Barcelona intenta frenar el desahucio de 32 vecinos en Sant Andreu

Unas 300 personas se han concentrado en Sant Andreu, en Barcelona, para intentar frenar el desahucio de los residentes de buena parte de un edificio situado en el número 74 de la calle Llenguadoc. El lanzamiento estaba señalado para las 8.00 horas de este miércoles 7 de octubre y afecta, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, a 32 personas que viven en 18 viviendas, entre ellas seis menores.

La movilización comenzó alrededor de una hora antes. Vecinos, colectivos por el derecho a la vivienda y organizaciones sindicales ocuparon la calle mientras el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat trataban de conseguir que la ejecución quedara suspendida. Las cifras varían según quién haga el recuento: las organizaciones convocantes sostienen que en el inmueble viven alrededor de medio centenar de personas, con una decena de menores, mientras que las fuentes municipales sitúan en 32 el número de afectados directamente por el lanzamiento.

Una concentración desde primera hora en Sant Andreu

La escena comenzó cuando la ciudad aún desperezaba. Antes de las siete de la mañana empezaron a llegar personas a la calle Llenguadoc y, con el paso de las horas, la concentración reunió a varios centenares. El objetivo era muy concreto: impedir la ejecución del desahucio mientras las administraciones intentaban abrir una vía para suspenderlo.

No se trata del lanzamiento de una única vivienda. El procedimiento afecta a 18 pisos de un edificio de 20, un volumen que explica tanto la dimensión de la protesta como la intervención de los servicios municipales y autonómicos. Según las organizaciones de vivienda, algunos residentes llevan años en el bloque y entre los afectados hay familias con menores, personas mayores y vecinos en situación económica vulnerable.

Los colectivos convocantes hablan de personas que llevan hasta nueve años viviendo en el inmueble. El Ayuntamiento, por su parte, confirma una intervención social prolongada: 13 de las 18 unidades familiares afectadas han tenido relación con el Servicio de Intervención y Mediación en situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones, conocido como SIPHO.

El Ayuntamiento lleva mediando desde 2022

La intervención municipal no empezó esta semana. El consistorio inició la mediación en 2022, pero durante este periodo la propiedad del edificio ha cambiado en varias ocasiones. Según fuentes municipales, los propietarios actuales no han aceptado paralizar voluntariamente el lanzamiento.

Ese detalle coloca el conflicto en un terreno incómodo y bastante conocido en Barcelona: los servicios sociales pueden acreditar situaciones de vulnerabilidad, negociar y buscar alternativas, pero la ejecución judicial no depende únicamente del Ayuntamiento. De ahí que la mañana haya transcurrido entre la protesta en la calle y los movimientos jurídicos e institucionales.

Hasta Llenguadoc se desplazaron el comisionado de Vivienda de Barcelona, Joan Ramon Riera, y el director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Miquel Bagudanch. Su presencia refleja que el caso ha dejado de ser un simple procedimiento sobre varios pisos y se ha convertido en otro episodio relevante de la crisis de vivienda de Barcelona.

Generalitat y Ayuntamiento piden detener el lanzamiento

Las dos administraciones trabajan para lograr la suspensión de la ejecución alegando la situación de vulnerabilidad de parte de los residentes. La petición ha llegado al ámbito judicial mientras las personas concentradas permanecían frente al inmueble.

La dificultad está precisamente ahí. Una administración puede mediar, ofrecer informes sociales o tratar de encontrar una salida residencial, pero los márgenes legales resultan mucho más estrechos cuando existe una resolución judicial que ordena el lanzamiento.

Desde la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya se ha criticado esa situación. Su portavoz, Marta Espriu, sostiene que incluso cuando las administraciones pretenden evitar una expulsión, los instrumentos jurídicos disponibles pueden resultar insuficientes si la propiedad mantiene su voluntad de ejecutar el desahucio.

Seis menores según el Ayuntamiento, hasta una decena según los colectivos

Uno de los aspectos más delicados del caso es la presencia de niños. Las cifras tampoco coinciden por completo. El Ayuntamiento contabiliza seis menores entre las 32 personas directamente afectadas por el lanzamiento; los colectivos que conocen el bloque elevan el número de residentes hasta aproximadamente 50 y hablan de alrededor de diez menores.

La movilización ha recibido por ello el apoyo de organizaciones educativas como USTEC, CGT e Intersindical, que han subrayado que algunos de esos niños están escolarizados en centros de Barcelona.

No es un matiz menor. Un desahucio que afecta a una familia vulnerable puede alterar de golpe domicilio, escolarización, redes familiares y vida cotidiana. Una dirección en el padrón parece una línea administrativa; cuando desaparece la casa, detrás se mueven muchas más piezas.

Sant Andreu vuelve al centro de la crisis de vivienda

El conflicto llega en un momento especialmente tenso en Barcelona. En las últimas semanas se han sucedido protestas contra los desahucios, movilizaciones por el precio de la vivienda y nuevos debates sobre las medidas legales destinadas a proteger a familias vulnerables.

El propio distrito de Sant Andreu ya había vivido pocos días antes otro caso relevante. El 1 de octubre quedó suspendido el desahucio de una mujer después de que su defensa planteara un recurso apoyándose en nuevas medidas de vivienda. La ejecución no llegó a producirse.

El precedente que planea sobre Llenguadoc

Aquel procedimiento despertó expectativas porque mostró que el marco legal podía abrir una vía para detener determinados lanzamientos. El caso de Llenguadoc es, sin embargo, bastante más complejo: afecta simultáneamente a numerosas viviendas y familias, con situaciones jurídicas que no tienen por qué ser idénticas.

Por eso no cabe trasladar automáticamente lo ocurrido en un piso a todo un edificio. La vulnerabilidad debe examinarse dentro del procedimiento correspondiente y la suspensión depende finalmente de las decisiones judiciales aplicables a cada ejecución.

La calle, mientras tanto, funciona con otra lógica. Para quienes se han concentrado en Sant Andreu, la diferencia entre un procedimiento y otro importa menos que la posibilidad inmediata de que varias familias pierdan su vivienda.

Un desahucio que rebasa las puertas del edificio

Llenguadoc 74 condensa en unos pocos metros una discusión que Barcelona arrastra desde hace años: el choque entre una resolución judicial, la vulnerabilidad social y la falta de vivienda asequible.

El lanzamiento afecta oficialmente a 32 personas y seis menores, aunque los colectivos presentes en el inmueble elevan considerablemente ambas cifras. Hay mediación municipal desde 2022, intervención de la Generalitat, informes sociales, una propiedad que no acepta suspender el procedimiento y cientos de personas concentradas en la calle.

No hace falta adornar demasiado la escena. Mientras las instituciones buscan margen jurídico y los tribunales resuelven, detrás de las cifras hay familias pendientes de saber algo bastante elemental: si seguirán entrando por la misma puerta de casa.