Calama cuestiona pagos y gestiones vinculados al entorno de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha elevado el tono de sus dudas sobre las relaciones económicas que investiga alrededor del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y del rescate público de Plus Ultra. La transcripción de una de las declaraciones incorporadas a la causa muestra al magistrado cuestionando tanto las gestiones realizadas para la aerolínea como determinados pagos y servicios cuya justificación trata de esclarecer.

Uno de los puntos que concentra la atención del instructor aparece en la declaración de Julio Martínez Martínez, empresario y responsable de la consultora Análisis Relevante. Martínez sostuvo que asesoró a Plus Ultra después de llegar a la compañía a través del entorno de Zapatero, pero negó haber realizado gestiones ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Ahí nace una de las dudas esenciales del caso: quién hizo realmente las gestiones relacionadas con el rescate y qué servicios justificaron las cantidades abonadas.

La existencia de una investigación judicial no equivale, conviene subrayarlo, a una condena. Zapatero ha negado haber influido en el rescate y sostiene que no realizó gestiones ante la Administración para favorecer a Plus Ultra. Las últimas declaraciones conocidas, sin embargo, han llevado al juez a profundizar en contratos, pagos, contactos y movimientos económicos que considera relevantes para determinar qué ocurrió.

Calama indaga quién realizó las gestiones relacionadas con la SEPI

El interrogatorio a Julio Martínez deja una de las principales incógnitas de la investigación. El empresario explicó que su función consistía básicamente en acompañar y seguir la tramitación de Plus Ultra, procurando que la compañía presentara correctamente la documentación necesaria dentro del procedimiento para obtener financiación pública.

El problema aparece cuando se entra en las gestiones concretas. Martínez sostuvo que no mantuvo interlocución con la SEPI. Durante la declaración se planteó entonces quién pudo realizar contactos externos relacionados con el organismo público si él, pese a intervenir como asesor, no los hizo. El empresario aseguró desconocer si Zapatero llevó a cabo alguna actuación de ese tipo.

Calama insistió en esa aparente contradicción y puso el foco en la naturaleza de los servicios prestados. El juez trata de determinar si existieron contactos con responsables públicos, quién los realizó y si alguna eventual intermediación estuvo relacionada con contraprestaciones económicas. Ese vínculo, y no la mera existencia de relaciones personales o profesionales, es uno de los elementos decisivos de la investigación.

La información sobre el rescate antes de su aprobación

Otro elemento relevante es el momento en el que personas relacionadas con la operación habrían conocido que el expediente avanzaba favorablemente. Según lo declarado por Martínez, recibió información sobre la evolución positiva del rescate antes de que la concesión fuera pública y señaló a Zapatero como origen de aquella información.

El rescate terminó siendo autorizado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. La ayuda ascendió a 53 millones de euros, repartidos entre un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

El dato temporal tiene interés para la causa porque la instrucción intenta reconstruir cómo circuló la información sobre la operación antes de su aprobación formal. Conocer anticipadamente que un expediente marcha bien no demuestra por sí mismo la comisión de ningún delito, pero puede ayudar a determinar qué interlocutores estaban conectados con quienes intervenían en el proceso de decisión.

El 1% de Plus Ultra y unos servicios que el juez quiere aclarar

Las dudas de Calama también alcanzan a las cantidades abonadas por la compañía. El antiguo presidente y propietario mayoritario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, explicó ante el juez que la aerolínea aceptó pagar aproximadamente un 1% del rescate aunque durante su declaración no concretó qué gestiones habría realizado personalmente Zapatero.

Ese 1% equivale a unos 530.000 euros sobre una ayuda pública de 53 millones. Martínez Sola explicó que se aceptó el pago dentro de la relación mantenida con quienes podían contribuir al desarrollo de la operación. La instrucción intenta precisar qué servicio concreto se prestó a cambio de esa cantidad y quién intervino realmente.

La cuestión es relevante porque un contrato de asesoramiento o consultoría puede cubrir numerosas tareas, desde análisis y documentación hasta intermediación institucional. En sede judicial, sin embargo, el concepto genérico no basta. Calama quiere conocer qué trabajo se hizo, quién lo ejecutó, cuándo se realizó y cómo se fijó su remuneración.

La hipótesis que se investiga es si determinados contratos y sociedades pudieron servir para canalizar contraprestaciones asociadas a influencias. Sigue siendo una hipótesis judicial, no un hecho probado, y deberá confirmarse o descartarse mediante documentación, declaraciones, comunicaciones y movimientos bancarios. La posición de Zapatero es la contraria: niega haber realizado gestiones ante la Administración vinculadas al rescate.

Los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero entran en el foco

La declaración de Julio Martínez incorpora otro capítulo de interés para el instructor. Sociedades relacionadas con el empresario realizaron pagos a What the Fav, empresa vinculada a las hijas de Zapatero, por trabajos que Martínez relacionó con la preparación, maquetación y distribución de informes de consultoría.

El empresario habló de una iguala de aproximadamente 3.000 euros mensuales. Durante el interrogatorio reconoció también que existieron pagos en un periodo en el que, según su explicación, la carga de trabajo se había reducido o ya no existían encargos que justificaran una actividad equivalente a la anterior.

Fue uno de los momentos más explícitos de la declaración. Calama manifestó abiertamente que aquella explicación no le resultaba creíble y dejó claro que pretende profundizar en la relación económica entre las sociedades de Martínez y What the Fav.

Eso no significa que las hijas de Zapatero hayan cometido delito alguno. Lo relevante para la instrucción es determinar si los pagos correspondían a servicios reales, cuál era su contenido y por qué continuaron en determinadas circunstancias. En una causa económica, la trazabilidad del dinero suele decir bastante más que la etiqueta colocada en una factura.

Venezuela y la red de contactos empresariales

El interrogatorio abordó también los negocios desarrollados por Martínez en Venezuela. El empresario reconoció que parte de su capacidad para acceder a determinados interlocutores procedía de los contactos obtenidos a través de Zapatero y explicó que el expresidente le presentó a Delcy Rodríguez.

Según su versión, aquellas relaciones facilitaban contactos con responsables de ministerios y organismos venezolanos cuando surgían oportunidades empresariales. Martínez trató, a la vez, de separar esos contactos iniciales de las actuaciones concretas que él pudiera desarrollar posteriormente en sus negocios.

La Audiencia Nacional intenta delimitar precisamente esa frontera: dónde termina una agenda de contactos derivada de la trayectoria de un antiguo presidente del Gobierno y dónde podría comenzar una intermediación remunerada con eventual relevancia penal. La diferencia depende de hechos concretos, no de impresiones: contratos, mensajes, reuniones, transferencias y servicios efectivamente prestados.

Los 300.000 euros en efectivo hallados en casa de Martínez

Otro episodio relevante de la declaración gira alrededor de unos 300.000 euros en efectivo localizados en el domicilio de Julio Martínez Martínez durante la investigación.

La Fiscalía interrogó al empresario sobre el origen y la forma en la que se encontraba guardado el dinero, distribuido en distintos sobres. Algunas anotaciones llamaron la atención de los investigadores y Martínez aseguró no poder ofrecer una explicación precisa sobre determinados detalles relacionados con su almacenamiento.

La imagen puede resultar llamativa, pero judicialmente lo importante no son los sobres sino la trazabilidad del efectivo. El objetivo es establecer de dónde procedía el dinero, a quién pertenecía y si guarda alguna conexión con las operaciones empresariales o los pagos analizados en la causa.

Tener dinero en metálico no constituye por sí mismo prueba de blanqueo, del mismo modo que un contrato de consultoría no implica automáticamente una comisión ilícita. La investigación deberá unir —o separar— esas piezas mediante evidencias documentales y financieras.

Una investigación que va mucho más allá del rescate de 53 millones

El caso Plus Ultra arrastra una larga historia política y judicial desde que la compañía recibió los 53 millones de euros de ayuda pública en 2021, en plena crisis provocada por la pandemia. La operación generó desde el principio controversia sobre la situación financiera de la aerolínea, su consideración estratégica y las circunstancias que rodearon la concesión.

La investigación que dirige Calama se ha desplazado, sin embargo, hacia otro terreno. El juez trata de aclarar si alrededor de la operación existió una red estable de intermediaciones e influencias y qué papel desempeñaron las distintas personas y sociedades que aparecen en la documentación incorporada al procedimiento.

Zapatero ha defendido públicamente su honradez e inocencia y ha negado haber realizado gestiones para conseguir el rescate de Plus Ultra. Esa posición forma parte esencial del cuadro judicial: la instrucción sigue abierta y las sospechas del juez todavía deben superar el examen de las pruebas y, llegado el caso, de los tribunales.

El foco está en saber quién hizo qué y a cambio de qué

Las últimas declaraciones sitúan el núcleo de la investigación lejos del debate puramente político sobre si Plus Ultra debía recibir ayuda pública. Calama quiere saber quién realizó las gestiones relacionadas con la operación, quién disponía de información anticipada sobre su evolución y qué trabajos justificaron los pagos que aparecen en las cuentas de las sociedades investigadas.

También deberá aclararse por qué determinados pagos continuaron cuando, según algunas declaraciones, el trabajo que los había originado ya no se prestaba con la misma intensidad; qué papel tuvieron los contactos institucionales y empresariales; y si existió alguna relación entre esos servicios y las decisiones adoptadas alrededor del rescate de Plus Ultra.

De momento hay declaraciones, documentos, movimientos económicos e indicios sometidos a investigación. No hay una sentencia que dé por probadas esas sospechas. Pero el tono del interrogatorio de José Luis Calama refleja con bastante claridad dónde está buscando el juez: menos en las grandes explicaciones políticas y más en algo mucho más prosaico, quién cobró, por qué cobró y qué hizo exactamente para cobrar.