoria con las consecuencias del accidente de Urda. «69 muertos después es un grave error», ha afirmado al pedir a las centrales sindicales que reconsideren la protesta.

El presidente del PP considera que celebrar una huelga general a menos de tres semanas de las elecciones del 29 de noviembre tendrá una lectura política inevitable. Según su interpretación, la movilización está dirigida contra la oposición y podría comprometer la imagen de independencia de los sindicatos.

También ha reprochado a las organizaciones sindicales no haber convocado una huelga general durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y plantearla precisamente en la recta final de la legislatura.

Su advertencia va más allá de la conveniencia de la fecha. Feijóo sostiene que mantener el paro puede vincular políticamente a las centrales sindicales con el PSOE, una valoración que forma parte de su discurso electoral y que contrasta con los motivos laborales y sociales defendidos por los convocantes.

Por qué hay una huelga general convocada el 11 de noviembre

La huelga del 11N tiene su origen en las movilizaciones contra el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para alcanzar acuerdos salariales.

CCOO y UGT acordaron impulsar la convocatoria a principios de octubre y la registraron oficialmente el día 19, antes de que se produjera el accidente de Urda.

Las organizaciones defienden que disponer de un empleo no garantiza actualmente poder acceder a una vivienda, especialmente en las grandes ciudades y en los territorios donde los alquileres han experimentado mayores incrementos.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la subida de los salarios, el desbloqueo de los convenios colectivos y la adopción de políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda asequible.

UGT también ha reclamado un incremento de al menos el 7 % del salario mínimo interprofesional para 2027, además de medidas para ampliar el parque público de vivienda y frenar la especulación inmobiliaria.

Los sindicatos rechazan que la protesta sea partidista

Las organizaciones convocantes sostienen que sus reivindicaciones se dirigen tanto a las administraciones públicas como a las empresas, especialmente por las dificultades para avanzar en la negociación colectiva.

Esta distinción resulta importante ante las críticas del Partido Popular. La huelga está prevista poco antes de unas elecciones generales, pero su convocatoria y registro son anteriores al accidente ferroviario.

Los sindicatos consideran que la vivienda, los salarios y el coste de la vida son problemas que justifican una movilización nacional con independencia del calendario electoral.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también había cuestionado la convocatoria. Su presidente, Antonio Garamendi, llegó a anunciar que la patronal la impugnaría por considerar que tenía una finalidad electoral.

Sin embargo, la CEOE renunció el 22 de octubre a presentar el recurso. La organización empresarial mantuvo sus críticas a la huelga, aunque finalmente descartó intentar frenarla judicialmente.

Las huelgas ferroviarias del 10 y 12 de noviembre siguen convocadas

La petición de Feijóo coincide con otro conflicto laboral que afecta directamente al ferrocarril, pero que conviene diferenciar de la huelga general.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene convocadas dos jornadas de huelga en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, inmediatamente antes y después del paro nacional.

Estas movilizaciones responden a las reclamaciones del colectivo sobre la seguridad ferroviaria y al presunto incumplimiento de compromisos adquiridos con el Ministerio de Transportes, Adif y Renfe.

Semaf ya había celebrado una jornada de huelga el 29 de octubre, un día después del accidente de Urda. Posteriormente, anunció los nuevos paros para noviembre.

En un comunicado publicado el 2 de noviembre, el sindicato confirmó que continuaba preparando ambas movilizaciones pese a la tragedia. Denuncia una parálisis en la aplicación de los acuerdos de seguridad y reclama medidas efectivas para garantizar la protección de los trabajadores y los viajeros.

Entre sus exigencias figura una revisión de los procedimientos ferroviarios cuando fallan determinados sistemas automáticos de protección de los trenes, como el LZB o el ERTMS.

El sindicato considera necesario reforzar las restricciones de circulación en esas circunstancias para reducir los riesgos.

Por tanto, si se mantienen las tres convocatorias, el transporte ferroviario podría afrontar tres jornadas consecutivas de alteraciones, entre el 10 y el 12 de noviembre. El alcance dependerá de los trabajadores que secunden cada paro y de los servicios mínimos que correspondan.

El accidente de Urda agrava la tensión política y sindical

El accidente ferroviario del 28 de octubre, ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha causado 69 muertos y numerosos heridos. La colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo ha abierto una investigación sobre los fallos que pudieron provocar la tragedia.

Las causas definitivas todavía deben esclarecerse.

Uno de los aspectos examinados es el funcionamiento de los sistemas de seguridad y las decisiones adoptadas durante la circulación de los trenes. Los sindicatos ferroviarios han reclamado que se investigue toda la cadena de acontecimientos y que no se atribuyan responsabilidades individuales antes de conocer las conclusiones.

Feijóo, por su parte, ha responsabilizado políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez y ha cuestionado la gestión del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente.

El líder popular sostiene que la tragedia obliga a revisar el estado de las infraestructuras y los sistemas de protección ferroviaria. También ha reclamado responsabilidades políticas y una investigación exhaustiva.

La coincidencia de estas exigencias con las movilizaciones sindicales dibuja una situación particular: mientras el PP pide cancelar la huelga general por respeto a las consecuencias del accidente, los maquinistas mantienen sus protestas precisamente para reclamar más seguridad en el ferrocarril.

No se trata de la misma convocatoria ni de idénticas reivindicaciones. Esa diferencia resulta fundamental para entender el conflicto.

El 11N se convierte en otro frente de la precampaña electoral

La intervención de Feijóo incorpora la huelga general a una precampaña marcada por la tragedia ferroviaria y por las críticas a la gestión del Gobierno.

El Partido Popular interpreta la movilización como una decisión sindical inoportuna y políticamente perjudicial. Las organizaciones convocantes, en cambio, defienden el derecho de los trabajadores a protestar por problemas que consideran urgentes y que preceden al accidente.

El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución española. Su ejercicio no desaparece por la proximidad de unas elecciones ni por la existencia de una crisis nacional, aunque sus consecuencias y oportunidad puedan ser objeto de debate público.

La cuestión inmediata es si CCOO, UGT y las demás organizaciones convocantes atenderán la petición del presidente del PP. Hasta este martes, la huelga general del 11 de noviembre sigue en pie, al igual que los paros ferroviarios anunciados por Semaf para los días 10 y 12.

Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, la controversia añade un nuevo elemento de confrontación política. Y lo hace mientras continúa pendiente lo más importante tras el accidente de Urda: esclarecer por qué falló la seguridad ferroviaria y determinar qué medidas deben adoptarse para evitar otra tragedia.