Cesan al jefe de Hacienda en Galicia, investigado por prevaricación

La Agencia Tributaria ha cesado a Miguel Cárcaba Menéndez, hasta ahora máximo responsable de Hacienda en Galicia, mientras permanece investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. El procedimiento judicial, abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, tiene su origen en una querella presentada por la petrolera Hatta Energy, que denuncia presuntas irregularidades en las actuaciones de varios funcionarios tributarios.

El relevo ha provocado especial atención por su coincidencia con la investigación, aunque la Agencia Tributaria niega cualquier relación entre ambos hechos. El organismo sostiene que la decisión responde a discrepancias con la gestión de los recursos humanos de la delegación gallega y no al proceso judicial. Son, por tanto, dos asuntos que coinciden en el tiempo, pero cuya vinculación no está acreditada.

La destitución quedó formalizada mediante una resolución firmada el 5 de noviembre de 2026 por el presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón Catalán, y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el lunes 9 de noviembre. El documento confirma la salida de Cárcaba, aunque no especifica sus motivos ni identifica a su sustituto.

Cárcaba ocupaba el puesto desde febrero de 2024, cuando llegó a Galicia procedente de Cantabria. Durante estos casi tres años ha dirigido la estructura territorial de la Agencia Tributaria en la comunidad, encargada de coordinar funciones de gestión, inspección, recaudación y lucha contra el fraude fiscal.

Hacienda desvincula el cese de la investigación judicial

La explicación oficial sitúa el origen del relevo en un desacuerdo interno sobre la gestión de personal. Desde la Agencia Tributaria insisten en que la destitución no guarda relación con la querella de Hatta Energy, una interpretación distinta de la que podría sugerir la proximidad de ambos acontecimientos.

La resolución publicada en el BOE tampoco permite establecer esa conexión. Se limita a disponer el cese del delegado especial, sin mencionar procedimientos judiciales, expedientes disciplinarios ni posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La distinción importa. Un cese administrativo no constituye una sanción penal, del mismo modo que estar investigado judicialmente no implica que se haya cometido un delito.

El organismo tributario mantiene su defensa de las actuaciones realizadas en el conflicto con Hatta Energy, mientras que la compañía considera que ha sufrido un trato administrativo injustificado que perjudica su actividad comercial.

Hatta Energy: el conflicto que ha llevado Hacienda a los tribunales

La investigación judicial nace del enfrentamiento entre la Agencia Tributaria y Hatta Energy, una de las principales compañías mayoristas de hidrocarburos de España, con sede en Oleiros, en la provincia de A Coruña.

La empresa acusa a responsables de Hacienda de haber obstaculizado su acceso a la condición de operador confiable, una categoría introducida para reforzar los controles fiscales sobre las operaciones de distribución de carburantes.

Este reconocimiento tiene consecuencias económicas importantes para las petroleras. Permite operar sin tener que constituir determinadas garantías por el IVA correspondiente a los combustibles que salen de los depósitos fiscales.

Las empresas que no disponen de esa condición, salvo que cuenten con otra exención prevista legalmente, deben garantizar el ingreso del impuesto. La normativa comenzó a aplicarse con carácter general el 1 de febrero de 2026.

Hatta Energy sostiene que solicitó el reconocimiento en enero y que la Administración retrasó injustificadamente la resolución. Finalmente, recibió una respuesta negativa en julio.

La solvencia financiera, en el centro de la disputa

Para obtener la condición de operador confiable, la normativa establece cuatro exigencias: estar inscrito en el registro correspondiente, acreditar un determinado volumen de extracción de carburantes, contar con experiencia previa como mayorista y demostrar suficiente solvencia financiera.

Este último requisito concentra buena parte del enfrentamiento entre la petrolera y Hacienda.

Según la compañía, Hacienda reconoce el cumplimiento de tres de las cuatro condiciones, pero cuestiona su solvencia financiera. Hatta considera que esa valoración no refleja su capacidad económica y ha recurrido la decisión.

La petrolera asegura que durante los nueve primeros meses de 2026 adelantó 543 millones de euros en concepto de IVA y alcanzó una facturación de 3.451 millones. Utiliza esas cifras para defender que dispone de recursos suficientes para desarrollar su actividad.

La Agencia Tributaria, por su parte, no ha ofrecido públicamente detalles del expediente individual que permitan contrastar todos los extremos de la controversia. La normativa sobre confidencialidad tributaria limita la información que puede divulgar sobre los contribuyentes.

El conflicto tiene también una dimensión competitiva. Hatta sostiene que las garantías exigidas a los operadores que carecen del reconocimiento reducen su liquidez y dificultan su competencia con las grandes petroleras que sí disfrutan de esa condición.

Se trata, no obstante, de las alegaciones de la empresa, no de conclusiones judiciales sobre la existencia de prácticas contrarias a la competencia.

Cinco funcionarios investigados por presuntas irregularidades

La querella de Hatta Energy ha dado lugar a una investigación en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que afecta a cinco funcionarios de la Agencia Tributaria.

Entre ellos figuran Miguel Cárcaba y Eva Ana García Muntaner, inspectora jefa de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). El procedimiento alcanza igualmente a otros tres empleados públicos vinculados a la estructura de inspección tributaria en Galicia.

La investigación contempla presuntos delitos de prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos, impedimento del ejercicio de derechos cívicos y coacciones.

La compañía sostiene que existió una actuación coordinada destinada a impedir o dificultar su reconocimiento como operador confiable. Entre las conductas denunciadas figuran supuestos retrasos deliberados, falta de respuesta a requerimientos y decisiones administrativas que considera arbitrarias.

En el caso concreto de Cárcaba, la acusación cuestiona su actuación como superior jerárquico y sostiene que, pese a haber recibido comunicaciones sobre el conflicto, no adoptó las medidas necesarias para corregir las irregularidades denunciadas.

Estas acusaciones deberán ser examinadas por la Justicia. La admisión de una querella y la apertura de diligencias no equivalen a una declaración de culpabilidad. Su finalidad es investigar los hechos y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal.

El relevo no resuelve el enfrentamiento entre Hacienda y la petrolera

La salida de Miguel Cárcaba supone un cambio importante en la dirección territorial de la Agencia Tributaria en Galicia, pero no modifica por sí misma la situación judicial ni administrativa de Hatta Energy.

La compañía mantiene abierto el conflicto por la denegación de su reconocimiento como operador confiable. También ha acudido al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia para impugnar esa decisión y conseguir que se revise su expediente.

Son procedimientos con objetivos diferentes. Mientras la reclamación administrativa busca determinar si la negativa de Hacienda se ajustó a la normativa, la investigación penal examina si determinados funcionarios pudieron cometer delitos durante sus actuaciones.

El resultado de ambos procesos sigue pendiente.

La otra cuestión abierta es la sucesión al frente de Hacienda en Galicia. La resolución del BOE acredita el cese de Cárcaba, pero no recoge el nombramiento de un nuevo delegado especial.

Por ahora, lo confirmado es que Miguel Cárcaba ha perdido su cargo, que la Agencia Tributaria atribuye la decisión a discrepancias internas de gestión y que la investigación judicial continúa sin una resolución definitiva conocida.

La coincidencia temporal puede alimentar las sospechas, pero no demuestra que el relevo responda al procedimiento penal. Esa diferencia, esencial desde el punto de vista jurídico, seguirá marcando un caso en el que se cruzan las decisiones de Hacienda, los intereses económicos del sector petrolero y el control judicial de la actuación administrativa.