Pedraz da 15 días al PSOE para entregar los contratos de sus abogados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado al PSOE un nuevo plazo de 15 días para entregar la documentación sobre los abogados, despachos y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025. El magistrado, instructor del denominado caso Leire, exige que la información llegue «sin más demora» y rechaza que la consulta promovida por los socialistas ante los órganos de la Abogacía pueda paralizar el requerimiento judicial.

La resolución supone un nuevo movimiento en una investigación que trata de aclarar, entre otras cuestiones, si determinadas contrataciones profesionales sirvieron para canalizar pagos relacionados con Leire Díez y las actuaciones que se investigan en torno a la exmilitante socialista. Pedraz concede finalmente más tiempo por la dispersión territorial de los documentos, pero deja poco margen para otra prórroga sustentada en argumentos generales sobre secreto profesional o dificultades internas del partido.

Pedraz rechaza que la consulta a la Abogacía frene la investigación

El PSOE había pedido tiempo adicional después de que el instructor le concediera anteriormente un plazo de 48 horas. Ferraz alegó que estaba pendiente de conocer el criterio del Consejo General de la Abogacía Española sobre hasta dónde podía entregar información sin vulnerar el secreto profesional de sus letrados.

Pedraz no comparte ese planteamiento. La consulta realizada por el partido, sostiene, no tiene efecto suspensivo sobre una diligencia acordada por el juzgado. Dicho de manera menos jurídica: acudir a una institución profesional para pedir su parecer no congela el reloj de la Audiencia Nacional. La investigación sigue su curso.

El juez recuerda, además, que ya había delimitado qué información debía quedar protegida. El secreto profesional puede amparar comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente, estrategias de defensa, asesoramiento jurídico o documentación ajena al objeto de la investigación. Lo que no considera suficiente es invocarlo de forma indiscriminada para el conjunto de los documentos reclamados.

El PSOE deberá señalar qué documentos considera protegidos

Aquí está uno de los puntos más relevantes de la providencia. Si el partido entiende que alguna documentación concreta está cubierta por el secreto profesional, deberá identificarla de manera individualizada y explicar las razones jurídicas por las que considera que debe quedar fuera del requerimiento.

No basta, por tanto, con sostener que los contratos de abogados pueden contener información sensible. Pedraz reclama precisión: qué documento, qué contenido y qué protección jurídica se invoca en cada caso. La resolución separa así dos terrenos que a menudo se mezclan en el ruido político: una cosa es conocer que existió una contratación y sus justificantes; otra, entrar en conversaciones confidenciales o en la estrategia procesal de un cliente.

La consulta del PSOE ha seguido, entretanto, su propio recorrido. El Consejo General de la Abogacía ha determinado que corresponde al Colegio de la Abogacía de Madrid estudiar la petición de amparo formulada por el partido, al encontrarse en Madrid el órgano judicial que emitió el requerimiento.

Ese pronunciamiento se refiere únicamente a quién es competente para examinar la cuestión y no resuelve el fondo ni determina qué documentación está amparada por el secreto profesional. Esa diferencia es importante: la discusión corporativa continúa, pero Pedraz ha dejado establecido que no condicionará por sí misma el calendario de la causa.

Qué documentación reclama la Audiencia Nacional al PSOE

El requerimiento tiene un alcance amplio. El juez pide la relación completa de los letrados, despachos de abogados y consultoras contratados por cualquiera de los órganos del PSOE, tanto federales como territoriales, durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

También reclama contratos, notas de encargo y documentación utilizada para autorizar esas contrataciones y posteriormente justificar los servicios prestados. La mirada judicial, por tanto, no se limita a una lista de nombres. Busca reconstruir el circuito administrativo y económico que acompañó a determinadas relaciones profesionales.

Pedraz había solicitado inicialmente estos datos el 6 de octubre. Ante la ausencia de respuesta, volvió a requerirlos el día 20 y fijó un plazo de 48 horas. El PSOE pidió después una ampliación alegando, entre otros motivos, la dispersión de la documentación entre distintas estructuras territoriales y la necesidad de aclarar las implicaciones del secreto profesional.

El juez rechaza que las cargas internas o la actividad política del partido justifiquen el incumplimiento de una resolución judicial, aunque sí ha tenido en consideración la dispersión territorial para conceder estos 15 días adicionales. Es una concesión logística, no una suspensión de la diligencia.

Por qué los contratos de abogados son relevantes en el caso Leire

La documentación interesa porque una de las líneas abiertas por la Audiencia Nacional trata de determinar si algunas contrataciones profesionales fueron utilizadas para canalizar dinero hacia Leire Díez en relación con las actividades que investiga la causa.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil situó en 43.225 euros los pagos que, según sus pesquisas, habrían llegado a Díez a través de intermediarios. El informe incorporado a la investigación recoge cuatro transferencias de 4.000 euros procedentes de una consultora vinculada al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y otro pago de 27.225 euros desde una sociedad relacionada con el abogado Ismael Oliver. La procedencia, finalidad y cobertura documental de esos movimientos forman parte de las cuestiones bajo investigación.

La UCO puso el foco en dos notas de encargo

Los investigadores también han señalado a la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, en relación con dos notas de encargo profesional vinculadas a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Según la tesis recogida por la UCO, esos documentos podrían haber tenido carácter instrumental para dar cobertura a determinados pagos.

Fuentes declaró ante Pedraz que autorizó facturas después de que el entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán validara los servicios. La gerente aseguró que no conocía personalmente a algunos de los profesionales investigados y situó en la Secretaría de Organización la decisión sobre esos encargos. Se trata, conviene subrayarlo, de hechos todavía sometidos a instrucción y no de conclusiones judiciales firmes.

El llamado caso Leire investiga una presunta estructura dirigida a interferir o desestabilizar procedimientos judiciales que podían afectar al PSOE, al Gobierno o a personas de su entorno. Pedraz ha atribuido indiciariamente a Cerdán un papel de dirección y a Díez labores de coordinación, dentro de una causa con varias líneas y numerosos investigados.

El PSOE no está investigado como persona jurídica por ahora

La intensidad de las diligencias no significa que el PSOE haya sido formalmente investigado como persona jurídica. El PP solicitó su imputación por varios delitos, pero Pedraz decidió no acordarla por el momento y continuar antes con otras actuaciones, incluida la declaración de Santos Cerdán y el examen de documentación intervenida.

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios que justifican seguir investigando determinadas actuaciones vinculadas al partido, pero también calificó de prematura su imputación como persona jurídica. Para atribuir responsabilidad penal a una organización no basta con trasladarle automáticamente la conducta que pueda atribuirse a sus dirigentes: debe acreditarse una responsabilidad propia de la entidad, una distinción jurídica decisiva en esta fase.

Ferraz ha defendido públicamente que sus cuentas están auditadas y que seguirá colaborando con la Justicia. Precisamente esa colaboración queda ahora sometida a una prueba bastante concreta: entregar dentro del plazo fijado la documentación que reclama el instructor o justificar, documento por documento, aquello que considere legalmente protegido.

Quince días y un requerimiento que ya no admite respuestas genéricas

La providencia de Pedraz estrecha el terreno de juego. El PSOE obtiene 15 días más, pero no la suspensión que pretendía mientras esperaba una respuesta de los órganos profesionales de la Abogacía. El juez acepta que reunir contratos repartidos por estructuras centrales y territoriales requiere tiempo; no acepta que esa circunstancia convierta el requerimiento en una obligación de fecha incierta.

El siguiente paso será documental y poco vistoso, aunque probablemente decisivo: contratos, notas de encargo, autorizaciones y justificantes. Papeles. En las investigaciones económicas, tantas veces el asunto termina ahí, en una carpeta aparentemente gris que permite reconstruir quién contrató, quién autorizó, quién cobró y por qué.

Por ahora, el mandato judicial es nítido: 15 días para entregar la información y una exigencia adicional para cualquier documento que el PSOE quiera excluir por secreto profesional. Tendrá que señalarlo con precisión y fundamentarlo jurídicamente. La discusión política puede ser ruidosa; la providencia, bastante menos: fechas, documentos y responsabilidades todavía por determinar.