Mundo
Clarence Thomas critica al Supremo por no revisar la ley antisesgos
El Supremo deja vigente la exigencia de tratar los sesgos implícitos en la formación médica de California, pese al desacuerdo de Clarence Thomas.
Foto: Steve Petteway / Tribunal Supremo de Estados Unidos / Wikimedia Commons (dominio público).
Resumen
- El Supremo rechaza revisar la ley antisesgos para médicos de California
- Thomas y Alito alertan sobre posibles imposiciones a docentes privados
- La ley sigue vigente y el Supremo no se pronuncia sobre su constitucionalidad
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes, 16 de noviembre de 2026, revisar una ley de California que obliga a incluir contenidos sobre prejuicios inconscientes en determinados cursos de formación continua para médicos. La decisión provocó una contundente discrepancia del magistrado conservador Clarence Thomas, quien advirtió del peligro de permitir que los gobiernos impongan determinados mensajes a profesionales privados sin someter esas exigencias al control constitucional de la libertad de expresión.
Thomas, respaldado por el juez Samuel Alito, sostuvo que la interpretación adoptada por los tribunales inferiores podría convertir a ciudadanos particulares en portavoces involuntarios del Gobierno. El magistrado Neil Gorsuch también se mostró partidario de admitir el recurso, aunque no suscribió el escrito de discrepancia. El Supremo decidió no intervenir, por lo que la normativa californiana continúa vigente y se mantiene la sentencia que había rechazado la demanda de sus detractores.
El asunto trasciende la formación sanitaria. En el centro de la controversia aparece una cuestión constitucional de considerable alcance: hasta dónde puede llegar una Administración al establecer los contenidos de una actividad profesional privada y cuándo esa intervención empieza a comprometer la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
La resolución se produce en un contexto de enfrentamientos políticos y judiciales sobre las políticas de diversidad, igualdad y no discriminación en Estados Unidos. Sin embargo, el desacuerdo jurídico no consiste simplemente en determinar si los prejuicios inconscientes afectan a la atención sanitaria. Lo que se discute es quién tiene derecho a decidir qué mensajes debe transmitir un profesional cuando imparte formación reconocida oficialmente.
Por qué Clarence Thomas cuestiona la decisión del Supremo
El caso, denominado Khatibi contra Yip, surgió después de que California introdujera nuevas obligaciones en los programas de formación médica continua, conocidos en Estados Unidos por sus siglas CME.
La oftalmóloga Azadeh Khatibi y la organización Do No Harm recurrieron la normativa al considerar que obligaba a los docentes a abordar una cuestión controvertida desde una perspectiva determinada por las autoridades estatales.
Los demandantes argumentaron que esta imposición vulneraba la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión frente a determinadas intervenciones del poder público.
En julio de 2025, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó sus argumentos y respaldó la regulación de California. Su razonamiento fue que los cursos reconocidos oficialmente forman parte de un programa sometido a una intensa supervisión estatal y, en ese contexto, sus contenidos pueden considerarse expresión gubernamental.
Esa distinción resulta decisiva. La Constitución estadounidense protege la expresión privada frente a las restricciones gubernamentales, pero permite a las instituciones públicas decidir qué mensajes transmiten cuando hablan en su propio nombre.
Thomas considera que el tribunal de apelaciones ha llevado demasiado lejos esa excepción. A su juicio, regular una actividad profesional no convierte automáticamente las opiniones de sus participantes en declaraciones del Gobierno. Aceptar semejante interpretación permitiría a las autoridades ampliar su capacidad de imponer contenidos simplemente aumentando las obligaciones regulatorias sobre un sector.
El magistrado entiende que esta interpretación amenaza con desdibujar la frontera constitucional entre la actividad del Estado y la expresión de los ciudadanos.
Qué exige exactamente la ley de California a los médicos
La controversia tiene su origen en una modificación legislativa aprobada en 2019 que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2022.
California exige a sus médicos completar, con carácter general, 50 horas de formación continua acreditada cada dos años para mantener sus licencias profesionales.
La normativa establece que los cursos incluidos en ese sistema deben incorporar contenidos relacionados con los denominados sesgos implícitos, también conocidos como prejuicios inconscientes.
Se trata de actitudes, asociaciones o estereotipos que pueden influir en las decisiones de una persona sin que necesariamente sea consciente de ellos. En medicina, las autoridades californianas consideran que estos factores pueden contribuir a diferencias en el diagnóstico, el tratamiento y los resultados sanitarios de pacientes pertenecientes a distintos grupos sociales.
Qué contenidos deben incluir los cursos
Para cumplir la normativa, los programas afectados deben incorporar ejemplos de cómo los prejuicios inconscientes pueden influir en las percepciones y decisiones clínicas, o estrategias para abordar su posible contribución a las desigualdades sanitarias.
La regulación contempla aspectos relacionados con la raza, el origen étnico, la identidad de género, la orientación sexual, la edad y la situación socioeconómica, entre otras características.
Existen excepciones, entre ellas determinados cursos impartidos por proveedores de fuera de California y actividades dedicadas exclusivamente a investigación u otras materias sin componentes de atención directa al paciente.
Por tanto, la ley no obliga a todos los médicos a pronunciarse públicamente sobre estas cuestiones. La exigencia afecta a los contenidos de los cursos sujetos a la regulación de formación continua.
La diferencia es importante para entender el conflicto. Los defensores de la medida consideran que establecer estos requisitos forma parte de la responsabilidad pública de garantizar una atención sanitaria de calidad.
Los demandantes, por su parte, sostienen que el Estado está condicionando el discurso de profesores privados y obligándolos a transmitir contenidos con los que pueden discrepar.
El peligro constitucional que denuncia Clarence Thomas
El escrito de Thomas plantea que una interpretación excesivamente amplia de la doctrina de la expresión gubernamental podría debilitar las garantías de la Primera Enmienda.
El magistrado cuestiona que el mero control administrativo de un programa educativo permita atribuir al Gobierno cualquier mensaje pronunciado por sus docentes.
En su razonamiento, hay una diferencia fundamental entre exigir determinados conocimientos para obtener una acreditación profesional y obligar a un particular a comunicar una posición promovida por las autoridades.
Para ilustrar las posibles consecuencias, Thomas recurre a varios supuestos hipotéticos. Uno de ellos se refiere a la posibilidad de que California exigiera a los profesores de formación médica transmitir una postura concreta sobre el aborto.
También plantea qué ocurriría si las autoridades obligaran a explicar como éticamente necesaria una intervención de transición de género en determinados pacientes.
El magistrado extiende su reflexión a otras profesiones reguladas, como la abogacía, y se pregunta si el Estado podría exigir a un conferenciante defender una determinada postura sobre las preferencias raciales en la contratación de abogados.
No son obligaciones que el tribunal haya constatado en el caso examinado. Son ejemplos hipotéticos utilizados por Thomas para explicar los riesgos que, a su juicio, entraña la interpretación judicial.
Su advertencia apunta a una consecuencia más general: si basta con regular intensamente una profesión para considerar gubernamental cualquier discurso desarrollado dentro de ella, las autoridades podrían disponer de una vía demasiado sencilla para eludir el examen constitucional de sus exigencias.
La doctrina judicial que está detrás del conflicto
Thomas también cuestiona la aplicación del precedente Shurtleff contra Boston, resuelto por el Tribunal Supremo en 2022.
Aquella sentencia identificó tres elementos relevantes para distinguir la expresión gubernamental de la privada: los antecedentes históricos del tipo de mensaje, la percepción del público sobre quién está hablando y el grado de control ejercido por las autoridades.
El Noveno Circuito utilizó estos criterios para concluir que los cursos de formación médica acreditados por California podían considerarse expresión del Gobierno.
Thomas sostiene que los jueces inferiores prestaron una atención excesiva al alcance de la regulación estatal y perdieron de vista la cuestión esencial: si el mensaje pertenece realmente al Gobierno o a un ciudadano que actúa por cuenta propia.
Por eso, su discrepancia no se limita a la ley californiana. También plantea la conveniencia de revisar cómo se está interpretando una doctrina constitucional que afecta a la relación entre las instituciones y los particulares.
Por qué el Supremo mantiene la normativa sin pronunciarse sobre su constitucionalidad
La decisión del 16 de noviembre tiene una consecuencia jurídica concreta, pero conviene no confundirla con una sentencia que declare constitucional la ley de California.
El Tribunal Supremo ha rechazado estudiar el recurso, lo que significa que no ha emitido una nueva resolución sobre el fondo del litigio.
La sentencia del Noveno Circuito permanece intacta. Aquel tribunal había considerado que el Estado dispone de amplias competencias para regular los requisitos de formación de los profesionales sanitarios y determinar qué contenidos deben incluir los programas reconocidos oficialmente.
En su resolución de julio de 2025, los jueces destacaron que California mantiene una larga tradición de supervisión del ejercicio médico y que el sistema de acreditación permite establecer condiciones sobre los cursos aceptados para renovar las licencias.
También consideraron relevante que las autoridades puedan supervisar el cumplimiento de esos requisitos. Desde esa perspectiva, el contenido de las actividades formativas reconocidas oficialmente puede atribuirse al programa regulado por el Estado.
Thomas discrepa precisamente de ese razonamiento. La negativa del Supremo deja abierta la discusión constitucional para posibles litigios futuros, aunque no existe una nueva revisión judicial anunciada como consecuencia de esta resolución.
Libertad de expresión y formación médica: un conflicto que sigue abierto
La controversia enfrenta dos principios que ocupan un lugar importante en el sistema democrático estadounidense.
Por un lado, la capacidad de los gobiernos para establecer estándares profesionales destinados a proteger a los ciudadanos y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Por otro, la protección de la libertad individual frente a las imposiciones ideológicas o discursivas de las instituciones.
La formación sanitaria se encuentra en un terreno especialmente delicado. Las autoridades tienen motivos para exigir conocimientos actualizados, pero esa competencia plantea interrogantes cuando los contenidos obligatorios afectan a cuestiones socialmente controvertidas.
La sentencia del Noveno Circuito no resolvió si las estrategias de formación sobre sesgos implícitos son científicamente eficaces. Su decisión se centró en la naturaleza jurídica de los mensajes transmitidos mediante los cursos acreditados.
Tampoco la discrepancia de Thomas demuestra que toda formación obligatoria sobre prejuicios inconscientes vulnere la Constitución. Su argumento consiste en que estas exigencias deben poder examinarse conforme a las garantías de la Primera Enmienda cuando afectan a la expresión de particulares.
Ese matiz resulta esencial. La discusión no equivale a elegir entre combatir la discriminación o defender la libertad de expresión. El problema jurídico consiste en determinar qué límites deben respetar los poderes públicos al perseguir objetivos legítimos mediante obligaciones impuestas a profesionales privados.
De momento, California puede continuar aplicando su normativa y los responsables de los cursos afectados deberán seguir ajustándose a sus requisitos.
La advertencia de Clarence Thomas, respaldada por Samuel Alito, no cambia esa situación inmediata. Sí deja planteado un desacuerdo de fondo dentro del máximo tribunal estadounidense: hasta qué punto puede el Estado controlar lo que se dice en una actividad privada sin convertirse, por esa misma intervención, en quien habla.
-
MundoChina confirma la primera cumbre entre Xi, Trump y Putin en Shenzhen
-
EspañaApagón mundial el 17 de noviembre: sin alertas oficiales en España
-
EspañaCanarias: 11.037 llegadas irregulares en 15 días, más que en octubre
-
CulturaGérard Depardieu asume 18 meses por agresiones sexuales y se disculpa
-
CulturaRosalía logra nueve nominaciones a los Grammy 2027 con su disco Lux
-
EconomíaOro y gas bajan; petróleo y luz suben este 16 de noviembre de 2026
-
DeportesNBA del 15 de noviembre: Doncic anota 43 y los Lakers suman 8 triunfos
-
EspañaHuelga de Renfe del 17 de noviembre: horarios y servicios mínimos
-
EspañaSecuestran a dos jóvenes en Sarrià y exigen 4.000 euros de rescate
-
EspañaHuelga estudiantil del 20 de noviembre: ciudades y horarios en España
-
EspañaElecciones 29N: dónde hacen campaña los partidos el 16 de noviembre
-
TecnologíaAlibaba lanza Qwen4-Max, su IA con un millón de tokens en la nube