El juez pide las actas de regalos de Zapatero por las joyas saudíes

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado dos días de plazo a Patrimonio del Estado para que entregue las actas de los obsequios institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. La documentación, fechada el 1 de marzo de 2012, puede resultar relevante para aclarar qué regalos fueron incorporados al patrimonio público cuando el expresidente abandonó La Moncloa y, sobre todo, por qué no aparecen en ese inventario las joyas intervenidas en su despacho.

La diligencia llega en plena investigación sobre el origen de esas alhajas, localizadas por la Policía el pasado 19 de mayo y valoradas en una primera pericial en 1.323.915 euros. Zapatero sostiene que los tres conjuntos de mayor valor fueron un obsequio personal del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, durante su visita oficial a España en junio de 2007. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, considera que esa explicación abre otra cuestión incómoda: si fueron entregadas al presidente del Gobierno en esas circunstancias y tenían un valor tan elevado, quizá debieron pasar al Estado. Por eso plantea investigar una posible malversación. No hay una conclusión judicial sobre ese extremo; por ahora hay diligencias, versiones enfrentadas y un inventario que el juez quiere tener sobre la mesa.

Dos días para entregar las actas

Calama reclama concretamente a la Subdirección General de Patrimonio del Estado una copia del acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado y su afectación al Ministerio de la Presidencia. El documento recoge los obsequios institucionales de los periodos 2004-2008 y 2008-2011, es decir, los años en los que Zapatero ocupó la Presidencia del Gobierno. La petición debe ser atendida “a la mayor brevedad posible” y, en cualquier caso, dentro del plazo de dos días fijado por el magistrado.

No es un movimiento aislado ni puramente administrativo. El juez lo acuerda después de recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre la petición de Zapatero para que España curse una comisión rogatoria a Arabia Saudí. La defensa quiere que las autoridades saudíes confirmen oficialmente que el monarca entregó aquellas joyas al entonces presidente como un presente personal. Calama todavía no ha decidido si enviará esa solicitud internacional: antes quiere comprobar qué dicen los documentos españoles.

La secuencia tiene bastante lógica procesal. Antes de preguntar a Riad qué ocurrió en una estancia oficial de hace casi veinte años, el instructor pretende examinar la documentación que ya conserva la Administración española. A veces una investigación de millones de euros acaba encajada entre carpetas de archivo, sellos, fechas y un acta de 2012. Menos cinematográfico, sí; bastante más útil.

La versión de Zapatero sobre las joyas saudíes

Zapatero comunicó al juez en septiembre que los tres juegos de joyería más importantes fueron entregados por Abdalá bin Abdulaziz Al Saud, fallecido en 2015, durante la visita oficial que realizó a España los días 18 y 19 de junio de 2007. Según su defensa, la entrega se produjo en la vivienda familiar situada en el complejo de La Moncloa y tuvo carácter estrictamente personal. El expresidente sostiene que aceptó el obsequio por deferencia hacia el monarca.

Esos conjuntos contienen piezas con rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes y oro blanco. La primera valoración encargada dentro del procedimiento situó el conjunto de joyas intervenidas en torno a 1,3 millones de euros, aunque la defensa discute esa tasación y el juez ha promovido una segunda valoración pericial. La cifra, por tanto, tiene enorme relevancia judicial, pero no debe confundirse con un valor definitivamente fijado e inamovible.

La explicación saudí pretende resolver varios problemas a la vez. Si se acredita cuándo y cómo entraron las piezas en poder de Zapatero, cambia el análisis sobre su procedencia, su eventual tratamiento fiscal y la hipótesis de contrabando que motivó la apertura de una pieza separada. Pero despejar un interrogante puede abrir otro. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con Patrimonio.

Los regalos que sí aparecen en el inventario

El punto especialmente delicado está en los otros obsequios procedentes de Arabia Saudí que sí fueron incorporados al patrimonio público. El inventario recoge un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas recibido el 19 de junio de 2007, precisamente durante la visita en la que Zapatero sitúa el regalo de las joyas. También constan presentes saudíes posteriores, entre ellos otro reloj de sobremesa y una representación artesanal de una escena del desierto elaborada en oro y plata sobre una base de mármol y jade.

Ahí aparece la contradicción que la investigación intenta resolver. Unos regalos del monarca saudí quedaron registrados y pasaron al Estado; las joyas, no. Eso no prueba por sí mismo que exista un delito ni determina automáticamente que todos los objetos tuvieran la misma naturaleza jurídica. Un presente estrictamente personal y un obsequio institucional pueden recibir tratamientos distintos. El problema consiste precisamente en establecer dónde estaba la frontera en este caso concreto y si unas piezas de semejante valor podían quedar razonablemente al otro lado.

El acta de 2012 adquiere así una importancia que va mucho más allá de hacer inventario de relojes, esculturas, adornos y recuerdos diplomáticos. El juez necesita saber cómo se documentaron los regalos de las dos legislaturas, cuáles fueron considerados institucionales y qué tratamiento recibieron. El papel, esta vez, puede pesar casi tanto como las piedras preciosas.

Anticorrupción plantea una posible malversación

La Fiscalía Anticorrupción ha llevado la cuestión un paso más allá. La fiscal María Elena Lorente sostiene que, si resulta cierta la versión de Zapatero, habría que analizar si aquellas joyas debían haberse incorporado al patrimonio público. En ese escenario, el hecho de haberlas conservado podría justificar una investigación por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Anticorrupción considera además que esa eventual infracción no estaría prescrita.

La precisión es importante. La Fiscalía no está afirmando que Zapatero haya cometido ya una malversación acreditada; plantea una hipótesis jurídica condicionada a que se confirme el relato ofrecido por su defensa. Tampoco el requerimiento de Calama a Patrimonio equivale a asumir esa tesis. El juez está recabando documentación antes de decidir sobre las peticiones de las partes y sobre las siguientes diligencias.

Ese matiz puede parecer pequeño en el ruido político, pero en un procedimiento penal es enorme. Investigar, imputar una posible conducta y condenar son planos distintos. El expresidente conserva su presunción de inocencia mientras el juzgado intenta reconstruir qué ocurrió con las piezas y qué régimen jurídico les correspondía.

El Código de Buen Gobierno de 2005 entra en juego

La discusión tiene otra particularidad. Fue el propio Gobierno de Zapatero el que aprobó en 2005 un Código de Buen Gobierno para los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración General del Estado. Aquel texto establecía que debían rechazarse los regalos que fueran más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía y señalaba que los obsequios institucionales de mayor significación tenían que incorporarse al patrimonio del Estado.

La norma entró en vigor más de dos años antes de la visita del rey saudí de junio de 2007. No resolvía con una calculadora en la mano cuánto podía valer una cortesía —la vida protocolaria rara vez viene con una etiqueta de precio pegada debajo—, pero sí dibujaba un principio claro: los regalos relevantes vinculados al ejercicio institucional no debían convertirse sin más en patrimonio particular.

Precisamente ahí se concentrará una parte importante del debate jurídico. La defensa presenta las joyas como una atención personal del monarca. La Fiscalía pone el acento en el contexto: Zapatero era presidente, el supuesto obsequiante realizaba una visita oficial y las piezas tenían un valor extraordinario según la tasación judicial inicial. Entre ambas posiciones queda una cuestión de naturaleza jurídica: qué eran realmente aquellas joyas a efectos patrimoniales.

El inventario de Moncloa se convierte en pieza decisiva

La petición de Calama parece una diligencia modesta frente a una causa que ya incluye registros policiales, periciales gemológicas, investigaciones fiscales y posibles solicitudes de cooperación internacional. Pero puede ordenar buena parte del rompecabezas. El acta permitirá comparar la explicación actual de Zapatero con el registro oficial de los regalos recibidos durante sus años en La Moncloa y comprobar cómo se trataron otros presentes del mismo país y de fechas cercanas.

Después llegará la siguiente decisión: si procede preguntar formalmente a Arabia Saudí, como reclama la defensa, y hasta qué punto la procedencia del obsequio resuelve o complica la situación jurídica de las piezas. Porque acreditar que el rey saudí regaló las joyas puede explicar de dónde salieron; no necesariamente aclara por sí solo a quién debían pertenecer después.

Ese es, en este momento, el centro del asunto. El juez no busca únicamente saber quién entregó unas piedras preciosas hace diecinueve años. Quiere reconstruir su naturaleza, entrada en España y tratamiento patrimonial, además de su posible condición de bienes públicos. Y para eso ha vuelto al lugar menos brillante de toda la historia: un acta administrativa de marzo de 2012.