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El Consejo de Estado revisará el posible cese de Fernández de la Vega

Una comisión del Consejo de Estado volverá a examinar el posible cese de Fernández de la Vega, consejera vitalicia ausente desde hace 18 meses.

El Consejo de Estado

Foto: Carlos Delgado / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Resumen

  • La comisión volverá a estudiar el posible cese de Fernández de la Vega
  • La exvicepresidenta lleva más de 18 meses sin ejercer por motivos de salud
  • El cese exige un informe del Pleno y la decisión del Consejo de Ministros

El Consejo de Estado volverá a examinar la posible destitución de María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno y actual consejera permanente, durante la semana del 23 de noviembre. La ponencia especial encargada de estudiar su situación tiene previsto reunirse de nuevo después de varios meses de trámites y ante la prolongada ausencia de la antigua dirigente socialista, que lleva más de año y medio sin poder desempeñar sus funciones por motivos de salud.

La reunión supone un nuevo paso en un expediente excepcional, aunque no implica que su cese esté decidido. La presidenta del organismo, Carmen Calvo, impulsó el procedimiento en septiembre ante las dificultades que genera mantener vacante, en la práctica, una de las nueve secciones del máximo órgano consultivo del Gobierno. La decisión definitiva exige garantías legales y corresponde al Consejo de Ministros.

El asunto ha adquirido especial relevancia por el carácter vitalicio de los consejeros permanentes, la trayectoria política de Fernández de la Vega y las informaciones recientes sobre una ralentización del expediente. A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el procedimiento continúa abierto sin una resolución pública sobre la permanencia de la exvicepresidenta.

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Una nueva reunión tras dos meses de trámites

El procedimiento comenzó el 17 de septiembre de 2026, cuando la Comisión Permanente del Consejo de Estado respaldó por unanimidad la apertura de un expediente para examinar la situación de Fernández de la Vega.

La institución constituyó una ponencia especial integrada por dos consejeros permanentes y un letrado. Su cometido consiste en determinar las circunstancias que afectan al desempeño de las funciones de la consejera y estudiar si concurren los requisitos legales para proponer su cese por incapacidad permanente.

Durante la presentación de la memoria anual del organismo, celebrada el 10 de noviembre, Carmen Calvo reconoció que el grupo de trabajo había mantenido dos reuniones y todavía estaba analizando el procedimiento aplicable. También explicó que no existía un plazo cerrado para concluir sus actuaciones.

Qué ha cambiado en noviembre

Las informaciones publicadas el 20 de noviembre apuntaban a que Calvo había frenado la culminación del expediente, cuya resolución no figuraba entre los asuntos tratados por el Pleno. Sin embargo, la nueva convocatoria anunciada para la semana siguiente indica que el examen de la situación de Fernández de la Vega sigue pendiente.

Conviene distinguir dos cuestiones: la actividad de la ponencia y la decisión de cesar a la consejera. La primera permite continuar los trabajos preparatorios; la segunda requiere un procedimiento formal que todavía no ha concluido.

La agenda oficial del Consejo de Estado también contempla una reunión ordinaria de su Comisión Permanente el lunes 23 de noviembre. Esa convocatoria no supone, por sí misma, que vaya a aprobarse una propuesta sobre Fernández de la Vega, puesto que la ponencia especial y la Comisión Permanente desempeñan funciones diferentes.

Por qué resulta tan excepcional el posible cese

María Teresa Fernández de la Vega ocupa una plaza de consejera permanente, una condición distinta de la de los miembros electivos del Consejo de Estado.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 3/1980 establece que los consejeros permanentes son inamovibles. No tienen un mandato limitado a cuatro u ocho años, sino que pueden continuar en sus puestos sin una fecha de finalización predeterminada.

Esa protección no es absoluta. La misma norma permite su cese por renuncia, delito, incapacidad permanente o incumplimiento de sus funciones.

Para aplicar alguna de estas causas, la ley exige dar audiencia a la persona afectada, obtener un informe favorable del Pleno del Consejo de Estado y aprobar el correspondiente real decreto en Consejo de Ministros.

Por tanto, Carmen Calvo no puede destituir unilateralmente a Fernández de la Vega. Su responsabilidad como presidenta es impulsar las actuaciones que considere necesarias para el funcionamiento de la institución, pero no sustituir las garantías previstas por la legislación.

Tampoco se trata de una inhabilitación judicial ni de una sanción por una conducta irregular. El expediente abierto se refiere a la posibilidad de apreciar una incapacidad permanente para desempeñar las responsabilidades del cargo.

El Consejo de Estado ya conoció una situación comparable en 2010, aunque entonces el consejero afectado terminó renunciando antes de que culminara el procedimiento. La existencia de aquel precedente no elimina el carácter extraordinario de una eventual destitución forzosa.

El problema de la sección que dirige Fernández de la Vega

La antigua vicepresidenta preside la sección séptima del Consejo de Estado, encargada de estudiar asuntos relacionados con materias como educación, cultura y ciencia.

Su ausencia prolongada ha obligado a redistribuir parte del trabajo entre otras unidades. Carmen Calvo explicó el 10 de noviembre que la sección octava estaba asumiendo tareas adicionales para compensar la falta de actividad de la séptima.

La presidenta defendió que esta situación no resulta viable de manera indefinida, especialmente en una institución cuya función consiste en examinar proyectos normativos y emitir dictámenes jurídicos para el Gobierno y otras administraciones.

El problema no es únicamente cubrir una ausencia. Los consejeros permanentes presiden secciones especializadas, intervienen en la elaboración de dictámenes y forman parte de la Comisión Permanente, uno de los principales órganos de funcionamiento del Consejo.

Fernández de la Vega presidió la propia institución entre 2018 y 2022, antes de regresar a su condición de consejera permanente. Anteriormente había sido vicepresidenta primera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2010.

Su trayectoria explica la relevancia institucional del expediente, pero no altera los requisitos legales aplicables a su puesto.

El caso de Manzanares y las dudas sobre las plazas vitalicias

El expediente de Fernández de la Vega no fue inicialmente el único asunto de esta naturaleza que examinó el Consejo de Estado.

En septiembre también se planteó estudiar la situación de José Luis Manzanares, consejero permanente responsable de la sección sexta, debido a su prolongada ausencia por problemas de salud.

Sin embargo, ambos casos evolucionaron de forma diferente. Según explicó Carmen Calvo el 10 de noviembre, Manzanares había reanudado sus trabajos aproximadamente dos semanas antes. Por ese motivo, la ponencia especial continuaba ocupándose únicamente de Fernández de la Vega.

El debate ha puesto nuevamente el foco sobre la condición vitalicia de los nueve consejeros permanentes y los mecanismos para afrontar situaciones en las que alguno de ellos deja de ejercer sus funciones durante periodos prolongados.

La institución también trabaja en propuestas para actualizar su reglamento orgánico, aunque modificar el carácter vitalicio de estos nombramientos exigiría reformar la legislación que los regula.

La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre ha añadido una dimensión política al asunto. Calvo rechazó expresamente el 10 de noviembre que los tiempos del expediente estuvieran condicionados por el calendario electoral y defendió que la ponencia debía desarrollar sus trabajos conforme a sus propias necesidades.

La decisión sobre De la Vega sigue pendiente del Pleno y del Gobierno

La nueva reunión prevista para la semana del 23 de noviembre puede servir para avanzar en el informe sobre la situación de Fernández de la Vega, pero todavía no determina cuándo se resolverá el expediente.

Si la ponencia concluye que existen motivos suficientes para proponer su cese, será necesario completar las garantías legales y someter la propuesta al Pleno del Consejo de Estado. Una resolución favorable permitiría elevar el asunto al Gobierno, que tendría que formalizar la decisión mediante real decreto.

También cabe que los trabajos continúen sin una propuesta inmediata o que la consejera presente voluntariamente su renuncia, una posibilidad que evitaría completar el procedimiento de cese forzoso.

Mientras no se produzca alguna de esas circunstancias, María Teresa Fernández de la Vega conserva su condición de consejera permanente y su plaza no puede considerarse vacante.

El Consejo de Estado afronta así una cuestión poco habitual: cómo garantizar el funcionamiento de una institución cuyos principales miembros gozan de estabilidad vitalicia cuando una ausencia prolongada impide desarrollar sus responsabilidades. La respuesta deberá ajustarse a la ley, con independencia del calendario político y de la trayectoria de la persona afectada.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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