Cultura
La SGAE plantea un canon del 7% por las marchas procesionales en 2027
Las hermandades andaluzas negocian con la SGAE el canon del 7% previsto para las marchas procesionales en 2027, con dudas sobre su aplicación.
Foto: El Pantera / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 ES).
Resumen
- La SGAE plantea cobrar un 7% por las marchas protegidas en 2027
- Las cofradías andaluzas y la SGAE abren una mesa para negociar
- Las marchas de dominio público no generan derechos por su obra original
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) plantea cobrar derechos de autor por las marchas procesionales a partir de la Semana Santa de 2027, con una tarifa de referencia del 7% sobre el presupuesto destinado a contratar bandas y otras formaciones musicales, descontado el IVA. La propuesta afecta a las hermandades y cofradías que utilicen composiciones protegidas, aunque su aplicación definitiva sigue pendiente de aclaraciones y conversaciones con los representantes cofrades.
La última novedad se produjo el viernes 20 de noviembre de 2026. La SGAE y representantes de las cofradías de las capitales andaluzas y de Jerez de la Frontera celebraron en Sevilla su primera reunión oficial y acordaron abrir una mesa de diálogo sobre el posible canon. No hay todavía un acuerdo definitivo sobre las condiciones de cobro ni una fecha cerrada para exigir los primeros pagos. Las hermandades quieren conocer exactamente cuánto tendrían que pagar, cómo se calcularía el importe y qué consecuencias económicas tendría para sus procesiones.
El asunto supone un cambio importante en la organización de la Semana Santa. Hasta ahora, el gasto musical de una hermandad se concentraba principalmente en contratar a las bandas que acompañan a sus imágenes. La propuesta de la SGAE introduce un coste diferenciado: el correspondiente a los compositores de las marchas interpretadas. Pagar a los músicos no equivale a pagar los derechos de autor de las obras que tocan.
La entidad defiende que las composiciones procesionales merecen la misma protección que cualquier otra creación musical. Los representantes de las hermandades reconocen ese derecho, pero consideran necesario aclarar su alcance antes de trasladar una nueva obligación económica a unas organizaciones cuyos presupuestos son muy diferentes.
Cuánto tendrán que pagar las cofradías por las marchas
La tarifa que plantea la SGAE es del 7% del presupuesto de contratación musical, sin IVA. Se tienen en cuenta los gastos correspondientes a bandas de música, agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores y formaciones de música de capilla.
El cálculo permite hacerse una idea de su impacto. Una hermandad que destine 10.000 euros, sin IVA, a contratar una banda tendría una cuota de referencia de 700 euros si todo el repertorio estuviese protegido y resultase aplicable el porcentaje completo. Si el presupuesto musical alcanzase los 20.000 euros, la cifra ascendería a 1.400 euros bajo esas mismas condiciones.
Sin embargo, no todas las marchas generan derechos de autor. José Lucas Chaves, director territorial de la SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, explicó en octubre que la proporción de composiciones protegidas puede modificar el cálculo.
Por ejemplo, si una banda interpreta diez marchas y únicamente siete están sujetas a derechos, el porcentaje se aplicaría, según esa explicación, a la parte proporcional del presupuesto correspondiente a las obras protegidas. Con una contratación de 1.000 euros, sin IVA, el importe resultante sería de 49 euros, en lugar de los 70 euros correspondientes al repertorio íntegramente protegido.
Estas cifras son orientativas. El procedimiento concreto de cálculo y aplicación figura entre las cuestiones que las organizaciones cofrades quieren terminar de aclarar con la SGAE. La entidad ya incorporó expresamente las procesiones a sus tarifas generales de 2026, pero su previsión comunicada es comenzar a efectuar los cobros durante la Semana Santa de 2027, sin fecha definitiva establecida.
Por qué la SGAE quiere cobrar derechos de autor en Semana Santa
El argumento de la SGAE parte de la Ley de Propiedad Intelectual. Una marcha procesional es una composición musical y, como cualquier obra de creación, puede estar protegida por derechos de autor. Que se interprete durante una celebración religiosa o que lleve décadas formando parte de una tradición no significa, por sí mismo, que esté libre de derechos.
La entidad sostiene que los compositores deben recibir una remuneración cuando sus obras se utilizan públicamente en actos sujetos a autorización. También recuerda que la música procesional continúa incorporando nuevas creaciones y que sus autores contribuyen a mantener y ampliar ese patrimonio cultural.
Esta reivindicación cuenta con el respaldo de Musapro, la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional, constituida en 2025 y presidida por el compositor Abel Moreno. La organización reúne a más de 125 compositores, herederos y estudiosos y defiende el reconocimiento profesional y económico de quienes escriben las marchas.
El propio Moreno ha distinguido entre los derechos de los autores y los ingresos de las bandas. Su posición es que los intérpretes no deben asumir el pago por tocar, ya que la responsabilidad corresponde, cuando proceda, a los organizadores de los actos.
Se trata de dos actividades diferentes: una persona compone una marcha y otra formación musical la interpreta. Ambas pueden recibir una remuneración por conceptos distintos. El desacuerdo no gira tanto alrededor de ese principio como de la forma de aplicar las tarifas a las procesiones, que son actos religiosos con unas características particulares.
Qué marchas procesionales estarán sujetas al canon
La medida no implica que todas las composiciones de Semana Santa deban pagar derechos. La Ley de Propiedad Intelectual establece, como regla general, que los derechos de explotación de una obra se mantienen durante toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento, aunque existen regímenes transitorios que pueden ampliar ese plazo para determinados autores antiguos.
Una vez extinguidos esos derechos, las composiciones originales pasan al dominio público y pueden interpretarse sin abonar derechos de autor por esas obras.
El repertorio de la Semana Santa combina marchas históricas con composiciones contemporáneas. La SGAE ha citado ejemplos como Amargura, de Manuel Font de Anta, La Madrugá, de Abel Moreno, o Caridad del Guadalquivir, de Paco Lola, para explicar la diversidad de autores y épocas que conviven en la música procesional.
La situación jurídica de cada obra debe comprobarse individualmente. Incluso cuando una composición original ha pasado al dominio público, una adaptación posterior puede incorporar elementos creativos protegidos que generen sus propios derechos.
Existe otra cuestión relevante para las hermandades: encargar una marcha dedicada a una imagen no supone adquirir automáticamente sus derechos de explotación. Para que estos se transmitan, debe existir una cesión válida en los términos correspondientes. Haber financiado una composición no equivale necesariamente a poder utilizarla sin límites.
La excepción legal para las ceremonias religiosas
La legislación española contempla una excepción que resulta especialmente importante en esta controversia. El artículo 38 de la Ley de Propiedad Intelectual permite ejecutar obras musicales en ceremonias religiosas sin autorización de los titulares de derechos cuando se cumplen determinadas condiciones.
Para acogerse a esa excepción, el público debe poder asistir gratuitamente y los artistas no pueden percibir una remuneración específica por su interpretación durante el acto.
Esto significa que el carácter religioso y gratuito de una procesión no basta por sí solo para quedar exento. Cuando una cofradía contrata y remunera a una banda, la aplicación de esa excepción legal resulta mucho más limitada.
La SGAE considera que las procesiones en las que se interpretan obras protegidas de su repertorio deben disponer de la autorización correspondiente cuando no concurre una excepción legal. La discusión práctica afecta también a salidas extraordinarias, procesiones de gloria y otros actos semejantes, no exclusivamente a las estaciones de penitencia de Semana Santa.
Las cofradías andaluzas se unen ante la propuesta de la SGAE
Las agrupaciones de hermandades y cofradías de las ocho capitales andaluzas y de Jerez de la Frontera han decidido actuar conjuntamente ante la posible implantación de esta tarifa. Su posición común comenzó a concretarse en una reunión celebrada el 5 de noviembre en Antequera (Málaga) y ha desembocado en el encuentro oficial del 20 de noviembre en Sevilla.
La reunión no terminó con un acuerdo económico, sino con el compromiso de mantener una mesa de diálogo. Las organizaciones cofrades enviarán a la SGAE un escrito con las cuestiones que consideran pendientes de resolver, especialmente el alcance del canon, los criterios de aplicación y las consecuencias para las hermandades.
Una vez recibida la respuesta, sus representantes volverán a reunirse para examinarla y trasladar las aclaraciones a las corporaciones religiosas. Por ahora, no se ha anunciado un calendario definitivo de negociación.
Las entidades cofrades han expresado su reconocimiento al trabajo de los compositores y a la protección de sus derechos. Al mismo tiempo, reclaman que se tengan en cuenta las particularidades de unas celebraciones que no funcionan como conciertos convencionales: las procesiones no suelen tener taquilla y buena parte de su financiación procede de las cuotas de los hermanos y de otros recursos de las propias corporaciones.
La cuestión económica adquiere especial relevancia para las hermandades con presupuestos reducidos. Aunque un porcentaje del 7% pueda parecer limitado, su aplicación supondría incorporar un gasto adicional a contratos musicales que, en muchos casos, se acuerdan con bastante antelación.
Cómo se gestionaría el pago y quién sería responsable
Según el procedimiento explicado por la SGAE, la hermandad organizadora tendría que facilitar información sobre las formaciones musicales contratadas y el presupuesto destinado a ellas. Esos datos permitirían tramitar la autorización correspondiente y determinar la cantidad exigible.
Las bandas también tendrían un papel en el proceso. El denominado libro de ejecutante recoge las composiciones interpretadas y el número de veces que se ejecutan, información necesaria para identificar a los autores y distribuir los derechos recaudados.
La entidad ha señalado igualmente que la presentación anticipada de los programas musicales puede permitir acceder a determinadas bonificaciones, siempre que se cumplan las condiciones previstas. No obstante, el funcionamiento práctico de las tarifas y la documentación exigible forman parte de los asuntos que todavía deben quedar suficientemente definidos.
El pago correspondería, con carácter general, a la entidad organizadora de la procesión, no a los músicos que participan en ella. Esa responsabilidad podría recaer también en ayuntamientos o asociaciones cuando sean quienes organicen actos sujetos a derechos de autor.
La SGAE ha indicado que no se generan derechos por una procesión que finalmente no llega a celebrarse. También diferencia estas tarifas de las aplicables a conciertos de Cuaresma y otras actuaciones musicales, que pueden estar sometidos a condiciones distintas.
La Semana Santa de 2027, pendiente de un acuerdo sobre la música
La controversia llega en un momento en el que las hermandades comienzan a preparar sus próximas salidas procesionales. La previsión de la SGAE es que el nuevo sistema de cobro empiece a aplicarse en 2027, pero el encuentro de noviembre ha dejado claro que todavía existen aspectos por concretar.
Los compositores reclaman una remuneración por la utilización pública de su música. Las cofradías, por su parte, quieren conocer de antemano qué obligaciones tendrán que asumir, qué obras estarán efectivamente protegidas y cómo se calculará cada factura.
La cuestión trasciende a las principales ciudades andaluzas. La interpretación de marchas procesionales forma parte de las celebraciones religiosas de numerosos municipios españoles, de modo que el sistema que finalmente se aplique puede tener repercusiones más amplias.
De momento, no existe un acuerdo definitivo que establezca cuánto deberá pagar cada hermandad en 2027. Lo que sí está sobre la mesa es una tarifa de referencia del 7%, el reconocimiento legal de los derechos de los compositores y una negociación abierta para determinar cómo trasladar ese coste a las procesiones.
La Semana Santa lleva generaciones acompañada por las mismas partituras, junto a otras que se estrenan cada año. Ahora tendrá que resolver también cómo se remunera a quienes las escriben. Y, sobre todo, quién paga y cuánto.
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