Desahucio en Vitoria: seis menores y dos detenidos tras las cargas

Una familia formada por ocho personas, seis de ellas menores de edad, ha sido desahuciada este viernes de su vivienda del barrio de Sansomendi, en Vitoria-Gasteiz, después de una mañana marcada por una fuerte movilización ciudadana, varias cargas de la Ertzaintza y al menos dos detenciones. El lanzamiento se ha ejecutado finalmente alrededor de las 13.00 horas, unas dos horas y media después del horario inicialmente previsto.

El operativo se había iniciado a primera hora ante el número 28 de la avenida de Los Huetos. Cientos de personas se concentraron para tratar de impedir el acceso de la comitiva judicial y la policía tuvo que abrir un pasillo hasta el inmueble. El conflicto llevaba días creciendo: un centenar de personas había pasado la noche acampado frente al edificio y durante la mañana se incorporaron numerosos estudiantes de centros educativos de la ciudad.

El desahucio se ejecuta tras horas de tensión

La fecha estaba fijada. El lanzamiento debía producirse a las 10.30 horas, pero la concentración frente al portal complicó el acceso al edificio. Poco antes de las diez, la Ertzaintza desplegó un amplio dispositivo y comenzó a desalojar la zona para permitir la entrada de la comisión judicial.

Hubo empujones, cargas y momentos de fuerte tensión. Parte de los manifestantes intentó mantener el bloqueo y algunos llegaron a refugiarse dentro del portal. La policía consiguió finalmente despejar los accesos. El Departamento vasco de Seguridad confirmó inicialmente al menos dos arrestos, mientras el sindicato convocante aseguró que también se habían producido varios heridos.

La escena tenía algo poco habitual incluso para un desahucio especialmente conflictivo: mientras decenas de agentes ocupaban la calle, centenares de jóvenes llegaban desde colegios e institutos. Algunos de los hijos de la familia estudian precisamente en centros que habían participado durante los últimos días en las movilizaciones contra el lanzamiento.

Una familia con ingresos que no encontró otro alquiler

El caso no nace de un impago convencional. La familia reside en la vivienda de Sansomendi desde 2018 y el procedimiento comenzó después de que finalizara el contrato de alquiler y el propietario decidiera recuperar el inmueble. La disputa judicial se ha prolongado durante años y el lanzamiento había sufrido aplazamientos.

Los afectados sostienen que disponen de ingresos y capacidad para asumir la fianza y las mensualidades de otra vivienda. Su problema, explican, ha sido otro: no han conseguido que les alquilen un piso, ni siquiera ampliando la búsqueda fuera de Vitoria.

Uno de los hijos relató antes del desahucio que habían contactado con inmobiliarias, particulares y recursos proporcionados por los servicios sociales sin encontrar una solución estable. Algunas citas con propietarios, aseguró, ni siquiera llegaron a celebrarse. La vivienda estaba ahí, en los anuncios; conseguir las llaves era otra historia.

El Sindicato Socialista de Vivienda, que ha respaldado a la familia durante el proceso, sostiene que la falta de alternativa refleja las barreras que encuentran determinadas familias para entrar en el mercado del alquiler. El colectivo ha dirigido buena parte de sus críticas al Ayuntamiento de Vitoria por considerar insuficiente su intervención.

El propietario también reclamaba recuperar su casa

Hay, sin embargo, una segunda cara que resulta imprescindible para entender el conflicto. El propietario quería recuperar la vivienda para utilizarla personalmente, una pretensión que finalmente ha recibido respaldo judicial.

Las informaciones conocidas sobre el procedimiento señalan que no se trata de un gran tenedor y que el dueño también habría acreditado una situación de vulnerabilidad. Según esas informaciones, el inmueble sería su única vivienda y llevaba años litigando para recuperarla mientras residía con su propia familia en otro alojamiento.

Ahí está precisamente una de las aristas más incómodas del caso. No aparece el esquema sencillo de una familia frente a un fondo de inversión multimillonario. Hay dos derechos que chocan: el de un propietario que reclama el uso de su vivienda y el de una familia numerosa que, aun disponiendo de ingresos, llega al día del lanzamiento sin haber conseguido otra casa.

Qué alternativa ofreció el Ayuntamiento de Vitoria

El Sindicato de Vivienda ha acusado al Gobierno municipal de no proporcionar una alternativa habitacional suficiente para los ocho miembros de la familia. El Ayuntamiento sostiene, por su parte, que se ofreció un recurso social de urgencia y carácter provisional, que los afectados rechazaron, y ha señalado que los servicios sociales municipales no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente.

Ese matiz importa. Una acogida provisional puede evitar que una familia duerma literalmente en la calle, pero no equivale a disponer de una vivienda estable para dos adultos y seis menores. Entre ambas cosas existe un trecho enorme, especialmente cuando hay niños escolarizados y una vida cotidiana que mantener: colegio, trabajo, horarios, barrio.

La familia había reclamado durante las últimas semanas una solución residencial que permitiera mantener unido el hogar. Profesores y familias de los centros educativos de los menores se sumaron a esa petición y advirtieron del impacto de la pérdida de la vivienda en su estabilidad y en sus estudios.

La protesta reunió a estudiantes y vecinos en Sansomendi

La movilización comenzó antes del propio viernes. Desde la tarde del jueves, alrededor de un centenar de personas instalaron tiendas frente al edificio. Hubo actividades, música y una acampada que transcurrió durante la noche antes de transformarse, con la llegada de la policía, en una protesta mucho más tensa.

Por la mañana se incorporaron cientos de estudiantes y vecinos. Algunos centros de enseñanza habían mostrado públicamente su apoyo a la familia durante los días anteriores y profesores del instituto Miguel de Unamuno habían advertido de las consecuencias que un desahucio podía tener para los alumnos afectados.

Con la Ertzaintza ya desplegada, los concentrados trataron de mantener el acceso bloqueado. Los agentes terminaron despejando la zona y asegurando la entrada del inmueble. La imagen de policías, estudiantes, tiendas de campaña y una familia contemplando el operativo desde su vivienda condensó en unas horas un problema bastante más grande que aquel portal de Sansomendi.

Un desahucio que retrata el atasco de la vivienda

Lo ocurrido en Vitoria va más allá de las dos detenciones. El episodio muestra una paradoja que se repite cada vez con más claridad en el mercado residencial: tener ingresos no garantiza encontrar una vivienda, del mismo modo que ser propietario de un piso tampoco significa poder recuperarlo inmediatamente cuando existe un procedimiento judicial y una familia vulnerable dentro.

El lanzamiento terminó ejecutándose. La Ertzaintza abrió el acceso, la comitiva judicial entró en la vivienda y la familia tuvo que abandonarla. El conflicto jurídico, al menos en ese punto, quedó resuelto. El habitacional, no.

Y esa diferencia es el corazón del asunto. Los tribunales pueden decidir quién tiene derecho a ocupar una vivienda concreta; mucho más difícil resulta resolver qué ocurre después con seis menores que necesitan un hogar estable y con un propietario que llevaba años reclamando recuperar el suyo. En Vitoria, este viernes, ambos problemas acabaron encontrándose en la misma puerta.

Una puerta se cierra y el problema sigue fuera

Las cargas policiales y las detenciones son las imágenes más inmediatas de la jornada, pero probablemente no las más importantes. Cuando desaparezcan los furgones y se retiren las últimas pancartas de Sansomendi, permanecerá una cuestión mucho menos fotogénica: encontrar dónde puede vivir una familia de ocho personas en un mercado de alquiler cada vez más difícil.

El desahucio de Vitoria deja así dos detenidos, seis menores desalojados y un propietario que recupera su vivienda después de un largo litigio. No es una historia cómoda para consignas sencillas. Precisamente por eso explica bastante bien el atasco: cuando la vivienda escasea, dos situaciones vulnerables pueden terminar enfrentadas por la misma llave.