España
Cinco policías condenados en Málaga: un vídeo contradijo el atestado
Cinco policías nacionales han sido condenados en Málaga por falsedad documental después de que las cámaras de un club contradijeran su atestado.
Resumen
- La Audiencia de Málaga condena a cinco policías por falsedad documental
- Un vídeo mostró un empujón policial que no aparecía en el atestado
- El fallo impone multa y suspensión de empleo, pero aún no es firme
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a cinco agentes de la Policía Nacional por falsedad documental por imprudencia grave en los informes de una detención practicada en Benalmádena. Las cámaras de seguridad de un club nocturno mostraron que el relato policial omitía un hecho determinante: uno de los agentes había empujado al detenido antes de que comenzara el forcejeo que justificó su arresto.
La grabación cambió por completo el rumbo del procedimiento. El hombre, inicialmente investigado por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, daños y resistencia, pidió al juez que reclamara las imágenes del establecimiento. Tras examinarlas, la Fiscalía solicitó que se archivara la causa contra él y se investigara a los policías. Una petición que terminó dando lugar al proceso judicial contra los funcionarios.
La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia malagueña y conocida en noviembre de 2026, impone a los cinco agentes tres meses de multa y tres meses de suspensión de empleo. Los cuatro policías que participaron directamente en la detención han sido absueltos de los delitos de denuncia falsa y detención ilegal. El fallo todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Una intervención policial en un club nocturno de Benalmádena
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 8 de julio de 2018, cuando cuatro policías nacionales acudieron a un establecimiento nocturno de Benalmádena después de recibir un aviso por un altercado.
Según declararon dos trabajadoras durante el juicio, un cliente había comenzado a escupir a varias personas que estaban en la barra. Cuando un empleado le recriminó su comportamiento, el hombre reaccionó violentamente. Una de las testigos explicó que llegó a agarrarlo del cuello y empujarlo contra una pared.
Al llegar al establecimiento, los agentes encontraron al cliente con sangre en la cara. La intervención continuó en el exterior del local, donde el hombre permaneció varios minutos hablando con los policías junto al vehículo patrulla.
Las imágenes muestran que llegó a estrechar la mano de uno de los funcionarios. Después se dirigió a otro agente y comenzó a señalarlo con el dedo mientras se aproximaba a él. La propia Audiencia describe ese gesto como aparentemente agresivo.
Fue entonces cuando uno de los policías empujó con fuerza al hombre utilizando ambas manos. Se produjo un forcejeo durante el cual el cliente intentó agarrar al funcionario por el cuello, aunque este consiguió esquivarlo.
La secuencia continuó con un puñetazo y un golpe de rodilla del agente. Posteriormente, varios policías redujeron al hombre y lo introdujeron en el coche patrulla. Las cámaras también registraron cómo uno de los funcionarios abrió de nuevo la puerta del vehículo y lanzó dos patadas hacia su interior.
El atestado policial omitió cómo comenzó el forcejeo
La versión que los agentes trasladaron a la comisaría de Torremolinos-Benalmádena presentaba una diferencia fundamental respecto a las grabaciones.
En el atestado, los policías describieron al detenido como una persona extremadamente agresiva que había amenazado de muerte a los funcionarios y a sus familias. También afirmaron que el hombre se había abalanzado sobre uno de ellos, agarrándolo del cuello con tanta fuerza que le dificultó la respiración.
Sin embargo, el documento no mencionaba el empujón previo del policía, que las cámaras identificaron como el episodio inmediatamente anterior al forcejeo.
La omisión resultó decisiva porque modificaba sustancialmente la secuencia de los hechos. No era una diferencia secundaria sobre un gesto o una expresión: afectaba directamente al modo en que se había producido el enfrentamiento físico.
La Audiencia considera que los informes alteraron sustancialmente la verdad de lo ocurrido. La responsabilidad penal apreciada es por falsedad documental por imprudencia grave, una calificación que debe distinguirse de la falsedad cometida dolosamente.
El tribunal también examinó las actuaciones posteriores a la reducción del detenido, aunque la condena conocida se refiere a la falsedad documental y no supone una declaración de culpabilidad por todos los comportamientos registrados en las imágenes.
El detenido pidió las grabaciones y cambió la investigación
Tras su arresto, el hombre fue trasladado a dependencias policiales como presunto responsable de atentado a agentes de la autoridad, daños y resistencia.
Al comparecer ante el juez al día siguiente, solicitó que se incorporaran al procedimiento las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. Aquella petición permitió contrastar la versión escrita por los funcionarios con el desarrollo de la intervención.
La Fiscalía revisó las grabaciones y, en febrero de 2019, pidió que se archivaran las actuaciones contra el detenido y que se investigara a los policías.
El procedimiento inicial terminó con un sobreseimiento provisional en noviembre de 2021. Esto significa que la causa quedó archivada provisionalmente, no que se dictara una sentencia absolutoria tras un juicio contra aquel hombre.
La investigación pasó entonces a centrarse en las posibles responsabilidades penales de los agentes que habían intervenido en la detención y elaborado la documentación policial.
La Audiencia rechazó anular las grabaciones
Uno de los aspectos relevantes del juicio fue el intento de algunas defensas de excluir las imágenes como prueba.
Los abogados cuestionaron la legalidad de las cámaras instaladas en el establecimiento. Argumentaron que el sistema de videovigilancia incumplía requisitos relacionados con la protección de datos, entre ellos la falta de las advertencias correspondientes.
La Audiencia rechazó la nulidad solicitada. Aunque reconoció deficiencias en la instalación del sistema, entendió que las grabaciones podían utilizarse en el procedimiento penal porque habían sido obtenidas en espacios de acceso público.
La decisión permitió mantener las imágenes como prueba judicial y valorar las contradicciones entre lo que mostraban y los documentos oficiales. No implica, en cualquier caso, que cualquier grabación realizada incumpliendo la normativa de protección de datos sea automáticamente admisible ante un tribunal: esa cuestión depende de las circunstancias de cada procedimiento.
Las penas impuestas a los cinco policías nacionales
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga considera a los cinco agentes responsables de un delito de falsedad documental cometido por imprudencia grave.
La resolución establece para los condenados tres meses de multa y otros tres meses de suspensión de empleo. Esta última pena supone la privación temporal del ejercicio de sus funciones durante el periodo correspondiente, una vez que la condena sea ejecutable.
El tribunal, sin embargo, ha absuelto a los cuatro funcionarios que participaron en el arresto de las acusaciones de denuncia falsa y detención ilegal.
Esta distinción es importante para entender el alcance de la sentencia. La Audiencia ha apreciado responsabilidad penal por las irregularidades sustanciales de los documentos oficiales, pero no ha declarado probados todos los delitos que se atribuían a los agentes.
Tampoco cabe presentar la resolución como una condena firme: los policías pueden impugnarla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Una sentencia ocho años después de la detención
El procedimiento se remonta a julio de 2018 y ha atravesado diferentes fases judiciales hasta llegar a la resolución condenatoria de 2026.
Durante ese tiempo, el elemento determinante ha sido la contradicción entre el atestado policial y las grabaciones de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir una parte esencial de la intervención que no figuraba en el documento elaborado por los agentes.
El caso pone de relieve la importancia de que los informes policiales reflejen con precisión los acontecimientos, especialmente cuando sirven para fundamentar una detención y atribuir posibles delitos a un ciudadano.
La condena sigue pendiente de una eventual revisión judicial. Por el momento, lo que ha establecido la Audiencia de Málaga es que cinco funcionarios incurrieron en falsedad documental por imprudencia grave al recoger una versión sustancialmente alterada de aquella intervención. Una actuación que no habría sido examinada del mismo modo sin las imágenes que el propio detenido pidió incorporar al procedimiento.
-
NaturalezaTerremotos en España hoy, 22 de noviembre: Adra nota un seísmo de 2,8
-
NaturalezaIncendios en España hoy: 11 focos de calor en 6 provincias en 48 horas
-
NaturalezaLos embalses al 57 % en España: Andalucía lidera y Murcia, última
-
CulturaMuere Larry Poindexter, de ‘Friends’ y ‘CSI’, tras ser atropellado
-
CulturaEstopa publica «La Maketa», la cinta original que su madre casi tiró
-
CienciaGotas nasales con ARN mensajero mejoran la memoria de ratones mayores
-
CulturaLa Promesa: avance del 23 al 27 de noviembre, Curro encierra a Trini
-
CienciaBepiColombo entrará en órbita de Mercurio tras ocho años de viaje
-
Saber másCuántos años tiene el hijo de Feijóo: 9 años y cumplirá 10 en 2027
-
MundoTerremoto de 6,7 en Perú: un muerto, 16 heridos y 853 damnificados
-
CulturaRosalía gana cuatro premios en LOS40 Music Awards 2026 en Barcelona
-
TecnologíaEl FBI alerta de ARTEX, la IA que automatiza ciberataques en horas