El bitcoin de Bukele cinco años después: más reservas y poco uso real

Cinco años después de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin dentro de su sistema monetario, el experimento de Nayib Bukele deja una fotografía bastante distinta de aquella revolución anunciada en 2021. El Estado conserva una importante reserva de bitcoin, mantiene un marco favorable para los activos digitales y la criptomoneda continúa teniendo encaje legal. Pero en las tiendas, las remesas y la economía doméstica su presencia es pequeña. Mucho más pequeña de lo que prometía el proyecto original.

La gran transformación está precisamente ahí. El bitcoin salvadoreño ha ido dejando de ser una tentativa de moneda cotidiana para convertirse en algo más parecido a un activo estratégico, una marca de país y una política destinada a atraer inversión tecnológica. La aceptación privada pasó a ser voluntaria, la intervención directa del Estado se ha reducido dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Chivo, la billetera creada para llevar la criptomoneda a millones de ciudadanos, tiene desde 2026 control privado mayoritario.

De la revolución monetaria de 2021 al bitcoin voluntario

El 7 de septiembre de 2021 entró en vigor la Ley Bitcoin. El Salvador hizo entonces algo que ningún otro Estado había intentado: colocar una criptomoneda descentralizada dentro de su arquitectura monetaria junto al dólar estadounidense, que continuaba siendo la referencia de precios, salarios, impuestos y buena parte del ahorro familiar.

La apuesta llevaba la firma política de Bukele. El Gobierno ofreció 30 dólares en bitcoin a los adultos que instalaran Chivo Wallet, desplegó cajeros y puso recursos públicos detrás de la infraestructura de conversión entre dólares y criptomonedas. A finales de septiembre de aquel año, el presidente aseguraba que 2,1 millones de salvadoreños habían descargado la aplicación. Era un despliegue extraordinariamente rápido para un país de poco más de seis millones de habitantes.

Pero instalar una aplicación no significaba necesariamente utilizar bitcoin. Ahí apareció pronto la grieta entre el éxito tecnológico inicial y la economía de la calle: una cosa era reclamar el bono, probar Chivo o recibir una transferencia puntual y otra bastante distinta incorporar una criptomoneda volátil a las compras de cada semana.

En enero de 2025, una reforma cambió sustancialmente las reglas. El bitcoin siguió integrado en el marco jurídico salvadoreño, pero su aceptación pasó a ser voluntaria para personas y empresas privadas. También se redujo el papel del sector público y los impuestos continuaron pagándose en dólares.

La diferencia es enorme. En 2021 el proyecto pretendía colocar al bitcoin en la caja de un supermercado; cinco años después puede utilizarse, sí, pero ningún comercio privado está obligado a convertirlo en parte habitual de su negocio.

El gran problema sigue siendo el mismo: apenas se utiliza

El balance ciudadano es probablemente el dato más contundente de estos cinco años. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana mostró que alrededor del 92 % de los salvadoreños no había utilizado bitcoin para comprar o pagar durante 2024. El porcentaje dejaba la adopción cotidiana en su nivel más bajo desde la puesta en marcha de la ley.

No es una pequeña desviación respecto a las previsiones iniciales. Es una adopción cotidiana muy limitada. El bitcoin puede ocupar titulares internacionales, reservas públicas y conferencias tecnológicas mientras prácticamente desaparece al llegar a la panadería, al mercado o a la pequeña tienda de barrio.

También las remesas, uno de los argumentos más potentes utilizados para defender el proyecto, cuentan una historia parecida. El Salvador recibe miles de millones de dólares cada año de sus ciudadanos en el extranjero y la tecnología cripto prometía abaratar intermediarios y comisiones. Sin embargo, durante 2025 únicamente 57,67 millones de dólares llegaron mediante billeteras de criptomonedas, un 32,5 % menos que el año anterior.

Esa cantidad representó apenas el 0,57 % de todas las remesas recibidas por el país en 2025. Dicho de manera bastante más sencilla: de cada 100 dólares enviados a familias salvadoreñas, bastante menos de uno llegó mediante una billetera de criptomonedas.

El dólar conserva una ventaja difícil de batir. Es estable, conocido y lleva décadas formando parte de la vida cotidiana salvadoreña. El bitcoin, en cambio, obliga a convivir con fuertes oscilaciones de precio que pueden resultar atractivas para un inversor, pero no necesariamente para alguien que necesita pagar el alquiler el viernes.

Las reservas de bitcoin son la otra cara de la historia

Que la población apenas lo utilice no significa que el proyecto haya desaparecido. De hecho, ocurre algo paradójico: mientras su relevancia como medio de pago ha menguado, la reserva vinculada al Estado ha alcanzado dimensiones considerables.

A comienzos de septiembre de 2026, coincidiendo con el quinto aniversario de la Ley Bitcoin, El Salvador comunicaba unas tenencias de 7.763,37 bitcoins, valoradas entonces en alrededor de 632 millones de dólares. La cifra en dólares, naturalmente, baila al ritmo de la cotización de la criptomoneda.

Aquí conviene separar dos cuestiones que suelen aparecer mezcladas. Una es el tamaño de la reserva; otra, cómo se incrementa. El acuerdo financiero con el FMI introdujo límites precisamente sobre este segundo punto.

El Fondo señaló en octubre de 2026 que no se contempla una mayor acumulación de bitcoin más allá de donaciones documentadas y reclamó seguir reduciendo la participación estatal directa en las actividades vinculadas a la criptomoneda.

Ese matiz explica una aparente contradicción: las tenencias comunicadas pueden aumentar mientras las autoridades sostienen dentro del programa con el FMI que no se emplean nuevos recursos públicos para comprarlas. La reserva, por tanto, sobrevive; la vieja política de compras estatales abiertas, bastante menos.

Chivo deja atrás su etapa como gran billetera estatal

Pocas cosas representan mejor la evolución del experimento que Chivo Wallet. Nació como infraestructura pública para convertir el bitcoin en dinero corriente y acabó transformándose en una sociedad con mayoría privada.

En 2026 se completó la transferencia de la participación mayoritaria y el control de Chivo a un operador privado. El Gobierno salvadoreño conserva una participación minoritaria, pero la plataforma ya no funciona bajo el mismo modelo estatal con el que aterrizó en los teléfonos de millones de personas en 2021.

La nueva etapa está vinculada a Linguard Labs, que adquirió una participación mayoritaria y planteó un relanzamiento mucho más amplio que el concepto original. Chivo deja así de presentarse únicamente como una puerta de entrada al bitcoin y aspira a operar con dólares, activos digitales, pagos, remesas y servicios financieros. La plataforma cuenta con más de 4,5 millones de cuentas registradas.

Es una metamorfosis significativa. Chivo nació para llevar bitcoin a las masas; la nueva Chivo pretende resultar útil incluso para quien tenga escaso interés en las criptomonedas. La infraestructura financiera intenta sobrevivir a la promesa política que la vio nacer.

El bitcoin sí cambió la imagen internacional de El Salvador

Sería demasiado sencillo concluir que todo el experimento fracasó porque los salvadoreños no pagan habitualmente el café con bitcoin. El proyecto tuvo otros efectos, algunos difíciles de encerrar en una hoja de cálculo. El Salvador pasó de ocupar un espacio relativamente pequeño en la conversación financiera internacional a convertirse en una referencia mundial sobre Estados y criptomonedas.

El anuncio de la Ley Bitcoin disparó la atención internacional hacia el país. También coincidió con un crecimiento del turismo, aunque atribuir ese avance exclusivamente a la criptomoneda sería aventurado: en aquellos años confluyeron la recuperación posterior a la pandemia, la promoción turística, el surf y una mejora notable de la percepción internacional de la seguridad.

Bukele consiguió, en cualquier caso, algo políticamente valioso: hacer reconocible a El Salvador dentro de una industria global. Empresas de activos digitales, inversores y defensores del bitcoin comenzaron a mirar hacia un pequeño país centroamericano como hacia un laboratorio financiero.

El Gobierno tampoco abandonó esa vertiente. A la Ley Bitcoin siguió una regulación específica para activos digitales, nuevos organismos y un ecosistema jurídico diseñado para atraer compañías del sector. Esa apuesta permanece incluso mientras retrocede el intento de convertir la criptomoneda en una herramienta de pago masiva.

El FMI rebaja la intervención pública en el experimento

La negociación con el Fondo Monetario Internacional marca el segundo gran periodo del bitcoin salvadoreño. En febrero de 2025, el organismo aprobó un programa financiero de aproximadamente 1.400 millones de dólares, acompañado de compromisos destinados a reducir los riesgos asociados a la exposición pública a los criptoactivos.

Entre las medidas figuraban hacer voluntaria la aceptación privada, limitar la participación del sector público, reforzar la transparencia sobre las tenencias, reducir la intervención estatal en Chivo y mejorar la supervisión del mercado de activos digitales.

En octubre de 2026 el FMI dio por completadas la segunda y la tercera revisión del programa y dejó disponible un desembolso de unos 138 millones de dólares. También insistió en que el Estado debía continuar retirándose de determinadas actividades relacionadas con bitcoin y mejorar la transparencia sobre las tenencias públicas.

La escena tiene cierta ironía. El proyecto que nació, en buena medida, como una provocación frente al sistema financiero tradicional ha terminado reajustándose dentro de un programa negociado con una de las instituciones centrales de ese mismo sistema. Bitcoin no desapareció. El pragmatismo tampoco.

De moneda cotidiana a activo estratégico

Cinco años después, la experiencia salvadoreña permite separar ya el escaparate de la realidad. Bitcoin no sustituyó al dólar, no se convirtió en el instrumento habitual para recibir remesas y tampoco conquistó el pequeño comercio. La mayoría de la población continúa viviendo prácticamente al margen de la criptomoneda.

Pero tampoco se evaporó con el entusiasmo inicial. El Salvador conserva miles de bitcoins, mantiene legislación específica, ha desarrollado instituciones vinculadas a los activos digitales y continúa presentándose como un territorio favorable para esta industria. Chivo, aunque profundamente transformada, sigue funcionando mediante una fórmula público-privada.

La apuesta de Bukele ha cambiado de naturaleza. En 2021 quería demostrar que bitcoin podía comportarse como dinero nacional; en 2026 el resultado se parece más a otra cosa: una reserva financiera volátil, una industria regulada y una herramienta de identidad internacional.

Cinco años han bastado para rebajar algunas promesas y consolidar otras. El bitcoin no conquistó las calles de El Salvador, pero tampoco salió del mapa. Se quedó en un lugar bastante menos revolucionario y, quizá por eso, bastante más real: más reserva y símbolo que dinero de bolsillo.