La Policía carga contra docentes en huelga frente a un acto de Ayuso

La tensión de la huelga educativa en Madrid ha subido varios grados este lunes 19 de octubre. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional han cargado contra docentes concentrados en las inmediaciones del Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, donde participaba en un acto la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Los manifestantes habían rodeado el acceso al edificio y reclamaban al Gobierno regional que negociara las condiciones del profesorado y de la enseñanza pública.

La intervención policial se produjo durante la cuarta jornada de huelga indefinida, iniciada el 14 de octubre. Decenas de antidisturbios despejaron la zona para establecer un perímetro de seguridad y facilitar la salida de Ayuso. Los agentes llegaron a lanzar pelotas de goma al aire durante la operación de dispersión. La presidenta abandonó posteriormente el lugar en coche, acompañada por su dispositivo de seguridad.

La protesta llega hasta el acto de Ayuso

Los profesores habían comenzado la jornada concentrándose ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en la calle de Alcalá. Desde allí, una parte de los manifestantes avanzó hacia el cercano Palacio de Santoña, en pleno centro de Madrid, después de conocer que la presidenta regional participaba allí en un acto institucional.

La escena fue estrechándose, literalmente. Las calles que rodean el edificio son pequeñas y cientos de personas ocuparon los accesos mientras los agentes trataban de mantener despejada la entrada. Los cánticos reclamaban que Ayuso y la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se sentaran a negociar con el profesorado. La protesta dejó entonces de ser una concentración educativa más para convertirse en el punto de mayor tensión de la jornada.

Cargas policiales y un perímetro para sacar a Ayuso

Cuando los manifestantes permanecieron frente al inmueble, varias decenas de agentes antidisturbios comenzaron a desplazarlos. Hubo empujones, carreras y cargas en una zona donde el espacio disponible era escaso. La Policía terminó alejando la concentración varios metros y creó el corredor por el que pudo salir la presidenta madrileña.

Los agentes dispararon pelotas de goma al aire mientras despejaban el entorno. El objetivo del dispositivo era garantizar una salida segura de Ayuso y evitar que los manifestantes siguieran concentrados junto a las puertas del edificio. Desde la Comunidad de Madrid se habían solicitado refuerzos policiales ante la situación.

No era, además, el primer episodio de tensión relacionado con esta huelga. El comienzo de los paros, el pasado 14 de octubre, estuvo marcado por una actuación policial en la Universidad Complutense que terminó con detenidos y heridos y abrió una polémica sobre la proporcionalidad de la intervención. El delegado del Gobierno en Madrid llegó después a pedir disculpas y consideró que aquellas imágenes exigían revisar lo ocurrido.

Una mañana de protestas desde la A-3 hasta Vallecas

El choque frente al acto de Ayuso fue la culminación de una jornada que había empezado bastante antes. A primera hora, más de un centenar de docentes cortaron durante aproximadamente media hora una vía de servicio de la A-3 a la altura de Moratalaz, en sentido Madrid, y colocaron pupitres y sillas sobre la calzada. La protesta generó retenciones en plena hora punta hasta que intervino la Policía y la circulación recuperó la normalidad.

Poco después, más de 300 profesores se concentraron ante el Instituto de Formación Profesional Antonio Palacios, en Puente de Vallecas, donde Mercedes Zarzalejo tenía prevista una visita. La consejera finalmente suspendió el acto por motivos de seguridad. Entre silbatos, camisetas verdes y amarillas y algún bote de humo, los asistentes insistieron en un mensaje que se está convirtiendo en la banda sonora de la huelga: quieren negociación.

El conflicto, por tanto, ha escapado ya de los patios y las salas de profesores. Carreteras, sedes administrativas, centros educativos y actos públicos se han convertido en escenarios de una movilización que intenta elevar la presión sobre el Gobierno regional. Una huelga indefinida tiene precisamente ese mecanismo: cada jornada añade presión, pero también desgaste. Para todos.

Las cifras de seguimiento dibujan dos huelgas distintas

Hay otro frente abierto, bastante menos espectacular que una carga policial pero fundamental para medir la fuerza del conflicto: cuántos docentes están realmente secundando el paro.

La Comunidad de Madrid asegura que este lunes el seguimiento ha caído hasta el 13,2 %, frente al 44,6 % que atribuyó a la primera jornada. Los sindicatos convocantes sostienen una fotografía radicalmente diferente y elevan la participación de este lunes por encima del 50 %. No es una discrepancia pequeña ni un decimal perdido: según quién haga la cuenta, se está hablando prácticamente de dos huelgas distintas.

El paro afecta potencialmente a unos 65.000 profesores de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos de la Comunidad de Madrid. La huelga fue convocada por organizaciones sindicales como CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera, junto a distintas plataformas docentes; CSIF ha promovido movilizaciones paralelas.

Qué reclaman los profesores madrileños

El abanico de reivindicaciones es amplio, aunque varias demandas concentran buena parte del conflicto. Los convocantes quieren reducir las horas lectivas semanales hasta 17 en Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, y hasta 22 en Infantil y Primaria. También piden reducir las ratios de alumnos por aula y reforzar el personal dedicado a orientación, diversidad y necesidades educativas especiales.

En el terreno económico reclaman una subida salarial de 600 euros mensuales y una mayor equiparación retributiva. A ello añaden menos burocracia, mejoras en las infraestructuras y medidas de climatización para unos centros donde el calor se ha convertido durante los últimos cursos en algo más que una conversación de ascensor.

El Gobierno madrileño considera varias de estas exigencias inviables y ha defendido las mejoras ya pactadas o previstas, entre ellas incrementos salariales y una reducción progresiva de horas lectivas. Los sindicatos sostienen, por contra, que esas medidas resultan insuficientes ante la carga de trabajo, el coste de vida y las necesidades acumuladas de la educación pública madrileña.

Ayuso lleva el choque educativo al terreno político

La presidenta madrileña ha interpretado las movilizaciones en una clave mucho más amplia que la estrictamente educativa. Antes incluso de abandonar el Palacio de Santoña, Ayuso responsabilizó a Pedro Sánchez y a la izquierda del clima de tensión y acusó al Gobierno central de fomentar protestas y “acoso” contra su Ejecutivo. También relacionó la situación madrileña con los graves disturbios registrados recientemente en Francia.

El Ejecutivo autonómico ha denunciado una “radicalización” de las movilizaciones y considera que el descenso del seguimiento demuestra que el movimiento está perdiendo respaldo en las aulas. Para los convocantes ocurre justo lo contrario: las concentraciones muestran que el conflicto se mantiene vivo y que existe un problema de fondo que no desaparecerá reduciéndolo a una batalla partidista.

Y ahí está uno de los nudos del asunto. Una protesta laboral se ha convertido también en un enfrentamiento político entre administraciones, sindicatos y partidos. El riesgo es bastante conocido: cuando todo termina interpretándose como una conspiración del adversario, las cuestiones concretas —ratios, horas lectivas, salarios, apoyos educativos— quedan enterradas bajo una montaña de declaraciones.

La huelga entra en su fase más difícil

Después de cuatro jornadas, el pulso educativo madrileño afronta un momento delicado. Los profesores necesitan conservar participación suficiente para sostener una huelga sin fecha de finalización; la Comunidad intenta demostrar que el seguimiento se desinfla; mientras tanto, alumnos y familias soportan inevitablemente parte de las consecuencias de un conflicto que sigue sin acuerdo.

Las cargas de este lunes añaden otro ingrediente. El debate ya no gira únicamente sobre cuánto cobran los docentes o cuántos alumnos hay por clase, sino también sobre cómo se gestionan las protestas, qué límites tiene la presión sobre los responsables políticos y cuándo una intervención policial resulta proporcionada. Es terreno incómodo para todos, precisamente porque una democracia tiene que proteger dos cosas al mismo tiempo: el derecho a protestar y la seguridad de quienes no protestan.

La imagen que deja el 19 de octubre es, en cualquier caso, difícil de diluir: profesores con camisetas verdes frente a un cordón de antidisturbios, una presidenta saliendo escoltada de un acto y una negociación que continúa atascada. El problema educativo sigue exactamente donde estaba, solo que ahora hace bastante más ruido.